Oloncito: el poder y el dinero contra los bosques protegidos

Oloncito es un barrio residencial ubicado en el extremo sur del poblado de Olón, una de las setenta comunas campesinas de la península de Santa Elena, herederas del pueblo Guancavilca. Olón pertenece a la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, a orillas del océano Pacífico. Tiene en su margen occidental una de las playas más bellas del Ecuador y en el margen oriental la cordillera Chongón Colonche.

El amanecer del pasado lunes 6 de mayo no fue distinto a las alboradas de esta época: el sol presente muy temprano en la mañana, los trinos de cientos de pájaros, la brisa del océano moviendo los árboles del perfil costero… Aproximadamente a las nueve, se escucharon ruidos de machetes que cortaban matorrales y de motosierras que talaban árboles en la orilla sur del estero. Una cuadrilla de trabajadores de la empresa Vinazin, comandada por un ingeniero y acompañada algunos policías, se empeñaba en arrasar con todo arbusto o árbol. Algunas personas de la comuna se acercaron a pedir explicaciones y a tratar de impedir que talaran su bosque; otras se abrazaron a los árboles. «No tengo que pedir permiso, ni informar a nadie. Esto es propiedad privada. Aquí tengo todos los permisos», argumentó el ingeniero, mientras esgrimía un folder con documentos. A través de una de las redes de WhatsApp se convocó a la comuna. Al poco tiempo había decenas de comuneros y comuneras que lograron impedir que se siguiera talando. 

«Yo he vivido convencida de que vivía en el paraíso. Pero los niños ricos creen que con el poder y el dinero pueden construir un edén de concreto», nos dijo una comunera, señalando el origen del conflicto.

Playa de Olón. Fuente: Google Maps.

Vinazin S.A.: negocios privados amparados en la desvergüenza pública

Vinazin Sociedad Anónima fue constituida en julio de 2016 por el hoy presidente Daniel Noboa Azín. Su capital inicial fue de 10.000 dólares. El 99,99% de las acciones pertenecían a Noboa y el 0,01%, a un funcionario de la Corporación Noboa. A través de una serie de «ventas» de acciones, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, llegó a ser la propietaria de la empresa. Las principales actividades de Vinazin son los proyectos inmobiliarios (Yépez, 2024).

Esta empresa pretendía construir el complejo inmobiliario ECHO, en un terreno de 6.350 metros cuadrados registrado con escritura pública el 19 de abril de 2023. El proyecto contempla la construcción de cuatro edificios con veintiocho apartamentos de lujo, entre la margen sur de la desembocadura del estero Oloncito y la playa de Olón. Pero el proyecto tiene una particularidad insólita.

Antes de los fenómenos de El Niño de los años 82 y 97 del siglo pasado, el estero era un hilo de agua (por eso se lo llamaba esterillo). Tras dichos fenómenos climáticos su cauce aumentó considerablemente, alimentado por los abundantes recursos hídricos que afloran de la cordillera Chongón Colonche. El cauce incrementado aún se mantiene y cuando hay copiosas lluvias se desborda. Ahora es un estero que tiene más de cuarenta metros de ancho. En su entorno, la Fundación Oloncito y los comuneros desarrollaron planes de recuperación del estero, construyeron un parque ecológico y sembraron mangles, algarrobos y otras especies propias de esta zona, según se plasma en documentos de la Fundación Ecológica Oloncito. Con el argumento de que el agua cubrió más de veinte metros del terreno de su propiedad, los dueños de Vinazin pretendían construir un muro y rellenar la mitad del estero en su desembocadura para «recuperar» la tierra perdida.

Vista general del complejo inmobiliario proyectado. Fuente: brochure publicitario. 

El problema ha enfangado al gobierno ante las denuncias de que varios ministros y colaboradores cercanos al presidente están vinculados con el proyecto. La gerente general de Vinazin S.A. es María Beatriz Moreno, actual presidenta de Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento político conformado para apoyar la candidatura de Daniel Noboa. El informe de factibilidad del proyecto fue realizado por la empresa Geosísmica, que pertenece al actual ministro de Transporte y Obras Públicas y encargado del Ministerio de Energía y Minas, Roberto Luque. La asesora jurídica del presidente Daniel Noboa en temas relacionados con Vinazin y otros, es la abogada mexicana, naturalizada ecuatoriana el día de su posesión, Mónica Palencia, actual ministra del Interior.  El 15 de marzo de 2024, en el marco de una reunión del Gabinete Presidencial, realizada en Olón, el ministro de Turismo, Niels Olsen, declaró a Olón «Pueblo Mágico», una declaratoria que, supuestamente, abre las puertas al turismo.

