Este 10 de marzo, cumpliéndose una semana del asesinato político de la dirigente indígena Bertha Cáceres, familiares de Gustavo Castro Soto denunciaron con fuerza las graves irregularidades que se están dando en el proceso de retención del sociólogo de nacionalidad mexicana.

Castro Soto es testigo y sobreviviente del ataque armado que costó la vida a la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Pese a haber colaborado en todas las diligencias que se le han pedido, el sociólogo sigue sin poder salir de Honduras, y su vida está en peligro.

Además, hay indicios de que la jueza Victorina Flores del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, Intibucá, "esté predispuesta para fincar responsabilidades penales", lamentó Óscar Castro, hermano de Gustavo, en un documento respaldado tanto por los familiares de Bertha Cáceres, como por el Copinh y varias organizaciones de derechos humanos.

"El proceso judicial ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales de Gustavo Castro y su familia, como por ejemplo largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, la falta de reposo, la falta de acceso a las fotocopias de todas las diligencias, la falta de asistencia médica y psicológica como víctima de un delito grave", se lee en el documento.

"También la retención de sus pertenencias y sobre todo, la prohibición de salir del país, medida que la misma jueza reconoce como no prevista para testigos", agregan los firmantes del documento.

El día de ayer (9/3), la jueza Flores resolvió negar el recurso de reposición, interpuesto por los abogados del sociólogo ambientalista mexicano, contra la prohibición de salir del país por 30 días.

En días anteriores, Castro Soto fue impedido de abordar un avión por las autoridades policiales y fiscales. La jueza indica ahora que el testigo del asesinato de Bertha Cáceres "incumplió una citación incurriendo en el delito de desobediencia". Castro Soto asegura que nunca recibió dicha citación.

Óscar Soto: Sospechosas irregularidades

Óscar Soto y demás organizaciones lamentan también la "suspensión del proceso y del ejercicio de la profesión por el término de 15 días" dictada por la misma jueza contra la abogada de Gustavo Castro, Ivania Galeano.

"Esta medida se extralimita de las facultades del órgano jurisdiccional y carece de fundamentación adecuada", asevera el documento.

Estas irregularidades se suman a las del proceso de investigación sobre el asesinato de la dirigente indígena Bertha Cáceres. "Las actuaciones de la Fiscalía y del Juzgado han dejado en un estado de indefensión total a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso", continúa el documento que fue presentado este jueves ante medios nacionales e internacionales.

Tortura psicológica y tratos crueles

"Condenamos el asesinato (de Bertha Cáceres) pero también a un sistema que ha sido incapaz históricamente de estar apegado a la verdad y la justicia", dijo el doctor Juan Almendares, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (Cptrt). "Consideramos que Gustavo Castro, a esta altura, es una víctima de tortura psicológica y de la perversa crueldad del sistema jurídico de este país", agregó Almendares.

Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), lamentó esta situación y reafirmó que "no se están llevando a cabo investigaciones vinculadas con el contexto y la labor de defensa de derechos humanos que tenía Bertha Cáceres. Esto es contrario a todos los estándares internacionales".

En el caso de Gustavo Castro, Aguiluz dijo que sigue siendo impedido arbitrariamente de salir del país. "Todas estas irregularidades crean un clima de tremenda sospecha. Gustavo Castro puede seguir colaborando desde su pais de origen. Mantenerlo injustificadamente y sin derecho a defensa en este país es una violación del derecho de circulación y una detención arbitraria. Ya alertamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)", informó Aguiluz.

¿Qué hace la embajada mexicana?

Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) advirtió  que la embajada de México estaría por trasladar a Gustavo Castro a un hotel. "Queremos que Gustavo se mantenga en la embajada de México, porque a pesar de las medidas cautelares dictadas por la Cidh, tenemos mucho temor por su seguridad. Hacemos un llamado público a la embajada para que continúe en el resguardo de la integridad de Gustavo", dijo visiblemente preocupado.

A ese propósito los familiares del sociólogo y activista mexicano consideraron que la embajada mexicana debe doblegar los esfuerzos para la restitución de sus derechos, proteger su integridad física y psicológica "frente a una detención ilegal en Honduras y el peligro de su criminalización". Asimismo instaron a las instituciones de justicia a conducirse con estricto apego a derecho, cupliendo con el debido proceso, debida diligencia y las garantias judiciales de las víctimas", evitando "la criminalización de los afectados y reforzando las líneas de investgación que obedecen a los antecedentes inmediatos de las actividades de la defensora de derechos humanos y coordinadora del Copinh, Bertha Cáceres", concluye el documento.

Bertha Zúniga Cáceres, hija de Bertha Cáceres, dijo que para su familia es de suma importancia la integridad física y emocional de Gustavo Castro. "Él ha sido un amigo muy cercano de nuestra familia y de suma confianza de nosotras. Estamos apoyando su decisión de salir del país porque su vida corre peligro", expresó.