El Salvador ante la pandemia: ¿autoritarismo o democracia?

En Latinoamérica El Salvador es uno de los países que más se ha caracterizado por tomar medidas enérgicas ante la llegada del COVID-19. Entre las más conocidas destaca el cierre de fronteras y del aeropuerto sin previo aviso, el establecimiento de cuarentena de personas que entran al país en centros de contención y la captura y remisión a centros de contención de personas que violan la cuarentena domiciliar obligatoria, sin contar con una ley que lo respalde, la medida más controversial hasta el momento. 

El COVID-19 llegó al país en marzo luego de hacer estragos por otros países. La experiencia de estos en el manejo de la pandemia permitió que las autoridades salvadoreñas tuvieran un margen de aproximadamente tres meses después de que China comunicara oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la aparición del virus y la rápida expansión que tenía. 

Dimensiones y afectación de la pandemia en términos sanitarios

El Salvador registró su primer caso de COVID-19 el día 18 de marzo. Según datos recogidos por la Johns Hopkins University & Medicine y Gobierno de El Salvador, desde ese día hasta el 18 de abril se han registrado 201 casos confirmados, de ese total 117 casos son importados, lo que corresponde al 58.2% mientras que hay 84 casos locales que corresponden al 41.8%. Según datos oficiales, del total de casos confirmados, 116 de ellos fueron detectados en los centros de contención, 82 por nexo epidemiológico, 2 en cuarentena domiciliar y 1 en punto ciego. De ese total, el 54.2% son hombres y 45.8% mujeres. 

Carlos Alvarenga, viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud indicó, en declaraciones recogidas en La Prensa Gráfica el  pasado 11 de abril que, hasta el momento, el país dispone de 40,000 pruebas de detección para covid-19. Según la página oficial del gobierno, hasta el día 13 de abril se habían realizado un total de 6.729. 

Principales acciones gubernamentales

En un primer momento las acciones gubernamentales se orientaron a la organización y planificación de acciones para abordar la llegada del COVID-19 a El Salvador. En este sentido, entre las primeras actuaciones destaca la activación del Gabinete de Salud Ampliado; la actualización de protocolos sanitarios internacionales; el refuerzo de medidas de prevención en las zonas fronterizas, puertos y aeropuertos; y la capacitación al personal de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). 

En el ámbito de salud, una de las medidas más controversiales ha sido el envío de personas a centros de contención. La medida es avalada en el sentido que se tiene en observación a personas que proceden de otro país y pueden portar el virus sin tener los síntomas. Sin embargo, las personas que están dentro de los centros de contención han expresado sus quejas de que las autoridades no tienen criterios para segmentar a las personas dentro de estos albergues y que en varios casos han convivido con personas que luego resultan positivas para el virus. Las personas que están confinadas en estos centros también se han quejado de que, a pesar de haber cumplido con su período de cuarentena, en ningún momento se les realizó la prueba y aún así les dieron el aval para salir del centro. 

Fuente: elsalvador.com, 2020 y Gobierno de El Salvador. 

Actualmente, según información oficial del Gobierno de El Salvador, hay 87 centros de contención con un total de 4236 personas en ellos. Hasta el momento 1.663 personas han finalizado su período dde cuarentena. 

En su cuenta de twitter, el presidente de la República, Nayib Bukele, indicó que a partir del lunes 13 de abril sería obligatorio el uso de mascarilla. Sin embargo, esta medida aún no se encuentra contenida en ningún decreto ejecutivo o legislativo, por lo tanto, no es ley de la República. En un sondeo realizado en un medio de comunicación se pudo conocer que la mayoría de personas entrevistadas conocían la disposición del presidente, portaban su mascarilla, pero no sabían que aún no era ley. La exigencia de esta medida en este momento es difícil de cumplir, pues el mercado no está abastecido de mascarillas y hay personas que lo que hacen es tratar de adquirir mascarillas de tela. 

En el ámbito económico la decisión gubernamental más aplaudida por la población ha sido el otorgamiento de un bono de $300.00 dólares a las familias de escasos recursos económicos y la postergación del pago de servicios como agua y electricidad. Contrariamente, la medida más controversial ha sido el pago de salarios de empleados, situación que ha enfrentado al Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los miembros de la empresa privada. 

Fuente: Elaboración propia basada en Diario Oficial y Presidencia de la República.

