La petición fue presentada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), los familiares de los desaparecidos, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, después de que el 3 de abril pasado, las organizaciones campesinas denunciaran el hallazgo de osamentas humanas enterradas en una de las fincas recuperadas.

En esta misma finca, que el terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum reclama como suya, fue descubierto el año pasado el cuerpo enterrado del dirigente campesino Gregorio Chávez, quien había sido secuestrado unos días antes.

“Ya no nos queda la menor duda de que en el Bajo Aguán, no sólo asesinan, violan a mujeres, torturan, sino que se practica el crimen más brutal que es la desaparición”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.

Durante una muy participada conferencia de prensa, la defensora de derechos humanos recordó que el delito de desaparición no prescribe, y que el COFADEH va a buscar justicia, sea donde sea.

“Vamos a perseguirlos, pero no con las armas mortales que utilizan ellos, sino con los instrumentos que nos da la ley”, agregó Oliva.

Los trabajos de exhumación serán realizados por expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quienes serán juramentados por las autoridades judiciales de la ciudad de Trujillo.

Por temor a que se pudiera contaminar la zona del hallazgo o manipular las evidencias, los pobladores acordonaron el área y establecieron una vigilancia permanente durante casi tres semanas.

“No va a ser una simple exhumación, sino un momento de solidaridad con los parientes de las víctimas, un momento para crear conciencia, para recordar que aún hay personas desaparecidas que debemos encontrar.
 
Hablar de esto -continuó Oliva- es hablar de la memoria, de la historia, es denunciar, con la verdad, los crímenes atroces que nunca jamás se deben dar”, recalcó la coordinadora del COFADEH.

Unión Europea

La exhumación va a coincidir con la presencia en la zona de varios embajadores de la Unión Europea, quienes visitarán y se entrevistarán con comunidades y organizaciones campesinas, para escuchar sus denuncias y demandas.

La presencia de diplomáticos en el Bajo Aguán y en el proceso de exhumación, se da en el marco del seguimiento a la Declaración de Tocoa, firmada en mayo del año pasado durante la Audiencia Pública sobre derechos humanos de las comunidades campesinas de esta región, de la que participó la Rel-UITA.

“Hemos venido denunciando la ola de represión desatada contra las comunidades campesinas, de parte de los cuerpos armados del Estado y los guardias de seguridad privada, quienes únicamente protegen los intereses de los terratenientes.

Exigimos las desmilitarización del Bajo Aguán, el cese de la represión y de la impunidad. No queremos seguir solamente  exhumando a nuestros compañeros, sino ver que se  castigan a los responsables”, dijo Yoni Rivas, secretario general del MUCA.

Actualmente, el índice de impunidad en Honduras alcanza el 80 por ciento de los crímenes cometidos en el país. Un porcentaje que se eleva aún más en el Bajo Aguán.

“Estamos en un déficit considerable en cuanto a garantizar justicia en los tantos casos de violación de los derechos humanos en el Bajo Aguán. Necesitamos que el ciclo de ejecución de justicia se cierre con las decisiones acertadas, y que la autoridad judicial deje de abusar de su función”, dijo German Enamorado, Fiscal especial  de derechos humanos.

Finalizando la conferencia de prensa, Bertha Oliva solicitó a los periodistas presentes inducir, con pluma y pensamiento, “la atención de la comunidad internacional sobre el Bajo Aguán para que se detenga la masacre de inocentes”.

Publicado originalmente en: LNyM