Turismo pesquero en comunidades tradicionales amazónicas: conflictos y posibilidades

En la Amazonia brasileña, es habitual que las iniciativas de turismo de naturaleza se desarrollen en espacios territorializados por pueblos y comunidades tradicionales, muchos de ellos en áreas legalmente protegidas. Porque, al contrario de lo que predicaban los proyectos desarrollistas  en las décadas de 1970, 1980 y 1990, fruto de la dictadura militar, ¡en esta tierra hay vida!

El proceso de demarcación de estas áreas protegidas, según Medeiros (2006), tiene en cuenta una serie de aspectos, como la belleza paisajística, la protección de la biodiversidad, la conservación de biomas, ecosistemas y especies raras amenazadas de extinción. Sin embargo, al delimitar estas áreas, los poderes públicos, en forma de departamentos de medio ambiente, intentan colmar una laguna importante de la política ambiental brasileña: la (ausencia de) regularización de la propiedad de la tierra acompañada de la falta de protección de los territorios tradicionales y de la sociobiodiversidad que contienen. Los territorios tradicionalmente ocupados están permeados por conflictos ambientales motivados por diferentes causas, pero con un objetivo común: la acumulación capitalista a toda costa, ya sea mediante la mercantilización de la naturaleza o el expolio de los territorios tradicionalmente ocupados.

Mapa de localización de la RDSU en relación con la capital Manaus y la represa de Balbina.

Fuente: Lacques et al. (2018).

Para ejemplificar esta dinámica de conflictos ambientales en territorios tradicionales protegidos, en los que el turismo está involucrado, utilizo como caso el turismo de pesca desarrollado por familias ribereñas [1] en la Reserva de Desarrollo Sostenible Uatumã (RDSU), ubicada en los municipios de São Sebastião do Uatumã e Itapiranga, en la región del Bajo Amazonas, en el estado de Amazonas, como se muestra en el siguiente mapa. 

«La naturaleza es un campo de batalla»

La RDS es una categoría de área protegida diseñada exclusivamente para el contexto brasileño y es una unidad de conservación de uso sostenible. El Sistema Nacional de Unidades de Conservación permite el turismo en la RDS, siempre que vaya acompañado de normas específicas contenidas en los documentos rectores de la gestión del territorio: el plan de gestión y el plan de uso público.

Así las cosas, la RDSU, al igual que otras áreas protegidas brasileñas, ya está lidiando con una serie de conflictos que preceden o coexisten con el turismo: la expropiación e intento de aniquilación del pueblo Waimiri-Atroari, con vistas a las riquezas minerales y energéticas de la región; la construcción de la Central Hidroeléctrica de Balbina, iniciada en 1979, que provocó inundaciones, la muerte de la fauna y la flora y alteraciones del ciclo del agua; la explotación ilegal de guijarros en la década de 1990, que supuso el hundimiento de las riberas; la creación de la propia RDS en 2004, que impuso a los ribereños un nuevo modo de vida y de relación con la naturaleza; y la presión de una empresa maderera que reclama parte del territorio de la RDSU.

Taludes fluviales que sufren los impactos de la extracción de guijarros [2]. Imagen de Mayra Laborda.

Los conflictos mencionados se caracterizan por ser conflictos ambientales, ya que existe una disputa sobre los usos y significados de los territorios por parte de diferentes grupos, y uno de estos grupos ve amenazado su modo de vida y reproducción social por los impactos ambientales de las prácticas del otro grupo (Acselrad, 2004; Zhouri y Laschefski, 2010).

Keucheyan (2014), al pensar en la naturaleza como un campo de batalla, refuerza el argumento marxiano de que la naturaleza no escapa a las relaciones de las fuerzas sociales, al contrario, está directamente relacionada, “la naturaleza es la más política de las entidades” (Keucheyan, 2014: 13). Por lo tanto, siempre está en disputa entre actores con intereses divergentes, lo que culmina en casos de injusticia medioambiental debidos a desigualdades estructurales y sistémicas, como las de clase y raza, que transfieren la mayor parte de los costes a los más pobres. Para Keucheyan (2014), así como hay desigualdades económicas y sociales, también hay diferencias en la forma en que los individuos se relacionan con la naturaleza, ya sea en términos del uso que hacen de los recursos que ofrece o de los efectos nocivos que sufren como resultado del "desarrollo", incluyendo la calidad del agua y el acceso a la energía, como en la RDS de Uatumã.

Las comunidades de la RDS Uatumã, a pesar de ser llamadas guardianas del bosque, son obligadas por el Estado a monitorear y mantener el bosque en pie para vender créditos de carbono a los países capitalistas centrales, lo que retrata la injusticia mencionada por Keucheyan (2014). Aunque su modo de vida esté mucho más alineado con un equilibrio en la regulación del metabolismo social, soportan los costes de los ciclos de explotación de la Uatumã, que les proporciona ciclos fluviales irregulares, caídas constantes desde el borde de los barrancos, un impacto en las poblaciones de peces, contaminación acústica y ausencia de electricidad.

Paliteiros (grupos de árboles muertos) después de la construcción de la presa hidroeléctrica en el río Uatumã. Fuente: Resende (2020).

