Pontal do Paraná: entre zona sacrificada y periferia de placer

Hoy en día, bajo la influencia del dinero, el contenido del territorio escapa a toda regulación interna, trayendo a los agentes un sentimiento de inestabilidad, esta producción sistemática de miedo, que es uno de los productos de la perversa globalización en la que vivimos, este miedo que paraliza, este miedo que llama a apoyar lo que no creemos sólo por miedo a perder aún más. (Milton Santos, 1999).

Con las crisis del capital y la dinámica espacio-temporal adoptada, y la consiguiente expansión espacial del capitalismo a zonas hasta ahora marginales, las fronteras de la producción se amplían (Brandão, 2010). En este contexto, se han construido grandes proyectos a lo largo de décadas, pasando por diferentes gobiernos, teniendo como justificación la búsqueda del "desarrollo" y sus más variados "apellidos" (Latouche, 2004). Entre ellas se encuentran las obras destinadas a la extracción, producción y transporte de productos básicos, incluida toda clase de infraestructura, la creación de corredores de desarrollo, la interconexión de las zonas de producción con los consumidores, a diversas escalas geográficas. 

Así, las zonas costeras se configuran como espacios privilegiados para la territorialización del capital (Andriguetto Filho, 2004; Moraes, 2007), así como para el establecimiento de conexiones fijas, mediante infraestructuras que conectan los polos productores con los consumidores. Por esta razón, se utilizan sitios estratégicos en la zona costera para la asignación de infraestructuras y equipos, como los complejos portuarios (Cunha, 2005). 

Sin embargo, las prácticas espaciales inherentes a este proceso, como la dominación espacial (Harvey, 1996; Lefebvre, 2000), pueden generar conflictos socioambientales (Zhouri; Laschefski, 2017) y, en consecuencia, injusticia ambiental (Acselrad, et al., 2009) o por disputa por el uso del territorio por parte de grupos con diferentes territorialidades, percepciones sobre el medio ambiente e intereses sobre la producción socioespacial. 

Esto es lo que ha estado ocurriendo en la ciudad balneario de Pontal do Paraná (Paraná, Brasil), que cuenta con la presencia de comunidades tradicionales de pescadores e indígenas, con una historia turística de segundas residencias y una considerable biodiversidad terrestre, marina y de estuarios. 

Historia turística e industrial del puerto de Pontal do Paraná 

La historia de ocupación y urbanización del Pontal do Paraná está directamente relacionada con el turismo o, para expresarlo mejor, con la tradición de las segundas residencias. Formada por decenas de balnearios, la ciudad se ha convertido en una periferia del placer (Turner y Ash, 1991) para las clases medias y altas de Curitiba y el interior del Estado. Además, el desarrollo del turismo estuvo directamente relacionado con la enajenación de la tierra a mediados de 1950, cuando se concedieron terrenos baldíos a particulares, para la instalación de la ciudad balnearia de Pontal do Sul (proyecto que nunca se materializó). Así se constituyó la Empresa Balneária Pontal do Sul S/A - Imobiliária Urbana e Rural (Cunha, 2018).

A través del proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 1996, 2003), ciertos agentes dominaron la organización y producción –desigual– del espacio, segregando parte de la población pesquera tradicional. A causa de la inexistencia de un desarrollo turístico local, el proceso de turistificación se vinculó a la acumulación de capital a través del mercado de tierras y la especulación inmobiliaria (Sampaio, 2006), en gran parte relacionada con la Empresa Balneária Pontal do Sul SA.

Esta situación muestra que la forma en que el turismo se apropie de un determinado espacio dependerá de la política pública local (Cruz, 2002). En ausencia de planificación, el turismo se delinea según los propios intereses de los individuos. El turismo en Pontal do Paraná viene produciendo el espacio guiado por la acción de agentes privados, apoyados por la acción o inacción selectiva del Estado. 

Sin embargo, características como el perfil histórico del visitante, el bajo flujo de turistas convencionales, la falta de infraestructura básica y equipo turístico, el bajo poder de inversión de los empresarios locales, la falta de inversión pública y la falta de planificación, han estimulado a comerciantes y residentes a buscar alternativas económicas. Estos actores sociales vieron esta oportunidad no en los segmentos alternativos del turismo, sino en el sector industrial-portuario.

