Contrato fijo-discontinuo como fórmula de subvenir al capital turístico

Aclaraciones previas

Empiezo estas líneas con algunas aclaraciones previas. Primera: No pretendo comentar la forma de empleabilidad fija-discontinua desde el punto de vista del derecho laboral [1], que tiene una gran complejidad, entre otras cosas, por sus solapamientos con la empleabilidad a tiempo parcial, su relación problemática con las prestaciones de la Seguridad Social, especialmente, de desempleo, jubilación e invalidez, o las problematizadas casuísticas de determinados aspectos de esta modalidad contractual (por ejemplo, recientemente el Tribunal de Justicia de Luxemburgo -TJUE- ha considerado que la legislación española discrimina a las personas con contrato fijo-discontinuo a la hora de calcular la antigüedad requerida para poder percibir trienios).

Segunda: la reflexión que seguirá a estas aclaraciones toma como referencia el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, donde las relaciones laborales tienen, además de la precariedad, que es una característica global de las economías súper especializadas en turismo, un importante componente estacional. Hay que decir, también, que el sindicalismo balear moderno atesora una importante experiencia histórica de lucha reivindicativa en torno a la ocupación fija discontinua. En este sentido, una de las luchas sindicales más emblemáticas es la histórica huelga de hostelería de 1986 [2].

Procede, todavía, una tercera aclaración previa, en este caso, referida a la utilización del término "subvenir". Una de las acepciones de subvenir, que incluyen tanto el Institut d’Estudis Catalans como la Real Academia Española, es la de "ayudar a algo, o costear sus gastos". Nada que ver, pues, con el concepto de "subvencionar", que acota la acción de ayudar o costear actividades consideradas de interés general. Por lo tanto, desde una visión no idílica del desarrollo del turismo en las Islas Baleares, con la masiva utilización de la ocupación fija discontinua se ha conseguido una, todavía ahora, problematitzada gestión de la estacionalidad laboral, más o menos decente desde el punto de vista sociolaboral. En cualquier caso, lo que me interesa enfatizar es que esto se ha conseguido costeando, con cargo del presupuesto público, o haciendo uso y abuso de la norma legal, gastos directos e indirectos de personal al empresariado turístico. Tanto es así que, no es aventurado afirmar que, sin esta aminoración de costes laborales, la historia de la expansión de la turistización en las Baleares y Pitiusas hubiera sido otra.

La contratación fija-discontinua como flexi-inseguridad

Sin más preámbulos, entramos en materia: el gran peso que tiene la contratación fija-discontinúa sobre el total de la ocupación balear es consecuencia de que, durante décadas, no se ha querido problematizar su masiva utilización, que continúa batiendo récords. Solo, y entre paréntesis, un dato que corrobora lo que acabo de afirmar: El pasado mes de agosto había en Baleares un total 93.791 personas con contrato fijo-discontinuo, esta cifra representa el 20% del total de personas afiliadas a la Seguridad Social, una auténtica barbaridad, si se tiene en cuenta el peso relativo de esta modalidad contractual en el conjunto de la ocupación del reino de España, y en las otras comunidades autónomas, donde no deja de ser un peso relativamente pequeño, y, en muchos casos, marginal.

Anotado el dato, y cerrado el paréntesis, seguimos con la reflexión de la no problematización en torno a la ocupación fija-discontinua: Tengo la impresión de que la "solución contrato fijo-discontinuo para gestionar la estacionalidad" es parte de lo que, en palabras de Marina Garcés, denominaríamos "hegemonía del solucionismo", en este caso, una forma de arreglo para perpetuar el statu quo de reparto injusto de los beneficios económicos de la actividad turística. Me explico:

En las relaciones laborales fijas-discontinuas no existe un reparto equitativo de los beneficios económicos entre capital y trabajo. Al primero le permite, en el marco de un régimen laboral de precariedad como norma, una optimización máxima de las plantillas en relación a la existencia de negocio máximo. Dicho en el lenguaje neoliberal de gestión de "recursos humanos", se facilita adaptar el volumen de personal a los ciclos del mercado, y, por lo tanto, minimizar al máximo los costes laborales. Además, permite el mantenimiento de un equipo estable de trabajadores y trabajadoras, con lo cual no es necesario que la empresa, como ocurre con las contrataciones temporales, tenga que iniciar la formación, por mínima que sea, cada vez que contrata a una nueva persona. Y, para acabar de redondearlo, la empresa tiene las ventajas de un contrato indefinido en lo que se refiere a acceder a bonificaciones y reducciones de cotizaciones sociales por la contratación. ¿Se compensan estas ventajas empresariales con una mayor protección ante las inseguridades (despidos, prestaciones por desocupación, jubilación, etc.) del factor trabajo? Pues, sustancialmente, no. No es, por lo tanto, exagerado afirmar que la modalidad contractual fija-discontinua es un claro ejemplo de flexi-inseguridad.

