Democracia tutelada y reapropiación de la política

Desde 2008 la palabra “crisis” forma parte permanente de los discursos sociales y el imaginario colectivo español, y se ha convertido en un pretexto para legitimar la implementación de políticas ultraliberales desde los poderes públicos. Políticas que han deteriorado de forma tan rápida como drástica las condiciones de vida de las mayorías. Mientras este capitalismo global se muestra incompatible con la democracia, y los intereses de la deuda con los intereses de las mayorías, la irrupción de nuevos movimientos ciudadanos revela un renacimiento y una reinvención de la resistencia social.

La democracia tutelada por el poder financiero

Como en muchos países, en el Estado español las normas del capitalismo global se han impuesto sobre las de la democracia. En los últimos años, los mercados financieros se han mostrado como una amenaza cada vez mayor para la convivencia democrática, la soberanía popular y los derechos humanos. Los mercados, con su pretendida desregulación y autorregulación como fuente de equilibrio, han terminado por regular a las instituciones políticas, pauperizando la vida de las personas y aumentando el deterioro del entorno natural. De esta manera, la economía está determinando directamente a los sistemas natural, social y político.

La mayor parte de la dirigencia política del país se adhiere a la ideología en la que los mercados financieros ocupan la centralidad: así, datos como la prima de riesgo o la evolución de las bolsas se convierten en cuestiones centrales de la política cotidiana. Mercados que envían “señales”, que deben bendecir con su “confianza” las políticas económicas, que “castigan” o “premian” en función de que las decisiones políticas sean más o menos beneficiosas para sus intereses, exclusivamente especulativos y de corto plazo.  

Durante los primeros años del Siglo XXI, el poder financiero (junto a las agencias de calificación de riesgos a través de la sobrevaloración de activos y solvencias, y otros factores como los bajísimos tipos de interés de la Reserva Federal y la extrema desregulación financiera) generó burbujas y promovió una fiebre especulativa sin precedentes. Cuando esta burbuja explotó, los mismos que ganaron con el apogeo quieren seguir ganando con la caída, haciendo rentable tanto el optimismo de la bonanza como el pesimismo de la crisis.

Aunque para que puedan seguir ganando es imprescindible la connivencia de los poderes políticos de los países centrales, que ceden la autonomía, abandonan sus obligaciones como representantes de la ciudadanía y ponen en marcha políticas de corte ultraliberal respondiendo únicamente a los intereses del poder financiero y económico global. Un desplazamiento de los ejes de poder que se materializa con la implementación de medidas cuya premisa es el ajuste estructural del Estado para liberar divisas destinadas al pago de una deuda ilegítima, que además es cada vez mayor, inducida por el propio poder financiero.

Las grietas del relatodominante

Esta embestida ultraliberal sobre la democracia ha exigido la construcción de un storytelling, bajo el paradigma del pensamiento económico dominante, con el objetivo de legitimar las medidas de recorte y sus graves consecuencias sociales, económicas y ambientales. Desde 2008 se han introducido con fuerza en la opinión pública y el imaginario colectivo un conjunto de ideas pretendidamente incuestionables, aunque con una fuerte carga ideológica y ficcional.     

Uno de los relatos más trillados es que “se ha vivido por encima de nuestras posibilidades”. En este marco, se insiste en que la deuda del Estado español se debe al “excesivo gasto público” y al “despilfarro” producido en los tiempos de bonanza, lo que exige un recorte brutal del gasto público para generar la “confianza de los mercados” y así poder bajar la prima de riesgo.  

No obstante, la causa más importante de la elevada deuda pública española tiene que ver con la hegemonía de la banca y un sistema de gobierno acorde con sus intereses: el Banco Central, en lugar de actuar como tal, ha operado como un lobby financiero europeo. La ecuación es sencilla: si el Estado hubiera podido contar con préstamos del BCE al 1% de interés (lo que paga la banca por este mismo dinero) la deuda pública sería hoy un 14% del PIB en lugar de un 90% (Navarro, 2012) [1]. Además, a pesar de existir un fraude fiscal estimado en 80 mil millones de euros, el Gobierno central recorta en partidas como sanidad, educación, política social, igualdad, I+D+i, etc., y declara una amnistía fiscal a los grandes defraudadores. Por otra parte, de la deuda española generada en 2010 el 32% correspondía al sector financiero y el 31% a las grandes empresas, principalmente del sector de la construcción. Además, el gasto público español social por habitante y el gasto en protección social fueron durante los tiempos de bonanza muy inferiores a la media de la UE, 20% y 18%, respectivamente (Eurostat, 2009).