La ministra de Ambiente,Sade Fritschi, aprobó el registro ambiental para el proyecto ECHO, el 5 de diciembre de 2023, trece días después de la posesión del presidente Noboa. Según Andrea Fiallos, presidenta de la fundación La Iguana, que jugó un rol protagónico en la difusión de este caso, sostiene que entre el registro ambiental y la licencia ambiental hay una gran diferencia. En declaraciones a Alba Sud afirmó: «El registro ambiental se aplica a intervenciones de bajo impacto ambiental, mientras que la licencia ambiental se aplica a los de medio y alto impacto, lo que obliga a tener un plan de manejo. Su trámite y aprobación supone meses y a veces años. Cuando se llena el formulario del Ministerio de Ambiente, se supone que quien lo hace dice la verdad. Si no se reconoce que la construcción está en un bosque protector, se oculta la verdad. Cualquier ministro decente y entendido hubiera dicho: Esto no es viable para una construcción de esa magnitud».

Andrea Fiallos Fuente: cortesía de Fundación La Iguana.

Crónica de una arbitrariedad fallida

Para entender mejor el contexto de lo ocurrido, hay que retroceder en el tiempo. En los años 70 del siglo pasado, en vista de la falta de atención del Estado, la comunidad de Olón decidió vender los terrenos del barrio Oloncito. Esos recursos sirvieron para la construcción del sistema de agua potable del poblado. En este barrio, varias familias de recursos económicos de Guayaquil, con una elevada conciencia ambiental, compraron lotes para la construcción de sus casas de playa, muchas de ellas convertidas en la actualidad en residencias permanentes. Estas familias son las que conformaron la Fundación Ecológica Oloncito, que ha jugado un importante papel en la conservación del estero.

El 30 de noviembre de 2001, la fundación Oloncito logró que el Ministerio del Ambiente declarara el esterillo Oloncito como bosque y vegetación protegida. El 17 de agosto de 2006, el Ministerio de Ambiente aprobó el plan de manejo del esterillo. Se instalaron muros de protección y se reforestó el manglar.

El 8 de septiembre de 2021, ante la presión de organizaciones ambientalistas y de defensa del manglar, mediante Sentencia N 22-18-IN/21 la Corte Constitucional declaró que este ecosistema es sujeto de derechos. Dos años después, en junio de 2023, la fundación Oloncito denunció en la Fiscalía General del Estado la pretensión de construir un proyecto inmobiliario en el bosque protector Oloncito. En noviembre del mismo año, el presidente de la comuna alertó a la asamblea comunal sobre trabajos previos a la construcción de un proyecto inmobiliario en el área del bosque protegido. La asamblea se pronunció en contra.

El 28 de noviembre de 2023, se posesionó como presidente del Ecuador Daniel Noboa Azín, heredero de una de las mayores fortunas del Ecuador. A los pocos días, el 5 de diciembre de 2023, el Ministerio de Ambiente concedió un registro ambiental que autorizaba la construcción del proyecto inmobiliario ECHO a la empresa Vinazin S.A. de propiedad de la esposa del presidente Noboa.

El 17 de diciembre debían realizarse las elecciones anuales del cabildo de la comuna. Se presentaron cinco listas, entre ellas una auspiciada por el presidente Noboa. Simón Velasco, vocero de la comuna, relató a Alba Sud que esta lista utilizó el rostro del mandatario y los colores de su partido en la campaña previa, y, como nunca antes en Olón, repartió dos camiones de banano, realizó brigadas médicas, campañas de esterilización de mascotas, anunció créditos agro-productivos y llevó una orquesta para las fiestas de un barrio. Por otro lado, la Gobernación de Santa Elena, la Tenencia Política y la Intendencia de Policía intervinieron para impedir la participación de otra lista, que tenía la mayor aceptación. Bajo estas circunstancias, los comuneros decidieron postergar las elecciones por una semana. Velasco relató a Alba Sud que una jueza de Santa Elena, la noche del 16 de diciembre, emitió una acción de protección que obligaba a realizar las elecciones el 17. Ese día, llegó el ejército y la policía a tratar de imponer la resolución de la jueza. Se produjeron incidentes, arrastraron y golpearon a algunas personas y se llevaron presas a dos de ellas. «Esta es la primera vez –afirmó Velasco a Alba Sud– que en las elecciones de las setenta comunas de Santa Elena se produce una intervención tan extraña, tan poco común. Se podría entender que la policía resguarde un proceso electoral, pero que el ejército y la policía traten de imponer un proceso electoral está absolutamente fuera de lugar. Esto sólo sembró sospechas en nosotros».

