En España se ha abierto un nuevo ciclo de protestas contra la turistificación. Las manifestaciones en Canarias del pasado 20 de abril de 2024 marcaron su arranque. Convocadas bajo el lema “Canarias tiene un límite” en las ocho islas, su resultado fue histórico. Paralelamente, en Tenerife varios activistas de “Canarias se agota” sostuvieron una huelga de hambre durante veinte días exigiendo la paralización de los megaproyectos turísticos de La Tejita y de Cuna del Alma. En otras ciudades del resto de España también se realizaron concentraciones de apoyo que, a su vez, hicieron visible la magnitud de la diáspora canaria. Conscientes de la similitud de los problemas y las perspectivas de empeoramiento con un nuevo verano de récords turísticos, y animados también por el éxito canario, colectivos sociales de diverso tipo han promovido desde entonces manifestaciones en una gran cantidad de lugares: Cantabria, Eivissa, Mallorca, Donostia, Madrid, Menorca, Granada, Alicante, Málaga y Cádiz. Y para este mes de julio están previstas otras tantas en Barcelona, Girona, Alicante y de forma coordinada en Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera bajo el lema “Canviem el rumb: posem límits al turisme”. En el caso de Barcelona, ha habido protestas contra varios eventos en concreto, como el desfile de Louis Vuitton en el Park Güell o contra la exhibición de la Fórmula 1 en el Paseo de Gracia, además de la presencia creciente de la Plataforma contra la Copa América que se celebrará entre los meses de agosto y octubre. En muy poco tiempo la reacción social se ha extendido.

De forma ampliamente compartida, en todas estas movilizaciones se enfatiza la idea de agotamiento y saturación asociada al turismo y, en consecuencia, se pone el acento en la necesidad de ponerle límites y defender el derecho a poder vivir dignamente en sus lugares de origen o donde trabajan. En su convocatoria, además de las organizaciones que habitualmente centran su atención en el turismo, en esta ocasión se han sumado muchas otras: ecologistas, vecinales, sindicales (de vivienda y, en algunos casos, de ámbito laboral) y colectivos diversos. Desde sus distintas preocupaciones, convergen en la impugnación a la turistificación.  

Razones para el malestar

La enorme cantidad de protestas y su capacidad de convocatoria parecen explicarse por la percepción de que el crecimiento de la actividad turística pone en peligro la continuidad de la vida de un amplio espectro de la población en sus lugares de residencia. El encarecimiento de la vivienda y la dificultad cada vez mayor para acceder a ella se ha convertido en un drama social que señala, entre otros responsables, a la actividad turística. Pero a este se le suman otros problemas, como las aglomeraciones en el transporte, las dificultades de acceder a determinados espacios públicos, la pérdida de tejido comercial de proximidad, el ruido, la contaminación ambiental o la degradación de ecosistemas. Las imágenes de personas con empleo en lugares fuertemente turistificados como Canarias o Baleares durmiendo en furgonetas, otras teniendo que tomar un vuelo diario o aquellas que han tenido que renunciar a su trabajo porque no podían sobrevivir ahí han impactado fuertemente. A su vez, la intensa campaña que han hecho las asociaciones de “kellys” desde 2015 denunciando su precariedad laboral han hecho que el discurso sobre el empleo que genera el sector no tenga ya la misma capacidad de convencimiento. A partir de ellas, personas de muchos otros colectivos laborales han reaccionado señalando también su situación. Asimismo, la ampliación de los horarios comerciales para adecuarlos a las necesidades del turismo ha sido un paso que condena a un amplio número de personas a trabajar en domingos y festivos, impidiendo la conciliación familiar.

Por otra parte, la insistencia en la ampliación de infraestructuras, la promoción internacional y la celebración de macroeventos, muestra que los problemas, lejos de resolverse, tienden a ampliarse. Así, en muchas de las ciudades y territorios con mayor presencia turística se extiende la convicción de que este crecimiento estaría provocando su expulsión, desplazándoles directa o indirectamente de los lugares donde han construido sus vidas. Pero también aumenta la indignación ante la constatación de que tampoco hay dónde ir, porque el problema se multiplica y agudiza en un país que en 2023 registró 85 millones de turistas internacionales, su máximo histórico, y por delante queda un verano que va a ser especialmente caliente.

Dos crisis para entender dónde estamos

La agudización de los problemas derivados de la intensificación turística que se está produciendo en estos momentos, no puede entenderse sin tomar en cuenta las transformaciones que se han vivido tras las dos últimas crisis globales, la financiera y la sanitaria.

