Illa del Fluvià, el autoritarismo territorial regresa

El contexto de crisis económica podría jugar en beneficio de los intereses de grupos económicos que ven cómo la legislación se modifica a su favor. Un nuevo conflicto ambiental podría tomar fuerza si se concreta la iniciativa de la empresa Canales del Fluviá SL.

En el marco del Salón Náutico de Barcelona, ​​celebrado del 26 al 30 de septiembre de 2012, se presentó el proyecto de puerto deportivo Illa del Fluvià. Estaría ubicado en la desembocadura del mismo río Fluvià, en el municipio de Sant Pere Pescador, en la Bahía de Roses, contiguo al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. La inauguración de este puerto está prevista, según fuentes de la empresa Canales del Fluviá SL, para el próximo 1 de mayo de 2013. En la página web de la empresa especifica que consta de dos kilómetros y medio de dársenas y canales de navegación, con capacidad para acoger 550 embarcaciones de hasta 9 metros de eslora. Además de esta base náutica, el proyecto incluye la construcción de un Club de Playa, donde se ubicarán un restaurante, piscinas y diferentes instalaciones deportivas. El proyecto también prevé la creación de un Aula de Naturaleza, concebida, según explica la empresa, como un espacio didáctico dedicado al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.

Unos terrenos con una larga historia

Las intenciones de urbanizar la zona no son nuevas. Más allá de los reclamos publicitarios, la principal singularidad del actual proyecto es que se encuentra situado justamente sobre los antiguos canales que se hicieron en los años setenta, cuando se intentó construir una urbanización de lujo, llamada Fluvià Marina. En ese momento se preveía la construcción de unos quinientos viviendas, de un hotel y de canales navegables. En 1970 una orden ministerial había abierto la puerta a la explotación privada de la desembocadura del Fluvià para usos turísticos o deportivos.

Desde mediados de los años setenta el Grup de Defensa dels Aiguamolls Ampurdanesos se movilizó para denunciar los peligros que suponía aquella iniciativa. En 1983, gracias a la presión popular, la Ley de Declaración de Parajes Naturales de Interés Nacional y Reservas Integrales, una de las primeras leyes aprobadas por restaurado Parlamento de Cataluña, protegía de forma clara la desembocadura del Fluvià y sus humedales con el fin de salvaguardar el rico patrimonio natural y la biodiversidad de las presiones especulativas propias de una zona muy urbanizada debido al turismo.

Durante la revisión Plan General del Ayuntamiento de Sant Pere Pescador, aprobado el 26 de septiembre de 2001, se consideró que los terrenos de Fluvià Náutico eran edificables, aunque con una menor densidad que la que se había previsto inicialmente. Por este motivo la organización altoampurdanesa IAEDEN-Salvem l'Empordà interpuso un recurso contra la aprobación definitiva de este plan. Pedía que los terrenos fueran clasificados como espacio no urbanizable y de especial protección para "complementar el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà".

Las movilizaciones ciudadanas continuaron y en 2004 Salvem l'Empordà organizó una campaña para que el edificio que presidía el complejo fuera demolido. Finalmente, el 23 de febrero de 2005 el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña ordenó su derribo.

En un comunicado emitido en Figueres el 5 de enero de 2005, Salvem l'Empordà, al mismo tiempo que celebraba la voladura del edificio y recordaba que la reivindicación de la protección de este espacio se había iniciado con las movilizaciones sociales de los años setenta, reclamaba nuevamente la restauración de toda la zona y que esta se incorporara "como espacio protegido en el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà".

Una historia sin terminar

Tras la demolición del Fluvià Náutico, que ya había sido adquirido por la empresa Canales del Fluviá SL, parecía que los riesgos se habían acabado para ese territorio. Así lo recordaba el colectivo Salvem l'Empordà en un comunicado el mes de octubre de 2012: "Dimos el caso de una posible urbanización de la desembocadura del Fluvià por cerrado definitivamente".

