El turismo en la Soberanía Alimentaria

La expansión de las actividades turísticas en diversas partes del mundo, especialmente entre las nuevas “periferias del placer” en el Sur Global, y en zonas tradicionalmente orientadas hacia la agricultura, la ganadería o la pesca en manos de familias campesinas y pescadoras ha intensificado el debate sobre la relación entre turismo y desarrollo rural. Pero esta discusión no puede abordarse sin tener primero en cuenta el conflicto existente entre dos modelos de entender el futuro de la agricultura, la producción de alimentos y el campesinado, cuestiones centrales para cualquier análisis de la ruralidad.

El turismo en la confrontación entre agroindustria y Soberanía Alimentaria

En el ámbito rural domina un modelo de inspiración neoliberal, impulsado por las grandes empresas transnacionales de la agroindustria, basado en la producción intensiva para la exportación. Su lógica es que cada territorio debe especializarse en aquellas actividades que le permitan tener ventajas comparativas con respecto a otras zonas del planeta en una economía fuertemente globalizada. La prioridad de la agricultura, por tanto, será el cultivo de productos sustituibles para mercados lejanos. Esto hace que producir alimentos para las poblaciones del lugar en el que se cultiva no tenga un especial interés. Existe también una tendencia en ascenso a que corporaciones extranjeras controlen la producción en determinados territorios con el fin de garantizar su posterior exportación a los mercados que más les interesen, lo que da lugar al fenómeno del land grabbing. Pero ni tan siquiera los alimentos tienen un carácter preferente, ante la mayor rentabilidad que pueden ofrecer en determinadas circunstancias otros productos, como es el caso por ejemplo de los agrocombustibles.

Este modelo requiere el uso intensivo de la tierra, el empleo de agrotóxicos, semillas transgénicas, maquinaria pesada, etc. La incentivación de la producción agropecuaria hacia la exportación promueve que se vendan productos alimentarios en otros mercados por debajo de sus costes de producción (dumping), hundiendo así a las economías locales. Ante las situaciones de inseguridad alimentaria en una determinada zona o región se considera que, en realidad, esto no es un problema fundamental y que los alimentos necesarios se pueden trasladar de otras áreas donde sea más barato producirlas y adquirirlas. En este contexto la unidad familiar campesina se convierte en un anacronismo que tiende a la desaparición por ineficiencia [1].

Bajo esta misma lógica de especialización territorial se encuentran también otras actividades orientadas igualmente al mercado internacional, como el extractivismo (petróleo, minerales, madera, etc.) [2] o el mismo turismo, del que nos ocupamos en este artículo. Por una u otra vía, la población rural afectada se ve presionada a participar en estas actividades de un modo subordinado a los intereses y estrategias de los grandes capitales y en condiciones altamente precarias, o bien a abandonar sus lugares de origen y buscar empleo en otras partes. La expansión de estos modos de desarrollo rural ha supuesto una agresión frontal contra la agricultura familiar campesina.

Por su parte las organizaciones rurales, articuladas internacionalmente a través de La Vía Campesina, han formulado y defendido otro modelo, basado en la Soberanía Alimentaria y en una concepción de la alimentación como derecho humano fundamental, y no una simple mercancía. El Primer Foro Mundial de Soberanía Alimentaria celebrado en La Habana el año 2001 definió este nuevo concepto del siguiente modo:

“el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamenta”. Por el derecho de los pueblos a producir, a alimentarse y a ejercer su Soberanía Alimentaria. Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria, La Habana, 7 de septiembre de 2001.

Desde esta perspectiva, la economía familiar campesina, la agricultura orgánica, la producción de alimentos para mercados próximos, las semillas criollas, la diversificación productiva y la complementariedad entre distintas actividades adquieren una nueva centralidad en una estrategia de revalorización del  campesinado. La Soberanía Alimentaria se propone como la base para otro modelo de desarrollo rural de carácter integral.

Los impactos del turismo en el mundo rural

El avance de las actividades turísticas en el ámbito rural dentro del enfoque neoliberal supone una nueva fuente de dificultades para las economías campesinas y pesqueras. Refuerza la lógica del modelo agroindustrial, con territorios especializados y poblaciones rurales desplazables en función de una dinámica económica globalizada dirigida por una élite económica internacionalizada. El turismo, o mejor dicho los diferentes tipos de turismo, se introducen en un contexto rural marcado por este conflicto esencial entre estas dos formas de desarrollo: la agroindustria y la Soberanía Alimentaria.  