La gran crisis de 2008 puso en cuestión los procesos de reproducción del capital de base financiera e inmobiliaria. Una de las formas que encontró el capitalismo para resolver esta interrupción en los circuitos del capital fue, entre otras vías, la ampliación de los procesos de acumulación basados en el turismo. El capital financiero, junto con el de plataforma, encontró en estas actividades un mayor atractivo para sus negocios. Así, no sería coincidencia que Airbnb naciera ese mismo año y que desde entonces haya podido extraer mayores beneficios de la mercantilización turística de la vivienda. Bajo las lógicas postfordistas en la producción y el consumo, todo se ha convertido en atractivo turístico y susceptible a ser aprovechado como negocio. Las fronteras de mercantilización turística se extendieron por todas partes, facilitando un intenso ciclo de crecimiento económico y beneficios empresariales. Este proceso de turistificación planetaria fue acompañado también de una ruptura del consenso social y de una primera oleada de protestas entre 2014 y 2017. En ese contexto, el turismo estuvo en el centro del debate de las elecciones municipales de mayo de 2015. En algunos ayuntamientos, las llamadas fuerzas municipalistas del cambio impulsaron tímidamente algunas medidas de contención y de cierta regulación, a la vez que el conflicto turístico fue desactivándose por múltiples razones.

Con la pandemia de la COVID-19 en 2020, el turismo mundial sufrió una caída histórica. Paradójicamente, se propagó mediante los viajes, mientras que el capital turístico fue el que experimentó la mayor crisis. Muchas ciudades y territorios dependientes del turismo vivieron una situación contradictoria: por una parte, la población residente recuperó espacios de los que había sido expulsada y la posibilidad de imaginar una vida mucho más agradable sin turismo, pero al mismo tiempo, se puso en evidencia la vulnerabilidad socioeconómica derivada de esa enorme dependencia de una sola actividad. Como en las grandes plantaciones, la pandemia aterrizó como una plaga echando a perder la cosecha turística. Capital y Estado turísticos pusieron todos sus esfuerzos para rescatar las corporaciones y reactivar el circuito turístico. Dos años después, con la reactivación turística postpandemia se ha vivido una nueva vuelta de tuerca en el proceso de turistificación global. Las presiones empresariales sobre las administraciones públicas y sus recursos han construido una fuerte alianza que está relanzando al sector. La solución verde y digital a la coronacrisis también ha tenido una fuerte vinculación con la turistificación. Con la excusa de la situación crítica que se vivió durante la pandemia, y sin contención desde el Estado o de unos movimientos sociales que habían languidecido, la expansión turística se ha producido a ritmo de récords. Los avances tecnológicos y las nuevas formas de organizar el trabajo que permite la virtualidad, han hecho que a los modos tradicionales de viajar se le añadieran nuevas dinámicas en una escala hasta ahora no conocida, con fenómenos como el de los “nómadas digitales” o de los “expat”, que están transformando abruptamente muchas ciudades.

No es la saturación turística, es la turistificación

A pesar del crecimiento turístico de todo tipo, que ha provocado una dinámica de saturación, las señales de incertidumbre y riesgo que planean sobre el sector siguen presentes. La convergencia de factores críticos, o emergencias crónicas, como el cambio climático, la crisis energética y de materiales, la interrupción de las cadenas globales de suministro o las tensiones geopolíticas alertan de que, a medio plazo, si no ocurre antes, la continuidad de este modelo de desarrollo turístico está en riesgo. La respuesta de una parte del sector empresarial y de las administraciones públicas está siendo apostar por una clientela de mayor poder adquisitivo, eufemísticamente calificado como “turismo de calidad”. Esto implica redoblar los esfuerzos para hacer atractivo el territorio para un segmento que, por definición, es más reducido que las clases medias y trabajadoras en las que se basó el desarrollo turístico en las últimas décadas. La ampliación de infraestructuras, el crecimiento de la promoción internacional o la sobreoferta de eventos de todo tipo hay que leerlos bajo esta lógica de competencia territorial marcada por intereses corporativos a la caza de los ricos del planeta. La consecuencia no es otra que la presión para incrementar el gasto público para garantizar la continuidad en esta competencia.

Cuando el acento de la crítica al turismo se pone en la saturación o en la idea de invasión, situando el debate en términos de cantidades, se corre el riesgo de estar preparando el terreno para que las transformaciones se produzcan solamente para reducir el turismo de las clases populares y se da alas a la elitización. El problema, más que en el hecho de ser o no masivo, está en la turistificación, es decir, en un proceso de transformación socioespacial como consecuencia de un crecimiento tal de las actividades turísticas que, bajo la hegemonía del capital, hace que toda la vida económica y social se vea subordinada a estas, desplazando otras necesidades y usos. Lo que estamos viviendo es una transformación de naturaleza capitalista, que puede implicar muchos o pocos turistas, y es en ella que hay que poner atención. Además, el turismo de ricos puede dejar mayores beneficios, pero nada implica que se redistribuyan más equitativamente. Y, a diferencia de lo que se pregona, no es en absoluto discreto, al contrario, como se evidencia en Barcelona con el cierre del Park Güell para el desfile de Louis Vuitton, la exhibición de Fórmula 1 en el Passeig de Gràcia o las restricciones de acceso al barrio de la Barceloneta durante la celebración de la Copa América. Es más, el Estado despliega todas las herramientas de control y vigilancia para asegurar la paz social en los espacios del turismo de ricos. Así pues, con la intensificación de la turistificación y de su elitización se produce la profundización de la violencia corporativo-estatal. En consecuencia, los movimientos contra la turistificación deberían prestar atención a no caer en la trampa de la saturación para así legitimar políticas en favor del turismo de ricos que, a su vez, requieren medidas represivas que se despliegan contra los mismos movimientos.

