Turistificación de la política exterior española

Hace unos días el Gobierno de España adoptó una decisión que, siendo importante, y conteniendo algunas sorpresas, ha pasado bastante desapercibida. El Consejo de Ministros del pasado 26 de enero acordó remitir a las Cortes Generales la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 "en la cual se recogen las prioridades y objetivos de la Acción Exterior de España para los próximos cuatro años". Hasta aquí, nada de nuevo. Tocaba redefinir las líneas maestras de la política exterior del Reino de España que se propone desarrollar el actual Gobierno de Coalición Progresista (GCP). Diría que, incluso, era un documento esperado para poder observar negro sobre blanco el hipotético sesgo progresista que el "gobierno más progresista de la historia" quiere imprimir a la política exterior española.

¿Dónde están pues las sorpresas? La primera es una relativa sorpresa porque el sesgo progresista es tan moderado que, aparte de la retórica, casi se podría decir aquello de "nada nuevo bajo el sol". Pero, hablando de sol (y playa), la segunda es una gran sorpresa, puesto que "el turismo se incorpora por primera vez en la nueva Estrategia de Acción Exterior de España". ¡Poca broma!

Tomando en consideración que “las sociedades modernas no se dedican a adivinar un futuro que vendrá inexorablemente, sino, más bien, intentan configurar el futuro deseable” (Innerarity, 2020: 123), parecería lógico esperar que esta incorporación del turismo a la Estrategia de Acción Exterior de España tuviera como objetivo intentar configurar un futuro turístico que fuera deseable para las mayorías sociales, coherente con la emergencia climática y las otras crisis ecológicas, y, en definitiva, en la línea de las propuestas de la OMS a favor de una recuperación saludable de la COVID-19. Pero no, y esta es la tercera y definitiva sorpresa, la diplomacia [turística] española se pone al servicio de una reconstrucción del sector turístico internacional para situarlo básicamente en los mismos parámetros prepandemia.

Por ejemplo, se puede leer que “se promoverán las actuaciones en materia de promoción turística a nivel internacional y el desarrollo del turismo en la agenda global, considerando que el posicionamiento de España como destino debe de ser una prioridad en la acción exterior”; “se debe destacar la importancia del turismo como industria exportadora por excelencia, generadora de valor añadido y motor de atracción de actividad económica en España”; o “para las empresas y el turismo es prioritario reestablecer una movilidad internacional segura, facilitada por la adopción de criterios comunes entre los países. España impulsará en la Unión Europea, la OCDE y con otros organismos internacionales, el desarrollo de estándares internacionales de reconocimiento de pruebas diagnósticas y certificados de vacunación que permitan recuperar paulatinamente la movilidad internacional de manera segura y coordinada”.

Es más, la incorporación del turismo como parte esencial de la política exterior española tiene como uno de sus principales objetivos el “de impulsar una diplomacia económica más activa [que] requiere potenciar los instrumentos económicos y políticos con los que ya contamos: los dedicados a promover la competitividad, la internacionalización de las empresas y la atracción de inversiones”. Concretando: “en la inversión japonesa y coreana, el turismo asiático y las exportaciones a la región, así como las inversiones en Australia serán cruciales en el futuro. Salvo excepciones, las relaciones de España con la región están por debajo de su potencial”, y el “Caribe Anglófono: Es una región que ofrece grandes oportunidades, en especial en materia de inversiones en turismo, infraestructuras, renovables y fomento del idioma español, así como el especial contexto marcado por el Brexit y la Covid-19. España puede ser un potencial socio en la actual coyuntura, lo que implica el desarrollo de una estrategia específica para esta zona”.

Por el contrario, la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024 del GCP es bastante más inconcreta –se limita a referencias genéricas a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta y guía orientadora– en una materia que sí marcaría un futuro deseable, y justificaría la inclusión del turismo en los ejes de la política exterior española: una auténtica batalla para la aplicación de los Derechos Humanos por parte de las multinacionales turísticas españolas. No bastan generalidades, como por ejemplo que “en estrecho contacto con los gobiernos y con la sociedad civil, deberá promover el respeto de los DDHH y de la igualdad de género”. Del GCP se esperaba bastante más. A modo de ejemplo, se esperaba un mayor compromiso con la lucha a favor de un Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

El GCP se queda en declaraciones retóricas del siguiente tenor: “La defensa de la imagen y reputación económica de España en el exterior es otro de los principales ejes de acción de la Diplomacia Económica. Una imagen exterior fuerte y una percepción positiva son una fuente de riqueza para un país y sus empresas, comprometidos ambos con los derechos humanos, el desarrollo inclusivo y sostenible, el buen gobierno corporativo, la responsabilidad social e inversión socialmente responsable y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con los códigos de conducta internacionales reconocidos por España”. Sin embargo, los y las que defendemos que otro modelo turístico es posible y necesario, incorporamos la defensa de instrumentos eficaces al efecto de que las empresas turísticas paguen por las violaciones a los derechos humanos cometidas directamente o a través de sus empresas filiales.

En definitiva, sobra que el Reino de España desarrolle "campañas de imagen y reputación económica", y, al mismo tiempo, hace falta, sí o sí, que asuma que, en materia de política exterior en general, y particularmente en materia turística, el gran reto no es poner en marcha un tipo de "diplomacia de la responsabilidad social corporativa". Lo urgente es que no haya una sola multinacional turística -o cualquier empresa española con intereses turísticos en el extranjero- que no cumpla todos y cada uno de los DDHH, porque –como bien apunta Julie Wark (2011)– “los derechos humanos no son divisibles porque todos proceden de un derecho básico, aplicable a todos los seres humanos: el derecho a una existencia digna. No, no son un regalo ni se otorgan por caridad, como pretende su actual forma tergiversada de humanitarismo, sino que son un requisito humano básico. No, no son ajenos a las instituciones sociales, sino que deben constituir su base, y la base de la república democrática es la libertad de todos sus ciudadanos en el verdadero sentido humano de la palabra. Privado de los medios de una existencia digna, ningún ser humano puede ser libre. Los derechos son la base de la dignidad, la libertad y la justicia, nada menos que a escala universal. Los derechos humanos son radicales”.

En este sentido, ojalá la propuesta de "Estrategia de Acción Exterior 2021-2024" se modifique radicalmente. Es una tarea ineludible que no tendría que despreciar el movimiento social emancipatorio que pone la vida en el centro.