La especialización territorial de carácter turístico, ya sea por cuestiones de ubicación estratégica o valor paisajístico, puede entrar en contradicción con los intereses de la población campesina y pescadora de la zona. Este es el caso, por ejemplo, del conflicto que se vive actualmente en Costa Rica entre las comunidades costeras (dedicadas a la pesca, la extracción regulada de recursos naturales, o también al turismo a través de iniciativas comunitarias o de carácter privado a pequeña escala) con las grandes inversiones turístico-residenciales. El creciente interés de los grandes capitales, apoyados por el gobierno de ese país, por los territorios costeros ha provocado un progresivo desplazamiento y reordenamiento de los territorios a través de mecanismos supuestamente participativos, como son los planes reguladores promovidos en el marco de la Ley de Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Frente a este proceso de expulsión de facto de las áreas en las que habían vivido durante años y la imposibilidad de acceder a sus medios de vida, más de sesenta comunidades se organizaron en un Frente Nacional de Comunidades Costeras para formular y presentar ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que les diera seguridad y garantías para que las poblaciones locales pudieran seguir viviendo en la costa. El conflicto en torno a la Ley de Territorios Costeros Comunitarios pone claramente en evidencia dos visiones contrapuestas de cómo concebir el desarrollo rural en zonas costeras [3].

El crecimiento turístico bajo la lógica dominante comporta un proceso de usurpación y degradación de recursos esenciales para el funcionamiento de las economías campesinas, como la tierra, el agua o el entorno natural.

La competencia por la tierra es el primer gran impacto que sufren las economías campesinas cuando en una determinada área inicia este tipo de desarrollo turístico. Los procesos de desposesión pueden tener lugar por medios diversos: mecanismos de planificación y reordenamiento territorial (como se ha descrito para la zona costera de Costa Rica), y que en ocasiones han derivado en coerción y ejercicio de violencia manifiesta, o a través también de la presión del mercado. En este sentido, los procesos especulativos sobre el valor de la tierra favorecen la transformación de los espacios agrarios en suelo urbanizable. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se vivió en el municipio costero de Tola, en Nicaragua, y uno de los principales focos de especulación turístico-residencial de la región, donde el precio de la tierra pasó en poco más de dos años, entre 2005 y 2007, de algo menos de 50.000 dólares la manzana (0,7 hectáreas) a más de 250.000. Para las familias y cooperativas campesinas resultó muy difícil no vender sus tierras, aunque luego terminaran sin nada o trabajando de nuevo en ellas como peones o guardias de seguridad [4].

La construcción y funcionamiento de las nuevas áreas turísticas va acompañada de una gran demanda y consumo de agua vinculada tanto al uso particular que hacen sus clientes como al mantenimiento de infraestructuras y servicios (riego de jardines y campos de golf, piscinas,…). Esta demanda turística entra a menudo en contradicción con otras necesidades, tanto agrícolas como domésticas, por lo que el control de los recursos acuíferos se convierte en un tema estratégico. En la provincia de Guanacaste, en Costa Rica, uno de los principales territorios turístico-residenciales del país, esta situación ha llegado a tal punto que las autoridades de la Iglesia Católica hicieron referencia a ella en una carta pastoral de Monseñor Victorino Girardi, de la diócesis de Tilarán-Liberia, quien manifestó: “Con dolor constatamos que mientras en varias comunidades costeras santacruceñas en el verano escasea el recurso hídrico de forma alarmante no sucede lo mismoen los hoteles vecinos, donde el agua no es racionada y se desperdicia abundantemente” [5]. Esto llevó al obispo a reclamar una moratoria para todos aquellos proyectos que exigían mucha agua, para revisar bien cómo se estaba distribuyendo, y otra específicamente para las iniciativas turísticas, con el fin de evaluar su impacto antes de permitir la instalación de más cadenas hoteleras.

Esta contradicción de intereses ha derivado en una serie conflictos que han adquirido una gran notoriedad en los últimos años, con casos emblemáticos como los del intento de control del acuífero del río Nimboyores por parte del Hotel Meliá Conchal – Reserva Conchal, o del de El Sardinal por un grupo de empresarios que, con apoyo del gobierno, pretendían construir un acueducto que llevara agua a los proyectos turístico-residenciales en Playa del Coco y Playa Hermosa. La gravedad de los hechos hizo que Naciones Unidas, a través de su Consejo de Derechos Humanos, emitiera un Informe en el que instaba “al Gobierno a adoptar todas las medidas apropiadas para asegurar la participación eficaz de las comunidades afectadas en la vigilancia de la aplicación de ese proyecto, con miras a asegurar la gestión y utilización sostenibles del acuífero de Sardinal” [6].

