Alerta climática, quimera turística y placebo REDD en Centroamérica, México y El Caribe, [i]por Joan Buades[/i]

Tras el fracaso estrepitoso de la Cumbre de Copenhague (diciembre de 2009) y ante el agravamiento de la crisis financiera mundial, pareciera como si la amenaza climática se hubiera evaporado de la agenda global de urgencias. Relegada a problema de segundo nivel, buena parte de las iniciativas sobre protección climática, dominadas por las transnacionales del Norte y los estados emergentes, ponen el acento en el fomento del usufructo del Sur (especialmente por su reserva en biodiversidad a partir de mecanismos como REDD) como base para el lavado de cara verde de las emisiones letales a la vez que abandonan todo compromiso económico y humanitario con las regiones más vulnerables climáticamente del Planeta.

A pesar de la irrelevancia global de sus emisiones locales, Centroamérica y el Caribe constituyen una de las áreas más frágiles ante el creciente deterioro del clima terrestre, que se amplifica además por la aguda pobreza de muchas de sus comunidades y el extraordinario crecimiento demográfico previsto para las próximas décadas. De manera cada vez más radical, su supuesto camino al desarrollo viene determinado por una apertura sin condiciones a la máxima industrialización turística posible proveniente del exterior (Norteamérica, Europa y, próximamente, China). Desgraciadamente, los dos fenómenos son excluyentes a medio plazo debido al insostenible aumento del peso del transporte aéreo y la primacía de la apuesta por el crecimiento del turismo internacional, que está agravando el riesgo climático para las poblaciones locales sin garantizar un aumento de su bienestar comunitario palpable.

Con la vista puesta en la COP-16 en Cancún (diciembre de 2010), es urgente situar en la agenda global la prioridad de garantizar la seguridad climática de la región. Esta debe obligar a reconsiderar la ciega apuesta por el turismo masivo, garantizar la seguridad hídrica y alimentaria así como la transferencia masiva de recursos económicos y tecnológicos que refuercen realmente el bienestar de las comunidades sin hipotecas neo-coloniales. Para que ello sea posible, es urgente dar prioridad a construir una posición regional común relevante a escala mundial y que los movimientos sociales y las universidades de la región se doten de una agenda de investigación e incidencia realista, basada en la perspectiva a largo plazo y al empoderamiento comunitario a la hora de vincular justicia climática e igualdad Sur-Norte.


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