Entonces: ¿quién ha vivido por encima y de qué posibilidades? Los procesos especulativos en materia urbanística, inmobiliaria o financiera, los ingentes beneficios de las empresas transnacionales, los planes de pensiones, las enormes remuneraciones y primas a directivos o el reparto de exorbitantes dividendos a accionistas de banca y grandes empresas, o el “rescate” de la banca con dinero público (y la complicidad de los poderes públicos con todo este proceso) sí son ejemplos de vivir por encima de las posibilidades. No así, la inversión pública que repercute directamente en la consecución de derechos sociales.

Esto conduce directamente al segundo relato: “la austeridad del Estado es el único camino para salir de la crisis”. En un contexto de recesión cercano a la depresión, aplicar el recetario de la Troika (Estado mínimo, políticas de desregulación, liberalización y privatización, etc.) conduce a profundizar la descomposición social. Ejemplos de ello son el impacto negativo que están teniendo las “políticas de austeridad” sobre el empleo (OIT, 2012) o sobre las rentas más bajas. Una “austeridad” que lleva a lo que Paul Krugman llamó “círculo vicioso de reducción de las posibilidades” (Krugman, 2012). Es decir, en un sentido contrario a este relato,  la “austeridad” supone un agravamiento de la crisis social.

El tercer relato, el que más aceptación tiene, es que “hay que volver al crecimiento económico para salir de la crisis”, la sociedad debe seguir por la vía del consumismo para que la economía vuelva a crecer y a generar empleo. Al respecto, cabe señalar que el Estado español se encuentra entre los 20 países del mundo que más presión ejercen sobre la naturaleza, lo que se refleja en su huella ecológica. La biocapacidad global del territorio en 2010 se había superado 3,5 veces (WWF, 2011). En segundo lugar, dos de los pilares del modelo económico español con fuerte nivel de crecimiento han sido la construcción y el turismo de masas, dos sectores altamente impactantes. 

¿Es posible volver a la senda del crecimiento y hacerlo de forma indefinida? La insostenibilidad del modelo de producción y consumo admite pocas dudas, ya que existen límites biogeofísicos irrefutables. Este mito ha contribuido a sostener la idea de la posibilidad del crecimiento ilimitado en un planeta de recursos limitados, de acceso infinito al consumo, al desplazamiento, a las fuentes de energía, a la generación de residuos, obviando los límites de inputs y de outputs. En las antípodas de este relato, el decrecimiento económico del Norte es una imperiosa necesidad para evitar el cada vez más próximo colapso ecológico, climático y energético. 

En definitiva, este storytelling dominante pretende imponer una narrativa que llama “crisis financiera” a lo que en realidad es una estafa, y oculta una crisis social, política y ambiental cada vez más apremiante. Una crisis múltiple y sistémica a la que estos relatos hacen caso omiso.

Retrato de una descomposición social

Como consecuencia de la aplicación de este recetario ultraliberal, en muy poco tiempo el grueso de la sociedad comenzó a sufrir los efectos de esta sumisión de la democracia a los intereses del poder financiero. En el caso español, el desmantelamiento del incipiente Estado del Bienestar “mediterráneo” en nombre de la crisis financiera viene produciendo cambios rápidos y profundos en la realidad social, económica y ambiental del país.

Algunos datos pueden ilustrar este escenario en el que el estallido social parece cada vez más cercano. Las problemáticas más visibles son la pobreza y el desempleo. La tasa de pobreza económica en el Estado español supera el 25% (Fundación Luis Vives, 2011) y desde 2007 la proporción de hogares sin ingresos ha aumentado un 50% (Fundación FOESSA, 2012). En octubre de 2012 el desempleo volvió a marcar récords históricos: 5,78 millones de personas, más del 25% de la población activa (y más del triple de lo registrado en 2007), 1,74 millones de hogares con todos sus miembros en paro y una tasa de paro juvenil del 52% [2] (INE, 2012). Menos empleo y más precario, con 2 reformas laborales en 3 años, bajo el paradigma de la “flexibilización laboral”.

Pobreza y desempleo que ahogan especialmente a ciertos sectores: la tasa de pobreza en 2012 alcanzó al 43,5% de inmigrantes no comunitarios, más del doble de la media general (Cáritas, 2012), entre 2008 y 2011 el desempleo afectó a inmigrantes el doble que a nacionales y el porcentaje de hogares de inmigrantes con todos sus miembros en paro es un 37% superior a los autóctonos. Asimismo, ha crecido la brecha salarial entre la población autóctona y extranjera: entre 2006 y 2010 el salario medio real de españoles creció un 0,8% y el de extranjeros cayó un 10,6% (OIM, 2012). Por otro lado, el crecimiento del paro afecta más a las mujeres: en el tercer trimestre de 2012 hubo 75.500 nuevas desempleadas, frente a 9.500 hombres (INE, 2012).

Por otra parte, la “burbuja inmobiliaria” también explotó sobre los derechos de las mayorías: las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en cuatro años y, sólo en el primer trimestre de 2012, se realizaron más de 46 mil desahucios, lo que supone 510 desalojos diarios (Muñiz, 2012).

En este contexto, entre 2010 y el primer semestre de 2012 el presupuesto de los Servicios Sociales fue reducido un 65,4%, lo que aumenta sensiblemente la situación de indefensión y falta de contención de los estratos cada vez más empobrecidos, y cada vez más numerosos, de la población. Este repliegue de los sistemas de protección social, sumado al desgaste de los mecanismos de protección familiar (Cáritas , 2012), amenazan aún más la ya menoscabada cohesión social [3].

Sin embargo, una minoría se ve beneficiada con esta situación. En el Índice de Gini, coeficiente que mide las desigualdades, el Estado español se encuentra tercero por la cola en la UE. El valor de la desigualdad en el país en 2011 llegó a 34 puntos, 4 puntos por encima de la media europea. Según Eurostat, la desigualdad en la sociedad española es actualmente la más elevada desde que ésta se calcula. Mientras que más gente sufre la pobreza, en paralelo las grandes fortunas siguen incrementándose. Por ejemplo, las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) [4] crecieron más del 10% en el primer semestre del año, la venta de coches de lujo creció un 80%, (mientras que la venta de coches en general descendió un 20%) y la industria del lujo creció un 20% en 2011 y prevé un aumento del 14% en 2012 (ABC, 2012).

La percepción y el estado de ánimo de la mayoría son coherentes con este retrato: el paro y la situación económica son las principales preocupaciones del 90%, mismo porcentaje que considera que la situación económica en general y su situación en particular es mala o muy mala. A su vez, el 73% cree que dentro de un año estará igual o peor (CIS, 2012). El suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte violenta en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, con un aumento considerable en 2011. Los motivos principales han sido, precisamente, el desempleo, la pobreza o el desahucio (Pérez Navarro, 2012).

La crisis también está agudizando las actitudes y conductas xenófobas en el territorio: según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se está potenciando la imagen de la migración como un “excedente indeseable del que convendría deshacerse”. Además, entre 2007 y 2010 el porcentaje de la población que estaba a favor de la expulsión de los inmigrantes pasó del 12 al 20%, y quienes consideraban que los que llevaran mucho tiempo desempleados deberían abandonar el país pasó del 39% al 43% (OIM, 2012). 

Por otro lado, existe un retroceso en la política medioambiental amparado en esta misma excusa, la “crisis”. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente de replantear la Ley de Costas para "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales" (Cinco Días, 2012) [5]. En este caso, los intereses del poderoso sector turístico avanzan sobre la legislación proambiental, asegurando el futuro deterioro de zonas protegidas de alto valor ecológico en las costas del Estado. Con la excusa de reactivar la actividad económica, el Gobierno central está revisando el marco normativo sobre la protección del medio natural, la red de Parques Nacionales y la Red Natura 2000 y una reforma del Plan Hidrológico Nacional. Es decir, la protección del medioambiente se considera un “obstáculo” para salir de la crisis a través de la fórmula ultraliberal.

De esta manera, los mismos mercados que causaron esta estafa llamada “crisis financiera” imponen su ley sobre la democracia, la sociedad y sus derechos, para promover una mayor desigualdad, la explotación de las personas y la naturaleza para devolver una deuda ilegítima: para seguir ganando mientras todos los demás pierden. Una parte creciente de las clases medias comienza a despertarse entre sobresaltos de este sueño de “progreso” que ha mutado en pesadilla ultraliberal. Los mercados, antes vistos como fuente de la satisfacción de prácticamente todo, comienzan a percibirse como una amenaza para la satisfacción de necesidades básicas, la sostenibilidad ambiental y los derechos fundamentales de cada vez más personas. Mientras el Estado ha abandonado el papel de equilibrador que le concedía el sistema.

Dos democracias como fuerzas contrapuestas

A partir de 2011 comenzaron a configurarse fuerzas contrapuestas en el escenario sociopolítico español. La primera, ultraliberal y con el control del poder ejecutivo y legislativo con mayoría absoluta, tiene una fuerte contrapartida en las calles, con el nacimiento y la articulación de colectivos, movimientos, plataformas y organizaciones que dan una respuesta a las distintas aristas de esta situación. La democracia representativa parece entrar también en crisis, frente a una democracia participativa y radical que la pone en cuestión.

