España: Plataforma civil en defensa de la Ley de Costas

La Plataforma “No a Nuestra Costa” es una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma. Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a Nuestra Costa” la Ley de Costas es una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.

La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o CGT, entre otras. Desde Alba Sud nos hemos sumado también a esta iniciativa.

“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.

Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la actual Ley de Costas en www.noanuestracosta.org

La situación de nuestra costa actualmente

La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos que recoge el artículo 132 de la Constitución española. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa.

En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Desde la plataforma se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.

La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno. El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino para salir de la crisis.