Panamá, entre la incertidumbre y la esperanza de un futuro marcado por el coronavirus

Según datos oficiales de la República de Panamá, el país cuenta a fecha de 27 de abril de 2020 con 5.538 personas contagiadas y con 369 casos recuperados. Por lo que respecta al número de defunciones, se sitúa en 159 personas. Según el malogrado Marco A. Gandásegui, profesor de Sociologia de la Universidad de Panamá, el Ministerio de Salud (MINSA) no ha detallado cuál es el perfil socioeconómico de los positivos por el coronavirus. No obstante, Gandásegui afirma que la gran mayoría de casos provienen de sectores humildes de la capital que viven en barrios con mucha densidad de población. Con tal de detectar nuevos casos y tener datos actualizados en la medida de lo posible, Panamá realiza pruebas constantes a sus habitantes. Concretamente, es el tercer país del continente americano que más pruebas realiza por millón de habitantes, por detrás de Canadá y Chile. Aunque estos datos varían cada día y no hay una previsión posible de los datos futuros en este país ni en el resto del mundo, la alerta por esta pandemia está presente en todo el país centroamericano. Actualmente Panamá se encuentra impactado por la crisis producida por la COVID-19, agravada por su enorme apertura al exterior y por la alta vulnerabilidad financiera a nivel global. Esta pandemia ha llegado de repente a todos los países del mundo, con capacidades de respuesta muy diversas en sus sistemas sanitarios. En el caso de Panamá, desde mediados de los años 90 las políticas de salud se enfocaron al negocio privado, aumentando las grandes inversiones en hospitales con préstamos públicos, dejando de lado la atención primaria y la prevención como máximos objetivos. Esto ha provocado un deterioro del sistema sanitario público donde los gremios de la salud y del movimiento sindical organizan luchas continuamente por una desprivatización de la sanidad. Tal y como afirma Beluche (2020), esta pandemia mundial puede dar inicio a una apuesta por la sanidad pública, que ya está demostrando su eficacia, y a un mundo nuevo, más colectivo y democrático. 

El 9 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Panamá y, a partir de ese momento, el Gobierno fue detallando todas las informaciones a través de una página web específica para el coronavirus. Tan solo dos días más tarde de la detección del primer positivo, el Ministerio de Educación, juntamente con el de Salud, suspendió las actividades académicas en escuelas y universidades. Con tal de garantizar que la venta de alimentos y de productos de higiene personal y limpieza se vaya realizando de manera controlada, el MINSA y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) coordinaron mecanismos para que todas las familias puedan tener acceso de forma efectiva sin acaparamientos ni falta de provisiones que ocasionen el pánico entre la población. El 13 de marzo, con una situación global muy alarmante, el Gobierno panameño extremó las medidas sanitarias y estableció una coordinación nacional efectiva de curas intensivas, habilitando más áreas en todos los hospitales y poniendo en marcha una consultoría clínica virtual, el Programa R.O.S.A., para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, se suspendieron todas las actividades, actos y eventos con la excepción de aquellos actos deportivos con una asistencia máxima de 50 personas. También se delegó responsabilidad al MINSA para dirigir el embarco o desembarco en las operaciones portuarias de naves comerciales, pero se suspendieron temporalmente las llegadas de cruceros con vigilancia de 14 días para aquellas personas que desembarcaban en Panamá. El Gobierno panameño anunció también la suspensión temporal de vuelos comerciales de países de Europa y Asia con excepción de todos aquellos relacionados con el transporte de medicamentos, material médico quirúrgico, equipos médicos, vacunas y ayuda humanitaria. 

Las visitas a los centros hospitalarios quedaron suspendidas a partir del 15 de marzo y, un día más tarde, ya se ordenó el cierre de todos los establecimientos comerciales excepto supermercados con un máximo de 50 personas, farmacias, centros médicos y establecimientos que venden productos de salud, combustible y alimentos. Respecto a los restaurantes, se permite exclusivamente el servicio para llevar o de entrega a domicilio. Por otro lado, también quedó prohibido el acceso a playas, ríos, piscinas y balnearios públicos y hoteles, casinos y otros alojamientos turísticos tuvieron que cerrar. 

A partir del 18 de marzo Panamá declaró el toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. El presidente Laurentino Cortizo puso en marcha el “Plan Panamá Solidario” que, con una dotación inicial de 50 millones de balboas (46 millones de euros), sirve para distribuir alimentos y medicamentos entre los grupos más vulnerables del país. Los bonos solidarios son de 80 balboas (73,6 euros), repartidos en cuatro bonos de 20 balboas (18,4 euros) y se destinan a familias que han perdido los trabajos o a trabajadores y trabajadoras que estaban en el sector informal. También se informó de la decisión de no aplicar ningún arancel para los productos relacionados con las medidas de salud e higiene y el hecho de apoyar a los bancos para atender hasta 70.000 pequeños empresarios. Además, se destinaron 40 millones de balboas (36,8 millones de euros) para adquirir el equipo médico necesario para poder atender a los pacientes de COVID-19. Según Beluche (2020), es cuestionable cómo el Gobierno panameño está gestionando los millones de balboas destinados a las ayudas para paliar los efectos del coronavirus. Este dinero se suma a la gran deuda de la economía de Panamá, que con los años debe ser devuelta, provocando una disminución en el gasto social del Gobierno. Parte de estas inversiones se ha destinado a nombrar nuevo personal sanitario para la atención domiciliaria y ampliar la red de laboratorios para la detección del virus. Aumentando las medidas preventivas para evitar contagios, el Gobierno estableció áreas y zonas especiales separadas dentro de los centros penitenciarios del país. 

Señor con mascarilla. Fuente: Patrice Calatayu, bajo licencia de creative commons. 

El 25 de marzo se alargó el toque de queda desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana en todo el país, aplicando multas a todos aquellos que incumplan las normas o medidas sanitarias establecidas. El Gobierno de Panamá también ha extendido la red de servicios para atender a los afectados de la pandemia, trasladando algunos pacientes positivos a hoteles alrededor del país, empezando por la capital. Respecto al Canal de Panamá, se ha prohibido el tránsito de aquellas embarcaciones que no cumplan con las medidas sanitarias exigidas. 

El 1 de abril el Gobierno Nacional de Panamá estableció nuevas medidas para proteger la salud de la población. Estas consisten en medir el tránsito de personas, condicionado por el género que conste en la cédula de identificación personal de cada ciudadano y ciudadana. Así es como las mujeres pueden salir a la calle los lunes, miércoles y viernes, mientras que los hombres lo pueden hacer los martes, jueves y sábados. Se ha decretado que los domingos toda la población debe permanecer en su casa. 

El 3 de abril, el presidente Cortizo anunció el acuerdo con 35 de las empresas financieras más importantes del país de aplazar durante 90 días la letra mensual, sin consecuencias a sus referencias crediticias ni cargos por retardos, aunque aquellos que lo puedan pagar tengan que hacerlo en el plazo habitual. Por otro lado, el Ministerio de Salud informó que los niños con diagnóstico del síndrome de espectro autista pueden salir de sus casas acompañados por sus padres durante un tiempo de 45 minutos, entre las 3 y las 4 de la tarde.

El 6 de abril el MINSA, en coordinación con el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), informó que, con el propósito de seguir protegiendo la salud de los trabajadores de la empresa Minera Panamá, SA, se ordenaba el cierre temporal de la minería, después que el Sindicato Industrial de Trabajadores y Trabajadoras de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería (STM) pidiera su cierre ya que había varios infectados y un muerto por coronavirus.  

El 11 de abril se anunciaron nuevas medidas coercitivas debido a que la población sigue incumpliendo las normas del confinamiento, como el hecho que aquellas personas que circulen por la calle sin justificación serán multadas y se les impondrá trabajo comunitario. Respecto a los conductores, se les suspenderá el permiso de conducir durante tres meses y una grúa se llevará el vehículo. El 21 de abril, el Consejo Municipal de Panamá aprobó el uso obligatorio de mascarillas a la ciudad capital para todos los habitantes que circulen fuera de sus residencias y, en el caso de no cumplir las normas, se sancionará con multas de hasta mil balboas (920 euros). 

El Gobierno de Panamá reitera continuamente en sus declaraciones que las ayudas brindadas con el “Plan Panamá Solidario” donde, a fecha de 22 de abril, afirma haber repartido más de 495.000 bolsas con comida y casi 367.000 bonos. No obstante, varias comunidades del distrito de la Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, se han manifestado para reclamar las ayudas prometidas, ya que afirman haber recibido solo la mitad de los bonos que les corresponden. Además, entre los habitantes de esta comunidad hay un gran número de ancianos, niños y niñas y personas discapacitadas que no tienen suficientes recursos económicos para hacer frente a la cuarentena. 

Afectaciones del coronavirus al turismo de Panamá

Respecto al turismo, el Gobierno de Panamá también ha ido tomando medidas tal como la pandemia ha ido evolucionando. En primer lugar, el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad de Aduanas coordinaron las medidas para que, a partir del 12 de marzo, los cruceros, minicruceros y otras embarcaciones con turistas de países afectados no desembarquen ni embarquen temporalmente en territorio nacional. En segundo lugar, tres días más tarde se ordenó el cierre de todos los establecimientos comerciales y no comerciales, incluyendo los hoteles y otros alojamientos turísticos, así como de ocio relacionado con el sector y también recursos turísticos como playas, piscinas, ríos y balnearios públicos. A partir del domingo 22 de marzo quedaron suspendidas las llegadas y salidas de los vuelos internacionales, gestionando los últimos vuelos humanitarios con panameños y panameñas procedentes de varias localidades del mundo, los cuales entraron en aislamiento para observar su estado de salud. Con el cierre de los hoteles, algunos pusieron a disposición sus camas para trasladar pacientes y desbloquear el colapso en los hospitales. Así es como, a partir del 27 de marzo, algunos hoteles se acondicionaron para la observación y el tratamiento de pacientes, contando con personal sanitario para atender los contagiados. Primero se empezó por los de Ciudad de Panamá y ahora ya cuentan con hoteles-hospitales en Santiago, provincia de Veraguas y David, provincia de Chiriquí. 

Hotel de Panamá. Fuente: Luis Lobo Borobia, bajo licencia de creative commons. 

Otra de las acciones que ha tenido lugar durante este estado de alarma es una campaña turística de prevención de la COVID-19, creada por la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). En esta se muestran las bellezas naturales del país y destaca entre las mejores promociones que invitan a captar la atención de un potencial viajero. 

El turismo en Panamá representa un 11% del PIB del país con una entrada de divisas que aporta anualmente alrededor de 4.234 millones de euros. El presidente de la Cámara de Turismo de Panamá, Ernesto Orillac, ha declarado que la COVID-19 llega en un momento donde el turismo panameño empezaba a dar signos de recuperación después de unos años con una disminución de las llegadas de turistas y su gasto. El turismo también genera puestos de trabajo clasificados por el Gobierno panameño como directos e indirectos. En los primeros se incluyen hoteles, restaurantes y otras actividades turísticas y suponen una cifra de 38.794 empleados. Respecto al trabajo indirecto, se contabilizan 100.254 empleos, lo que hace que la cifra total de trabajo turístico sea de 139.048 trabajadores (datos del Gobierno del 2018). 

Situación de los trabajadores en este estado de alarma 

Esta pandemia ha afectado claramente a trabajadores y trabajadoras de todo el país y, en especial, a la industria turística y hotelera. El 20 de marzo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Local de Panamá decretó una serie de medidas para los empresarios y trabajadores del país. Por otro lado, los contratos de los empleados y empleadas de aquellas empresas que han tenido que cerrar a causa del estado de alarma han quedado suspendidos a todos sus efectos laborales. Esto significa que los trabajadores no están obligados a trabajar y que los empresarios no están obligados a pagarles el sueldo. Los empleadores deben solicitar a MITRADEL la suspensión de los contratos de los empleados que, a partir de este momento, quedan incluidos en las listas de beneficiarios de los programas establecidos por el Gobierno para mitigar la falta de ingresos laborales. En caso de que la suspensión no sea aprobada por parte del Ministerio, la empresa se responsabiliza a pagar los salarios de todos sus contratados. Por otro lado, al finalizar el estado de emergencia nacional, los empleados y empleadas volverán a sus puestos de trabajo en sus mismas condiciones establecidas dentro del contrato de trabajo vigente en el momento de la suspensión. Con la finalidad de garantizar estos puestos de trabajo, se considerará despido verbal injustificado el intento de impedir el retorno del trabajador a su puesto de trabajo el día después de finalizar el estado de alarma. Aun así, tal como afirma Gandásegui, la situación será cada vez más complicada para el 85% de la población que se encuentra en la “base de la pirámide” social, entendiendo que hay un 50% de trabajadores informales y un 35% de asalariados. Así, el 15% restante, conformado por empresarios, profesionales y las élites del país, continuaran manteniendo sus posiciones altas con bajos niveles de tributación y, por otro lado, se situará la población de clase media y baja que, según Jonavé (2020), ha quedado totalmente desprotegida ante este estado de alarma.

Los trabajadores y las trabajadoras del sector turístico han manifestado que son un colectivo laboralmente muy afectado, dado que la pandemia global ha provocado el paro de los flujos turísticos. Este hecho ha afectado en primer lugar al Hub de las Américas de la compañía Copa Airlines, centro de conexiones líder en Latinoamérica, que da servicio a 80 destinos en 33 países y ha tenido que suspender sus operaciones de manera temporal. Por otro lado, los guías turísticos, que representan un total de 3.000 puestos de trabajo, han manifestado que se encuentran totalmente desamparados ante la caída de llegadas de turistas y de las consiguientes cancelaciones, ya que son trabajadores independientes dentro del sector. Delante de las proyecciones de una temporada turística reducida y con un menor número de visitantes, los guías reclaman formar parte de la contingencia establecida por las autoridades panameñas. Otro grupo de trabajadores afectados es el de los conductores de transportes vinculados al turismo, a los cuales les preocupa el tiempo de recuperación, además de todos los meses de estado de emergencia sin ningún ingreso. 

