A tres años del golpe, el poder en Honduras sigue en manos de los golpistas

El 28 de junio de 2009, Honduras despertó en medio de una pesadilla. El presidente Manuel Zelaya había sufrido un golpe de Estado e fue forzado a abandonar el país durante la madrugada. La crisis iniciada con el golpe afectó profundamente la sociedad hondureña, que hasta hoy no se ha recuperado de este trágico evento.

Para Víctor Meza, director del CEDOH (Centro de Documentación de Honduras) y ex ministro del interior durante el gobierno de Zelaya, el golpe atentó contra el estado de derecho. “Fue una barbarie cometida por una banda delincuencial conformada por militares mercenarios y grupos empresariales ultraconservadores”, afirmó.

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Esa visión fue confirmada por la oficialista Comisión de la Verdad y la Reconciliación, presidida por el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein. Esta instancia señaló en su informe final que el Congreso Nacional “no tenía atribuciones para destituir al presidente de la República, ni para nombrar al sustituto”. En ese sentido, el nombramiento de Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras “fue ilegal y su gobierno fue un gobierno de facto”.

La ruptura del orden constitucional, el consecuente aislamiento internacional, la reversión de las principales reformas impulsadas por Zelaya, así como la remilitarización de la sociedad y el desenlace de una crisis política, económica y social sin precedentes, llevaron el país al borde del colapso.

El desacreditado proceso electoral que, en noviembre de 2009, llevó Porfirio Lobo a la presidencia y la firma de los Acuerdos de Cartagena, que en mayo de 2011 abrieron paso al regreso del ex presidente Zelaya al país, no sirvieron para normalizar la situación y recuperar el orden constitucional.

Para el miembro de la Comisión Política del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular), Carlos H. Reyes, el golpe no sólo persiguió el objetivo de profundizar el modelo neoliberal y posesionar a los grupos oligárquicos del control del Estado, sino que trató de frenar las reformas impulsadas con el apoyo de las fuerzas sociales del país.

“Todo eso generó un gran retroceso que se ha agudizado con la aprobación de leyes que han venido a atropellar los derechos de los obreros, campesinos y sectores populares en general. Han aprovechado la coyuntura para seguir concesionando nuestros recursos naturales, extender los beneficios para las grandes transnacionales y privatizar los servicios públicos”, dijo Reyes en una entrevista con Opera Mundi.

Para Eugenio Sosa, analista político hondureño, “las instituciones están erosionadas y deslegitimadas ante la población por su incapacidad para hacerle frente a las grandes problemáticas que afectan al país. Los datos son dramáticos y la mayoría de la gente convive con un sentimiento creciente de inseguridad y desesperación”.

En 2011, Honduras registró una tasa anual de homicidios de 86.5 por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que la media latinoamericana y diez veces más que la media mundial establecida por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Durante la gestión de Porfirio Lobo se registraron casi 13 mil muertes violentas, es decir casi 20 víctimas diarias. Uno de los gremios más afectado ha sido el periodístico. En total, 29 periodistas fueron asesinados en los últimos años, 24 de los cuales durante el mandato de Lobo.

Además, el conflicto agrario que afecta el norte del país - de manera particular la zona del Bajo Aguán - ha dejado un saldo de casi 50 campesinos organizados asesinados después del golpe. En el mismo periodo fueron asesinados 68 miembros de la comunidad LGBT (Lésbico, Gay, Bisex y Transexual), 46 de los cuales durante la actual administración.  Hasta el momento ninguno de estos delitos ha sido esclarecido y en el país impera la más total impunidad.

“Hay actores invisibles, como el crimen organizado y el narcotráfico, que han permeado todas las instituciones y poderes del Estado. Después del golpe han aprovechado de la debilidad institucional para asentarse más, como es el caso dramático de la policía”, explicó Sosa.

Derechos Humanos

De acuerdo con datos del COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) después del golpe de Estado se registraron más de 12 mil violaciones a derechos humanos fundamentales, incluyendo 2.189 femicidios y el asesinato de 7.315 jóvenes.

