Legislaciones turísticas en la disputa de los futuros turísticos

Es necesario, en mi opinión, ligar el análisis de cualquier nueva legislación turística con la disputa de los futuros turísticos. De los futuros inmediatos, puesto que es urgente salir del callejón sin salida de años y años de crecimiento turístico sin límites, de estímulos publicoprivados al crecimiento contaminante [1], de estructurales precariedades laborales y vitales, de aceptación acrítica de un turismo muy mayoritariamente generador de grandísimas desigualdades y desprecios a las poblaciones anfitrionas. Los desafíos de la triple crisis ecológica (climática [2], de biodiversidad, y de espacios naturales), de la revolución digital, y de las transformaciones de los trabajos en este siglo XXI, nos exigen pensar en otro turismo. Y confrontarlo, si es menester, con las resistencias de las élites político-empresariales para mantener el actual statu quo turístico.

Tomemos como ejemplo la nueva legislación turística instaurada mediante el "Decreto Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares", pendiente aún de concluir su aprobación parlamentaria. La pregunta clave es: ¿Estamos en presencia de una normativa turística que da la vuelta al guion neoliberal, y, por tanto, permite divisar otro modelo turístico, y, de rebote, otro modelo social? Evidentemente, la respuesta es un rotundo no. Me explico.

Más allá de la gran operación de propaganda propia de unas instituciones que se aprovechan de una sociedad sometida a la ideología turística, y de la banalización total de los términos "sostenibilidad", "circularidad", etc., la nueva norma turística, en el mejor de los casos, sistematiza la aplicación a esta actividad –básicamente a la hotelera- de algunas medidas de adaptación al cambio climático (con unos claros ganadores, como indica el profesor de geografía de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y miembro del Grupo de Investigación en Sostenibilidad y Territorio, Macià Blázquez, en este artículo). Pero, y esto es un punto verdaderamente importante, no se implementa ninguna medida de mitigación en la línea de lo que proponen en este texto la profesora de la UIB, Caterina María Torres Figuerola y, el científico del Centro Oceanográfico de Baleares, Joan Moranta Mesquida.

Dicho sin tapujos: O hay decrecimiento del número de turistas (no solo, aunque también, de plazas turísticas), o "sostenibilidad" y "circularidad" devienen en piezas del cada vez más sofisticado "greenwashing" [3]. En este sentido, las medidas de economía circular (Título V del RD) no van mucho más allá de una serie de definiciones de conceptos, y de concreción para las instalaciones turísticas de normativa ya existente sobre residuos y circularidad. Pero cabe decir que, como parte esencial del "greenwashing" y de la asimilación por parte del sistema del inicialmente contrahegemónico concepto de economía circular, se ha proscrito la primera de las tres erres (3R), es decir, la primera del "Reducir, Reutilizar, Reciclar".

Por otra parte, la suspensión de la tramitación de nuevas plazas turísticas (Disposición adicional primera y segunda del DL) no tiene, ni mucho menos, ninguna seguridad decrecionista. Ahora mismo, en la tramitación parlamentaria del DL hay un intenso mercadeo sobre excepciones para rebajar todavía más esta moratoria (que no eliminación de plazas turísticas). También habrá que ver cómo queda el regateo sobre la edad para alojarse con los padres en la misma habitación. Parece que se está discutiendo si se rebaja de 16 a 12 años la edad, o si, en el regateo, se consigue una solución intermedia fijándola en 14 años. En cualquier caso, el quid de la cuestión está en la "R" de reducción del número de turistas de cualquier edad. La edad no es una variable en la generación de emisiones de carbono de los desplazamientos en avión. Desplazamientos, además, de corta duración (6,96 días de media en el conjunto del estado español, y 5,49 en las Islas Baleares en el año, pre pandémico, de 2019), y, por lo tanto, con una grandísima huella de CO per cápita. He aquí una de las causas que hacen imprescindible el decrecimiento turístico para mitigar la crisis climática y las otras crisis ecológicas. Ya no valen las palabrerías sobre "la aviación sostenible", o "la neutralización climática de la aviación".

A pesar de que la retórica roce el paroxismo, como, por ejemplo, afirmar que "... el turismo sostenible es el que lidera la justicia social, el trabajo de calidad, la igualdad, el desarrollo económico, y la integridad ambiental para llegar a ser un destino competitivo y viable" [4] (sic), el hecho cierto es que, como afirma el nada sospechoso de simpatizar con el ecoanarquismo radical, Tony Judt, "la mera expansión económica sostenida no garantiza ni la igualdad ni la prosperidad, ni siquiera es un índice fiable de desarrollo económico" (2010: 158).

Añadamos que la disputa de los futuros turísticos no es ajena a la necesidad de disputar legislaciones turísticas que tomen en consideración las condiciones de trabajo en el seno de las instalaciones turísticas. En la legislación turística autonómica de las Islas Baleares hay algunos precedentes en la ley 2/1999, de 24 de marzo, General Turística de las Islas Baleares que, con los artículos 51 y 52, pretendía impulsar la desestacionalización de la actividad hotelera y laboral. Ahora bien, el éxito de estos preceptos legales fue absolutamente inexistente. La desestacionalización sin tener en cuenta los límites ecológicos fue palanca relevante del crecimiento turístico desbocado a partir del segundo lustro del siglo XXI.