* Nota: El pago de créditos y servicios aplica para personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia COVID-19. 

La medida de otorgar el bono a familias de escasos recursos económicos es de las medidas más aceptadas por la población. Generó una gran expectativa entre los potenciales beneficiarios a tal punto que, al siguiente día del aviso por parte del presidente, se desbordaron los Centros Nacionales de Atención y Administración de Subsidios (CENADE), y a pesar que la entrega empezaría dos días después del anuncio en cadena. Esta situación fue motivo de críticas porque, pese a las restricciones de distanciamiento social, la población se aglomeró en los CENADE, a tal punto que el presidente debió dar la orden de cerrarlos debido al riesgo y a desórdenes donde la policía tuvo que intervenir usando gas pimienta. A partir de este incidente, las autoridades informaron a la población sobre los pasos a seguir haciendo énfasis en que primero debía consultarse si la persona era beneficiaria o no del bono. En un principio la forma de consulta era a través de un sitio web, pero debido a los cuestionamientos de que algunas personas no tenían acceso a esta plataforma se habilitó una línea telefónica de consulta. Además, se especificó que la entrega del bono se haría en instituciones del sistema financiero y sólo se atendería a las personas que cumplieran con el día programado para su visita. La medida priorizó la atención de personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con niñas y niños. 

Imagen de Xenia Ortiz. 

La discusión sobre el pago de salarios de personas que sean objeto de cuarentena generó una fuerte controversia entre algunos diputados de la Asamblea y el presidente. La fracción de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) planteó hacer una interpretación auténtica del artículo en el marco del decreto de emergencia, debido a que fue aprobado previamente al período de cuarentena y se precisaba aclarar si el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) debía pagar a las personas recluidas en los centros de contención. Al final la discusión de quién debía pagar estos salarios fue enviada a la Comisión de Trabajo. Esta decisión de los diputados fue criticada por el presidente, quien los acusó de favorecer a la empresa privada y de intentar quebrar al Seguro Social. La postura sostenida por el presidente, evadía el hecho que el decreto enviado por el ejecutivo señalaba que “el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador o trabajadora en cuarentena, durante el tiempo requerido para ella” (Estado de Emergencia Nacional por la epidemia por COVID-19, 2020, Decreto Ejecutivo 12, DO Tomo 426 N°49 Marzo 11, 2020).

Situación del turismo a inicios de la pandemia

Uno de los sectores más afectados durante la pandemia es el turístico, ya que una de las primeras medidas establecidas por el gobierno fue el cierre de fronteras y la cancelación de vuelos comerciales a partir del mediados del mes de marzo. Estas medidas implicaron la cancelación de reservas de hasta un 80%, según hoteleros y representantes de agencias de viajes. El presidente de la Asociación Salvadoreña de Operadores de Turismo(Asotour), Francisco García, en declaraciones recogidas por el diario elsalvador.com, aseguró que una estimación realizada con 24 empresas pertenecientes a la gremial indicaba que la pérdida en los primeros 21 días de cuarentena sería de $281,835. A esto deben sumársele las pérdidas en Semana Santa que ascienden a $77,637 y en cuatro meses, la cifra alcanzará los $1.4 millones.

Ante las pérdidas, que ya está experimentando el sector turístico en el país, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 598 que contiene la Ley Especial y Transitoria sobre la modalidad de pago del Impuesto Sobre la Renta aplicable a Pequeños Contribuyentes, Turismo, Energía Eléctrica, Servicios de Televisión, Internet y Telefonía, y sobre la Contribución Especial para la Promoción del Turismo. Esta ley plantea la exención del pago de la Contribución Especial para la Promoción del Turismo por tres meses. Esta disposición se encuentra establecida en el Art. 16 de la Ley de Turismo. La Ley Especial también prorroga el plazo para efectuar el pago de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio impositivo de 2019, aunque la ley aclara que la declaración debe presentarse antes que finalice abril. El pago del impuesto estará exento de intereses, recargos y multas, hasta el 31 de mayo de 2020, para los contribuyentes que se dedican al sector turismo, cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior a $25,000.00.

Actualmente varios hoteles están siendo utilizados por el gobierno como centros de contención. Esta medida es de reciente implementación, motivo por el cual es difícil conocer aún sus impactos.  