Estado actual del estero Oloncito. Fuente: cortesía de Fundación La Iguana. 

En diciembre de 2023, la Fundación Oloncito realizó un estudio que demuestra que el proyecto que pretende realizar la empresa Vinazin afecta al 69 por ciento del bosque protector y que, la reducción de la desembocadura del estero afecta impredeciblemente a la población que habita aguas arriba, residencias y dos barrios de la comuna: Narcisa de Jesus y Nueva Olón.

El 6 de mayo de 2024, una cuadrilla de trabajadores de Vinazin logró talar veintiún algarrobos del bosque protector. La fundación La Iguana difundió profusamente la noticia a través de las redes sociales. El día siguiente, regresó la cuadrilla resguardada por una tanqueta del ejército y la policía, con la pretensión de continuar la tala. La comunidad lo impidió y se instaló en vigilia para cuidar el bosque protector.

A lo largo de toda la semana del 6 al 10 de mayo, los acontecimientos se viralizaron a nivel nacional e internacional. La televisión, la radio, las redes sociales difundieron la noticia. La Fiscalía y la Asamblea Nacional anunciaron procesos de investigación. Durante los dos primeros días el gobierno guardó silencio. El 8 de mayo el presidente declaró que los ataques se debían a que el gobierno hizo respetar al Ecuador ante el mundo al no permitir que México se llevara a un prófugo de la justicia (se refiere al asalto a la embajada de ese país, para detener al exvicepresidente Glas). Sostuvo que las denuncias son parte de la campaña política hacia las elecciones presidenciales del 2025.

Fuente: cortesía de la Comuna de Olón. 

El 10 de mayo de 2024, en horas de la tarde, el abogado Gilberto Pino, representante del presidente Noboa en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se presentó en Olón como representante de la empresa Vinazin. Se reunió con los dirigentes de la comuna, con los que firmó un documento en el que los dirigentes declaraban que no se oponían al proyecto ECHO. En la noche, la asamblea de la comuna desconoció lo firmado por los dirigentes y se declaró en vigilia permanente. El día siguiente la empresa Vinazin emitió un comunicado en el que expresó su voluntad de suspender el proyecto ECHO, y señala que buscaba generar empleo y desarrollo. Sostiene que lo hace para evitar la manipulación de sectores políticos que han intervenido para manipular este proceso.

El mismo 11 de mayo, la comuna publicó un comunicadocon el título: Victoria comunal: ¡Suspenden el proyecto ECHO! Sostienen que su triunfo se debe a que «comuneros y comuneras nos hemos mantenido unidos, luchando como un solo puño, para lograr una importante victoria por la defensa de la vida, en armonía con la naturaleza, desde un sentir colectivo y comunitario».

El cataclismo de los manglares

Entre mediados de los años 80 y 90 del siglo pasado, la producción del camarón ecuatoriano cobró fama internacional. Previamente, la extracción de este crustáceo se realizaba a través de pesca marina, pero en este periodo cobró relevancia la producción en piscinas. Esto elevó sustancialmente su productividad. Este cambio tecnológico implicó un acelerado proceso de acumulación por desposesión. Aunque el manglar es un bien del Estado, grupos económicos poderosos encontraron medios legales para obtener concesiones en áreas de manglar y, cuando no las obtuvieron, recurrieron a la posesión arbitraria. Se desplazó en forma violenta a comunidades de recolectores y pescadores de estuarios de sus territorios ancestrales, donde el manglar es fundamental para su seguridad alimentaria.

Según Marianeli Torres, en su libro Conflictos en el ecosistema manglar en la Costa del Ecuador (2021), cifras oficiales y de organizaciones de defensa del manglar afirman que hasta 1999 se habían perdido más del 70 por ciento de los manglares del país. Las provincias más afectadas fueron Guayas y Santa Elena. En octubre de 2008, con el Decreto Ejecutivo 1391, el Gobierno intentó «regularizar» las piscinas camaroneras, pero en la práctica lo que se logró fue dejar en la impunidad cuarenta años de destrucción del ecosistema manglar.

Piscinas camaroneras en terrenos de manglar en el golfo de Guayaquil. Fuente: cortesía de Gustavo Yanez.. 