El caso es que ahora, siguiendo con el paroxismo antes comentado, en el preámbulo del Decreto Ley de 11 febrero no se privan de afirmar que "las Islas Baleares tienen que convertirse en pioneras de la evolución de un sistema turístico tractor de la inversión y que apoye al desarrollo empresarial, a la vez que tienen que ser pioneras en continuar mejorando los entornos de trabajo y las condiciones ergonómicas para consolidar los propósitos de mejora continua que practica el tejido empresarial hacia las personas trabajadoras" [5]. En cuanto a mejorar los entornos de trabajo, se reduce (artículo 2 del DL) a lo siguiente:

"Los establecimientos de alojamiento de las Islas Baleares que pertenecen al grupo de hoteles, hoteles de ciudad, aparthoteles, hoteles rurales, así como el resto de establecimientos de alojamiento que voluntariamente hayan obtenido una clasificación de estrellas, tienen la obligación de que la totalidad de las camas del establecimiento, salvo las supletorias, sean elevables mecánicamente o eléctricamente, de tal manera que permitan una mejor limpieza del suelo de la habitación o de los elementos sobre los cuales se asienta la cama”.

Para la implantación de las camas elevables se establece un calendario bastante flexible, que tiene que estar concluido en 2028.

Este asunto de la generalización de camas elevables de los hoteles es, sin duda, positivo, a pesar de que presenta importantes desenfoques e insuficiencias. No se aborda desde la perspectiva de asociar trabajo con calidad de vida. El, digámoslo así, marco mental es el de la higiene de las habitaciones, el de la "modernización e innovación en la higiene y limpieza de los establecimientos de alojamiento hotelero para una mejora de la calidad y el confort ... [y] se considera también urgente y necesaria la modificación legislativa que garantiza que los establecimientos de alojamiento ya obligados por la normativa a llevar a cabo, al menos, una limpieza diaria de las unidades de alojamiento lleven a cabo esta tarea de una manera más eficaz, lo cual es necesaria tanto por la percepción visual como por el bienestar de los clientes y usuarios ..." [6]. Al ser esta la perspectiva principal –y no la de mejora de las condiciones de trabajo-, el periodo de implantación es tan prolongado en el tiempo, y se exceptúan los "suplementos" [7]. En la redacción del DL queda claro que la salud de las personas es una cuestión secundaria en esta "modernización de las habitaciones hoteleras" al afirmar que "incidirá también (no principalmente) en la protección de su salud" [8]. Es un abordaje absolutamente lamentable. Una forma alternativa de hacerlo más sensatamente sería la de acabar con la epidemia de enfermedades psicosociales, la de revertir el fenómeno de la medicalización para poder resistir la jornada laboral, la de poner freno a "la economía del estrés"... que, obviamente, "incidirá también" en la mejora de los servicios ofrecidos a los clientes.

Ahora bien, para superar las limitaciones de soluciones, como, por ejemplo, la "solución camas elevables" [9] hay que tomar en consideración que la carga y la organización del trabajo tiene que ver con una construcción social de empresa sin participación efectiva de los trabajadores [10].

Para acabar, nótese que el "Decreto Ley 3/2022, de 11 de febrero, de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de las Islas Baleares", desde una mirada innovadora nace viejo justo al empezar a andar, puesto que no aborda aspectos cruciales de cualquier normativa turística con un mínimo de pulsión emancipadora: La "uberización" de las instalaciones turísticas, las condiciones laborales –con la Salud Laboral como cuestión relevante- en el sector del alquiler turístico, el impulso en el ámbito del sector del turismo de la Economía Social y Solidaria, la fiscalidad verde de verdad, o la conveniencia de repensar la necesidad de la promoción turística pública.

No obstante, el impulso de la disputa de los futuros turísticos a propósito de las regulaciones turísticas depende de la pujanza movilizadora y capacidad propositiva de los movimientos sociales que ponen la vida en el centro. En este sentido, es procedente recordar que, entre las propuestas en materia turística del movimiento isleño "La vida en el centro", figura la siguiente: "Revisión de las regulaciones autonómicas de ordenación turística, con la introducción de medidas para la disminución de unidades de alojamiento, incorporación de plantillas mínimas, y garantía de que las infraestructuras garantizan la salud laboral y la prevención de riesgos de las personas trabajadoras".

Hace falta, pues, repensar nuevas lógicas de confrontación. Porque, como bien apunta Xavier Antich, "La lógica consensual ha animado una tendencia hegemónica en las últimas décadas y ha tenido avales tan competentes, desde el punto de vista teórico, como Jürgen Habermas, que, de la aspiración al consenso, hizo el horizonte fundamental del debate político, y estableció las bases de la llamada democracia consensual, que hoy nos parece un oxímoron" (2016: 118-119)..