El modelo turístico dominante, a pesar de autopublicitarse como una “industria sin chimeneas”, genera importantes y graves impactos ambientales, que transforman, degradan y artificializan los entornos naturales, en un proceso de adecuación y homogeneización del paisaje en función de unos determinados imaginarios publicitarios y comerciales. Una situación común y recurrente es la destrucción de los manglares. Estos hábitats no solo son vitales para reducir la vulnerabilidad ante determinados fenómenos naturales, como tsunamis, sino también como productores de vida animal y vegetal. Su desaparición, común en las informaciones sobre la construcción de nuevos enclaves turísticos en zonas vírgenes, afecta de forma muy importante los entornos y medios de vida de los pescadores artesanales. Un ejemplo reciente, especialmente llamativo por las dimensiones de su despropósito, lo encontramos en una de las propuestas del empresariado turístico salvadoreño, agrupado en la Asociación de Desarrolladores Turísticos Costero Marinos (PROMAR), que entre las iniciativas para las que reclamaba el apoyo público se encontraba la construcción de un aeropuerto sobre la Isla Perico, en el Golfo de Fonseca, en un espacio protegido y con una importante presencia de manglar. Dichosamente estas demandas chocaron con la posición del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que, contrariamente, ha apostado por la protección del manglar y la reactivación de la pesca artesanal [7].

Por otra parte, el acaparamiento de recursos esenciales y la degradación de los ecosistemas por la penetración de los grandes capitales turísticos está provocando también una ruptura de la territorialidad de las comunidades rurales. Éstas no viven únicamente en los límites de las parcelas de su propiedad, si no que ocupan y se reproducen, tanto material como culturalmente, en espacios más amplios que son los que permiten su articulación colectiva. El cierre de caminos tradicionales o el desplazamiento y alejamiento de sus medios de vida, como es el caso de las poblaciones de pescadores trasladadas tierra adentro para facilitar la orientación turística de las costas, asfixia el funcionamiento de las comunidades rurales.

A este proceso de usurpación y desestructuración se suma la acentuación de los desequilibrios territoriales que supone potenciar la especialización turística bajo el dominio de los grandes capitales sobre otras alternativas productivas. Uno de los principales factores causante de este desequilibrio es una política presupuestaria que a través de inversiones en infraestructuras y servicios, formación, incentivos fiscales, etc., concentra los recursos públicos hacia unos territorios bajo un determinado modelo y, por el contrario, desatiende las necesidades de las economías familiares campesinas y pescadoras. El resultado final es que unas áreas son potenciadas frente a otras, que progresivamente se ven marginadas, o que sean transformadas y parte de sus poblaciones desplazadas.

La consecuencia progresiva de este tipo de desequilibrios territoriales es el incremento de los movimientos de población de zonas agrícolas empobrecidas hacia nuevos centros de desarrollo turístico. Esto es especialmente agudo en los trabajos de la construcción de las infraestructuras turísticas. Es el caso, por ejemplo, de los nicaragüenses en Guanacaste (Costa Rica), haitianos en Punta Cana y Bávaro (República Dominicana) o centroamericanos y chiapanecos en Cancún y Riviera Maya (México). En una segunda fase se focaliza también en trabajos de baja calificación y remuneración en torno a los servicios turísticos (limpieza, cocina, seguridad, jardinería, animación, etc.) y las economías generadas en estos nuevos centro urbanos asociados al turismo, lo que conocemos como “espacios de reproducción”. La depauperización de amplias áreas agrícolas es lo permite que la industria turística disponga de abundante mano de obra que puede mantener en condiciones de precariedad. Este tipo de dinámicas acaba afectando el relevo generacional y favoreciendo los procesos descampesinización.

¿Qué hacer?

En este contexto, el campo de acción con respecto al turismo en áreas rurales desde una posición favorable a la Soberanía Alimentaria podría contemplar una doble vía de intervención [8]. Por una parte, hacer frente a modelos turísticos que por distintas vías supongan una amenaza a las economías familiares campesinas y pesqueras, y que por tanto limiten sus posibilidades de desarrollo. Por otra parte, sería necesario promover también un turismo que fuera protagonizado y controlado por familias y comunidades campesinas y pesqueras, e integrado en una estrategia de diversificación y complementariedad de sus fuentes de ingresos.

Hasta el momento este primer vector de la relación entre turismo y Soberanía Alimentaria ha sido asumido con mayor facilidad por las organizaciones y movimientos sociales de carácter alternativo. De este modo, la agenda de las resistencias se amplía con bastante coherencia. Sin embargo ha sido difícil integrar la otra perspectiva en los debates sobre la Soberanía Alimentaria. En parte porque el turismo en áreas rurales es una actividad no tradicional, ajena a los saberes y prácticas comunes del campesinado, pero también porque su introducción ciertamente se encuentra con un terreno en disputa entre diferentes intereses y concepciones de cómo hacerlo, algunas de las cuales no siempre son coincidentes con los postulados de la Soberanía Alimentaria. Y lo cierto es que en el turismo rural que involucra al campesinado no es oro todo lo que reluce.

