Los Business Improvement District (BID) representan uno de los escalones más paradigmáticos del camino que los think tanks neoliberales diseñaron para las ciudades durante los años 70 con el fin de acabar con lo que Ken Loach ha llamado acertadamente "el espíritu del 45" [1].

Los BID son zonas urbanas en los que el sector comercial mediante una tasa pasa a gestionar algunos de los servicios municipales (limpieza, mantenimiento, seguridad, promoción turística, etc.) con el objetivo de lograr una "mejora urbana" y promover la zona desde el punto de vista comercial y turístico [2]. El gobierno del territorio pasa así por el tamiz de los objetivos mercantiles de las grandes marcas y corporaciones comerciales. Su origen más remoto se encuentra en los años 70 en el Chinatown de Los Ángeles (EEUU).

Un retorno calculado

Los BID suponen así una concreción organizativa de la manera neoliberal de ver el mundo y apuntan directamente contra la democracia y el derecho de la población a decidir cómo debe ser el lugar donde vive [3]. Por la vía de las privatizaciones ahora nos enfrentamos al regreso de un modelo de sociedad estamental donde la influencia de cada ciudadano en el gobierno del país se decidía en función de su nivel de renta y su lugar en el escalafón social. Un paso más hacia un retorno, deseado y organizado desde hace décadas, que tiene como ideal una sociedad gobernada como si fuera una empresa privada en un nuevo tipo de feudalismo mercantil.

El caso de Nueva York es emblemático [4]. Esta ciudad fue, junto con Chile, el banco de pruebas de las recetas neoliberales durante los años 70. El gobierno federal estadounidense y los poderes económicos aprovecharon la situación de quiebra fiscal de la ciudad para imponer un radical cambio de rumbo. Éste comenzó por atacar los derechos de los trabajadores y siguió luego imponiendo el modelo de gestión empresarial como el más indicado también en la esfera de los asuntos públicos. Porque precisamente de eso se trataba: gobernar la ciudad y el territorio en función de los intereses de las iniciativas privadas.

Esta idea nos debe sonar a todos. Hemos vivido durante varias décadas bajo la presión de este argumento, mil veces repetido: el de la superioridad de cualquier gestión privada, supuestamente basada en criterios de racionalidad y eficacia, por encima de la gestión pública, supuestamente gobernada por criterios políticos, "clientelares "y derrochadores. Y no nos engañemos, esta ha sido una idea que los neoliberales han conseguir que calara en una parte importante de la población. El "desprestigio" de la política tiene mucho que ver con todo ello. La "gestión política" ha sido sistemáticamente identificada como oscura, ineficaz o deudora de intereses inconfesables.

Y si esto es así, el paso siguiente ya está servido: entregar el gobierno de la ciudad a las empresas privadas que la dirigirán con criterios estrictamente de eficacia económica. Y por favor cuando se hable de "comerciantes" que nadie piense en el tendero de la esquina. Quien dirigirá los BID, y de paso parte de nuestras vidas, serán las grandes corporaciones empresariales, que son las que tienen recursos y capacidad de hacerlo.

Un proceso de manual

La dinámica que puede acabar en los BID parece casi de manual. Zonas populares de los centros de grandes ciudades golpeadas por la crisis, el paro y el empobrecimiento a las que progresivamente se retiran las inversiones públicas. La culpabilización de sus habitantes suele ser también una de las estaciones de paso más frecuente que precede a los recortes sociales y a las posteriores retóricas "higienistas". El discurso de la "limpieza" se sitúa entonces en el centro de la acción para pasar de la degradación a la exuberancia. Quién lo ha degradado realmente y por qué se mantiene como misterio.