Un escenario de conflicto como motor que viene impulsando capacidades y actitudes de crítica, creación, reivindicación y acción, hacia la transformación de la realidad. Organizaciones, colectivos y movimientos nuevos y preexistentes configuran el despertar de una renovada resistencia, que (re)toma los espacios públicos para debatir, proponer alternativas y reclamar participación en aquellas decisiones que rigen sus vidas. Movimientos diversos y heterogéneos, con consignas sobre democracia participativa, igualdad, justicia y equidad en la distribución de la riqueza y el poder social, desmantelamiento del poder financiero y una salida justa de la crisis.

Varios de estos movimientos han surgido en respuesta a su condición de víctimas directas del ultraliberalismo o a partir de percibir su propia realidad pauperizada, y se han ido armando ideológica y políticamente en busca de propuestas que miran hacia esta transformación. Una creciente conciencia colectiva crítica que asume como idea clave que no existen soluciones desde el capitalismo, ni innovaciones posibles que permitan que desde el propio sistema surja una alternativa a sí mismo. Lo que se necesita es una nueva forma de organización social, política y económica que ponga la vida en el centro, un nuevo tipo de relación entre sujetos económicos e institucionales, entre capital y trabajo, en el marco de unas relaciones de género equitativas, que garanticen la sostenibilidad. No se trata de cambiar, se trata de empezar a hacer las cosas de nuevo, y desde abajo.

El 15 de mayo de 2011 la resistencia social recibió un impulso y una reconceptualización imprescindibles, y a través de un poroso 15-M se incorporaron a la movilización miles de personas en el territorio. A partir de entonces se vienen abriendo luchas que nacen donde se producen las necesidades, pero con una mirada de alcance global, y con prácticas políticas apoyadas en modelos horizontales, autogestionarios, deliberativos, inclusivos y reticulares. Se unen nuevas y viejas formas de organización, de acción y de comunicación, que están permitiendo la confluencia de prácticas y culturas políticas diferentes, y también un ajuste de las agendas con temáticas y objetivos comunes. Un paso en “la política del y” sobre “la política del o”, dando más peso a lo que une que a lo que separa (Calle Collado, 2005).

Asambleas populares, sindicalismos, ecologismos, feminismos, movimientos vecinales, de solidaridad, plataformas en lucha, en defensa de derechos y del territorio, a los que se suman el funcionariado público y otros movimientos que están politizando lo social. Nuevos movimientos que irrumpen en la escena política como consecuencias de la destrucción ultraliberal y se suman (y a los que se suman) a los colectivos, movimientos y organizaciones preexistentes. Movimientos que configuran una corriente unitaria, a la vez que diversa y descentralizada; con una acción unificada que convive con la pluralidad ideológica, “priorizando la unidad de acción sobre los debates ideológicos” (Naredo & Villasante, 2011). Rechazan e impugnan la totalidad del sistema político y económico, mostrando su fertilidad para un proceso de reapropiación y de reinvención de una Política con mayúsculas, y proponiendo alternativas para otros mundos posibles y necesarios.

Por lo tanto, mientras la aplicación de los dogmas ultraliberales y sus consecuencias socioambientales avanzan, también lo hace paralelamente esta renovada de resistencia social. Dos realidades cada vez más distantes.  Por una parte, la democracia tutelada por el poder financiero y sin autonomía decisoria que atraviesa una crisis de legitimidad (la clase política se encuentra desde 2012 como la tercera preocupación, y el Gobierno y las formaciones políticas entre los 10 principales problemas de la población española (CIS, 2012)); y también de representatividad (en las últimas elecciones autonómicas en Galicia la participación fue menor al 55% del censo, un 10% menos que hace 4 años). Por otra parte, en las calles son convocadas decenas de manifestaciones y asambleas cada día, con una media en 2012 de 8 manifestaciones diarias, el doble que en 2011.

Seguramente la clave resida en ampliar y profundizar los logros y conquistas de esta carrera de fondo de la nueva resistencia social. Seguir arrebatando al poder político y económico la capacidad y legitimidad como únicos actores que toman las decisiones que determinan la vida de las mayorías. Continuar explorando y abriendo espacios para la participación política. Extender el proceso de contrainformar, para “desmontar las mentiras y construir alternativas” [6] a este capitalismo global, y aumentar la capilaridad de estas ideas en los sectores de la población que forman parte de estas mayorías y que hasta ahora no participan ni apoyan los procesos de lucha. Y seguir consolidando una propuesta política y dando respuestas a las injusticias a través de la movilización en las calles.

