La construcción de infraestructuras en Cataluña, reconocidas muchas de ellas ahora por su sobredimensión o para ser directamente innecesarias, debería obligar a una seria autocrítica sobre el pasado inmediato. También debería suponer un reconocimiento de las responsabilidades de una clase empresarial que ha impuesto sus intereses, muchas veces basados ​​sólo en la ganancia inmediata. La sensación de que muchas obras, sobre todo en infraestructuras de movilidad, se construyeron particularmente por el afán de que pudieran ser cobradas por la empresa adjudicataria, se ha extendido en una sociedad que ahora ve que la factura se convierte excusa perfecta para desmontar derechos sociales y polarizar aún más la sociedad.

Los movimientos sociales en defensa del territorio y muchos otros colectivos sociales y políticos, muy activos pero desgraciadamente aún minoritarios, impugnaron proyectos concretos por su fuerte impacto ambiental, pero también por el modelo de desarrollo que los justificaba. La acusación corriente que recibieron por parte del poder era que querían "parar el país". El argumento es bastante simple y también perverso. Pararse, quedarse inmóvil, es algo estigmatizado dentro de una sociedad acostumbrada "a ir siempre adelante". ¿Quién puede y quiere frenar el progreso?

Pero aquí está la pregunta clave: ¿era progreso realmente el despliegue de proyectos que vivimos bajo diferentes excusas relacionadas con el reequilibrio territorial, la competitividad, etc.? Bajo el "mantra" del reequilibrio territorial, al que nadie objeta nada cuando por ejemplo hace referencia a los servicios sociales en la comunidad, se han hecho aeropuertos como el Alguaire, que a pesar de estar muy lejos de los Pirineos parece destinado al tráfico de esquiadores… Pero es el argumento de la "competitividad" el que resulta más difícil de tragar. Durante años nos repitieron que todos los proyectos de infraestructuras eran fundamentales para ser competitivos frente al resto de territorios (tampoco se decía quiénes, ni realmente ante qué). Invertir en carreteras, aeropuertos, nuevos puertos, alta velocidad, etc., etc. Era garantizar la productividad, empleos para el futuro, nuestras pensiones, mantenimiento del Estado del Bienestar, bla, bla, bla... Pues bien, ha pasado todo lo contrario. Todo el proyecto de "competitividad", basado en la inversión en cemento, que desde los años 80 se ha desarrollado (primero por el gobierno de CiU y después por el gobierno catalanista y de "progreso") no sólo nos ha "salvado" del desastre que vivimos sino que deja una hipoteca de por vida, ya que parece que ser que nadie pensó que las infraestructuras no sólo se construyen sino que también deben mantenerse.

Los movimientos ecologistas pusimos el acento en el "impacto ambiental" y la destrucción del territorio, pero teníamos serias dificultades para contradecir lo que al final ha sido la principal falsedad: la bondad "económica" del modelo de país desarrollado durante estas décadas. En una encuesta de 2004 sobre el debate en torno al túnel de Bracons se refleja claramente este estado del debate. Una mayoría consideraba un atentado ecológico la infraestructura, pero también era una mayoría la que lo consideraba un "beneficio económico". ¿Contradicción? Está claro que sí, pero esta es también un reflejo de una batalla ganada a medias por el movimiento en defensa del territorio: una mayoría social entendía que las grandes infraestructuras tenían un efecto destructivo sobre el medio ambiente pero esta realidad se asumía como "mal menor" frente a la necesidad inmediata de ganar "competitividad económica".

Durante años los movimientos ambientales ganaron una gran legitimidad en la defensa de los valores naturales. La población les ha visto como sus principales garantes, pero la clase empresarial ha seguido manteniendo intacta su legitimidad a la hora de marcar el camino económico. Desgraciadamente para una gran mayoría los conectores ecológicos, las especies endémicas y los entornos singulares no eran suficiente motivo para poner en peligro las supuestas expectativas de futuro trabajo para sus hijos. Un ejemplo de esta limitación es la lucha desarrollada en torno al aeropuerto de Lleida. Previsto inicialmente en el aeródromo de Alfès, acabó en el Alguaira. El movimiento ecologista local intervino para "salvar" un tomillar. Lo consiguió pero nadie se levantó para denunciar que ese aeropuerto era totalmente innecesario.

Los medios de comunicación también alimentaron esta visión sesgada. Daban mucha credibilidad al movimiento cuando sus denuncias eran ambientales y se pasaba por encima cuando lo que se impugnaba era el modelo de desarrollo que implicaba. La idea hegemónica era que el camino de "progreso" era patrimonio de la clase social dominante y que el movimiento social sólo era competente para defender los ecosistemas afectados. Es por ello que construido el túnel de Bracons el consejero socialista Joaquim Nadal se permitía de manera altiva "felicitar" a la oposición de Salvem les Valls (movimiento de oposición a esta infraestructura entre 1994 y su apertura final), pues según él, "había servido para que las cosas se hicieran bien". Ciertamente la obra siguió unos criterios más elevados que otros. Esto provocó que el precio también fuera más elevado. 300 millones de euros en los bolsillos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Teniendo en cuenta que el tráfico es la mitad de los previsto en los estudios coste-beneficio que se realizaron para justificar el proyecto y que el uso que está teniendo es fundamentalmente turístico, la inversión no ha sido despreciable. Claramente Bracons ha sido muy "competitivo", pero sobre todo para FCC y por los intereses sociales que empresas como ésta sustentan.

En este sentido es urgente un discurso donde la preservación de un entorno saludable y un territorio ecológicamente equilibrado no sea visto como un lujo que sólo pueden permitirse las sociedades ricas, sino como un elemento de primer orden para reconstruir la idea de progreso y hacer hegemónico un modelo de desarrollo territorial que se corresponda a los intereses de la mayoría de la población. Asumir los límites de nuestro entorno y preservar el planeta, como lo que conviene a la mayoría de la Humanidad, debe estar por encima de los intereses inmediatos y especulativos de las grandes corporaciones empresariales.