Más áreas protegidas, por Ileana Gómez

Durante el día internacional de la tierra el 22 de abril el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció la declaración de once nuevas Áreas Naturales Protegidas, que se sumaría a las 59 existentes, de manera que en total tendríamos 70 a nivel nacional. La extensión y ubicación de estas nuevas áreas es muy variada, pero en total suman 3,211 hectáreas de territorio ubicadas en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, San Miguel, Cuscatlán, Santa Ana y Morazán.

Si lo vemos en términos cuantitativos el porcentaje del país que está bajo el régimen de Área Natural Protegida es muy poco, apenas el 1% del territorio, en comparación con nuestros vecinos como Guatemala con un 28% y Costa Rica con un 25% de su territorio declarado como parques, reservas o biotopos. Sin embargo, hacer estas comparaciones es bastante tramposo, tener más territorio nombrado bajo régimen de protección no garantiza en sí mismo la mejor conservación de los recursos, esto depende de un conjunto de factores más complejo, como la fortaleza institucional, pero también de cómo estos espacios de conservación son parte integral de un territorio y no una isla verde desvinculada de la dinámica social y productiva local. La idea de la “isla verde” todavía prevalece en algunas organizaciones de conservación, y no es extraño pues se remonta a la antigua imagen del Parque Nacional que nace con el legendario Parque de Yellowstone, en Estados Unidos, a esto se le conoce como la corriente parquista, los parques nacionales surgen de una visión que separa la acción de conservar y proteger de la acción de producir y reproducir los medios de vida de la población, por tanto considera que son dos cosas imposibles de vincular y que los pobladores son más bien una amenaza a la conservación.

Visto así no es raro que los conservacionistas se estremezcan cuando se habla de la participación comunitaria en el manejo de áreas protegidas y que rechacen la posibilidad de que las comunidades vivan dentro de estas. Los más radicales dentro de esta visión consideran que el manejo de las áreas corresponde a entidades especializadas, estatales o no gubernamentales, que a partir de la vigilancia, la investigación científica y el control de entradas aseguran la sobrevivencia de nuestra biodiversidad. Mientras que la relación con la población se limita a impartir educación ambiental a los habitantes del entorno o proporcionarles trabajo como guardaparques o vigilantes.

Pero existen problemas respecto a esta visión de conservación estricta sobre todo en el caso de nuestro país. El Salvador la mayoría de Áreas Naturales Protegidas surge en el contexto de la Reforma Agraria de los ochenta, son áreas de bosque que formaban parte de haciendas expropiadas durante dicha reforma, que por su importancia ecológica fueron declaradas zonas de reserva. De esta forma tenemos pequeños bosques “atrapados” en medio de zonas de cultivo y áreas de vivienda. De manera que los problemas del desarrollo local, el manejo de las zonas de cultivo, el manejo y las formas de acceso a los recursos del bosque son actividades que actualmente aparecen fuertemente divorciadas, y con competencias diferenciadas entre las entidades públicas correspondientes, lo que no permite una intervención integral que tome en cuenta las distintas actividades que se entrelazan en el territorio. Si no se entienden las áreas naturales como parte de un territorio con usos diversos éstas no tienen un buen futuro.

Por otra parte, existen fuertes presiones sobre estos recursos, como la irresoluble problemática del acceso a la tierra por parte de campesinos pobres, algunos sin tierra y otros con tierra agotada debido al tipo de prácticas insostenibles de cultivo; además hay presiones derivas de las dinámicas económicas como la extensión de la ganadería, la acuicultura comercial o las grandes inversiones turísticas. A esto le podemos agregar la creación o ampliación de rutas de tráfico ilegal en las zonas protegidas, sobretodo en el caso de los manglares.

¿Cómo responder o enfrentar estas presiones? Si lo vemos en blanco y negro hay dos opciones, la vía “parquista” es decir, cerrar las áreas a la gente y a las amenazas del entorno poniendo más guardaparques, endureciendo leyes y sanciones, o bien, la vía de la expansión de derechos de uso y acceso, es decir, abrir la posibilidad de una gestión más integrada, con la participación de las comunidades, usando la fuerza inter-institucional para construir arreglos y acuerdos con comunidades y productores locales, mejorar las condiciones de vida de la población con la participación de las municipalidades, crear formas de gestión participativas y vinculantes con el desarrollo local y territorial y en fin asegurar la gobernabilidad de los territorios de valor ecológico.

¿Es esto posible?, ¿Pueden los pobladores ser la garantía de la conservación y no sus verdugos? En El Salvador tenemos bosques que no necesariamente son parte formal del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas pero están siendo conservados a viento y marea por sus habitantes, ellos no los quemaron para hacer leña, no los cortaron para meter ganado o construir viviendas, no los descuajaron para vender sus orquídeas o aves. Las historias de los campesinos de El Manzano, La Montañona o Cinquera que buscan alternativas de ingreso a través del turismo rural comunitario y del manejo sostenible del bosque; o de las cooperativas de café de Los Pinos en el Lago Coatepeque y de Tacuba, vecinos del Parque Imposible, que han buscado opciones para mantener sus plantaciones de café diversificando sus actividades productivas con el turismo y la venta de café orgánico, son experiencias que merecen ser tomadas en cuenta, con sus logros, fracasos y conflictos para entender como los pobladores pueden ser parte activa e indispensable en la conservación de nuestros recursos. La producción sustentable no está reñida con la conservación, en las cooperativas de café de Tacuba y en La Montañona hay una rica variedad de especies de aves y plantas, el Inventario de Flora de la Montañona reveló especies nuevas para la ciencia, estudios agroambientales en Tacuba muestran que hay tantas variedades de aves en los cafetales como en el Parque El Imposible. Tal vez tenemos más áreas protegidas de lo que nominalmente esta reconocido.

Publicado en Contrapunto, 20 de mayo de 2010.