Los espacios naturales protegidos aparecieron en el siglo XIX en los Estados Unidos como figuras para proteger los valores naturales ante la amenaza del sistema productivo extractivo, que en aquella época comenzaba a ser hegemónico. Dos siglos después han proliferado espacios naturales protegidos por todo el planeta a remolque del sistema socioeconómico actual. Actualmente hay unos 100.000 espacios naturales con algún tipo de protección y representan unos veinte millones de kilómetros cuadrados repartidos a lo largo de todo el planeta. Esto equivale a veinte veces el Estado español o dos veces los Estados Unidos, y en porcentaje absoluto representa el 13% de las tierras emergidas. El 50% han sido creados en los últimos veinte años.

Estos espacios significan la conservación de unos valores naturales pero frecuentemente también culturales y, si tienen una buena gestión, son un dinamizador económico en territorios rurales a menudo económicamente deprimidos. Por ejemplo en los Estados Unidos, doscientos años después de la creación del primer Parque Nacional (1872, Yellowstone) el Gobierno Federal dedica anualmente en la conservación de estos espacios 2.256 millones de dólares que se traducen en más de 20.000 puestos de trabajo directas y muchos cientos de miles de indirectos. Este presupuesto ha sufrido muy pocas variaciones en los últimos años y si bien se han creado estrategias para ir buscando alternativas de financiación en ningún momento se ha planteado su reducción, dejando que los Parques Nacionales se autofinanciaran, y esto en un país que ha hecho bandera de la liberalización económica.

Declarar un lugar de interés natural sin dotarlo de recursos públicos no es aconsejable. Puede tener un efecto totalmente contrario al de la conservación. Aún menos dejarlo a la iniciativa privada y reducir su presupuesto significativamente de un año a otro, como ha ocurrido en Cataluña. Actuar de esta manera supone una inconsciencia política enorme. La inversión pública bien gestionada dedicada a estos espacios naturales se transforma en la mejora del patrimonio natural pero también de la gente que vive en su entorno, disminuyendo las desigualdades sociales existentes y con un progreso social y económico sostenible.

Tanto en España como en Cataluña, a raíz de las políticas de austeridad actuales, se está hablando de la necesidad de avanzar en la autofinanciación de los parques naturales abriéndolos a iniciativas privadas o en la venta de fincas públicas para privatizarlos. Este es precisamente el modelo de desinversión pública no recomendable que puede llevar a más desigualdades y una pérdida de biodiversidad y de los valores que se desea proteger. El liderazgo en la gestión de estos espacios naturales debe ser público, y si bien se pueden obtener ingresos alternativos a la aportación directa de los presupuestos públicos, a partir de tasas ambientales, entradas a los parques, etc., estos no deben suponer un agravio para las clases más populares que los visitan. Por lo tanto las políticas actuales de reducción de los presupuestos dedicados a los parques naturales, como por ejemplo en Cataluña o las Islas Baleares, es una auténtica irresponsabilidad.

Las propuestas de liberalización y privatización de los espacios naturales, justificadas por la necesidad de mantener los servicios y la conservación a partir de una mayor eficiencia económica, son en realidad una gran falacia. Parten de una tesis errónea que es necesario denunciar: no sólo es económicamente falso si no también reprochable desde una perspectiva moral. La mercantilización de los espacios naturales significa tener un dominio sobre el espacio y como tal priorizar primero la rentabilidad económica y no los valores naturales y la comunidad que vive en ellos. Los espacios naturales protegidos son un límite claro que las leyes del mercado no deben cruzar. No todo tiene un precio y menos desde una óptica de coste / beneficio que a menudo no incorpora factores de conservación y mejora de los ecosistemas, así como de respeto de unos valores intangibles que hay en el espacio natural.

Esta argumentación la basamos en los siguientes criterios:

- El disfrute de la Naturaleza es un derecho básico que tiene cualquier persona. Dejarlo en manos de la iniciativa privada implica el riesgo de que en un determinado momento, con el fin de maximizar beneficios, su acceso sea prohibitivo para ciertas clases populares que no se puedan costear la entrada. De hecho las entradas en estos espacios naturales deberían ser gratuitas para colectivos con pocos ingresos.

- Muchas veces los espacios naturales pueden no ser rentables por la necesidad de acotar la frecuentación debido a la capacidad de carga de visitantes que ese ecosistema puede soportar. Actualmente ya se da el caso en algunas reservas naturales que para poder hacer el negocio más lucrativo hay empresas que piden poder guiar más visitas o en el caso de ecosistemas marinos más buceadores, independientemente de que los estudios científicos aconsejen lo contrario.

- La actividad económica a priorizar en estos espacios naturales debe estar en manos de las comunidades locales que conviven y son parte de ellos. Esta mercantilización se debe articular a través de cooperativas y pequeños negocios y promover la gestión colectiva por encima de la privada. Es la única manera de garantizar una conservación del espacio y la igualdad social.

- La gestión de los espacios naturales protegidos debe disponer de recursos públicos suficientes para su conservación. Estos recursos son una inversión en el territorio pero también para las generaciones futuras, en la medida en que ayudan a conservar y mejorar determinados valores naturales y culturales.