La pregunta fundamental, por tanto, será qué es lo que puede aportar un turismo controlado y desarrollado por las propias poblaciones rurales, a través de sus diversas formas de organización colectiva, en esta defensa de la Soberanía Alimentaria. En este sentido podemos destacar algunos elementos, tanto para las propias poblaciones rurales directamente involucradas como para el conjunto de la sociedad, que nos animan a proponer la necesidad de fortalecer la relación entre este tipo de actividad económica y la lucha por la Soberanía Alimentaria.

El turismo gestionado y controlado por las familias campesinas y pescadoras, puede ser un modo de aumentar sus ingresos y diversificarlos, generar empleo rural, capitalizar el campo, poner en valor la cultura campesina en un sentido amplio y estimular el desarrollo en los propios territorios. Todo esto puede contribuir a consolidar un mundo rural vivo, con población rural productiva y arraigada en sus territorios. No se concibe como una forma de sustituir las actividades agropecuarias tradicionales, si no como una vía para complementarlas, en un marco amplio de entender la plurifuncionalidad. Desde esta perspectiva, el turismo generaría cierta percepción de mejora potencial, especialmente relevante para las jóvenes generaciones, lo que desincentivaría sus necesidades de emigrar, y reducir de algún modo los procesos de descampesinización.

Por otra parte, un acercamiento vivencial y respetuoso de pobladores urbanos al campo a través de este tipo de iniciativas aviva un movimiento cultural amplio, de valoración de lo rural y de la cultura campesina. Este tipo de turismo juega un papel de puente, de facilitador cultural entre dos mundos que se necesitan mutuamente. En una estrategia de Soberanía Alimentaria tejer este tipo de complicidades es fundamental.Los movimientos de cooperativas de consumo de pobladores urbanos que establecen relaciones directas con los productores rurales podrían encontrar en esta confluencia un socio estratégico.

Desde otra perspectiva, la consolidación de un mundo rural en el que predominan familias campesinas con mejores condiciones y perspectivas de vida, produce otro tipo de efectos positivos de carácter global, de los que se beneficia la mayoría de la sociedad. Es una población rural que, en este escenarios, puede generar “servicios ecosistémicos” [9], como la producción de alimentos para el mercado local y nacional, la provisión de agua, la creación de espacios para la memoria colectiva o el cuidado y conservación del entorno natural, entre otros.

Las formas organizativas que adopte este turismo en manos de las poblaciones rurales varía enormemente, en función del contexto y las características históricas de las formas de organización comunitarias propias de cada lugar. En algunos países de América Latina ha predominado el Turismo Comunitario o iniciativas campesinas de carácter familiar, en Europa ha prevalecido el Agroturismo (que en realidad está muy lejos de otras formas de turismo rural, que poco o nada tienen que ver con la economía familiar campesina).

En cada lugar son las poblaciones rurales articuladas productiva y culturalmente en sus territorios las que deben ir encontrando las formas de organización y alianzas más adecuadas a sus intereses. En este proceso sería deseable que las organizaciones campesinas no perdieran de vista la necesidad de potenciar un “turismo de proximidad”, que redujera el consumo energético invertido en el transporte, especialmente aéreo y de larga distancia. Experiencias exitosas como la Finca de los Hermanos Cerrato, en Estelí, Nicaragua, entre muchas otras, muestran las posibilidades de un modelo turístico comunitario basado en su mayoría en una clientela nacional residente en la misma zona (a menos de una hora del casco urbano más cercano en este caso). La finca combina una amplia producción orgánica diversificada, de alimentos y plantas ornamentales, con la ganadería y elaboración de productos alimenticios derivados de la leche, así como los servicios turísticos [10].

Igualmente sería recomendable que su oferta se orientara tomando en cuenta las capacidades económicas de la mayoría de la población de sus propios países, y evitar así las tendencias a la elitización de la oferta turística rural, en la que se acaba beneficiando solo a una clientela de mayor poder adquisitivo [11]. En El Salvador, por ejemplo, encontramos iniciativas comunitarias, como el Bosque de Cinquera o la Ruta de Paz, que ponen en evidencia las potencialidades de un turismo orientado hacia segmentos sociales de ingresos bajos o medios.

La creciente turistización global a la que asistimos, también en numerosas áreas rurales que se ven afectadas directa o indirectamente por esta actividad, hace necesario una mayor reflexión del fenómeno turístico desde los enfoques favorables a la Soberanía Alimentaria. Cada día resulta más difícil no tomar en cuenta el turismo como factor clave en la redefinición de la ruralidad. Potenciar un mayor control y capacidad de decisión de las poblaciones rurales sobre sus territorios y recursos, también ante el turismo, supone un reto fundamental.

Notas: