Con la “crisis” como pretexto, los programas que desde 2008 la Troika impone en la periferia europea está favoreciendo la concentración de riqueza de los estratos más altos y la desposesión de los más bajos, creando una estructura de desigualdades cada vez más profunda. Una brecha que se acrecienta con el avance del mercado y el retroceso del Estado en los asuntos esenciales.

La desigualdad en datos

La desigualdad pasó a ser una característica que ilustra y define actualmente a las sociedades del sur de Europa en general y del Estado español en particular. Indicadores que pueden ilustrar en primera instancia la evolución de las desigualdades en el Estado español antes y después de la “crisis” son el índice de Gini y el indicador AROPE.

El Ratio 80/20 pasó de 5,3 en 2007 a 7,5 en 2012, lo que supone un aumento de más del 40% durante ese quinquenio. En el contexto europeo, desde 2011 el Estado español ocupa el podio de la UE en el Ratio 80/20, y desde 2012 es el país con mayor desigualdad social y por primera vez el que tiene mayor distancia entre rentas altas y bajas (Eurostat, 2012).

A esta descripción pueden agregarse indicadores sobre grupos poblacionales más vulnerables, como niños y adolescentes. Mientras que cada tres minutos cae en riesgo de pobreza un niño en territorio español (El Huffington Post, 2013), la tasa de pobreza infantil supera el 27%, el 32,6% de niños está en riesgo de pobreza o exclusión social, un 8,3% vive en hogares con privación material severa y un 18,7% en hogares que sufren pobreza crónica (Unicef, 2014).

El Estado español también toma la delantera en desigualdad salarial, principalmente entre jóvenes. En 2013 un estudio presentado por el Instituto de Juventud afirmaba que los jóvenes necesitarían cobrar un 80% más para poder emanciparse y acceder a una vivienda propia. También se destacaba que desde 2008 hay un progresivo retraso de la emancipación de los jóvenes por motivos económicos y que más de la mitad de los jóvenes que trabaja lo hace en puestos que exigen una menor cualificación que la que tienen (INJUVE, 2013).

Mientras el mercado de trabajo expulsa a jóvenes y adultos, engrosa las filas de un “ejército de reserva” que le permite precarizar a quiénes sí pueden trabajar. A la par, la ausencia del Estado aumenta la indefensión de ambos grupos: los desempleados tienen más limitado su derecho a una prestación por desempleo, y los empleados más precariedad por una Reforma Laboral que impone el paradigma de la “flexibilización”.

Cruzando los análisis anteriores, desde el inicio de la “crisis” el porcentaje de hogares españoles afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria creció un 50% (FOESSA, 2014).

Por otra parte, las cuatro ediciones de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España muestran que en una década la desigualdad de la riqueza creció un 60% en el país. Según la última EFF la ratio sobre el patrimonio medio del decil más rico y el cuartil más pobre llegó a 87 en 2011 (Colectivo IOE, 2015).

Otra forma de aproximarse a la medición de las desigualdades es a través de la distribución del Producto Interior Bruto (PIB) entre asalariados y empresariado. En 2000 las rentas salariales rozaban el 50% y las empresariales el 40% (El País, 2013); y en el período 1995-2010 la relación era de 48,8% y el 41,7% del PIB (Colectivo IOE, 2012). En 2013 los excedentes de las empresas (46,1%) superaron las rentas salariales (44,2%) por primera vez.

Siguiendo el rastro de las desigualdades, por un lado, aumenta el consumo de bienes de lujo: en 2014 las ventas de coches de lujo crecieron en el país un 29,3% respecto al año anterior (El País, 2015). En paralelo, un 30% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes y más del 40% para afrontar gastos imprevistos. Asimismo, entre 2009 y 2014 las dificultades financieras de las familias ascendieron del 15 al 25% (FOESSA, 2014).

Dos pilares del neoliberalismo, la ausencia del Estado y la minimización de la inversión pública social, acentúan estas desigualdades, favoreciendo la exclusión, desprotección o vulnerabilización de amplios sectores sociales.

El negocio de la “crisis”

Sin embargo, más allá de estos guarismos no todo el panorama socioeconómico español es sombrío. Hay quienes aumentan su riqueza. Durante 2014 las 20 fortunas españolas más grandes crecieron 1.760.000 dólares cada hora, llegando a una riqueza de 115.400 millones de dólares. Los 20 individuos más ricos del país tienen una riqueza equivalente a las 14 millones de personas (el 30%) más pobres (Oxfam, 2014). Amancio Ortega, propietario del Grupo Inditex, en 2012 fue el que más incrementó su fortuna en el mundo, pasando a ser el hombre más rico de Europa y tercero del mundo (Bloomberg, 2012). Además, la riqueza del 1% que más tiene es similar a la suma de riqueza del 70% de la población española (Oxfam, 2014).

Los que siempre ganan, ganan más. Los seis principales bancos españoles durante el primer trimestre de 2015 aumentaron sus ganancias un 67% con respecto al mismo período del año anterior (Público, 2015). El Grupo Santander lideró el ranking de ganancias (Público, 2015).

Algunos encuentran un escenario propicio para los negocios. Carlos Slim en 2011 se convirtió en socio de CaixaBank, en 2012 en accionista mayoritario del Real Oviedo y después adquirió parte del paquete accionario de Gas Natural. Con la entrada en 2014 como primer accionista en el grupo FCC, Slim se acerca a hacer “una réplica en España de su imperio mexicano” (Voz Populi, 2014).

Otros se muestran optimistas. El millonario Wilbur Ross expresaba que “España en muchos sentidos es un país muy, muy interesante” (El País, 2012). Incluso un optimismo que roza el cinismo: Donald Trump destacaba las “muchas y buenas oportunidades” que hay en el país, aconsejando a los inversores “aprovecharse”: "Te están dando las tierras por nada, te lo están dando todo por nada” (El Mundo, 2012).

Y también hay un futuro esperanzador en el Estado español. Se prevé que para 2017 el número de millonarios en el país se incremente un 110% (Credit Suisse, 2012).

Aunque el relato oficial pone al déficit público como enemigo del programa económico, en el ámbito fiscal la “crisis” también favorece a esta minoría. Además de la amnistía para las grandes fortunas evasoras, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), instrumento de inversión que los principales patrimonios utilizan para no pagar impuestos, crecieron más del 10% en 2012 .

Como se ve, para esta minoría la “crisis” es una coyuntura propicia para la especulación financiera, el aumento de sus privilegios, el optimismo, la acumulación y los grandes negocios.

¿“Es la economía, estúpido”?

Los programas neoliberales iniciados con el Partido Socialista y profundizados con el Partido Popular contribuyeron a forjar una sociedad cada vez más desigual, jerarquizada y excluyente. El Estado fue resignando todo intento por domesticar a este capitalismo salvaje, y su función de equilibrio y redistribución quedó reducida a una cosmética asistencialista.

Desde 2010 las élites políticas y económicas del país fueron estableciendo una relación casi simbiótica entre Estado y mercado, facilitando el proceso de concentración de riqueza y transferencia de recursos públicos a manos privadas. No existe conflicto ni confrontación de intereses con los poderes económicos concentrados: el Estado es un actor funcional a estos poderes no democráticos.

En el andamiaje discursivo dominante la economía ocupa la centralidad: una economía libre, autónoma, indomable, y un Estado que reduce su función a hacer “ajustes” para congraciarse con mercados insaciables. Además, la “austeridad” y la “eficiencia” de lo público ocultan aquel “Estado mínimo” de Hayeck, y las desigualdades son concebidas como una “consecuencia colateral” o un “efecto indeseado” de la “crisis”, que es económica.

Pero, realmente ¿”Es la economía, estúpido”? No es la economía la que por sí misma subordina lo social, excluye, reduce derechos, deteriora las condiciones de vida de las mayorías. Tampoco es la economía la que conduce a un país al abismo, la que expropia los bienes públicos, las esperanzas y el futuro de las sociedades.

Detrás está un proyecto político implementado discrecionalmente, connivente con las minorías privilegiadas y que asume al neoliberalismo como modelo distributivo. Un proyecto que responde a objetivos e intereses inequívocos: garantizar máximas rentas del capital, socializando sus pérdidas a costa de las condiciones de vida de las mayorías; que conduce a la economía hacia el anarcocapitalimo y muta al “contrato social” en un “contrato mercantil”. Un proyecto político que, en última instancia, deja a la mayor parte de la ciudadanía afuera.

Justamente, el sistema político español fue perdiendo afección, legitimidad y credibilidad desde 2010. La evidencia de que el poder real está lejos de la democracia representativa fue espoleando una conflictividad y movilización creciente contestataria a este orden establecido. Lo que se aprecia en la consolidación y fortalecimiento de movimientos sociales e irrupción de nuevos actores políticos, con creciente aceptación social y un armado electoral consistente.

En la breve historia del neoliberalismo los resultados siempre han sido los mismos: “Estado mínimo” y mercado máximo, igual a democracia mínima y desigualdad máxima. Esto no es una consecuencia indeseable de la “crisis” económica, sino que es resultado de la voluntad de la dirigencia política de impulsar programas en sintonía con los intereses del capital financiero y otros poderes económicos fácticos.

Centrar el problema de las desigualdades en lo económico es una forma intencionada de negar lo político, tanto en el origen de este escenario como en la única forma posible para poder transformarlo. Sin ninguna duda, no “es la economía, estúpido”, definitivamente, es la política.

Publicado originalmente en The Economy Journal el 28 de mayo de 2015.