A este respecto, aunque Pontal do Paraná ha sido objeto de especulación industrial-portuaria desde el decenio de 1970, incluido el interés por establecer un puerto público, la especulación adquirió otras proporciones a partir de 2008, con la apertura del proceso de concesión de licencias ambientales a la empresa privada Porto Pontal que, junto con otras empresas vinculadas al sector petrolero, formaría un complejo industrial-portuario en la localidad de Ponta do Poço.

Imagen de Sandra Dalila Corbari. 

Considerando que los conflictos socioambientales se desencadenan por el cuestionamiento de la legalidad de algunas formas de apropiación, que proyectan resultados indeseables de una práctica social sobre otra, lo que lleva a cuestionar el carácter arbitrario de los sentidos hegemónicos que se atribuyen al territorio (Acselrad, 2004; Viegas, 2009; Zhouri et al., 2014), se identificó que, al buscar territorializarse, el uso industrial-portuario generó presión sobre otros usos, como el turismo, la conservación y los usos tradicionales, lo que dio lugar a un conflicto socioambiental que tiene como principales responsables a las empresas industriales y privadas portuarias. Estos, alegando el interés público, trataron de establecerse utilizando la ventaja local de la Ponta do Poço (calado natural y fácil acceso al mar abierto), lo que garantizaría a las empresas y al Estado una ventaja competitiva. 

El capital, al dominar y producir el espacio, lo hace aprovechando situaciones geográficas y ecológicas favorables para el desarrollo de la infraestructura, en la que el Estado entra como pieza de apoyo y fundamental (Foladori y Melazzi, 2009).  Por lo tanto, el Estado (en las esferas administrativas municipales y estatales) entra como corresponsable del conflicto, ya sea creando un consenso sobre la verdad y orientando la producción del espacio, con el apoyo de parte de la población, o proporcionando infraestructura vial. En este caso se debe al hecho que la autopista local (PR-412) no se adaptaría al intenso flujo de vehículos pesados que serviría al puerto y, además, sería necesario duplicar y adaptar otra autopista (PR-407), ambas condiciones esenciales para la viabilidad, instalación y funcionamiento del Porto Pontal (IBAMA, 2010). 

El Estado ya estaba tratando de hacer viable la provisión de infraestructura vial desde 2004 a través del gobierno municipal, pasando a ser responsabilidad del Estado en 2010 y culminando en el proyecto denominado "Faixa de Infraestrutura", que incluye un macrocanal de drenaje y una autopista, que se ha convertido en el foco del conflicto socioambiental. 

Además, una red de simpatizantes, con énfasis en entidades representativas del comercio y la industria en Pontal do Paraná y el estado de Paraná, formó el movimiento de apoyo y promoción del complejo industrial-portuario y la Faixa de Infraestrutura que se asemeja al movimiento "Por favor, en mi patio trasero" (Brinkman y Hirsh, 2017), en contraposición al movimiento "No en mi patio trasero", demostrando el interés de una parte de la población en la territorialización del puerto industrial, creyendo que es algo beneficioso y descuidando o ignorando los posibles impactos negativos. Sin embargo, se trata de una "huida hacia adelante", que busca la solución de los problemas estructurales en acciones inmediatas, sin verificar la posibilidad de empeorar los problemas sociales, económicos y ambientales en el futuro.

Estos partidarios se basan en el argumento de la insatisfacción con la situación económica y social del municipio. Por un lado, hay elementos de discursos de las alternativas infernales (Pignarre y Stengers, 2005). Los emprendimientos se colocan como una "salvación" para el municipio, como un medio para lograr el crecimiento económico. Además, desde la perspectiva de la población, hay argumentos consistentes con una "licencia social", derivados de la Licencia Social para Operar (LSO) (Acselrad, 2014). El desguace de los servicios públicos y la infraestructura y la inacción selectiva del Estado proporciona la "licencia social" a Porto Pontal. Es decir, incluso antes de la instalación de la terminal portuaria, la empresa dispone de un capital reputacional –por las expectativas de generación de empleo e ingresos y las medidas compensatorias y de mitigación.

