Suprimir límite a la tenencia de la tierra no genera desarrollo sino mayor desigualdad

El Salvador es actualmente el único país de la región centroamericana que pone límites a la propiedad de la tierra. Producto de la Reforma Agraria de los años 80, ninguna persona natural o jurídica puede poseer más de 245 hectáreas de tierras rústicas. El artículo 105 de la Constitución salvadoreña dice textualmente: “La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas”.

Después de las elecciones legislativas del pasado marzo, donde la derecha salvadoreña se aseguró el control absoluto del Parlamento y podría alcanzar los votos necesarios (56 de 84) para modificar la Carta Magna, esta barrera contra la reconcentración de la tierra podría caer. Con la excusa de borrar una limitante a la inversión y fomentar la producción agroindustrial nacional, los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron en abril un proyecto de reforma constitucional para eliminar el límite impuesto a la tenencia de tierras rústicas. Sería suficiente el apoyo del conservador Partido de Concertación Nacional (PCN) para alcanzar cómodamente la meta.

Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas en el Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recordó ante medios nacionales que dicho límite se estableció para que todas las personas pudiesen tener acceso a la tierra. “Ya están mostrando las garras, quieren volver al pasado para reconcentrar la propiedad de la tierra”, dijo. Esta espada de Damocles que pende sobre el futuro del pequeño país centroamericano es parte de un proyecto mucho más amplio que busca profundizar el modelo extractivista, beneficiando al gran capital nacional y transnacional y revirtiendo los avances logrados en la última década en materia social.  

Génesis de la reforma agraria salvadoreña

Uno de las históricas reivindicaciones del pueblo salvadoreño ha sido el acceso a la tierra. La concentración de las tierras en pocas manos y las desigualdades sociales condujeron el país hacia un largo conflicto armado (1980-1992) que dejó un saldo de decenas de miles de muertos y desaparecidos. Realizar una verdadera reforma agraria ha sido el principal anhelo de millones de personas. En la década de 1870, desde la presidencia de la República se impulsó con fuerza el cultivo del café. Para acelerar este proceso, entre 1881 y 1882 se llevó a cabo una “reforma agraria” con la que se extinguieron las tierras comunales y ejidales, despojando a las comunidades indígenas que fueron desplazadas hacia la costa y el norte del país. Dichas tierras fueron entregadas a la oligarquía terrateniente nacional para que constituyera la hacienda cafetalera. Los latifundistas fueron extendiendo sus propiedades sin ningún control, asegurando su legalización a través de la creación del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

En 1980, ante la inminente escalada del conflicto armado interno, la Junta de Gobierno impulsó una reforma agraria que pretendía beneficiar a los campesinos sin tierra. Sin embargo, el objetivo oculto era ocupar militarmente el país y controlar a la población campesina para evitar que apoyara a los grupos insurgentes. El 6 de marzo, los militares ocuparon militarmente las grandes fincas agrícolas, justificando el gigantesco operativo con la necesidad de proteger a los campesinos de los antiguos propietarios.

La reforma agraria constaba de tres fases. La primera preveía la expropiación de 238 latifundios mayores de 500 hectáreas que ocupaban 218.000 hectáreas (15% de la tierra agrícola). Con la segunda fase se expropiarían alrededor de 1.739 propiedades de entre 100 y 500 hectáreas, que ocupaban unas 343.000 hectáreas (18,5% de la tierra agrícola) y que afectarían a más del 60% de los cultivos de café. La tercera fase pretendía dotar de tierras a los campesinos medios, arrendatarios y colonos, con parcelas de hasta 7 hectáreas cedidas por los patronos, y que ocupaban un área total de 178.000 hectáreas, es decir el 9,6% de la propiedad agrícola [1].

Lamentablemente, el ascenso al poder en 1982 de la fuerza política ultraconservadora ARENA condujo a la aprobación de una nueva Constitución, que estableció el límite de 245 hectáreas al derecho de tenencia de la tierra. Los excedentes debían ser expropiados y transferidos. Con esta disposición se daba un golpe mortal a la segunda fase, corazón y medula de la reforma agraria.

Volviendo al latifundio

Años más tarde (1991 y 1996), el Parlamento aprobó los decretos 747 “Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra Comprendida en la Reforma Agraria” y 719 “Ley del Régimen Especial de la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria”, con los cuales se promovió la parcelación y venta de las tierras en manos de asociaciones cooperativas. Hasta noviembre de 2005 se habían parcelado casi 56.000 hectáreas en 379 propiedades, asignándolas a 73.837 beneficiarios individuales [2].

“Fue el golpe final. Se quitaron los candados de la reforma agraria para ir despojando a las cooperativas de sus tierras. Se montaron negocios turbios, plagados de irregularidades y hubo cooperativistas y miembros de las juntas directivas que se prestaron para eso”, dijo a Alba Sud, María Silvia Guillén, ex subdirectora del Centro Nacional de Registros (CNR) y actual comisionada presidencial para Derechos Humanos.

