Si llegan cruceros turísticos o no hace día de playa, no hay quien camine por mi ciudad. Han legalizado alojar turistas en viviendas que además se acaparan como activos financieros, lo que las encarecie hasta ponerlas fuera del alcance de la clase trabajadora empleada en el turismo o la construcción, que precisamente sostienen esa industria y son dos sectores mayoritarios en España. Las playas se abarrotan, como las terrazas y los comercios, que ya no son para los residentes. Por no hablar de lo que no tiene propietario y forma parte de nuestros bienes comunes: alteramos el clima con la polución del transporte que sostiene la industria turística; provocamos la pérdida de biodiversidad o hacemos que los mares se calienten, acidifiquen y empobrezcan, complicando los escenarios geofísicos a los que nos trasladamos.

¿Tiene o no sentido, en este escenario, mostrar desapego a un turismo que nos despoja de bienestar y de futuro? El problema se acentúa en las islas, por sus límites físicos, la fragilidad del entorno, la irreversibilidad de los daños o la dependencia del exterior. Los barrios históricos de las grandes ciudades, los resorts costeros, los enclaves de montaña más turistizados o los conjuntos patrimoniales presentan problemas de saturación turística semejantes. En 2023, las islas Canarias recibieron 16.210.911 turistas, para una población residente de 2.202.048 (7,4 turistas por habitante), mientras que las islas Baleares recibieron 17.836.630 turistas para una población residente de 1.197.261 habitantes (14,9 turistas por habitante).

En lo que llevamos de siglo XXI, la cantidad de turistas llegados a las islas Canarias se ha multiplicado por 1,6, índice que llega a 1,8 en las Baleares. Puede que así se expliquen las manifestaciones del pasado 20 de abril con lemas como “¡Canarias tiene un límite!”, u otras protestas históricas en las Baleares. Otros destinos competidores de características semejantes van muy a la zaga, con cifras muy inferiores: en 2023, la República Dominicana acogió 10,3 millones de turistas; Hawái, 8,9 y Cuba, 2,4; mientras que Bali no ha superado aún la cifra de 6,3 millones de turistas que alcanzó en 2019.

Pero lo peor no es la presión demográfica. El acaparamiento y el despojo tienen raíces financieras, y marginan y expulsan por razones de renta, una situación favorable únicamente a quien pueda permitirse pagar precios desorbitados por invertir en lugares tan preciados.

Ante un escenario previsible de fin del turismo barato, bien sea por el encarecimiento del combustible o por la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos, la solución no es que solo puedan hacer turismo quienes se puedan permitir un derroche. Competir por el turismo de lujo, mal llamado de calidad, agrava la desigualdad con mayores registros de consumo energético y de materiales per cápita. La distopía del turismo solo para unos pocos lleva el cuño del elitismo, el retraimiento social y el individualismo, hasta el extremo de defender privilegios por medio de la xenofobia. La alternativa que habrá que explorar, bien sea por gusto o por la fuerza, es el decrecimiento, que se fundamenta en la necesidad de contraer el consumo, pero haciendo converger su distribución para promover la igualdad.

Ya utilizamos instrumentos de ordenación territorial y turística que ahora toca defender en un contexto de desprecio neoliberal de los mecanismos de regulación pública: la Ley de Costas, las denominadas “moratorias” que regulan la oferta de alojamiento turístico, los acuerdos para limitar la capacidad de aeropuertos y puertos, el turismo social o la dotación pública de espacios de recreación al aire libre para promover la convivencia que haga menos deseable tener que desplazarse para aliviarse de la opresión del día a día.

El turismo, entendido como la organización social del ocio en el tiempo y el espacio, forma parte de una utopía a perseguir, haciendo deseables la proximidad, la cotidianeidad y el compromiso con la sostenibilidad de todo lo que nos es común.