La crisis sistémica se resuelve con la misma fórmula que nos llevó a ella, una burbuja turística e inmobiliaria. Así es como más le interesa al capital productivo y financiero, que extrae el máximo provecho en esta coyuntura de shock social, en que la creación de empleo parece justificar cualquier rebaja de las condiciones de justicia social, redistribución de los beneficios o defensa del equilibrio ecológico y territorial. Pero el crecimiento de esta burbuja turística hace saltar las alarmas sociales y ambientales, debido al aumento de la insostenibilidad turística, por su contribución al encarecimiento de la vivienda, el deterioro de las condiciones labores o el sobredimensionamiento, de nuevo, de los proyectos urbanísticos y de infraestructuras. La saturación de los espacios preferidos por el negocio turístico es un buen ejemplo de esta situación, en ciudades como Madrid, Barcelona o Venecia y en territorios intensamente turistizados como las islas Baleares, las Canarias o la Costa del Sol.

En este contexto, se han adoptado medidas de contención del crecimiento, que no sólo favorecen al conjunto de la población en defensa del bienestar colectivo y de los bienes comunes, sino que también son provechosas para inversores y empresarios que se libran así de nuevos competidores. Las autoridades públicas de dichos espacios sobredesarrollados por la burbuja defienden la aplicación de moratorias y la regulación del crecimiento, además de la recaudación de impuestos y su inversión en medidas paliativas.

Recientemente, el Gobierno balear ha acordado la inversión de un nuevo fondo recaudado con estos propósitos. Paradójicamente, el principal destino del fondo recaudado durante el primer medio año de su implantación ha sido el incremento de la capacidad de las infraestructuras de abastecimiento y tratamiento de agua, especialmente en relación a la desalación de agua.

¿Se contribuye así a una transición ecológica del turismo? La historia nos muestra otras líneas de inversión tal vez más certeras. Por ejemplo, recuperar hábitats naturales amenazados por la urbanización turística; el proyecto Life de La Platera en el Empordà es un buen ejemplo de “desurbanización”, de gran efectividad ecológica y paisajística. El derribo de edificaciones obsoletas, como por ejemplo con propósitos de “esponjamiento” de entornos urbanos saturados, se ha aplicado con éxito en numerosos destinos turísticos maduros, como en la costa del municipio de Calvià, durante las dos últimas décadas. La mejora de la gestión del uso público de los espacios naturales y del litoral merece también esta custodia especial por parte de las administraciones públicas, con la inversión de fondos de este tipo de ecotasas. Otra experiencia muy por desarrollar es la mejora de las labores de inspección, en pro del cumplimiento de la legalidad mediante agencias de disciplina urbanística y turística. En último lugar, pero tal vez de mayor importancia, el criterio de inversión de un fondo recaudado con propósitos finalista para la sostenibilidad parece que más bien debe orientarse a reducir la carga ambiental y la polarización social como criterios generales. Así se recoge en las 50 propuestas por unas islas más verdes, más justas y menos masificadas de la campaña “Sense límits no hi ha futur”. No parece que la inversión prioritaria de este primer medio año de recaudación haya cumplido este requisito. Porque las medidas estructurales requieren visión a largo plazo; en el caso que nos ocupa, para transitar hacia un turismo más justo y sostenible.