La peor reforma laboral de la historia argentina

La peor reforma laboral de la historia argentina del recién presidente Javier Milei propone despidos sin indemnizacion, limita el derecho a huelga y les quita todas las sanciones a los empleadores que tengan trabajadores sin registrar. Para ser claros: acentúa el poder de disciplinamiento sobre la vida de la clase trabajadora. A instancias de la Confederación General del Trabajo (CGT), ya hay una sentencia judicial que suspende la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en materia laboral, que contó con el apoyo de grandes movilizaciones. Sin embargo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y desde la Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (UTGHRA) han dado las primeras muestras de seguir alejados de la clase trabajadora y pretender adherirse a este sistema de cese laboral que quita las indemnizaciones.

Una embestida contra los derechos laborales

El pasado 20 de diciembre de 2023 el entrante Presidente de la Nación Argentina Javier Milei dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pretende implementar la reforma laboral menos equitativa de la historia argentina. El decreto viene a derogar y modificar gran cantidad de derechos sociales existentes. Todas las modificaciones son regresivas y lesivas para los y las trabajadoras.

Pero este decreto debe ser declarado nulo, de nulidad absoluta e insanable, ya que se trata de una intromisión en el ámbito del poder legislativo sin que exista ningún obstáculo para el trámite ordinario en la sanción de leyes. Recordemos que el sistema argentino, aún tratándose de un gobierno presidencialista, tiene establecido en la Constitucion Nacional en su artículo 99 inciso 3 que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Y que solamente será admisible cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución para la sanción de las leyes (sometiéndose luego las normas emitidas a control por el Congreso).Sin embargo, no se evidencia ninguna razón de necesidad ni de urgencia para que se legisle por vía de decreto.

Además, en materia de derechos sociales existe un principio constitucional, llamado principio de progresividad, que establece que las modificaciones de dichos derechos deben ser beneficiosas y ampliatorias. A su vez, ante situaciones críticas, si las condiciones de vida no permiten la expansión de los derechos, al menos debemos impedir los retrocesos. En este decreto no existe una sola mejora de derechos, no hay un solo derecho que haya sido ampliado a favor de los trabajadores, son todos retrocesos y, peor aún, se derogan principios y normas constitutivas del derecho del trabajo. La Constitución argentina también consagra el principio de justicia social que el actual presidente ha manifestado considerarlo una aberración en reiteradas ocasiones

En esta embestida contra los derechos de los trabajadores se destacan dos aspectos. Por un lado, en una faceta más individual, supone la disminución de la protección contra los despidos sin causa y la total eliminación de sanciones a los empleadores por no registrar las relaciones laborales. Y, en la faceta colectiva, incorpora una serie de condicionantes a las medidas de acción directa, limitando fuertemente el derecho a huelga y la capacidad de negociación de los sindicatos para actuar en defensa de los intereses de los trabajadores.

En materia de indemnizaciones por despido se habilita la posibilidad de que a través de cada convenio colectivo se sustituya el regimen actual de indemnizaciones, atacando la estabilidad y la protección contra el despido arbitrario mediante la creación de fondos de cese laboral o dando la posibilidad de contratar un sistema privado de capitalización para el pago de la indemnización por despido o el pago de retiros voluntarios. Esto significa la quita de la sanción económica que debe pagar un empleador al despedir un trabajador sin causa. En Argentina se calcula un sueldo por cada año trabajado o fracción superior a tres meses, de forma que la eliminación de la indemnización por despido no solo deja expuestos a los trabajadores y trabajadoras a que sean despedidos sin consecuencias sino que abre la puerta a un facilitamiento de la violación de todos los derechos laborales derramando sus efectos en una mayor coerción en el ámbito laboral. De esta forma se diluye una compensación democrática al ejercicio del poder del empleador en una relación reconocidamente asimétrica y, simultáneamente, se abre un negocio financiero y de seguros). Además deroga todas las multas laborales-penales establecidas para las relaciones de trabajo no registradas, incursionando en una materia legislativa vedada para los decretos de necesidad y urgencia. Como corolario flexibilizador y con abierto tinte clasista, el decreto también deroga una multa que sancionaba las relaciones de trabajo no registradas de las trabajadoras del hogar.

Primeras reacciones contra el DNU

Pese a la legitimidad de origen del presidente recientemente electo (el 29,99% en las elecciones generales y 55,65% en el balotaje), la vía intentada para la sanción y el contenido del DNU, provocarán grandes respuestas sociales, políticas y jurídicas que institucionalmente se concentrarían inicialmente en el poder judicial y la representación de las confederaciones gremiales, previéndose que el poder legislativo deberá intervenir y cumplir su rol con prontitud.

Así, de forma inmediata se dieron numerosas presentaciones judiciales pidiendo la nulidad del DNU por parte de abogados laboralistas y constitucionalistas, el expresidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, las confederaciones gremiales CGT, CTA-A y CTA-T, el Estado provincial de La Rioja y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, entre otros. La que más éxito obtuvo fue la iniciada por la CGT, la confederación sindical más grande y más antigua, y cuyos gremios miembros poseen la representatividad para la negociación colectiva de la amplia mayoría de sectores del trabajo registrado en el país. Su petición prosperó hasta la 2da. instancia judicial con sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordena la suspensión del capítulo del decreto referente al derecho laboral. Al mismo tiempo, resultado de las acciones judiciales en curso, a la fecha, en el fuero Contencioso-Administrativo se ha dispuesto que los reclamos puedan ser abordados como amparos ante los diferentes fueros y juzgados en los que se presenten.

Esto resulta un revés para la táctica presidencial que pretendía que lo hicieran como un único proceso colectivo en el fuero que presumía podría ser más afín a su accionar. De forma simultánea, se han dado numerosas manifestaciones en contra del DNU. La más grande fue frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires el 27 de diciembre pasado. Y también se convocó una huelga general para el 24 de enero de 2024.

Manifestación en Buenos Aires del 27/12/2023. Imagen de Inés Notarstefano.

Apoyos sindicales

No obstante, en esta coyuntura el gobierno ha logrado que Armando Cavalieri, el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), uno de los más grandes del país –y que incluye categorías de empleados de turismo en agencias de viajes–, se reuniera y fotografiara con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano (de la que depende actualmente la Secretaría de Trabajo, previamente Ministerio de Trabajo, y degradado en el actual organigrama del poder ejecutivo nacional). A posteriori, cuando se dio a publicidad el encuentro la funcionaria declaró que Cavalieri brindó su conformidad en relación con el proyecto de establecer un “fondo de cese laboral” –adhesión que dejaría a los trabajadores de comercio y servicios desprotegidos ante despidos sin causa–. El representante gremial, sin desmentirla, dijo que solicitó la reunión para aclarar aspectos de la modalidad de recaudación de aportes sindicales de los empleados de comercio y servicios.

Otro apoyo a favor del establecimiento de un fondo de cese laboral que se vislumbra en auxilio del nuevo gobierno de ultraderecha, y se rumorea que inminente, es el de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Esto se desprende del fuerte acompañamiento que le brindó Luis Barrionuevo, secretario general de la UTHGRA, durante la campaña electoral de Javier Milei y por declaraciones que ya habrían formulado tanto él como su excuñado, Dante Camaño, candidato por lista opositora en la seccional Capital del gremio y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. En caso de adherir su gremio a dicho sistema, el colectivo de trabajadores gastronómicos y hoteleros, donde la precariedad, informalidad y bajos salarios son moneda corriente, serían expuestos a una situación de aún mayor vulnerabilidad frente a los abusos patronales. Además, aunque aún no ha sido oficializado, se espera que, con apoyo de Barrionuevo y otros sectores, al frente de la Secretaría de Turismo (que perdería rango de Ministerio y pasaría al organigrama del Ministerio del Interior) sea designada Yanina Martínez, que ya desempeñó cargo en la gestión anterior como secretaria de Promoción Turística.

Dos secretarios generales de sindicatos que pasan los 80 años de edad y con más de 35 años en sus puestos vuelven a demostrar lo alejados que están de los intereses de los trabajadores y trabajadoras que pretenden representar.

Laboratorio ultraderechista

La experiencia del gobierno de Javier Milei recién se inicia en Argentina. En su asunción recibió las visitas de políticos de ultraderecha como Viktor Orbán, actual primer ministro de Hungría; Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Santiago Abascal, presidente de Vox en España, lo que ha aumentado el interés y significación internacional del mismo como experimento. Sus primeros movimientos y artificios de laboratorio exhiben ajenidad y hostilidad a valores civilizatorios sostenidos por el Derecho que incluso pueden apreciarse vinculados al desarrollo y sustentabilidad del sistema capitalista.

Aún no sabemos cómo ni cuándo terminará esta etapa ultraderechista en Argentina, pero sí es conocido que se propone prioritariamente desregular y desorganizar la vida de la clase trabajadora en beneficio de los sectores más poderosos, que siguen siendo los mismos de siempre.