Este sábado 23 de julio, desconocidos ajusticiaron sin piedad a Julián Alvarenga García, 45 años, presidente de la empresa campesina Isla Uno, situada en la margen izquierda del río Aguán y perteneciente al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). En el atentado resultó gravemente herido el también directivo de la empresa, Santos Dubón, quien se debate entre la vida y la muerte.

Las cifras de la matanza en el Bajo Aguán son escalofriantes. Un total de 35 campesinos organizados han sido asesinados entre enero de 2010 y julio de 2011, 12 de los cuales durante los últimos cuatro meses.

Atentados, secuestros y desalojos violentos han dejado un saldo de 7 campesinos gravemente heridos y uno desaparecido entre mayo y julio de 2011. Tampoco han cesado las persecuciones, hostigamiento y amenazas de muerte, en medio de una total impunidad.

Hasta la fecha no hay una sola persona detenida por estos ataques criminales en contra de miembros de las organizaciones campesinas. Mientras tanto, el régimen de Porfirio Lobo parece conformarse con la creación de instancias y estructuras inútiles e inoperantes, que más bien obstaculizan cualquier tipo de investigación y esclarecimiento de los hechos.

“Todavía la gente estaba llorando la muerte de los compañeros Luis Alonso Ortiz Borjas y Constantino Morales Enamorado, asesinados el pasado 16 de julio, cuando se dio este nuevo ataque contra dirigentes de las empresas campesinas del MUCA. Julián Alvarenga y Santos Dubón fueron interceptados por un vehículo y brutalmente baleados mientras se dirigían hacia el mercado municipal de Tocoa. No hay duda de que se trata de un nuevo ataque contra las organizaciones que siguen luchando por el acceso a la tierra”, dijo a Sirel, Wilfredo Paz, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) de Colón.

Los familiares de Julián Alvarenga denunciaron que había recibido repetidas amenazas de muerte por teléfono. “Le decían que si no se retiraba de la organización campesina lo iban a matar. Lo conocía bien. Era un compañero valiente y dispuesto a la lucha. Un compañero muy comprometido no solamente con la causa campesina, sino también con la lucha de resistencia del FNRP”, recordó Paz.

Según el dirigente de la Resistencia hondureña, todos los presidentes de las 14 empresas campesinas del MUCA situadas en la margen izquierda del río Aguán, habrían recibido amenazas de muerte y sus vidas estarían en peligro.

“Estos asesinatos demuestran que existe un plan macabro para acabar con la resistencia de las organizaciones campesinas que sigue exigiendo el respeto de los acuerdos firmados con el gobierno en abril de 2010, y que no están cediendo ante las presiones de los terratenientes”, explicó Paz.

Preocupación internacional

El pasado 11 de julio, la grave situación del Bajo Aguán fue denunciada ante la Subcomisión de Derechos Humanos y otras instancias del Parlamento Europeo por organizaciones internacionales, generando profunda preocupación, sobre todo por el alto nivel de impunidad que existe en la zona.

Ante la creciente preocupación de la comunidad  internacional, el régimen de Porfirio Lobo decidió conformar un Observatorio Estatal de Derecho Humanos, cuyo objetivo sería “monitorear la situación de la problemática agraria que se vive en la región del Bajo Aguán”.

“No va a solucionar nada y es un mecanismo más del régimen para tratar de dividir y detener la lucha del movimiento campesino. En una semana han asesinado a 3 dirigentes y otro está entre la vida y la muerte, y no ha habido ninguna investigación, ni preocupación para tratar de llevar a los culpables ante la justicia. La que falta es la voluntad política de encontrar una solución real al conflicto agrario”, concluyó Paz.