El COVID-19 pone a prueba el Estado de Derecho en El Salvador

A nivel internacional, la pandemia ha dejado al descubierto, a través de “la emergencia”, que el descuido y el deterioro de los Estados han pasado una factura invaluable a miles de familias. En este punto es importante reconocer que el tipo de liderazgo de los gobernantes evidencia el nivel y respeto que estos tienen al Estado de Derecho y pone a prueba los niveles de institucionalidad en el ejercicio real del poder político. 

En este sentido, la situación generada por la pandemia no está exenta de fuertes conflictos políticos e institucionales. Las decisiones y las medidas adoptadas por el ejecutivo salvadoreño, sin mucha atención y respeto a los procedimientos institucionales y la división de poderes, han conducido a acaloradas discusiones de particulares en las redes sociales mostrando altos niveles de intolerancia que derivan en amenazas hacia los críticos del gobierno. El tema de las “retenciones ilegales” de personas que violan la cuarentena no solo es motivo de discusión en las redes, sino que también es fuente de tensión entre los órganos de Estado cuya discusión se centra en si las retenciones y posterior envío de personas a los centros de contención tiene un sustento legal. Mientras esas tensiones crecen, hasta el 12 de abril, el gobierno registraba un total de 1617 de personas detenidas y enviadas a los centros de contención.

Imagen de Xenia Ortiz del diario La Prensa Gráfica. 

A partir del 11 de marzo, el presidente, adelantó a través del decreto N°13 que, el Ministerio de Salud decretaría cuarentena por la pandemia del COVID-19, haciendo caso omiso de sus limitaciones constitucionales. Luego, el 6 de abril, el gobernante anunció el endurecimiento de las medidas para garantizar la cuarentena a través del siguiente mensaje: “He dado la instrucción al ministro de Defensa, al director de la Policía, al ministro de Seguridad de que sean más duros con la gente en la calle”, reproducido por diferentes cadenas de televisión nacionales.  Este anuncio lo hizo pese a los múltiples señalamientos de ilegalidad y de irrespeto a los derechos humanos en que se estaba incurriendo.

En este contexto, el 8 de abril la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un habeas corpus que estableció una medida cautelar donde ordenaba que “el Presidente de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y cualquier otra autoridad tienen constitucionalmente prohibido privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario forzoso a las personas que incumplan la orden de cuarentena domiciliar, mientras la Asamblea Legislativa no emita una ley formal en la que se establezca dicha medida con todos los requisitos enunciados en el auto inicial de este hábeas corpus”. (Habeas Corpus 148-2020, 2020)

Dada la inminencia de nuevas iniciativas presidenciales que deben ser remitidas a la Asamblea Legislativa para su aprobación, el presidente de este órgano de Estado, Mario Ponce, afirmó, a través de su cuenta personal en Twitterque: “Las sentencias de la @SalaCnalSV se cumplen y no son negociables, y estas iniciativas de @PresidenciaSV deben de traer desarrolladas las resoluciones emitidas por los jueces constitucionalistas”. 

Por su parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, cuestionó también en su cuenta en Twiter el escaso respeto del Ejecutivo salvadoreño a la normatividad e institucionalidad democrática del país por no cumplir la orden de la Sala de lo Constitucional advirtiendo que está en desacato y que “nuevamente, rompe el estado de derecho”. La respuesta presidencial fue bloquear al director de Human Rights Watch en su cuenta de Twitter, a lo que Vivanco respondió: “Es muy revelador del carácter del presidente la decisión de censurarme y bloquear mis opiniones. Revela algo que nos preocupa mucho: un carácter de un jefe de Estado autoritario que prefiere rodearse de halagos y que ante la crítica no tiene ninguna tolerancia”. 

El escenario descrito evidencia que el inicio de la pandemia en El Salvador, más allá de plantear el reto por tener medidas concretas, oportunas y contundentes, también pone sobre la mesa la discusión de si el COVID se convertirá en el contexto para legitimar viejas prácticas autoritarias presentadas como necesarias para el bien común o si se aprovechará la crisis para fortalecer la democracia y la institucionalidad. Este último escenario podría ser clave para la recuperación de una sociedad que ahora empezará a experimentar las limitaciones derivadas de un Estado (poco cuidado y desprovisto) que lleva a cuestas el reto de reinventarse.