En definitiva, se trata de la recuperación de la Política como herramienta al alcance de las mayorías, y no como excusa para la defensa de intereses cada vez más ajenos y opuestos a los del planeta y las personas. La Política con potestad sobre una economía solidaria y ecológica. La Política como cauce para la defensa de los derechos, de la sostenibilidad, de la posibilidad de construir colectivamente una sociedad justa y fuera de las lógicas del crecimiento y la competencia. La Política que permita defender el presente y, principalmente, el futuro.

Notas:

[1] Como explica este autor: “Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros” (Navarro, 2012). El BCE imprime dinero pero no para prestarlo a los Estados sino a la banca, a un tipo de interés muy bajo, la misma banca que compra deuda pública a un interés 6 ó 7 veces mayor en el caso español.

[2] El Estado español es el país en el que más jóvenes ni estudian ni trabajan (lo que se denomina la “generación NINI”): el 23,7% de las personas entre 15 y 29 años y el 29% entre 25 y 29 años se encontraban en esta situación en 2010, 8 puntos por encima de la media de los países de la OCDE(OCDE, 2012).

[3] Además sin tenerse en cuenta las consecuencias a medio plazo: reducción de los niveles de salud de la población, de sus posibilidades de inserción laboral, de la esperanza de vida, de la capacidad de autonomía de las personas mayores, etc.

[4] Son las sociedades que los más enriquecidos utilizan para hacer inversiones y evitar pagar impuestos. Estas sociedades, para inversiones colectivas, no pagan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales ni Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y tributa como sociedad al 1%, en vez de al 35%.

[5] Se puede leer un análisis crítico de la Ley de Costas en la Web de Alba Sud, elaborada por Mercè Pinya, El último y peor temporal conocido, 26 de julio de 2012.

[6] Desmontando mentiras (desmontandomentiras.tomalaplaza.net) es una campaña a través de la cual se están deconstruyendo de forma participativa los mitos a través de los que se pretende imponer el pensamiento único.   

Bibliografía citada:

ABC. (14 de junio de 2012). El lujo español escapa a la crisis: prevén subidas del 14% en las ventas en 2012. ABC .

Calle Collado, A. (2005). Nuevos movimientos globales: hacia la radicalidad democrática. Editorial Popular.

Cáritas . (2012). VII Informe del Observatorio de la Realidad Social. Cáritas Española.

Cinco Días. (1 de febrero de 2012). Cañete anuncia otro Plan Hidrológico para garantizar el suministro de agua. Cinco Días .

CIS. (2012). Barómetro del CIS de septiembre de 2012. Centro de Investigaciones Sociológicas.

CIS. (2012). Estudio 2944 Barómetro de mayo de 2012. Centro de Investigaciones Sociológicas.

Eurostat. (2009). Gasto de protección social en función del PIB.

Folia Consultores. (2011). Informe diagnóstico sobre la discriminación en el ámbito local. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fundación FOESSA. (2012). Exclusión y desarrollo social. Análisis y perspectivas 2012. Cáritas Española.

Fundación Luis Vives. (2011). Modelos Europeos en la evolución del Tercer Sector Social. Obra Social Caja Madrid.

INE. (2012). Encuesta de Población Activa (EPA). Tercer trimestre de 2012. Instituto Nacional de Estadística.

Krugman, P. (19 de abril de 2012). Cuidado con el círculo vicioso de la austeridad. blogs.elpais.com .

Muñiz, A. (21 de julio de 2012). El número de desahucios bate todos los récords: 46.559 en tres meses de 2012. Público .

Naredo, J., & Villasante, T. (2011). Democracia real, desde abajo, sin siglas y sin jefes. Boletín electrónico Revista Viento Sur .

Navarro, V. (30 de octubre de 2012). La estafa de la deuda pública. Público .

OCDE. (2012). Panorama de la educación 2012. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

OIM. (2012). Impactos de la crisis sobre la población inmigrante en España. Organización Internacional para las Migraciones.

OIT. (2012). Informe sobre el trabajo en el mundo. Organización Internacional del Trabajo.

Pérez Navarro, C. (28 de Octubre de 2012). El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, y aumentó en 2011 por pobreza, paro y desahucios. Diario Octubre .

WWF. (2011). Informe Planeta Vivo 2010. WWF.

Rodrigo Fernández Miranda es miembro de Alba Sud, Ecologistas en Acción y ConsumeHastaMorir.