En este escenario conflictivo, el turismo ha surgido como alternativa a los males sociales y económicos y a las injusticias medioambientales que predominan en el territorio. Sin embargo, lejos de ser una panacea, el turismo introduce otra dinámica, que culmina en nuevos conflictos y relaciones sociales, no siempre alineados con la supuesta sostenibilidad que promueve.

La llegada del turismo: ¿un conflicto más?

El turismo en la RDSU, como en muchas de las áreas protegidas de la Amazonia, surgió en un contexto conflictivo de degradación y falta de respeto por la sociabilidad de los pueblos y comunidades tradicionales. Inicialmente, en las décadas de 1980 y 1990, el turismo en los ríos Uatumã y Jatapu, área perteneciente a la RDSU, se realizaba de dos formas: a) por hoteles-barco de Manaus, que contaban con toda la estructura y mano de obra humana necesaria para desarrollar la actividad: “voadeiras” (o botes de remos) [3], cocinas, bares, dormitorios, “piloteiros” (o conductores de los botes de remos), cocineros, dejando fuera la posibilidad de participación de la comunidad (Amazonas, 2009); y b) por grupos de pescadores que, en condiciones precarias, acampaban junto a los ríos, durmiendo y cocinando en las playas que se forman durante la estación seca [4].

Santos (2019) señala que el turismo era operado exclusivamente por actores sociales exógenos, dejando que los ribereños de Uatumã sufrieran los males derivados de este expolio. Era común la presencia de ostentosas lanchas rápidas pertenecientes a jueces y políticos del Amazonas.

Los residentes veían sus lagunas invadidas por los que llamaban "depredadores" y veían las embarcaciones ir y venir durante toda la temporada de pesca, lo que provocaba no sólo contaminación acústica y perturbaciones en los ambientes comunes de socialización, como accidentes con canoas y botes de remos, sino también la acumulación de basura y otros residuos, como el aceite de las embarcaciones. 

Dada la inclinación de los residentes de Uatumã a trabajar en la pesca deportiva, comenzó a producirse un fenómeno que denomino "sistema de comercio turístico". De la misma forma que en el ciclo del chicle, personas con alto poder adquisitivo, concretamente de la ciudad de Manaus, sedujeron a los habitantes de Uatumã para que trabajaran como "socios" en los lodges de pesca deportiva. Estos “partners” adquirían entonces una deuda interminable con los “owners” de la posada, que no hacía más que aumentar con el paso de los años.

Este panorama no cambió hasta la creación de la Reserva en 2004, cuando se regularon las actividades de pesca deportiva y los lodges pasaron a ser propiedad de las familias de la RDSU. A partir de entonces, los residentes empezaron a llamarlos "lodges comunitarios", es decir, gestionados por residentes de las comunidades. Así, con la llegada del turismo, se establece una nueva relación social en torno al trabajo. El turismo se suma a las actividades pluriactivas preexistentes y pasa a formar parte del calendario de trabajo ecológico ribereño.

En este trabajo, que se paga en efectivo, las comunidades dependen en gran medida de la mediación de agencias de turismo de otros lugares, principalmente del sureste y sur del país, lo que culmina en una relación de dependencia y explotación, ya que las agencias estipulan el porcentaje al que tienen derecho las familias, aunque los mayores costos monetarios y laborales corren por cuenta de las familias ribereñas. Y sin las agencias, los ribereños no tienen forma de vender los paquetes.

Al tratarse de una gestión privada del turismo familiar, las familias propietarias de las posadas (FPP) acaban siendo vistas como enemigas de las otras familias que prestan servicios en sus posadas. La relación deja de ser de horizontalidad y vecindad comunitaria, pues las FPP son siempre vistas como superiores a las demás, no sólo en lo financiero y material, sino también en lo subjetivo. Esto acaba revelando otro conflicto: una separación entre los que poseen posadas y los que prestan servicios a las posadas.

Posada Comunitaria de Uatumã. Imagen de Mayra Laborda.

Los residentes que no poseen alojamientos y que no prestan servicios para los FPP proponen el cierre de los lagos abiertos a la pesca deportiva, para que estos pasen a ser de uso exclusivo de la comunidad. Además, alegan que se les paga una cantidad irrisoria por los servicios que prestan, teniendo en cuenta las agotadoras condiciones de trabajo.

También hay conflictos entre los propios FPP, competencia por los trabajadores en plena temporada, ya que hay comunidades con pocos residentes, y una carrera por mejorar los servicios y las infraestructuras. En un intento de superar a otras familias en número e ingresos, algunos FPP aceptan vender paquetes a turistas conocidos como "depredadores". Es decir, que no suelen respetar las reglas de la pesca deportiva.

El hecho de que el turismo tenga lugar durante la estación seca de los ríos provoca la invasión de barcos de pesca comercial, ya que es fácil pescar en esta época, incluso durante la veda [5]. Esto da lugar incluso a conflictos armados, en los que los ribereños se ven obligados a luchar. a ceder.