Obviamente, desde la perspectiva de la subalternidad obrera, es mejor una ocupación fija-discontinua que la temporalidad-discontinua. Sobre esta obviedad se ha construido un consenso-mainstream que presenta, en contextos económicos estacionales, el actual contrato fijo-discontinuo como solución laboral de presente y de futuro. No deja de ser curioso que, en los tiempos actuales, casi siempre se presenten como soluciones a problemas sociales fórmulas en las que siempre gana el capital. Verdaderamente, en el supuesto que nos ocupa, y en tantos otros, convendría hablar menos de solución, y bastante más, en términos gramscianos, de "mal menor". Quizás, empezaría a ser una "solución equilibrada" si la empresa pagara las ventajas que le da la utilización del contrato fijo-discontinuo, por ejemplo, con un plus en la cotización empresarial por desempleo y por contingencias comunes de la Seguridad Social, que, además de contribuir a financiar el ingente gasto en prestaciones por desocupación que genera la actividad laboral fija-discontinua, permitiera mejorar el acceso a dichas prestaciones de desocupación, y a la pensión de jubilación e invalidez para estos trabajadores y trabajadoras.

Desgraciadamente, se va en sentido contrario. Desde hace nueve años el Gobierno de España (tanto da si es del PP o del PSOE) ha decidido subvenir a las empresas turísticas el 50% de las cotizaciones sociales (aportación empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social, Desocupación, FOGASA, y Formación Profesional) correspondientes a trabajadores y trabajadoras "de actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a este sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año, y que inicien o mantengan de alta durante estos meses la ocupación de los trabajadores con contratos de carácter fijo-discontinuo". Este regalo a las empresas turísticas -presentado como un incentivo a la desestacionalización, es decir, a más turistización- se puso en marcha inicialmente para el trienio 2012-2015 (un periodo en el cual la única crisis que sufría el turismo era una crisis de espectacular crecimiento de beneficios), y se fue prolongando (paralelamente a la prolongación de los grandes beneficios empresariales, y de los registros de rentabilidades máximas por habitación hotelera) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, 2017, y 2018. En 2019 no se pudo aprobar el PGE, pero, como el sector turístico sigue ganando dinero al por mayor, continúa siendo una prioridad gubernamental subvenirle con dinero público sus costes laborales, y se mantiene el regalo, incluyéndolo en un Real decreto ley.

La pulsión del establishment político, empresarial, y social para asociar el contrato fijo-discontinuo a la acción de subvenir al capital turístico es tan acríticamente irrefrenable, que nadie se avergüenza de emplear la quiebra del grupo empresarial Thomas Cook para continuar disminuyendo los ingresos de la Seguridad Social -¡después dirán que el sistema público de pensiones es insostenible!-, ampliando los meses en que las empresas turísticas con centros de trabajo en Baleares y Canarias podrán disminuir sus costes de personal, independientemente de los beneficios anuales que hayan tenido.

Urge reflexión crítica sobre el contrato fijo-discontinuo

En definitiva, en las Islas Baleares y por todas partes, urge la reflexión crítica sobre el contrato fijo-discontinuo. Para lo cual, puede ser útil no olvidar que el capitalismo global realmente existente se sustenta, en buena medida, en la falacia del supuesto "mercado libre", y en la falsa reclamación del fin de la intervención pública en la economía, cuando, verdaderamente, lo que se reclama es una intervención pública a favor del capital. El ejemplo, quizás más icónico, de este éxito de "libre mercado" y "emprendimiento empresarial" es Silicon Valley. Pero, el origen, desarrollo, y consolidación del auge económico de esta región del norte de California es consecuencia de un capitalismo público descarado (Silicon Valley continúa "triunfando" por la ingente inversión del Pentágono en esta región desde la Segunda Guerra Mundial, y, especialmente, durante la posguerra). Sin llegar a los extremos del falso Valle del Silicio [3], existen regiones turísticas que habría que incluir entre los ejemplos de este capitalismo público. Subvenir costes laborales, como es el caso de la mano de obra fija-discontinua, es una pequeña parte del mix de intervenciones públicas, como por ejemplo promoción turística, infraestructuras, formación de su "capital humano" (sic), a favor del capital turístico, que, ya de por sí, extrae sus beneficios explotando unos recursos comunes como son territorio, clima, y medio ambiente.