Pandemia del "mal vivir" trabajando

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica cada trimestre la Encuesta de Población Activa (EPA) que es, sin duda, la estadística más sólida sobre la situación laboral en España y en sus Comunidades Autónomas. Evidentemente, la EPA tiene importantes carencias metodológicas para captar todos los matices de una situación laboral en la que, en las últimas décadas, se han ido ampliando los espacios de precariedad. Conviene recordar que su último aggiornamento metodológico –y no sustancial– es de 2005. 

Uno de los más urgentes cambios metodológicos que precisa la EPA es técnicamente muy sencillo, pero política y socialmente extraordinariamente relevante: añadir a la encuesta una pequeña batería de ítems para extraer el indicador de Población Ocupada Precaria. A estas alturas, después de años y años de poliédrico proceso de precarización laboral, no tiene demasiado sentido identificar como iguales a, por ejemplo, una persona ocupada con un salario anual igual a veinte salarios mínimos interprofesionales, y con un contrato fijo y blindado, y a quien apenas llega a un salario mínimo interprofesional al año, y sus contratos son temporales de corta duración, y, a veces, a tiempo parcial.

Sea como fuere, insisto, la EPA –que forma parte de las estadísticas de la UE (Eurostat)– es la estadística sociolaboral más robusta de la que disponemos. Además, cada año, al menos desde 2002 y con pocas excepciones, pública un módulo especial sobre diferentes aspectos relacionados con la ocupación. El último –el correspondiente a 2020– se publicó el pasado 11 de junio sobreaccidentes laborales y problemas de salud relacionados con el trabajo. Sin duda, este es un tema política y socialmente capital.

Los datos son extraordinariamente abundantes, y sería tedioso comentarlos todos y cada uno de ellos. Me centraré, por tanto, en una breve selección de los que me parecen más relevantes: el total de personas que sufrieron un accidente laboral en 2020 fue de 858.200, un 3,72% del total de la población ocupada. El 2.39% de estas personas sufrieron alguna lesión en el accidente. Sin embargo, lo verdaderamente interesante son los datos cualitativos: 

a) la mayoría de los accidentes laborales con lesión se dan en personas asalariadas en el sector privado que, representando un 66,72% del total de las ocupadas, acumulan el 73,69% de accidentes con lesión. 

b) Las ocupaciones que lideran el ranking de estos accidentes son las relacionadas con "servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio", con un 25,53% del total. 

c) El sector servicios es el que, con 318.300 personas con lesión en un accidente de trabajo (un 57,71% del total), registra una mayor siniestralidad.

Siendo relevantes estos datos de siniestralidad, sobre todo en un año como el 2020, con tasas de ocupación especialmente bajas a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, lo son mucho más las relativas a las enfermedades: un total de 1.704.700 personas ocupadas declaran que han sufrido una enfermedad, y 296.200 más han sufrido dos o más de enfermedades. En ambos casos son enfermedades provocadas o empeoradas por el trabajo. Con este dato está todo dicho: no es exagerado calificar la situación de pandemia del "mal vivir" trabajando.

Anotemos, para acabar de redondear el argumento, algunos datos más: el de servicios, con un 57,38% del total (1.148.100 personas en términos absolutos), es el sector en el que más enfermedades se originaron o agravaron. Las personas asalariadas en el sector privado son, con un 66,80% sobre el total, las más afectadas. Las causas principales que provocan las enfermedades y/o son la causa de su  agravamiento son: adopción de posturas dolorosas o agotadoras (19,34%); actividades que implican un gran esfuerzo visual (12,32%); movimientos repetitivos de manos o brazos (10,98%); manejo de cargas pesadas (9,95%); sustancias químicas, polvo, vapores, humos o gases (5,55%); uso de vehículos (en el curso del trabajo, se excluye en trayectos al/desde el trabajo) (5,07%); uso de máquinas o herramientas manuales (se excluyen vehículos) (3,38%); resbalones, tropezones y caídas (3,04%); y ruido o fuerte vibración (2,67%).

Un dato de gran importancia es que un 23,96% de la población activa contesta que, incluso sufriendo alguna enfermedad y/o en caso de que esta se haya agravado, no detectan en su trabajo ningún riesgo especialmente peligroso para la salud física. Insisto, para la salud física. ¡La salud mental es harina de otro costal!

La salud mental asociada a las precariedades laborales es un asunto capital de nuestros días. Los datos del EPA que comentamos son alarmantes. Atención: un total de 19.202.600 personas activas (las personas en ERTE y en paro en demanda de ocupación, además de las que están trabajando, son población activa) estuvieron el 2020 "expuestas a efectos adversos para su bienestar mental". De las personas que identifican algún factor específico para su mal estado de salud mental, sobresale que un 24,40% identifica como factor determinante las "presiones de tiempos o sobrecarga de trabajo", un 7,37% “el trato difícil con clientes, pacientes, alumnos, etc.", y un 7,11% la "inseguridad laboral". Hay que advertir, sin embargo, que las personas que identifican un factor determinante de su mal estado de salud mental son menos del 47%. Es bastante plausible que para la mayoría la causa sea la incertidumbre laboral provocada por la pandemia, y/o un mix de factores porque, entre otras cosas, las consecuencias de la precariedad laboral en la vida de las personas son diversas.

Dicho todo el anterior, me parece pertinente plantear mi perplejidad por la ausencia –o, al menos, su bajísima intensidad– de debate sobre el futuro de la ocupación en el escenario pospandémico por lo que a la salud laboral se refiere. Dicho en otras palabras, sobre la evidente aceleración de un tipo de pandemia del "mal vivir" trabajando, es decir, de un crecimiento exponencial de los riesgos psicosociales en el trabajo, y todo lo relacionado con los efectos sobre la salud mental de la misma pandemia.

Lo cierto y seguro es que reivindicaciones como, por ejemplo, la regularización de las cargas de trabajo que hacen las kellys, o la de una participación efectiva de los trabajadores y trabajadoras en la organización del trabajo, cobran una importancia capital y absolutamente estratégica.

Acabo con dos anécdotas de mis tiempos pasados de responsabilidad sindical: en más de una ocasión cité por escrito, y, a la vez, fue inspiración de muchas de mis intervenciones en asambleas de delegados y delegadas sindicales, y de trabajadores y trabajadoras en los hoteles la frase del psicólogo social Erich Fromm en la cual, ahora hace más de cincuenta años, se preguntaba: "¿Es necesario producir seres humanos enfermos para tener una economía sana?". La segunda anécdota es que en una jornada sindical sobre Salud Laboral, la que al inicio de los años 2000 era la directora del Instituto de Salud Laboral de las Islas Baleares, Carme Font, dijo las siguientes palabras: "Tenemos los que aquí [Islas Baleares] vivimos unas condiciones de trabajo al nivel de la Comunidad Autónoma líder en renta per cápita [en aquella época Baleares lideraba este ranking de las comunidades autónomas españolas], o bien somos los líderes en renta per cápita porque trabajamos más y en peores condiciones que los otros". Unas palabras que me parecieron extraordinariamente acertadas, y que, en muchas de mis intervenciones como responsable sindical parafraseé de la siguiente forma: "¿Tenemos las personas que trabajamos en turismo unas condiciones de trabajo que se corresponden con el liderazgo en turismo que ostentamos, o, por el contrario, somos líderes en turismo porque tenemos unas condiciones de trabajo peores que otros sectores?”. Han pasado algunos años, y la primera pandemia global de esta época, y, aun así, ambas repreguntas continúan siendo pertinentes.