El acuerdo en el Convenio colectivo de hostelería de las Islas Baleares ha sido, sin duda, una sorpresa para cualquier persona observadora del funcionamiento del mercado laboral isleño y de las relaciones laborales. Más bien diría que, por su anticipación, formas y contenidos, ha sido una triple sorpresa. Pero más allá de sorpresas, el acuerdo ha sido saludado con una más o menos generalizada satisfacción, especialmente en ámbitos gubernamentales autonómicos. Puede que nada sea tan sorprendente ni se deba exagerar la satisfacción. Se impone la prudencia, y analizar las fortalezas y debilidades en su conjunto.

Con relación a la anticipación –el vigente convenio colectivo tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2018–, podría anotarse como fortaleza un ejercicio de negociación colectiva continuo, es decir, negociar mientras el convenio colectivo precedente tiene plena vigencia. Prefiero pensar que no existe otro motivo de tal anticipación en el acuerdo, y que, por tanto, es una prueba de madurez de los agentes sociales y económicos. Pero esta rápida firma de la paz social con respecto al convenio colectivo del sector de la hostelería balear tiene algunas debilidades de las que señalaré dos: primera, la división de la representación empresarial, que puede exacerbar los intentos de división, especialmente de la representación empresarial de la restauración, del ámbito de aplicación del convenio. Parece complicado que jurídicamente esto suceda (no en vano todo indica que los firmantes lo han querido blindar no firmando un nuevo convenio colectivo, sino ampliando la vigencia del texto que aún está en vigor e introduciendo los cambios acordados), pero, en cualquier caso, siempre sería mejor mantener la unidad del convenio –cuestión fundamental para la cohesión social en las Islas Baleares– como fruto de una negociación y eventual conflicto, que mediante ingeniosas técnicas legales o de un intervencionismo de la Administración autonómica. La segunda y, desde mi punto de vista, la más importante de las debilidades de tanta anticipación es la ausencia de un verdadero proceso de información, movilización, asunción de las reivindicaciones y empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo entorno al convenio colectivo. El sindicalismo no va sobrado, aunque sea injustamente, de prestigio entre el precariado, y en este sentido, una negociación tan cupular ha privado de la pedagogía de explicar que los derechos conquistados tienen más valor, y se defienden mejor por quienes los conquistan y deben defenderlos.

En cuanto a las formas, hay más debilidades que fortalezas porque se han mezclado dos ámbitos de negociación que, por su naturaleza, deberían preservar su respectiva autonomía. A través de una aparente negociación colectiva tutelada por el Gobierno, se acuerda lo que es propio del convenio colectivo (fundamentalmente incremento salarial, lo relativo a la externalización de servicios y el pacto de proponer al Gobierno de las Islas Baleares "la suscripción de un acuerdo tripartito que tenga por objeto reducir la siniestralidad laboral y la mejora en la calidad de las condiciones de trabajo de las trabajadoras y trabajadores del sector"). Pero esta propuesta de acuerdo tripartito, que por su contenido no es propia de un convenio colectivo (el Gobierno no está formalmente en la Comisión Negociadora), debería estar más que hilvanada, dado que se ha rubricado en el mismo instante que la prórroga del convenio colectivo propiamente dicho. En definitiva, unas formas muy marcadas por la intervención gubernamental, que se justifican, supongo, por el debilitamiento de la fuerza de los débiles en la negociación de los convenios colectivos sectoriales consecuencia de la Reforma Laboral de 2012. Sea lo que sea, las fortalezas de las peculiares formas de negociación de este acuerdo bastante atípico las tendremos que buscar en sus contenidos. Aunque sea brevemente, comentamos la foto.

El aumento salarial del 17% al cabo de los cuatro años de vigencia (5% en 2018 y en 2019, el 3,5% en 2020 y en 2021) ha sido especialmente celebrado. Acepto de celebrarlo, pero... ¡ay los peros y las debilidades! Es, por un lado, un aumento discreto, en comparación con los márgenes empresariales actuales y, además, la tremenda precariedad laboral (el mismo FMI acaba de avisar que la ocupación parcial y temporal lastran los sueldos) que no garantiza una mejora cierta de la renta disponible para los trabajadores y trabajadores. Es más, hay que tener en cuenta que, en caso de que estos espectaculares beneficios empresariales se resientan en los próximos cuatro años, los mecanismos de imponer recortes salariales en las empresas son, por obra y gracia de la mencionada Reforma Laboral, inmensos.

El segundo aspecto a comentar es el que hace referencia a las garantías laborales y ciertas limitaciones a las externalizaciones de servicios. Es un asunto a analizar con detenimiento y, como ya me estoy alargando, ahora no me entretendré. Y, sin embargo, es un acuerdo en el que, tal como está la legislación laboral, se aprecian más fortalezas que debilidades. Sin embargo, no puedo dejar de decir que el asunto de la externalización del trabajo a los hoteles va mucho más allá de garantizar unos elementales derechos laborales, tales como, el de igual trabajo igual salario. Es, como queda de manifiesto en algunos testimonios en el libro Externalización del trabajo en hoteles. Impactos en los departamentos de pisos de Ernest Cañada, un asunto primordial en la estrategia neoliberal de debilitamiento sindical.

Y para terminar este breve comentario de los contenidos, hay que hacer referencia al Acuerdo tripartito sobre salud en el trabajo. ¿Fortalezas? Pocas. Los compromisos escritos son tan genéricos y a veces solo declarativos (por ejemplo, una de las reivindicaciones principales de las Kellys Confederadas –aquí Kellys Unión Baleares– como es la regulación de la carga de trabajo se resuelve así: "... los firmantes de este acuerdo manifiestan preocupación porque la carga de trabajo adjudicada a los trabajadores del sector sea adecuada y velarán para que no suponga un riesgo para la salud de los trabajadores y trabajadoras de hostelería"(sic). Por lo tanto, tal vez, la única fortaleza sea la existencia del mismo texto, lo que, indirectamente, se reconoce como un fracaso social, empresarial y político-institucional de las políticas de prevención de riesgos laborales. Pero que nadie se engañe: la gran debilidad de un acuerdo de este tipo y materia es que no se vislumbra ningún avance de verdad en la participación efectiva de las trabajadoras y trabajadores en la organización del trabajo en el seno de la empresa. Esta, y no una, es la clave para garantizar no enfermar, y malvivir físicamente como consecuencia del trabajo.

En definitiva, estamos en presencia de un acuerdo con fortalezas y debilidades que, globalmente, es moderadamente positivo. Lo es por sus contenidos y porque se ha producido en un contexto de debilitamiento de las instituciones de la negociación colectiva, que dificulta en extremo traducir mayores márgenes empresariales y aumentos de productividad en mejoras salariales y laborales. Que en los tiempos que corren, de hegemonía neoliberal, un convenio colectivo tan importante como el de la Hostelería de las Islas Baleares tenga avances y ningún retroceso no es poco.

Publicado originalmente en catalán en el diario Ara Balears el 5 de octubre de 2017. Traducción de Alba Sud.