Los escraches desbordan las formas tradicionales de la política: son una práctica novedosa que afirma un nuevo sentido de la política y de la militancia (…) Un llamado a la lucha, una confirmación práctica de que la acción transformadora es ahora, o no es. Son lo opuesto a la melancolía del que espera (sentado) un mundo mejor (…) Se organiza sólo para dar respuesta a la exigencia que lo funda: justicia. Es esta necesidad la que se afirma en la práctica. (Agrupación HIJOS)

En las últimas semanas saltó a las primeras páginas de la escena política y mediática española la cuestión de los escraches a responsables políticos. Liderados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), los destinatarios son quienes, a criterio de la Plataforma, debiendo ser representantes de la soberanía popular están incumpliendo sus responsabilidades públicas. Como reacción, parte del poder establecido arremetió contra este tipo de actuaciones, criticando principalmente su supuesto carácter “ilegítimo, violento y antidemocrático”.

 “Si no hay justicia, hay escrache”. Bajo esta consigna, a partir de los años 90 miembros de la agrupación argentina HIJOS [1] y activistas de derechos humanos llegaban de forma pacífica y estridente a los barrios y residencias de genocidas y cómplices de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que se encontraban en libertad. El objetivo de estas acciones era señalar y denunciar públicamente durante el período de impunidad y olvido [2] a estas personas y su participación en el terrorismo de Estado.

Detrás de los escraches

Desde la llegada de la “crisis” del poder financiero al sur de Europa (“crisis” que se trasladó rápidamente al ámbito y a las políticas públicas), y bajo la tutela de la Troika, el Estado español fue asumiendo la puesta en marcha de políticas neoliberales que priorizan las rentas del capital sobre cualquier otra cosa, y superponen los intereses y privilegios del poder financiero a los intereses y derechos de las mayorías sociales [3].

En poco tiempo, estas políticas han ido alejando al Estado de las necesidades sociales, pauperizando las condiciones de vida y dejando en un estado de indefensión a una parte significativa de la población española. Derechos como el trabajo, la sanidad, la educación pública o la vivienda digna van pereciendo frente a la precariedad laboral y el desempleo, la privatización y mercantilización de derechos sociales o los desahucios, respectivamente. 

Como respuesta, se está produciendo un importante avance en materia de movilización y organización social en el territorio. Desde 2011 surgen nuevos y diversos movimientos sociales y ciudadanos, entre ellos la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que dan una contestación a un escenario caracterizado por la progresiva desposesión, confiscación de riqueza, recortes de derechos, empobrecimiento y profundización de las desigualdades sociales.

Seguramente, los desahucios representen la manifestación más despiadada de la neoliberalización del país. Se trata de miles de familias a las que los bancos, en virtud de una Ley Hipotecaria que hasta la Justicia europea ha considerado “abusiva e ilegal” [4], expulsan de sus hogares por no poder hacer frente al pago de sus hipotecas, con la complicidad de los poderes públicos. En pocos años, cerca de medio millón de familias fueron desposeídas de su derecho a una vivienda y obligadas a quedarse con una deuda, en muchos casos de por vida, con las entidades financieras [5]. Las mismas entidades “rescatadas” con dinero público.

Escrache en el Prat de Llobregat, 16/03/2013. Fotografía de Clarabarm. Licencia CC. 

A principios de año, y tras un intenso período de acción y movilización, la PAH presentó al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago con 1,5 millones de firmas, cifra récord de apoyo a una ILP. El partido del Gobierno, bajo una fuerte presión social, inicialmente rectificó y votó a favor de la admisión a trámite de la ILP, aunque posteriormente presentó una serie de enmiendas a la Iniciativa consideradas como “inaceptables” por la Plataforma, por “desvirtuarla totalmente” y “abocar al colapso judicial” (eldiario.es, 2013) [6].

