Del 21 de noviembre al 4 de diciembre una nutrida representación de organizaciones y redes internacionales viajará a Guatemala, para realizar una segunda visita de seguimiento sobre la situación del derecho a la alimentación en el país, y los repetidos ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Amplios sectores de la población guatemalteca sufren una profunda y reiterada violación de su derecho a la alimentación, al tiempo que su lucha para exigir el respeto de este derecho fundamental está siendo criminalizada y reprimida.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 55 por ciento de la población vive en pobreza y el 13,3 por ciento en pobreza extrema. Este porcentaje llega hasta el 60 por ciento en la zona rural.

Datos de Unicef de 2012 evidencian que en Guatemala la tasa de desnutrición crónica infantil –de 0 a 5 años­ es del 49,3 por ciento, es decir la más alta de Centroamérica y una de las mayores del mundo.

En varios departamentos del país, la expansión acelerada de los monocultivos de palma africana y caña de azúcar, así como la implementación de megaproyectos, ha venido acaparando tierra, expulsando comunidades indígenas y campesinas, y desplazando a la producción de alimentos.

Esta situación trajo como consecuencia una profundización de la violación del derecho a tener acceso regular, permanente y sin restricciones a la alimentación, así como de la criminalización de la protesta.

Una primera Misión: Derechos violados impunemente

En 2009 un conjunto de redes internacionales realizó una primera misión investigadora, donde se presentaron a las autoridades guatemaltecas casos concretos de violación del derecho a la alimentación y de ataques a defensores de derechos humanos, así como un conjunto de recomendaciones.

Un año después, surgió la necesidad de organizar una misión de seguimiento, para verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones sobre los casos documentados.

“Guatemala sufre una situación muy grave de violación del derecho a la alimentación, y las personas y organizaciones que defienden este derecho son criminalizadas. Las dos misiones contribuyeron a posicionar este tema a nivel nacional e internacional, al tiempo que presionaron a las autoridades para que dieran respuestas concretas a las recomendaciones formuladas por sus integrantes”, dijo a La Rel, Magali Cano, coordinadora de la campaña Guatemala Sin Hambre.

Una nueva Misión: Guatemala sigue sufriendo hambre

Cuatro años después, las organizaciones [1] involucradas en esta iniciativa estimaron que era necesario organizar una nueva misión de seguimiento, y decidieron invitar a otras organizaciones y redes internacionales, entre ellas a la Rel-UITA.

“Los participantes a esta nueva Misión, con el apoyo de organizaciones nacionales, volverán a visitar casos concretos de violación del derecho a la alimentación y criminalización de defensores de derechos humanos. De igual manera esperan poderse reunir, entre otros, con autoridades locales y nacionales, organismos multilaterales, de la cooperación y cuerpo diplomático”, agregó la también miembro activo del Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación.

Finalmente, la Misión elaborará un informe preliminar de hallazgos, cuyo contenido será dado a conocer durante una actividad pública.