Negociación de conflictos: de la esfera comunitaria a la institucionalización

Bajo la influencia de la Iglesia Católica, concretamente de las comunidades eclesiales de base, los grupos sociales de las riberas de los ríos amazónicos empezaron a organizarse y a instalarse en agrupamientos comunitarios. Posteriormente, a raíz de las demandas de las organizaciones del tercer sector, especialmente desde la llegada de la financiación internacional, se ha exigido a las comunidades que se organizaran en forma de asociación, con un Registro Nacional de Personas Jurídicas, dirigentes y estatutos.

La figura principal de estas asociaciones comunitarias es el presidente. Cualquier actividad que se desarrolle en el seno de una comunidad debe ser aprobada por este dirigente. La negociación de conflictos, ya sean internos, entre los propios miembros de la comunidad, o externos, que impliquen a personas/empresas de fuera de la comunidad, se debaten inicialmente en asambleas comunitarias, presididas por el presidente de la comunidad. Una vez tomada la decisión colectiva, ésta debe ser llevada a la esfera institucional, es decir, al consejo de administración de la RDSU, presidido por el gerente de la Unidad de Conservación, representante de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Amazonas (SEMA). A partir de esta institucionalización, se toman las medidas necesarias para negociar los conflictos.

Sin embargo, es la Associação Agroextrativista das Comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã (AACRDSU), conocida localmente como la “asociación-madre”, la que media entre las esferas comunitaria e institucional y se encarga de representar a las 20 comunidades de la RDSU, en colaboración con la SEMA, con el fin de identificar los conflictos, sensibilizar a los residentes en materia ambiental y representar las preferencias de las comunidades en las reuniones del consejo de administración y en las instituciones externas a la RDSU (Amazonas, 2009; Amazonas, 2010).

A partir de 2010, el escenario de conflictos turísticos comenzó a cambiar gradualmente, con la publicación del Reglamento de Turismo Comunitario y del Reglamento de Pesca Deportiva, cuando los posadas pasaron a ser responsabilidad exclusiva de los residentes. Las reglas fueron elaboradas por la SEMA en colaboración con las comunidades, a través de la “asociación-madre”. Las reglas de pesca deportiva se renuevan cada año, según la evaluación de la temporada de pesca anterior y las demandas de las comunidades.

La publicación de estas normas negoció una serie de conflictos intracomunitarios, a saber: a) la apertura o cierre de los lagos para la pesca, revisada anualmente; b) el establecimiento del número máximo de lodges existentes en cada comunidad; c) la tarifa diaria para los trabajadores que prestan servicios a los lodges; d) un porcentaje de los ingresos turísticos para las asociaciones comunitarias; e) la obligación de incluir a un residente como guía de pesca en las embarcaciones turísticas, para garantizar el cumplimiento de las normas de pesca deportiva; f) la construcción de bases flotantes de inspección para frenar la pesca comercial depredadora; g) la propiedad exclusiva de los posadas pasará a ser de las familias de la RDSU; h) en el caso de los hoteles-barco, estarán obligados a contratar a lugareños para que presten los servicios de cocineros, criadas y guías de pesca.

Las posadas, junto con las formas en que fueron/son gestionadas, acompañan un escenario turístico que ha cambiado a lo largo de las décadas. Hay dos transiciones claras en la historia del turismo en la RDS: primero, los ribereños pasaron de la situación de meros espectadores a la de trabajadores y propietarios; y luego, de propietarios de posadas gestionadas en régimen de arrendamiento a la gestión familiar privada de posadas comunitarias.

En los últimos años, en el contexto de la gestión familiar privada, han surgido iniciativas de gestión comunitaria compartida, en las que una comunidad se considera propietaria de la posada y sus residentes rotan entre las funciones necesarias para su funcionamiento (contable, administrador, gerente, camarera, cocinero, pilotos). Esta dinámica de rotación está establecida desde la fase de construcción de la posada, cuando los trabajadores se turnaban como albañiles y cocineros. Y la idea es que todo el dinero se reparta a partes iguales entre los miembros de la comunidad en la que se encuentra la posada.

Reflexiones para continuar el debate

La RDSU presenta un escenario conflictivo desde la llegada de proyectos de desarrollo, que provocan una serie de cambios e impactos ambientales a los que las comunidades tienen que (re)adaptarse constantemente para garantizar su modo de vida, mostrando claramente casos de (in)justicia ambiental. El turismo, por su parte, se ha convertido en una fuente de conflictos entre los que trabajan y los que no durante la temporada de pesca deportiva, así como por cuestiones relacionadas con la explotación de la mano de obra de los ribereños por parte de las agencias turísticas del sudeste y de los hoteles-barco propiedad de empresarios de Manaos.

Por el contrario, hay movilizaciones en torno a la búsqueda de justicia ambiental y el cuestionamiento del reparto desigual de los costes ambientales, que buscan, sobre todo, la compensación ambiental por parte de las empresas, la gestión compartida en relación con el Estado y la autogestión del turismo. Por último, hay que prestar atención a las formas de desarrollo turística que bajo la apariencia de alternativas y sostenibles, pero que, entre bastidores, esconden rastros de imperialismo ecológico.