Las políticas económicas de los gobiernos en las tres últimas décadas no han cambiado esa tendencia. Con el argumento de que la acuicultura industrial genera divisas y empleo, los gobiernos han entregado a este sector generosos créditos, a bajas tasas de interés, con ampliación de plazos y años de gracia para su pago; lo han beneficiado a través de acuerdos comerciales, como con la Unión Europea; le han concedido subsidios al consumo eléctrico y al uso del agua, y han dictado leyes para garantizar su «seguridad jurídica».

Según Torres (2021), hasta el año 2019 se calcula que existían 250 000 hectáreas de piscinas camaroneras en la costa ecuatoriana. Se puede decir, entonces, que la cifra de tala de manglares es muy cercana a esta superficie. Según la Secretaría de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la provincia de Santa Elena, donde se encuentra Olón, en el año 2008, había 1009 hectáreas de piscinas camaroneras, y en el año 2019, 14 516 hectáreas dedicadas a este fin (Torres, 2021). Solo en esta provincia, donde se pretende destruir un pequeño relicto de manglares, la superficie destinada a piscinas camaroneras se incrementó en 1339 por ciento. El aumento del área dedicada a estas piscinas equivale a… ¡13.507 canchas de fútbol!

Según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (2019), la producción camaronera nacional pasó de 151.000 TM, en 2010, a 645.000 TM en 2019 (un incremento del 327 por ciento). Sus ingresos pasaron de 850.000 dólares, en 2010, a 3.890.000 dólares, en 2019 (un incremento del 358 por ciento). ¿Cuál es el precio que pagó la naturaleza y las generaciones futuras por esta rentable actividad extractiva?

La esperanza tiene dos alas: la ley y la organización

A más de los instrumentos legales que se han mencionado en líneas anteriores, la comuna cuenta con, al menos, tres más a los que pueden recurrir. En primer lugar, el Código Ambiental del Ecuador (2017), que en su artículo 103 sostiene que el ecosistema manglar es un bien del Estado, que no es susceptible de posesión o cualquier otro medio de apropiación, que las comunidades ancestrales pueden solicitar la custodia y uso sostenible del manglar.

En segundo lugar, la Constitución del 2008, que en su artículo 57 garantiza sus derechos colectivos: participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tierras (inciso 6); la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente (inciso 7); ser consultados antes de la adopción de cualquier medida legislativa que pueda afectar sus derechos (inciso 17).

Finalmente, el tercer recurso legal que ampara a la comuna es el Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, que en su artículo 57 sostiene que la extensión de los cauces naturales de una corriente continua o discontinua «estará determinada por el terreno que sea cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias formando parte este terreno del dominio hídrico público». Y en el artículo 58 afirma que las riberas de los cauces naturales forman parte del dominio hídrico público. De hecho, la Ley de Recursos Hídricos, que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pero continúa vigente, señala en su artículo 64, inciso a, que la naturaleza tiene derecho a la protección de sus cauces naturales, y en el inciso c, la preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico.

Se demuestra con esta normativa que la pretensión de construir un muro en la desembocadura del estero y rellenar parte del cauce, alterando su curso, es una ilegalidad arbitraria. Además, incrementa el riesgo de inundaciones y daños materiales a barrios vecinos cuando se produzcan lluvias fuertes o retorne el fenómeno de El Niño.

Más allá del amparo que otorga el marco legal a los comuneros, los principales actores en este conflicto destacan que la mayor fortaleza para defender la naturaleza y el ambiente es la organización comunitaria. Así, Simón Velasco, vocero de la comuna, sostiene que «esta lucha demostró que la gente tiene un alto nivel de compromiso con el tema ambiental. Estamos dispuestos a no permitir este atropello. Hemos dormido en el sitio, relevándonos turnos de vigilancia. Recibimos apoyo de diverso tipo, de todo el pueblo y de organizaciones nacionales. Esa es nuestra mayor fortaleza. La gente no cree en la palabra de Vinazin. Seguimos alerta. Tenemos que seguir amparándonos en lo legal». Por su parte, Andrea Fiallos, directora de fundación La Iguana concluye: «Olón no es sólo playa. Es mar, es bosque y es su gente. Eso lo hemos trabajado durante años. Eso la gente lo tiene clarísimo. Las empresas con el poder y la plata que tienen pueden hacer lo que quieran, pero nosotros tenemos toda la documentación que prueba que lo que están haciendo es ilegal y es un atentado contra el futuro de la naturaleza y la gente».