Hace pocas semanas, y después de haber explorado diversas vías de protesta, consulta, resistencia, concienciación y presión a las instituciones políticas, la PAH comenzó a realizar escraches a responsables políticos del Partido Popular como un tipo de acción directa y popular organizada. Actuaciones que también plasmaron una intensificación de la conflictividad y de las respuestas socialesa las consecuencias de las políticas neoliberales en el territorio.

El reino del revés

Con una gran visibilidad mediática, este hecho ha dado lugar a un acalorado debate en las tertulias y columnas políticas de opinión. Desde el pensamiento dominante (o desde las ideas de la clase dominante) se embiste contra los escraches por ser considerados una actuación “violenta, ilegítima y antidemocrática”. Sin embargo, es llamativa la relación que existe entre los argumentos de criminalización de los escraches y las causas que los producen.

Bajo el paradigma de este pensamiento dominante, es democrático un Gobierno que está incumpliendo (prácticamente de forma íntegra) el programa con el que fue elegido por la soberanía popular, y también unas políticas públicas que favorecen a una minoría en detrimento del resto; y es antidemocrático señalar públicamente a sus miembros por ello.

Asimismo, es legítima la situación creada por el poder financiero, permitida y favorecida por el Estado, no la reacción y los métodos de lucha de víctimas y movimientos sociales. No es violenta la expulsión forzosa de familias de sus hogares o la represión de estas manifestaciones con la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios), y sí es violenta la ira con la que los desposeídos interpelan públicamente a los responsables políticos.

La vicepresidenta del Gobierno declaraba que los escraches “invaden los derechos de otros” (Tejedor & Reventós, 2013). Incluso el presidente del Gobierno español salió al cruce: "Nadie merece ser acosado, denigrado, amenazado ni intimidado. Mucho menos si el motivo es haber sido elegido por la mayoría de los ciudadanos". Y sentenciaba: "la mayoría no puede ser coaccionada por una minoría" (El País, 2013). Bajo esta lógica, el accionar impune de las entidades financieras y la expulsión forzosa de los hogares no representan la “coacción” de una minoría sobre la mayoría ni la “invasión” de sus derechos.  

Sin embargo, parece que se quiere tachar de victimarios a quienes a todas luces son las víctimas de esta situación, y viceversa. Ilegítimo es un sistema político que pierde conexión con las demandas y las necesidades sociales. Antidemocrático es un Gobierno que incumple sus programas y adopta decisiones que únicamente favorecen a los sectores dominantes, mientras a la vez intenta “modular” un derecho a la manifestación de las víctimas que considera demasiado “permisivo y amplio” (Europa Press, 2012) [7]. Y el dominio de los poderes fácticos se materializa con una dosis cada vez más elevada de violencia física, económica y simbólica sobre las mayorías sociales.

Ira y hastío frente al poder establecido

Conviene recordar que en una democracia la soberanía reside en el pueblo, y a través de la herramienta de los comicios electorales, se elige a quiénes tendrán la responsabilidad pública de administrar ese poder. En una democracia quiénes mandan son los electores, y no los elegidos.

Pocas dudas caben que esta democracia representativa es limitada e incompleta; y en muchos otros casos, ni siquiera es. En una democracia, un representante de la soberanía popular es un responsable público que debe escuchar la reprobación y dar explicaciones a sus votantes. En esta democracia, el Estado tiende a cercenar los mecanismos y espacios de participación ciudadana en las decisiones políticas. El escrache, que según la PAH llega cuando “se han agotado todas las vías que existen” (Álvarez, 2013), persigue justamente que este incumplimiento de funciones públicas y sus consecuencias no pasen desapercibidos frente a la opinión pública.

Escrache en el Prat de Llobregat, 16/03/2013. Fotografía de Clarabarm. Licencia CC. 

