La Misión Internacional sobre el Derecho a la Alimentación y la Situación de las y los defensores de DDHH en Guatemala, que se realizó del 21 de noviembre al 3 de diciembre y que estuvo integrada por diferentes organizaciones y redes internacionales [1], entre ellas la Rel-UITA, presentó este miércoles sus conclusiones preliminares.

Durante casi dos semanas, los miembros de la Misión Internacional visitaron seis casos emblemáticos [2] de violaciones al derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición, y sostuvieron reuniones con entidades estatales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Ante un auditorio atento y participativo, la Misión señaló con fuerza que la causa principal de las violaciones al derecho a la alimentación de las comunidades visitadas es la implementación de un modelo de desarrollo que se basa específicamente en la industria extractiva en un sentido amplio (monocultivos agroindustriales, proyectos mineros e hidroeléctricos).

“Lo que este modelo extractivista está afectando en la práctica es el acceso a los recursos naturales, como el agua y la tierra, vitales para que las comunidades produzcan sus alimentos.

Además, son proyectos que producen graves impactos sobre estos recursos, sin que existan estudios de impacto ambiental, social y de derechos humanos imparciales y que cumplan con estándares internacionales.

Asimismo, están siendo implementados sin realizar una consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas y campesinas, de acuerdo a las obligaciones internacionales de Guatemala”, dijo Angélica Castañeda, de FIAN Internacional.

Falta de voluntad política
Violación del derecho a consulta

En una nota de prensa, la Misión recordó que Guatemala continúa ocupando el primer lugar en América Latina en prevalencia de desnutrición crónica. También lamentó que los programas gubernamentales para modificar esta situación tengan un enfoque asistencialista y no aborden las causas estructurales de la pobreza y el hambre.

De igual manera, constató la ineficacia y falta de coordinación entre las instituciones y estructuras del Estado, así como la falta de coherencia de las políticas públicas con los derechos humanos.

“En todas las reuniones que sostuvimos con el Estado fue evidente la tendencia a buscar en el ordenamiento legal nacional, excusas para eximirse de responsabilidades en casos concretos. Además, hemos percibido muy claramente que no existe una voluntad política de escuchar ni de consultar a las comunidades, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT”, subrayó Castañeda.

En este sentido, la Misión urgió al Estado de Guatemala “a garantizar el derecho a la consulta y reconocer la legitimidad de las consultas realizadas por las comunidades”, así como a proporcionar “información veraz, completa y objetiva sobre temas de interés de las comunidades”, se lee en el documento.

Expansión de monocultivos
Un ataque a la soberanía alimentaria

Los miembros de la Misión expresaron también su profunda inquietud por el avance acelerado de los monocultivos agroindustriales. En muchos casos, esta situación ocasiona desalojos que dejan a las familias indígenas y campesinas sin acceso a servicios básicos, ni a medios de producción.

Foto: Aisling Walsh

“La expansión de monocultivos agroindustriales está desplazando de forma acelerada a la agricultura de pequeña escala, afectando la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado y otras poblaciones rurales”, explica la nota, que fue divulgada a nivel nacional e internacional.

De igual manera, la Misión reiteró la importancia de que se apruebe la Ley de Desarrollo Rural Integral e instó al Estado a garantizar la implementación de las Directrices sobre Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques.

Criminalización de la protesta
Estigmatización, difamación y represión

Ante esta situación tan delicada y preocupante, la Misión señaló que las comunidades están ejerciendo la defensa de sus derechos.

“Lamentablemente, la respuesta estatal se está caracterizando por la criminalización  de defensores y defensoras de derechos humanos, la estigmatización, la difamación, la intimidación y la represión, en muchos casos con la complicidad de distintos medios de comunicación”, dijo Mikael Lindgren, de APRODEV.

Para la Misión, la criminalización se caracteriza también por la falta del debido proceso y el incumplimiento del principio de proporcionalidad en la aplicación del derecho penal.

“La mayoría de los ataques contra defensores y defensoras quedan impunes, debido a la ineficacia y parcialidad del sistema de justicia”, advierte la nota de prensa.

De acuerdo con la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), en 2014 se han contabilizado 799 agresiones contra defensores, incluyendo a 20 asesinatos, 449 ataques contra ambientalistas y 153 contra campesinos.

A esto se suma la creciente militarización, el abuso de estados de excepción, el uso excesivo de la fuerza, así como el involucramiento directo de las fuerzas de seguridad privada de las empresas en tareas de orden público.

“Dichas empresas no solo están asumiendo competencias estatales como la educación y la salud, sino que fomentan la división y la violencia en las comunidades”, agregó Castañeda.

Mujeres en resistencia
“¡No tenemos miedo!”
 
La Misión Internacional reconoció el papel fundamental ejercido por las mujeres en la resistencia ante el modelo extractivista y explotador, al tiempo que las señaló como las principales afectadas por la violación del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua, a la vivienda, alertando sobre los repetidos ataques violentos contra ellas.

“Las mujeres están jugando un rol muy importante en la defensa del territorio y los recursos y, por eso, han sido reprimidas y asesinadas”, dijo Alexis Williams, de CIDSE.

Finalmente, instó a la cooperación internacional, en particular a la Unión Europea, a orientar su acción hacia el abordaje de las causas estructurales que generan hambre y pobreza, desde un enfoque de derechos humanos.

“Expresamos nuestra profunda inquietud sobre la falta de coherencia de la política comercial exterior de la Unión Europea con los derechos humanos, especialmente en el marco del Acuerdo de Asociación con Centroamérica”, enfatiza la nota.

El informe final de la Misión será elaborado y presentado durante el primer semestre del próximo año.