La sociedad balear ha participado desde los inicios del boom turístico de la construcción de un consenso en torno a la defensa del territorio. Así aparece la crítica a la "balearización", con la participación de las élites en la defensa de los privilegios de las clases propietarias del suelo y de los negocios del turismo, el paisaje y la calidad del entorno. La insularidad y el entorno privilegiado han singularizado la oferta turística-inmobiliaria balear, con tensiones sociales por la construcción de un discurso común favorable a la conservación del paisaje.

Pero la crisis ha desbaratado profundamente este escenario. El capital compite por acelerar su tiempo de retorno y aumentar las tasas de beneficios. La globalización no es tan favorable a las corporaciones transnacionales turísticas baleares que ven amenazados sus emporios y retornan a la cuna balear donde aumentan su control oligopólico de la oferta de alojamiento con el rescate del Estado. Sus órdenes a los Gobiernos de turno se obedecen con celo: abolir "moratorias" urbanísticas, desproteger el territorio, dar pábulo a la especulación financiera, flexibilizar la fuerza de trabajo...

Carlos Delgadoy Gabriel Company son dos sicarios del capital urbanístico y turístico al Govern Bauzá. Las consejerías de Turismo y Territorio les han servido para desmantelar la protección territorial y promover la especulación urbanística a mansalva, en el seno de los enclaves turísticos maduros, en los pueblos, las ciudades y el medio rural.

La Ordenación del Territorio del Govern Bauzá, en manos de Company y los Consejos Insulares, impulsa más infraestructuras de transportes –como la ampliación de la autopista de la carretera de Campos y de la carretera general de Menorca– o la amnistía de chalets y parcelaciones para permitir su uso urbano, residencial y turístico (Leyes 7/2012 y 2/2014). Company emplea la coartada de promover la agricultura, cuando en realidad lo que hace es condenarla a la decadencia por la competencia urbanística, el encarecimiento del suelo y el libre comercio globalizado.

La Consejería de Turismo ha sido, con diferencia, la que más ha hecho en favor de la especulación inmobiliaria. A manos de UM creó la figura de las "declaraciones de interés autonómico" para consagrar proyectos especulativos. El Pacto de Progreso votó en bloque para eximir la Playa de Palma de las limitaciones de crecimiento urbanístico, donde después el PP desprotegió Ses Fontanelles para hacer otro centro comercial y resucitar este "zombi urbanístico" tóxico de los bancos.

Los enclaves turísticos maduros son uno de los bancos de pruebas de la Ley del Turismo de Carlos Delgado (8/2012), donde la planificación territorial se pone directamente en manos del capital, en Magaluf, Playa de Palma o la Playa d'en Bossa. La modificación de la Ley de Costas estatal (2/2013) extiende estas oportunidades de privatización del dominio público y particularmente de playas y dunas (de excepcional gravedad en Formentera). La Ley Delgado elimina el "principio de exclusividad de uso" de los establecimientos de alojamiento, que estaba vigente desde 1999, para permitir el fraccionamiento de la propiedad, que entra así en los mercados financieros, por ejemplo con la figura de los condoteles. También legaliza el uso de viviendas para estancias turísticas con el propósito real de rescatar inversiones inmobiliarias cercanas al poder, pero excluye la oferta plurifamiliar más abundante y participada de las clases medias.

Carlos Delgado ha hecho la ley más urbanística del Gobierno Bauzá, para favorecer a los hoteleros y también para dar aún más uso urbano en al medio rural. La misma Ley Delgado admite cualquier conversión de edificaciones rurales en establecimientos de alojamiento turístico, como agroturismos y hoteles rurales para los que ha dejado de ser necesaria la declaración de interés general y la evaluación de impacto ambiental. Se legaliza la ampliación sin "limitación del volumen máximo construible en cada edificio". El legado Delgado también permite hacer cualquier gran equipamiento en suelo rústico, que pueden ser tanto deportivos como campos de golf o alojamiento turístico. Las normas urbano-turísticas de Delgado burlan la legislación urbanística que se aplicará a los demás sectores económicos, particularmente la "declaración de interés general" preceptiva para cualquier edificación que invada el medio rural.

Carlos Delgado fue Consejero de Turismo sólo dos años y medio, sin finalizar la legislatura del actual Gobierno Bauzá; pero su herencia envenena la tierra en beneficio de los hoteleros y de los especuladores urbanísticos. La clase social a la que representa se reserva así privilegios de élite, descaradamente y "sin complejos".

Este artículo forma parte de la publicación Tot inclòs. Danys i conseqüències del turisme a les nostres illes, editado por la Coordinadora Libertaria de Mallorca, verano 2014.