Avión de Copa Airlines en el aeropuerto Internacional Tocumen de Panamá. Fuente: airbus777, bajo licencia de creative commons

Por otro lado, la informalidad laboral en Panamá, es decir, aquellos puestos de trabajo que no tienen contrato ni afiliación a la seguridad social, es una problemática que va en aumento. La industria turística no es aliena a este fenómeno e incluye aquellos trabajadores y trabajadoras que se dedican a la creación y venta de artesanías. De hecho, en el informe de Análisis del sector Turismo y Artesanía de Panamá, elaborado el 2017, se contabiliza que solo aproximadamente 9.000 trabajadoras de las 200.000 que se dedican a las tareas artesanales están legalmente registradas. Aunque no es posible determinar con exactitud el número de trabajadoras que forman parte de la industria turística, se sabe con certeza que es un sector feminizado. Muchas comunidades indígenas de Panamá alertan que el coronavirus ha tenido una elevada repercusión en la economía de sus comarcas, especialmente en aquellas dedicadas a la elaboración de artesanías destinadas al público extranjero, que evidentemente ahora no cuentan con ninguna venta. 

Proyecciones futuras para el sector turístico panameño

Ivan Eskildsen, administrador de la ATP, ha puesto de relieve la necesidad de unirse para trabajar conjuntamente y para crear propuestas para ser el primer país que atraiga público internacional. Con tal de poder trazar líneas de trabajo y nuevas estrategias, se conformarán mesas de trabajo con varios presidentes de gremios de la industria para crear la Alianza Pro-Recuperación del Sector Turístico.

Ernesto Orillac, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMATUR) cree que también se deben planificar proyectos para después del estado de alarma, siendo creativos y buscando una nueva forma de mostrar los múltiples atractivos de Panamá. Para Orillac, es necesario contar con la empresa privada con tal de poder trabajar en una estrategia clara y definida a largo plazo que incluya el posicionamiento del país y la creación de nuevos circuitos y productos internos. Con el objetivo de poder garantizar la continuidad de todos los puestos de trabajo del sector turístico, bancos y líderes de la industria están trabajando de forma conjunta.     

El presidente de la Asociación de Operadores de Turismo (APOTUR), Alexis Zapata, mencionó por su parte que la situación es complicada y que, en paralelo a la subsistencia de las empresas, lo que se debe priorizar son las campañas con visión de futuro. Para estar preparados para el escenario post-coronavirus, Panamá trabaja en una estrategia que permita reactivar el turismo en dos etapas. La primera sería la promoción del turismo interno, teniendo en cuenta que los residentes se podrán desplazar antes y con más facilidades que los visitantes extranjeros. La segunda etapa sería la promoción para poder llegar al mercado internacional, en un escenario que se prevé agresivo y muy competitivo por el hecho de ser muchos los países que intentarán reactivar sus respectivas industrias turísticas. 

Isla de San Blas. Fuentet: Marc Veraat, bajo licencia de creative commons.

Además de eso, Panamá sigue trabajando el programa: “Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística”, aprobado recientemente por el Consejo Económico Nacional (CENA) y el Consejo de Gabinete con una financiación de 100 millones de balboas (92 millones de euros) derivados de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta gran cantidad monetaria se invertirá, entre otras obras, en la construcción y mejora de infraestructuras turísticas, abastecimiento de agua potable, integración de espacios públicos en destinos prioritarios como son: Boquete y Tierras Altas, en Chiriquí; Pedasí, a Los Santos; Santa Catalina, en Veraguas; Taboga, en la Ciudad Capital; y Bocas del Toro.

El objetivo de este programa es contribuir al desarrollo urbano y socioeconómico de las ciudades pequeñas y medianas con vocación turística en los siguientes ejes: acceso y calidad de sus servicios y las infraestructuras urbanas; incremento del desarrollo turístico con carácter inclusivo, mejorando su equipamiento, la gestión turística y la cohesión social; y fortalecimiento de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en la planificación, la gestión y la promoción de ciudades turísticas. El proyecto tendrá una duración de seis años y estará bajo el liderazgo de la ATP, con la participación de los municipios y el Gabinete Turístico. 

Frente a esta situación de incertidumbre las autoridades panameñas se muestran en todo momento con una actitud positiva y esperanzadora para recuperar la actividad turística del país una vez acabe este estado de emergencia. No obstante, este empeño no debería perder de vista la necesidad de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, que actualmente se encuentran en una situación de falta de ingresos y preocupación por el futuro. Así, Panamá tiene ante sí la disputa de cómo gestionar el turismo y la oportunidad de dirigir al sector hacia una mejora favorable de sus trabajadores y trabajadoras, así como enfocarse en la preservación de la cultura, la tierra y la vida de Panamá.