No hay paz para las familias campesinas del Bajo Aguán. Por cada paso adelante en la construcción de un nuevo futuro, hay una respuesta criminal por parte de las fuerzas reaccionarias, que pretenden mantener el statu quo existente y el control absoluto en la zona.

Dos nuevos asesinatos de campesinos y un plan para revertir la histórica sentencia que posesionó de sus tierras al Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), parece ser la respuesta a los recientes avances de la lucha campesina por el acceso a la tierra.

Galería de fotos de FIAN Internacional:  Hallazgo cuerpo sin vida de Gregorio Chávez Aranda

El pequeño productor y simpatizante del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Gregorio Chávez Aranda, de 69 años, desapareció de su terreno el 2 de julio y fue encontrado sin vida cuatro días después en la finca Paso Aguán, que se encuentra en poder del terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum.

En los días precedentes al hallazgo, los agentes de la seguridad privada del terrateniente fueron sospechosamente retirados del lugar, mientras la gente de la comunidad Panamá se volcaba a las calles y se tomaba la zona, levantando su voz ante ese nuevo crimen y acusando del asesinato a los agentes de seguridad.

El 7 de julio, Jacobo Erazo López, miembro del MUCA y ex directivo de la empresa campesina Tranvio, del asentamiento La Confianza, fue interceptado y asesinado de varios balazos por desconocidos, mientras se movilizaba para ir al trabajo en la comunidad Quebrada de Arena.

Con estos nuevos hechos sangrientos sube a 50 el número de campesinos organizados asesinados en el Bajo Aguán en poco más de dos años y medio.

“No nos cabe la menor duda de que se trata de una nueva embestida contra el MUCA y las demás organizaciones campesinas, para revertir los avances que hemos tenido en cuanto a la lucha por el acceso a la tierra”, dijo a Sirel, Yoni Rivas, secretario general del MUCA.

Rivas lamentó y condenó tajantemente estas nuevas muertes y dijo que el MUCA está analizando la situación y estudiando las medidas a tomar para garantizar la seguridad de sus afiliados y afiliadas.

“Estamos sumamente preocupados ante esta ola de asesinatos que viene nuevamente a enlutar a las familias campesinas del Bajo Aguán. Eso demuestra que los terratenientes no quieren que se democratice el acceso a la tierra. Desde ya responsabilizamos a estos señores y a las instituciones del Estado por lo que nos pueda ocurrir”, dijo Rivas.

En junio de este año, y bajo amenaza de desalojos masivos, el MUCA y el MARCA firmaron acuerdos con el gobierno para la compra de unas 4.600 hectáreas de tierra a los terratenientes palmeros de la zona. Las 32 empresas campesinas que integran estas organizaciones deberán pagar un monto total que supera los 32 millones de dólares.

Hallazgo cuerpo sin vida de Gregorio Chávez Aranda. Foto de FIAN Internacional. 

Tratan de revertir sentencia

El directivo del MUCA aseguró que existe una relación directa entre estos nuevos ataques y la histórica sentencia que el pasado 29 de junio restituyó al MARCA el derecho de propiedad sobre casi 1.800 hectáreas de tierra, en cuanto sienta un importante precedente para todas las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.

Ahora, todo indica que los terratenientes palmeros han pasado a la contraofensiva. José Trejo Cabrera, abogado del MARCA, alertó sobre el uso del tráfico de influencias y de presiones sobre los jueces y magistrados para revertir ese importante resultado.

“En Honduras la justicia está al servicio de los terratenientes. Hemos demostrado con los hechos que los campesinos tienen la razón y se emitieron sentencias firmes que ya fueron ejecutadas. Sin embargo, estamos viendo como se está presionando a los jueces para que dejen sin valor ni efecto estas sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias del MARCA”, aseveró el abogado.

Trejo hizo un llamado a la solidaridad internacional, para que siga atenta a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas.

“La gente está hastiada de tanta represión”. Entrevista a Heriberto Alemán, coordinador del Observatorio Permanente Internacional de Derechos Humanos del Aguán (OPIDHA).

Tres campesinos asesinados, otro gravemente herido, nuevas amenazas de desalojos masivos y un periodista acosado por denunciar un proyecto de explotación minera, es el alarmante saldo de esta última semana en el Bajo Aguán. Sobre esta dramática situación, Sirel conversó con Heriberto Alemán, coordinador  del OPIDHA.

Heriberto Alemán, coodinador de OPIDHA. Fotografía de Giorgio Trucchi / Rel-UITA.

¿Qué está pasando en el Bajo Aguán?

Hay un recrudecimiento de la violencia contra las organizaciones campesinas. En menos de una semana han asesinado a los compañeros Gregorio Chávez Aranda, Jacobo López Erazo, José Luís Dubón Díaz e hirieron de gravedad a Francis Bueso, todos ellos miembros o simpatizantes del MUCA.

Hay fuertes denuncias de persecución y hostigamiento del ejército y la policía contra la población de la comunidad Panamá, donde vivía Gregorio Chávez. La están acusando de invadir fincas, de estar robando y están criminalizando la protesta. La gente está hastiada de tanta represión. Exige justicia y responsabiliza del asesinato a los guardias privados del terrateniente Miguel Facussé.

Además, nos informaron que una Corte de Apelaciones habría emitido un fallo, totalmente ilegal, que revierte la sentencia con la que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán posesionó al MARCA de tres fincas, y desalojó a los terratenientes que las usurparon hace más de 18 años.

¿Hay un relación directa entre esta histórica sentencia y esta nueva oleada represiva?

Creemos que sí porque sienta un precedente. El golpe para los terratenientes ha sido duro y estas acciones represivas apuntan a desestabilizar al movimiento campesino y deslegitimar la lucha que estamos llevando adelante. No quieren ceder ni una pulgada más de tierra y están dispuestos a hacer lo que sea para lograr sus objetivos.

¿Cómo están viviendo las familias campesinas este momento?

La población está viviendo en constante zozobra y se siente amenazada por la presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y los guardias privados de los terratenientes. De igual manera, las familias del MARCA viven una situación emocional muy difícil, porque se sienten bajo la amenaza de un nuevo desalojo violento.

Y ahora hasta quieren impulsar la minería en la zona…

Es otro elemento que va a generar más tensión y conflicto. Ya están tratando de dividir a la gente de la comunidad de Abiscinia, en la zona montañosa de Colón, para que acepten el proyecto minero. No descartamos que la fuerte presencia militar en el Bajo Aguán sirva también para proteger a estos intereses.

Además, denunciamos las amenazas que ha sufrido el periodista David Corea, coordinador del noticiero “La Verdad” de Radio Stereo Linda, por haber alertado la población sobre los riesgos que conlleva ese proyecto. Ante esta situación nos estamos organizando para contrarrestar la explotación minera en el Bajo Aguán.

¿Qué es lo que está exigiendo el OPIDHA?

Vamos a acompañar la lucha de las organizaciones campesinas y demandamos al Estado que proceda a la desmilitarización de la zona, que cese la represión, que se haga justicia y que se castiguen los asesinos. Además, pedimos que se busque una solución integral al problema de la falta de acceso a la tierra, que es el origen del conflicto agrario.

La primera parte de esta nota fue publicada originalmente en la Lista Informativa Nicaragua y más el 9 de julio de 2012. La entrevista se publicó en Sirel el 13 de julio de 2012.