Decrecer y transformar

Frente a la turistificación hay que plantear dos demandas: decrecer y transformar. El turismo no puede seguir creciendo infinitamente. Se impone la necesidad de reorientar las políticas públicas para garantizar la no ampliación de más infraestructuras (como aeropuertos y puertos), poner fin a la promoción internacional, reducir la planta de alojamiento (revirtiendo pisos turísticos y cambiando el uso de hoteles), desacoplar horarios comerciales a los ritmos y necesidades del turismo, acentuar la inspección y control de múltiples ámbitos de forma coordinada (hacienda, trabajo, salud,…), reorientar la finalidad de las tasas o impuestos turísticos para garantizar una transición ecosocial y no para seguir fortaleciendo al sector, como ahora ocurre fundamentalmente. Esto implica también rediseñar sus estructuras de gobernanza y poner fin al modelo de consorcios público-privados diseñados para favorecer al sector empresarial y transformarlos en agencias público-comunitarias que piloten la transición socioecológica de estos territorios.

Pero al mismo tiempo que se detiene la espiral de crecimiento, hay que transformar las economías de los territorios más dependientes del turismo, y esto hay que hacerlo desde fuera, pero también desde dentro del turismo. Es evidente, que hay que apostar por diversificar la economía y potenciar formas de organización social y económica de orientación postcapitalistas, evitando la excesiva dependencia actual. Pero esto genera también incertidumbres y miedos materiales inmediatos de la mucha gente que vive del turismo, aunque sea de forma muy precaria. Por eso, habría que fortalecer también programas públicos de turismo social que permitieran mantener actividad económica relocalizada, de propiedad pública y/o colectiva, y con menor impacto ambiental y, por tanto, garantizar un proceso de transformación menos traumático. Además, hay que tener en cuenta que el 30% de la población española no puede hacer vacaciones fuera de su casa una semana al año. El riesgo de que este ciclo de protestas acabe enfrentado con las demandas de los sectores de trabajadores directamente vinculados al turismo es demasiado grande como para no pensar vías de atención y seguridad para las personas más dependientes de este modelo. También es cierto que muchas de ellas se ven cada vez más expulsadas por la propia turistificación por lo que pensar en una renta básica universal para la reconversión posturística podría ser una herramienta útil para hacer frente a las crecientes conflictividades. Asimismo, una agenda de decrecimiento turístico postcapitalista debería articularse también sobre otros ejes no estrictamente turísticos, pero atravesados por sus lógicas. La desmercantilización de la vivienda debería ser una primera pieza de esta transformación. 

El nuevo ciclo de protestas contra la turistificación que se ha abierto desde esta primavera en España es amplio y transversal. Enfrente, la estrategia será tratar de desactivar el conflicto por la vía de la elitización y de privilegiar ciertas fracciones del capital sobre otras, como el sector hotelero por delante de la patronal de la gestión de pisos turísticos. Pero lejos de resolver el problema, estas no son más que nuevas dinámicas de turistificación. Tampoco falta quien desde la academia o desde tribunas consolidadas en espacios de poder trata de deslegitimar y desactivar estas movilizaciones señalando contradicciones entre demandas públicas y acciones personales, como si la movilización solo pudiera plantearse desde la virtuosidad moral, reduciendo el problema a la coherencia de acciones individuales. Frente a estos intentos de despolitización de la cuestión turística, reclamamos su politización. Precisamente, sacar el turismo del armario del llamado “sector turístico” ha sido uno de los grandes logros de los movimientos sociales a lo largo de la última década.

Los movimientos sociales contra la turistificación tienen retos enormes por delante: fortalecer sus estructuras locales y de coordinación; construir un espacio suficientemente transversal que pueda acoger múltiples reivindicaciones e, incluso, formas de protesta; disponer de una agenda con mensajes y reivindicaciones claras, pero con sensibilidad y preocupación también por incorporar los miedos y demandas de los sectores laborales más perjudicados por el turismo, pero al mismo tiempo más dependientes de él. Pero, en cualquier caso, lo más relevante es que el ciclo de protestas y de movilización social contra la turistificación está en marcha y es mucho lo que nos jugamos.