María Silvia Guillén. Imagen de Giorgio Trucchi.

Las tierras agrícolas se convirtieron nuevamente en mercancías al alcance de quien mejor las pudieras pagar. Dejaron de ser tierras productivas para convertirse en bienes para la especulación. Poco a poco, las tierras de la reforma agraria fueron entregadas a la banca privada en pago de la deuda agraria y bancaria; vendidas para industria y comercio; y parceladas y lotificadas para vivienda o turismo. De esta manera, se dio inicio a un nuevo despojo legalizado de las tierras de campesinos y cooperativas agropecuarias.

El mejor ejemplo de ello es lo que pasó con centenares de familias campesinas, beneficiadas por la reforma agraria, que vivían en la finca El Espino, Antiguo Cuscatlán. Después de más 20 años de ser asociados de la cooperativa El Espino, las familias fueron paulatinamente desalojadas por los antiguos propietarios (la familia Dueñas). En las casi 250 hectáreas de terrenos urbanizables que conformaban la finca, surgen ahora centros comerciales y complejos residenciales, como por ejemplo La Gran Vía, Portal del Casco y Puerta Gran Canaria, que la empresa Urbánica, de la familia Dueñas, y el Grupo Roble, de la familia Poma, construyeron en la última década [3].

Inversión turística al acecho

“La derecha controla la Asamblea Legislativa y va con todo. No sólo quiere reformar el artículo 105 de la Constitución para volver al latifundio, sino que pretende revertir la prohibición de la minería metálica en el país [4], expandir los monocultivos tradicionales e introducir nuevos como la palma africana, condicionar la aprobación de la Ley General de Aguas a una nutrida presencia del sector empresarial en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente rector que regirá y aplicará la legislación”, manifestó Guillén.

La defensora de derechos humanos dijo estar preocupada por el riesgo real de que el país se encamine hacia la privatización del vital líquido y el boicot a la aprobación de una Ley de Soberanía Alimentaría, que garantice el ejercicio pleno del derecho humano a una alimentación adecuada.

La gran expansión que el turismo ha tenido en los últimos años en el país y el interés mostrado hacia el sector por parte de grupos económicos nacionales e internacionales, han sido elementos que han contribuido a la decisión política de querer suprimir el límite a la tenencia de la tierra y crear verdaderos clusters. Durante la última década, El Salvador ha sido uno de los países de la región con el mayor crecimiento en turismo. El año pasado hubo un incremento del 9,5% de los visitantes (2,2 millones) en relación al 2016, la cifra más alta en los últimos 35 años. La actividad turística generó divisas por casi 1500 millones de dólares, con un aumento de casi el 7% en relación al año anterior. Entre 2009 al 2017, los ingresos por turismo reportaron un crecimiento del 144,7%, mientras que la llegada de visitantes internacionales incrementó del 51,6%.

María Silvia Guillén. Imagen de Giorgio Trucchi.

“Los grandes capitales no están interesados en el sector agropecuario, y le han puesto el ojo a la inversión turística, la construcción de viviendas y de fincas (quintas) de recreo. Ya tenemos el ejemplo de la Ruta de las Flores, en el Occidente, y de Chalatenango, en el norte del país, donde se han creado centros recreativos turísticos que son ajenos a la realidad de pobreza que los rodea”, dijo María Silvia Guillén.

El inicio de las obras del Fomilenio II, un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos por medio de la Corporación del Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), cuya inversión supera los 365 millones de dólares y que impactará toda la franja costera, abre definitivamente las puertas a una nueva fase de ampliación de la oferta turística. Las comunidades campesinas de la zona han lanzado un grito de alerta que ha sido desoído por las autoridades. Entre las obras que se ejecutarán por medio de alianzas público-privadas se encuentra la ampliación a 4 carriles de la carretera Litoral, desde el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero hasta Zacatecoluca (24,2 kilómetros); mejoras en el pase fronterizo de El Amatillo; mejoras en 344 centros escolares de la franja marino costera y el fortalecimiento del sistema nacional de formación técnica profesional.

El Salvador ya cuenta con importantes complejos residenciales con fines turísticos, como por ejemplo Encanto Residential Country Club, ubicado entre los municipios de San José Villanueva y Zaragoza, que incorpora más de 600 lotes residenciales en un área de más de 210 hectáreas, alrededor de un campo de golf de 18 hoyos de categoría mundial y un Country Club de 5,5 hectáreas. También el proyecto habitacional Costa Real, del Grupo Poma, un complejo de 4 torres y 112 apartamentos en la Costa del Sol, una de las mejores playas del país.

“Suprimir el límite a la tenencia de la tierra y crear clúster ocasionará fuertes impactos ambientales y culturales, tanto por la expansión de monocultivos, como por la proliferación de proyectos de viviendas y complejos turísticos. El desarrollo debe ir a la par de políticas que garanticen la vida y protejan el medio ambiente y los bienes comunes”, concluyó Guillén.