Los argumentos de Owen Jones sobre la estigmatización social de las clases trabajadoras toman sentido en la lógica de las políticas de "mejora urbana". Si la "limpieza étnica" nos parecería inadmisible, no ocurre lo mismo con procesos de transformación que "gentrifican" antiguos barrios populares [5]. Estos están en el punto de mira de negocios generalmente turísticos, que imponen por la vía de la mercantilización y el encarecimiento de la vida una verdadera "limpieza social". La expulsión de los "indeseables" de rentas bajas es "limpia", ellos mismos hacen las maletas y se marchan por la presión de unos precios que no pueden asumir o haciéndoles sentir unos extraños en sus propias calles. Todo ello se acaba haciendo desgraciadamente con un gran consenso social previo: ¿quién se opone a que su barrio sea mejorado? Así los intereses privados y las empresas aparecen como las grandes salvadoras de la ciudad y del territorio. Todo ello con una pulcritud clínica, repleta de discursos de buenas intenciones. Los BID se convierten así en un hito importante en este proyecto de privatización de territorios que son parte de nuestro patrimonio común.

¿Podría afectar a Barcelona?

Los BID pueden encajar perfectamente y profundizar el proceso de "turistización" de Barcelona. Los argumentos están servidos. Acotar "zonas de calidad", espacios mercantilizados por el consumo turístico que ya existen de facto, pero de los que todavía el Ayuntamiento es el único responsable. Muy probablemente sería el comercio más vinculado al turismo lo que haría suyos los BID y los pondría al servicio exclusivo de sus intereses y proyectos. Sería extraño que el lobby hotelero no viera con buenos ojos este tipo de iniciativas de "limpieza".

El interés general de una ciudad económicamente diversificada, donde la industria pudiera tener de nuevo cabida, puede encontrarse con adversarios con más poder de decisión sobre las dinámicas urbanas que ocurre actualmente. Incluso servicios públicos básicos como escuelas, centros sanitarios, pisos protegidos, residencias para ancianos, tanatorios... pueden ser vistos como "poco adecuados" o "molestos" a la hora de proyectar una imagen turísticamente fashion.

Teniendo en cuenta que la lógica de los BID pasa por fomentar la competencia entre ellos (Nueva York por ejemplo tiene 69 de diferentes tamaños), la carrera desenfrenada, para disfrutar de las mejores condiciones para atraer turistas y más inversiones para este sector, está servida. ¿Dónde quedan entonces los vecinos de la ciudad y sus necesidades? Esta es una pregunta que los promotores políticos de los BID, neoliberales y socio-liberales nunca podrán responder con certeza más allá de las retóricas donde todo queda milagrosamente incluido y salvado.

Reapropiación democrática

Ante estos procesos de privatización de los espacios urbanos y de exclusión social necesitamos propuestas de resistencia que tengan éxito y que supongan una reapropiación democrática y vivencial de los espacios de la ciudad por parte de la gente que vive.

El proyecto Recreant Cruïlles. Fem nostre l’espai públic con intervenciones vecinales en el solar hasta ahora desaprovechado del antiguo Convent de les Germanetes dels Pobres, en la izquierda del Eixample (Barcelona), puede ser un buen ejemplo. Germanetes se articula como un espacio de participación vecinal: actividades de ocio, educativas, reivindicativas, de cooperación, donde lo fundamental es el desarrollo de una sociabilidad horizontal y solidaria liberada de los objetivos mercantilistas.

La experiencia vecinal de recuperación de conjuntos fabriles como es el caso de la antigua fábrica de Can Batlló en Sants (Barcelona) es otro ejemplo de referencia. El impulso vecinal está generando una serie de proyectos que quieren construir una auténtica "historia colectiva y liberadora".

Este tipo de actuaciones suponen ejemplos de profundización democrática en un momento en que las fuerzas desatadas de los mercados amenazan en mercantilizar el territorio y poner a los ciudadanos al servicio de las grandes corporaciones empresariales. Pero estos ejemplos, que ayudan a mantener el hilo rojo de las tradiciones democráticas de nuestras clases populares, no pueden quedarse como islas de resistencia en un mar de mercantilización masiva. Hay que construir mayorías políticas que aparten del gobierno a los gestores que están al servicio de los intereses de las corporaciones empresariales y volver a ocupar un poder que le corresponde ejercer a la ciudadanía.