Históricamente Costa Rica ha sido reconocida en el mundo, y con razón, por sus políticas ambientales, y en especial por su preocupación por un desarrollo turístico sostenible. Sus políticas turísticas se han distinguido no solo por promover el país como destino de naturaleza, con numerosos ejemplos de iniciativas locales comprometidas con la conservación, sino también por tratar de incorporar criterios de sostenibilidad en el conjunto del sistema turístico. Sin embargo, el fuerte desarrollo turístico-residencial que se produjo en el país desde principios de los años 2000, y la forma en la que se ha seguido creciendo tras la crisis financiera del 2008, ponen de manifiesto problemas y prácticas insostenibles que no se pueden ignorar.

Dos son los aspectos más controvertidos del desarrollo turístico promovido por grandes capitales internacionales en alianza con grupos empresariales locales: las graves implicaciones ambientales y los efectos sobre las comunidades costeras. Este tipo de transformación que se está produciendo en los territorios costeros. Ambos aspectos amenazan la posibilidad de avanzar en la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en aquellos relacionados con la equidad de género (ODS 5), el acceso a agua potable y saneamiento (ODS 6), el trabajo decente (ODS 8), la reducción de las desigualdades (ODS 10) y el fortalecimiento de comunidades sostenibles (ODS 11) [1].

Turismo como motor de urbanización

El turismo se ha revelado como un potente agente de transformación de sistemas naturales y urbanos. Según David Harvey, el desplazamiento geográfico es una de las soluciones que tiene el capital de fijarse y reproducirse para hacer frente a las crisis recurrentes del capitalismo. De esta manera, la creación del “espacio turístico” ha significado una oportunidad para que el capital pueda ser “fijado” y actúe como motor de urbanización. Además de las ciudades coloniales, las áreas costeras en Centroamérica han sido altamente urbanizadas a través de la inversión turístico-residencial. En el pasado muchas de estas áreas estaban vinculadas a la pesca, la agricultura y la reproducción social para prestar servicios a grandes haciendas; en otros casos eran áreas marginales. Por ejemplo, la provincia de Guanacaste en Costa Rica, históricamente la más rezagada en la economía nacional y con mayores índices de pobreza, ha sido la que mayores inversiones vinculadas al turismo ha recibido, y en donde las consecuencias de este proceso han sido más palpables [2].

Fotografía de Alba Sud.

Guanacaste, un territorio en transformación

En Guanacaste, la puesta en marcha de un entorno de negocios funcional al turismo, que implica la creación de hoteles, residencias, servicios e infraestructuras diversas, fue antecedida por un proceso de desposesión de las comunidades instaladas en esos territorios [3]. Un factor clave ha sido el cambio de propiedad de la tierra. Otro ha sido la destrucción de ecosistemas costeros, en especial bosques de manglar, para adecuarse a las necesidades del imaginario turístico convencional del paisaje. Posteriormente, cuando la actividad turística empezó, y dadas las características del clima tropical seco de la zona, el agua ha sido fuertemente afectada. Así se han descrito numerosos procesos de contaminación, sobreexplotación de acuíferos y su consecuente salinización, así como un incremento del gasto público para proveer a hoteles y residencias de agua potable. La lucha actual de la comunidad del cantón de Sardinal en contra de la canalización de su acuífero para dar servicio a desarrollos turístico-residenciales, ante el ejemplo de otras comunidades que se han quedado sin acceso a agua potable por la salinización que se produjo, ilustra dramáticamente las tensiones existentes [4].

Un segundo proceso de transformación territorial ha tenido que ver con los cambios en la composición y asentamiento de la población de la zona, con procesos de expulsión y atracción simultáneos. Así parte de la población costera ve afectados sus medios de vida a través de esos procesos de desposesión y tiende a desplazarse de la primera línea de costa y concentrarse en zonas interiores de sus municipios, en ciudades intermedias dentro de la misma provincia o en ciudades más grandes en búsqueda de nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, nueva población es atraída hacia los territorios costeros: trabajadores de la construcción, de los servicios requeridos en la nueva economía, y trabajadores informales que tratan de buscarse la vida en esos nuevos espacios urbanos. En muchos casos estos procesos migratorios son protagonizados por personas con bajos ingresos y escaso poder adquisitivo, y en especial trabajadores de Nicaragua. Con mayor o menor duración en el tiempo, esta presencia da también lugar a nuevos núcleos arrabalizados. Por otra parte, la zona también atrae directivos y cuadros intermedios de los nuevos negocios procedentes de otras zonas urbanas o también del extranjero, así como a nuevos pobladores de mayor (residentes) o menor duración (turistas) en la zona.

Conflictos socioambientales, soluciones integrales

La transformación de los territorios costeros que se ha producido en Guanacaste ha dado lugar a una intensa conflictividad socio-ambiental por la resistencia de algunas comunidades, trabajadores y grupos de pobladores ante los procesos de desposesión y afectación ambiental. Estos conflictos configuran señales de alerta evidentes del riesgo que está suponiendo el desarrollo turístico-residencial para el medio ambiente y para los pobladores de las comunidades costeras a quienes les ha resultado extremadamente difícil integrarse en esta nueva economía que, a su vez, les desposee de sus medios de vida.

Fotografía de Alba Sud.

El Estado costarricense se encuentra ante el dilema de seguir profundizando un modelo de desarrollo turístico-residencial, que en el caso de Guanacaste manifiesta ya graves afectaciones socio-ambientales así como una creciente conflictividad, o bien reconducir las políticas de apoyo a la inversión que está llegando a la zona, para lo cual tiene importantes referentes en el país que han logrado una mayor integración entre turismo y comunidades rurales [5]. En sentido sería recomendable que el Estado costarricense recuperara una orientación de políticas públicas destinadas como prioridad a favorecer a los grupos de población más desfavorecidos, algo que difícilmente puede hacerse sin escuchar y tomar en cuenta las opiniones y reclamaciones de las comunidades organizadas. De no hacerlo con celeridad y efectividad los escenarios futuros probablemente sean de mayor desigualdad y empobrecimiento. Los procesos de urbanización asociados al desarrollo turístico-residencial que están transformando la fisionomía de las comunidades costero-rurales de Guanacaste amenazan con agudizar los problemas de pobreza y falta de desarrollo de la provincia a la par de acentuar su ingobernabilidad.