El anuncio de un nuevo proyecto, amparado en una especie de prórroga de la concesión que tenía la empresa otorgada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por un período de treinta años, ha reactivado el movimiento social, alertado por los peligros que supondría para el patrimonio natural y paisajístico. "Este proyecto es un disparate ambiental y anunciamos que nos opondremos a las modificaciones de los instrumentos territoriales, urbanísticos y sectoriales vigentes, tendentes a permitir la implantación de esta nueva urbanización. Mantenemos nuestra oposición, como ya hicimos, hace más de 10 años, al desarrollo de la urbanización de Fluvià Marina, una lucha que es heredera de la que dio lugar a la defensa de los Aiguamolls de l'Empordà, a finales de los años 70 del siglo pasado", declaró Salvem l'Empordà. Marta Ball-llosera, miembro de esta organización, afirma que actualmente "se están estudiando si hay posibilidades de impugnar la concesión otorgada". El comunicado de Salvem l'Empordà termina reclamando la actuación de las autoridades: "Apelamos a los poderes públicos competentes, especialmente a la Generalitat, que actúen de inmediato y no esperen que la sociedad civil les saque las castañas del fuego" .

No es un conflicto más

El caso de la Illa del Fluvià no es un conflicto ambiental más que se produce en un espacio de elevado valor natural y paisajístico, amenazado por los intereses de una minoría con un alto poder adquisitivo. Este conflicto resurge de sus cenizas tras más de cuarenta años y de luchas exitosas por la conservación de estos espacios naturales. Y esto es especialmente preocupante, revelador del contexto de regresión que estamos viviendo, en la que los conflictos ambientales resueltos favorablemente se vuelven a plantear, en función de nuevas coyunturas y correlaciones de fuerzas. De hecho, la crisis y el hundimiento del modelo inmobiliario está provocando que, lejos de cuestionar a fondo las razones que nos han llevado a la actual situación, en determinados territorios se busque, con nuevos elementos legitimadores, la manera de intensificar la especialización turístico-residencial. El turismo residencial difícilmente podrá volver a alcanzar las dimensiones que tuvo en su época dorada justo antes de la crisis. Pero cada vez es más evidente que los capitales buscan nichos de mercado para atraer turistas de alto poder adquisitivo de otros países, especialmente entre los estados emergentes (véase recuadro más abajo).

En este contexto, ofrecer espacios naturales poco explotados ya primera línea de costa se convierte en un reclamo privilegiado. Si a este objetivo sumamos el contexto de crisis actual, las amenazas a territorios que han costado tanto proteger se multiplican. Para Àlex Casademunt, presidente del Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST), el nuevo proyecto de Isla del Fluvià "sólo puede interpretarse como una provocación autoritaria a una cultura del territorio sostenible y responsable". Según él, "en términos de soberanía institucional, ya es bastante humillante que la modificación de la Ley de Costas (aprobada este mes de octubre por el Gobierno español) deje en papel mojado el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero y el Plan Director del Empordà. Pero, en términos de soberanía ambiental, social y cultural, el proyecto Isla Fluvià aún lo es más". Por ello, añade Casademunt, "exhortamos a los ciudadanos a ejercer una verdadera soberanía, no en relación con las banderas o los hipotéticos estados, sino en relación con su territorio concreto (en el que vive y convive), oponiéndose a proyectos foráneos y con intereses ajenos, que lo dañan. Y esta verdadera soberanía se ejerce desde abajo, desde el territorio, con el rechazo a proyectos como Eurovegas, Barcelona World o Isla del Fluvià, porque ninguna otra soberanía tiene sentido sin esta".

Contrariamente a este tipo de iniciativas, que dañan ecológica y socialmente el territorio, a pesar de los maquillajes como el Aula de Naturaleza que promete el nuevo puerto deportivo de la Illa del Fluvià, habría que potenciar un modelo turístico diferente, basado en la integración ambiental y social de los actores locales, que viven y trabajan en aquellos territorios, y con un mayor reparto de los beneficios generados. Espacios naturales como los que pretende ocupar la Isla del Fluvià son mucho más adecuadas para promover un turismo sostenible y de proximidad que ayude a potenciar las relaciones entre el campesinado, guías, restauradores e iniciativas de turismo rural o agroturismo, en el que las visitantes puedan disfrutar del paisaje, los valores naturales y del contacto con la gente que vive.

Artículo publicado originalmente en catalán en el semanario La Directa, núm. 299, 19 de diciembre de 2012. 

Ernest Cañada es coordinador de Alba Sud y miembro del CST y Llorenç Planagumà es coordinador del CST.