Esto está directamente relacionado con el chantaje localizado de las inversiones, por el cual la población sucumbe a las promesas de empleo a cualquier costo, por temor a que la empresa se retire o no se instale (Acselrad, 2010). Así, de la misma manera que explican Acselrad y Bezerra (2010), la población local debe "elegir" entre una situación de degradación ambiental y social y la inexistencia de una fuente de ingresos y trabajo; por lo tanto, la asignación de las empresas se basa en el consentimiento de estas poblaciones.

Por otra parte, se ha constituido un movimiento de resistencia a la puesta en marcha del complejo industrial-portuario y de la Faixa de Infraestrutura. Desde la perspectiva de la ecología política, la disputa por las formas de valoración está permeada por las luchas de poder (Robbins, 2012), siendo los "ganadores" los que tienen mayor poder económico y político, mientras que los desposeídos se quedan con la carga de la degradación ambiental y el "desarrollo". Estos actores sociales, articulados en movimientos y redes, buscan validar sus posiciones y ganar disputas en este ámbito de conflicto, para que sus demandas e intereses en el territorio sean viables. 

A diferencia de la mayoría de los casos de conflictos socioambientales en Brasil, cuyo protagonismo está relacionado con los movimientos sociales, en el caso analizado, las comunidades tradicionales y sus organizaciones no tienen el protagonismo de la resistencia, que es liderada por miembros del movimiento ambientalista y la academia, con el apoyo del Ministerio Público. Estos actores sociales cuestionan la legalidad de los procesos de concesión de licencias ambientales, así como la fragilidad de los estudios, la falta de estudios sinérgicos, los posibles impactos sociales y ecológicos y el uso de dinero público para beneficio privado (en el caso del nuevo acceso a las carreteras). Señalan el abandono deliberado de la localidad por parte del Estado.

El uso del turismo como estrategia argumentativa

¿Pero cómo encaja el turismo en ese contexto? En el ámbito de la disputa, los actores sociales involucrados en el conflicto socioambiental utilizan el turismo como una estrategia discursiva para legitimar su posicionamiento y uso del territorio; se convierte en una "moneda de cambio", una estrategia para convencer a la sociedad civil y a las autoridades estatales y como medio para consolidar diferentes perspectivas de desarrollo. Así, el turismo se dispara en el discurso de estos actores sociales ya sea para validar o invalidar la implantación del complejo industrial-portuario o la Faixa de Infraestrutura. 

El movimiento de promoción sostiene que Pontal do Paraná necesitaría una alternativa económica al turismo, al mismo tiempo que el sector turístico se vería potenciado con la implementación del complejo industrial-portuario, como resultado de las inversiones en el municipio, las mejoras en la infraestructura y el fortalecimiento de segmentos como el turismo de negocios. Se refiere a la ya mencionada “alternativa infernal”, que lleva a la población a creer que, si no se construye una nueva vía de acceso, el municipio estará condenado a malas condiciones sociales y económicas, y que la vía de acceso sólo sería factible si se implementa el Puerto Pontal. Al mismo tiempo, creen en el "mito de la temporada alta", en la posibilidad de que haya un flujo de turistas durante todo el año.

Ponta do Poço. Imagen de Sandra Dalila Corbari. 

Por otra parte, los grupos opositores entienden que la solución a los problemas sociales y económicos sería a través de la intensificación de segmentos alternativos (leemos segmentos relacionados con los bienes ambientales, especialmente el ecoturismo), así como a través de la inversión masiva en el sector. El discurso de estos actores sociales ignora que si bien el turismo en áreas naturales, especialmente el ecoturismo, es un segmento alternativo al turismo de masas, dicha alternativa también se circunscribe a la dinámica capitalista de acumulación a través de la valoración de la naturaleza. En consecuencia, la naturaleza se enfrenta a una dinámica de expoliación y reapropiación para hacerla funcional en aras de la acumulación capitalista, dando lugar a un proceso de reconfiguración del paisaje turístico –como parte de los procesos paralelos a la neoliberalización de la naturaleza (Cañada, 2016). 

Además, es posible que aumenten los conflictos socioambientales. En Pontal do Paraná, existe un conflicto histórico en el sector turístico con los pescadores artesanales, tanto en lo que respecta a cuestiones de tierra como al uso de la bahía y un canal en el que se han establecido varias marinas irregulares (Caldeira, 2018; Mafra, 2018). Esto se deriva del modelo turístico en el que la libertad de consumo se produce no sólo a través de la apropiación, homogeneización y refuncionalización del territorio y del propio paisaje, sino también a expensas del bienestar de los demás, mediante la apropiación, la privatización de los bienes comunes y las tierras públicas, el desplazamiento de poblaciones, la degradación de los recursos y la intensificación de la mercantilización de la mano de obra o de las prácticas laborales de explotación (Bianchi, 2009; Muñoz, 2016), características inherentes al proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2003), que se apropia de esferas de vida, recursos naturales y espacios que están fuera de la lógica del mercado, transformando los bienes no mercantiles en mercancías. 

En realidad, el territorio tradicional de pesca ha estado amenazado desde los años cincuenta, cuando la Empresa Balneária Pontal do Sul S/A recibió la donación de tierras y no previó la regularización de la posesión de la tierra de cientos de familias, conforme con el contrato firmado con el Estado (ITC, 1979; Cunha, 2018), tras la expropiación de sus tierras a orillas del mar en el proceso de especulación inmobiliaria y territorialización del turismo.

Otro punto que merece destacarse es la previsión de que la situación del turismo en Pontal do Paraná cambiaría poco con una mayor planificación e inserción de nuevas rutas en el mercado. Es posible que la situación, especialmente en lo que respecta a la disminución de la estacionalidad y la generación de trabajo e ingresos, se pueda afrontar mejor con el fomento del turismo de negocios (unido a la existencia de empresas industriales-portuarias) que con el turismo alternativo.

Por lo tanto, es necesario señalar que lo que está en juego no es el aumento del flujo de visitantes, o el aumento de los ingresos, del trabajo y la disminución de la estacionalidad, sino el perfil de este turismo: ¿qué turismo es el que está siendo fomentado, de qué se nutre o qué es lo que le alimenta?

Es importante destacar que, si el discurso demuestra interesés en el territorio, la ausencia de discurso también puede se significativo. En el caso del conflicto socioambiental analizado, se evidenció la escasa participación de los organismos públicos representativos del turismo, la iniciativa privada o el tercer sector especializado en turismo. La falta de inserción en el escenario del conflicto demuestra una connivencia con el modelo de desarrollo propuesto para el litoral paranaense y con la continuidad de la interrelación histórica del sector turístico y del sector industrial-portuario. 

A modo de conclusión: el poder, la desigualdad y la hegemonía de los discursos

En general, lo que se evidencia es el mantenimiento de un territorio como recurso (Santos, 2017), con usos específicos o previamente determinados, prevaleciendo ciertos agentes. Una disputa entre una zona de sacrificio (Viégas, 2009; Oliveira et al., 2017) y el mantenimiento de la "periferia del placer" (Turner y Ash, 1991), con poco espacio para alternativas de desarrollo que permitan otras formas de apropiación del espacio. 

Los actores sociales involucrados en el conflicto tienen diferentes niveles de poder político y económico. Los que tienen más poder se destacan en la arena de los conflictos, dando visibilidad a la desigualdad y asimetría entre las diferentes concepciones del desarrollo. En este contexto, se marginan las perspectivas provenientes de los pueblos tradicionales –que no tienen el turismo como estrategia argumental, ya que el foco de sus discursos se centra en el derecho territorial y socioambiental– e incluso las concepciones socioambientales y más críticas con respecto a la relación entre la sociedad y la naturaleza. Los datos revelan que los pueblos tradicionales no participan plenamente en los procesos de adopción de decisiones, no han pasado por el procedimiento de consulta previa en relación con las empresas, no han sido demandados en grupos de trabajo y reuniones –excepto los que se refieren directamente a ellos, por lo general con la mediación de los órganos encargados de proteger sus derechos.

Sin embargo, lo que es evidente es que, si surge una alternativa, ésta se producirá con la quiebra de lo establecido, a través de las acciones de estas poblaciones, mediadas por sus modos de vida y su forma de valorar la naturaleza y el territorio.