De 2011 hasta la actualidad, la organización de derechos humanos reportó 1.693 derechos violados, entre los cuales destacan 138 entre asesinatos políticos o por autoría sospechosa, 23 asesinatos por conflicto de tierra, 16 desapariciones, 81 atentados, 334 amenazas de muerte, 108 casos de tortura y tratos crueles, 10 secuestros y 818 detenciones ilegales.

“El golpismo sigue entronizado en el país y hay total impunidad. Tenemos un Estado colapsado y una institucionalidad fallida que engaveta los casos, mientras en todo el país se agudiza la criminalización de los movimientos sociales, se militariza el territorio y se aprueban leyes que atentan contra los derechos humanos”, dijo Dina Meza, periodista y activista del COFADEH.

Según ella, Honduras está viviendo una crisis de derechos humanos nunca antes vista. “No nos cabe la menor duda de que existe una estrategia para crear el terror en la población y para usar el asesinato político como deterrente para frenar el avance de la protesta social y la creación de alternativas políticas”, manifestó Meza.

Crisis económica

En ese contexto, son inevitables las repercusiones económicas. Para el economista y docente universitario Wilfredo Girón Castillo, el golpe deterioró completamente la economía de Honduras. “El país no produce, el gobierno no ha logrado recuperar su flujo de caja y el único sector que sigue creciendo y acumulando capital especulativo es la banca, pero a costa  del endeudamiento del Estado. Por el contrario, los rubros que generan empleo, como la construcción y el agro, están agonizando”, dijo Girón a Opera Mundi.

De acuerdo con él, la oligarquía nacional sigue controlando la financia y el Estado continúa endeudándose. “El endeudamiento que propició el gobierno de facto con la banca privada para financiar el golpe no sólo puso de rodilla al Estado, sino que se ha intensificado durante estos tres años”, dijo.

Para el economista la única forma de salir de esta crisis es un cambio de modelo económico y político, y la abertura hacia los países de Suramérica.

“Estamos en un callejón sin muchas posibilidades de salida, con un Estado en quiebra y un sector productivo que no produce. Las primeras consecuencias ya las estamos viendo con una clase media que paulatinamente se encamina hacia el empobrecimiento”, dijo Girón.

Expectativas

Pese a esta difícil situación, las fuerzas sociales y populares que integran al FNRP fundaron, en junio de 2011, el partido Libre (Libertad y Refundación) - brazo político de la resistencia hondureña. El nuevo partido, que ya fue inscrito ante las autoridades electorales, desarrollará elecciones internas en noviembre de este año, para escoger a sus candidatos a cargo popular en las elecciones nacionales de 2013.

“En Honduras hubo avances y retrocesos. Estamos en una fase de transición hacia la devolución de las garantías básicas a los ciudadanos y para una reconstrucción plena del tejido institucional que fue violentado y desgarrado por el golpe. Hemos logrado diversificar el espectro político de la sociedad, debilitando el sistema bipartidista, y hay un despertar de conciencia en el sentido que los cambios son posibles y necesarios”, explicó Víctor Meza.

Para Carlos H Reyes, la derecha, asesorada por el imperio norteamericano, no se dio cuenta que, en su afán de contrarrestar las reformas progresistas y las luchas políticas, “creó las condiciones para el surgimiento de focos de resistencia en todo el continente latinoamericano”. En este sentido, cree que a nada serviría tener un partido político y participar en elecciones “si atrás no hay una fuerza social bien organizada que respalde y defienda este esfuerzo”.

El próximo 1 de julio, en la ciudad de Santa Bárbara, al oeste del país, el partido Libre lanzará la candidatura para la Presidencia de Xiomara Castro, esposa del ex presidente Manuel Zelaya. Las elecciones de 2013 van a marcar una nueva etapa para Honduras y la candidatura de Xiomara Castro está generando muchas expectativas, presentándose como una opción real al bipartidismo”, explicó Sosa.

Ante el avance de esta nueva opción político-social, el COFADEH advierte sobre un posible recrudecimiento de la violencia selectiva. “En la medida en que avance el proceso electoral, también va a incrementar la violencia. Ya tenemos siete personas asesinadas que se postulaban a cargos de elección popular para el partido Libre”, alertó Dina Meza.
 

Artículo publicado originalmente en portugués por el diario brasileño Opera Mundi el 27 de junio de 2012.