Los intentos del primer ministro Matteo Renzi de paliar la crisis política, económica y social que asola Italia desde hace más de cinco años ha generado fuerte resistencia entre la población. Una posible reforma laboral dio inicio a una serie de protestas, siendo la huelga general del pasado 12 de diciembre  el principal ejemplo de la reacción popular.

Más de un millón de trabajadoras y trabajadores italianos acudieron, el pasado 25 de octubre, al llamado de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) para protestar contra el proyecto de reforma del mercado laboral, mejor conocido como Jobs Act, promovido contra vientos y mareas por el gobierno de Renzi, una coalición inusual de partidos de centro-derecha y centro-izquierda.

Unos días antes, los metalmecánicos de la FIOM-CGIL, así como los principales sindicatos de base italianos y miles de estudiantes secundarios, protagonizaron paros de labores y movilizaciones en todo el territorio nacional.

Para entender el porqué de esta reacción tan amplia hay que remontarse a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (Ley 300 del 20 de mayo de 1970), que marcó un parteaguas en la historia de las relaciones industriales italianas, sentando las reglas más importantes en cuanto a la tutela de las libertades laborales y sindicales.

Además de perseguir la simplificación de las más de 40 formas de contratos precarios que existen en Italia, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de reforma es la abolición, casi definitiva, del artículo 18 del Estatuto.

“Durante más de 40 años, el artículo 18 encarnó la esencia de la dignidad de los trabajadores ante el poder de la patronal, protegiéndolos contra los despidos sin justa causa y avalando su derecho a ser indemnizados y reintegrados de inmediato a su puesto de trabajo”, explicó Massimo Lettieri, obrero y miembro de la Asociación Occupy Maflow, a Opera Mundi.

Esa disciplina laboral, un verdadero baluarte contra las represalias patronales y los instintos antisindicales que se aplica en las empresas con más de 15 empleados, ha venido sufriendo repetidos ataques en el marco de una incontrolable expansión del modelo neoliberal, que ha conllevado una creciente flexibilización y precarización del mercado del trabajo.

Desmantelar derechos

Hace dos años, por ejemplo, el gobierno del tecnócrata Mario Monti llevó a cabo una primera reforma laboral -conocida como Ley Fornero- que contribuyó a vaciar de contenido el artículo 18, estableciendo diferentes criterios de aplicación del derecho al reintegro según la tipificación del despido.

De hecho, la modificación del texto rompió el automatismo existente entre despido ilegitimo y reintegro del trabajador, tipificado tres tipos diferentes de despido: discriminatorio, disciplinario y económico.

Fotografía de Giorgio Trucchi / Opera Mundi

Mientras en el primer caso se aplica la normativa anterior, donde el juez ordena el reintegro inmediato y el pago de los salarios caídos, en el despido disciplinario -por el comportamiento del trabajador- y en el económico -por graves dificultades económicas de la empresa-, el juez puede decidir si ordenar el reintegro del trabajador o el simple pago de una indemnización resarcitoria.

“Durante los últimos 20 años, los gobiernos que se han sucedido han contribuido a desmantelar el artículo 18, flexibilizando el mercado laboral y cercenando los derechos de los trabajadores. Ahora le quieren dar el golpe mortal”, dijo Lettieri.

¿Tutelas crecientes para los trabajadores?

Según Renzi, que también es secretario general del PD (Partido Democrático), reformar de manera pragmática el Estatuto de los Trabajadores e impulsar una Ley de Estabilidad es la única forma de crear nueva ocupación y contribuir a la reactivación de la economía nacional.

Él prevé la implementación de un mecanismo de tutelas crecientes, donde sólo con la antigüedad los trabajadores podrán obtener los derechos previstos por el Estatuto, entre ellos el de poder ser reintegrado en caso de despido discriminatorio.

Defender el artículo 18, considerado despectivamente por el gobierno “un tótem y un símbolo ideológico de la izquierda”, significaría preocuparse solamente de un pequeño grupo de privilegiados -aproximadamente unos 7 millones de trabajadores y trabajadoras-, desinteresándose de todos aquellos que no gozan de contratos por tiempo indeterminado.

“No se sale de la crisis penalizando el trabajo, ni cercenando derechos. Aquí no se trata de nivelar los derechos laborales hacia abajo, sino de extenderlos a quienes no gozan de ellos. Y esa no es ideología, sino algo muy concreto”, dijo Susanna Camusso, secretaria general de la CGIL, durante la movilización nacional.

También para el jurista Piergiovanni Alleva, el artículo 18 es una norma que sigue garantizando dignidad a los trabajadores, liberándolos del chantaje del despido por represalias. “Si solamente la mitad de la población tiene pan, la verdadera solución es alimentar a toda la nación y no quitarle el pan a quien ya lo tiene. Tenemos que prepararnos para una gran batalla en defensa de la dignidad del trabajo”, escribió el catedrático en su artículo para el periódico Il Manifesto.

Massimo Lettieri ha pasado 20 años de su vida trabajando en una fábrica y no oculta el orgullo de ser obrero y delegado sindical. Actualmente es parte del esfuerzo para echar a andar el proyecto de la fábrica recuperada RiMaflow, que se inspira en la experiencia de las empresas recuperadas en Argentina.

“Con el Jobs Act se le quita poder de negociación al trabajador y se fomenta la proliferación de formas de ‘trabajo desechable’. Tenemos que reapropiarnos de los medios y los lugares de producción, de la renta de trabajo, de nuestra dignidad”, concluyó.

Publicado originalmente en portugués en el diario Opera Mundi (portugués) y en castellano en LINyM.