A pesar de la “mala prensa” y de las continuas descalificaciones que sufren, los posicionamientos sociales sobre los escraches hasta el momento parecen claros. Habiendo “uno de cada cinco españoles [que] nota los efectos del problema [de los desahucios] y lo percibe como propio”, un 81% que confía en las organizaciones de apoyo a las familias desahuciadas y sólo un 11% en el Gobierno (Garea, 2013), no sorprende que casi el 80% se muestre “de acuerdo con que se lleven a cabo este tipo de campañas [de escrache], siempre que sean pacíficas” (Garea, 2013).

A pesar de que el poder político intenta a toda costa limitar la conflictividad frente a una situación de creciente injusticia, el hecho de que esta herramienta de acción directa no contemplada en esta democracia goce de tal nivel de aceptación social puede ser un indicador del estado de hastío, ira, desafección e indefensión en la que se encuentra un grupo significativo de la ciudadanía con el sistema político.

Cuando el poder político y financiero están arremetiendo contra la democracia, el escrache se constituye, justamente, como una forma de defensa de la democracia (Navarro, 2013) y una reacción legítima de rabia, insumisión y presión. El escrache es también una herramienta pacífica de lucha social que contribuye a construir conciencia crítica y a visibilizar a los responsables de la antidemocracia. Por eso, y más allá de la fuerte embestida que sufren la PAH y sus miembros más visibles, el escrache popular es una actuación que “funda una nueva práctica y un nuevo concepto de la Democracia” (Cueto Rúa, 2010).

En esta democracia, tan parecida a una “dictadura del poder financiero” (Caño Tamayo, 2013), la relación actual entre el poder político y el financiero ya no se alimenta a través de las “puertas giratorias”, sino que parecen dos poderes que conviven en una misma habitación con identidad de intereses. Es la violencia de este sistema lo que despierta paulatinamente el hastío y la ira entre unas víctimas cada vez más cerca de la desesperación. ¿Qué otro resultado esperaba el poder establecido?

Por eso, con un Estado que ni pone freno a la codicia de la banca ni ofrece alternativas a las familias desahuciadas, en esta democracia, el avance y la recuperación de conquistas sociales pasa por la movilización y organización contra el orden establecido, la intensificación del conflicto político, el empoderamiento y la articulación de distintos sectores de la sociedad civil y los movimientos sociales. Con el reto para víctimas y movimientos sociales de seguir construyendo poder, creando sinergias y potenciando su capacidad para visibilizar las problemáticas y comunicar eficazmente al conjunto de la ciudadanía.

Si quiénes padecen la “crisis” no han sido responsables de su existencia. Si quienes deberían representar la soberanía popular no contemplan las necesidades y demandas sociales de las mayorías. Si quienes sí son responsables de la “crisis” mejoran sus posiciones de privilegio y hacen valer sus intereses en las decisiones políticas, en detrimento de esas mayorías. ¿Desde qué lugar se puede cuestionar a los escraches?

Notas:

[1] H.I.J.O.S.: Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que en la década de los 90 puso en marcha la Mesa de Escrache Popular.

[2] Las llamadas “leyes de la impunidad” (leyes de Obediencia Debida y de Punto Final) fueron anuladas por el Congreso Nacional de la República Argentina en 2003.

[3] Para más información, ver: Democracia tutelada y reapropiación de la política. Alba Sud. (Fernández Miranda, Democracia tutelada y reapropiación de la política, 2012).

[4] A mediados del mes de marzo de 2013, el Tribunal europeo de Justicia consideró “contraria al Derecho comunitario” a la Ley Hipotecaria española (Navarro B. , 2013).

[5] Para más información, ver: Desahucios, el drama de una gran estafa, Alba Sud. (Cañada, 2013) y Desahucios: cuando el Estado también entregó las llaves de su casa. Alba Sud. (Fernández Miranda, 2013).

[6] Algunos de los otros partidos del arco parlamentario han apoyado la ILP, motivo por el cual no están siendo objetivo de las acciones de escrache popular.

[7] En octubre de 2012, la Delegado del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, propuso “modular” el derecho a la manifestación en el territorio español.