Ricardo Acevedo: “Sin garantizar derechos el turismo no es sinónimo de desarrollo”

En las últimas dos décadas, miles de migrantes nicaragüenses se han volcado hacia la vecina provincia de Guanacaste, atraídos por la demanda de mano de obra vinculada a la agroindustria y la construcción de hoteles de lujo, residenciales y complejos turísticos. Pero una masiva oferta de empleo no se convierte necesariamente en trabajo digno.

La cara oculta del turismo

La provincia de Guanacaste destaca como uno de los destinos turísticos por excelencia. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el año pasado tres de cada diez turistas nacionales eligieron a esta localidad para vacacionar. Asimismo, el aeropuerto internacional “Daniel Oduber” de Liberia registró en el 2015 casi 430 mil llegadas internacionales, es decir el 23% del total de los ingresos por vía aérea, con un aumento del 12,6% respecto al año anterior.

Ricardo Acevedo García es originario de la comunidad Sardinal de Carrillo y es miembro del Comité Pro Defensa de Conservación del Agua de Sardinal. Trabaja como soldador y en más de una ocasión ha realizado labores en las innumerables obras turísticas que en las últimas décadas han surgido a lo largo y ancho de la provincia de Guanacaste. En conversación con Alba Sud, Acevedo aseguró que detrás de las postales paradisiacas, las playas y las palmeras, se oculta la otra cara de la moneda, la cara triste del turismo.

El 6 de noviembre de 2008, centenares de obreros -en su mayoría migrantes nicaragüenses indocumentados- que trabajaban en Matapalo de Sardinalen la construcción de un lujoso hotel de 700 habitaciones de la cadena española RIU, despertaron con fuertes dolores de cabeza y estómago, fiebre, diarrea, vómito y problemas respiratorios. Según reportes de diferentes medios, fueron unas 350 las personas que necesitaron de atención médica, algunas de ellas presentando cuadros clínicos graves. Eran parte de los aproximadamente mil quinientos obreros que vivían en barracas sucias, malolientes, hacinadas y sin ventilación, con camarotes de tres pisos donde trataban de descansar tras largas e interminables jornadas de trabajo. Todos ellos trabajaban para las empresas subcontratistas (Constructora de la Costa Pacífica S.A. CCP, Icon Ingeniería y Construcción S.A., y Constructora de Matapalo DCR) encargadas por SF Costa Rica Hotelera de Guanacaste S.A. –creada por la cadena española para operar en el país– de la construcción del “RIU Hotels & Resorts”. Meses antes, una inspección del Ministerio del Trabajo ya había detectado la presencia en la obra de 368 obreros nicaragüenses sin permisos de trabajo.

Prohibido olvidar

Una semana después, el 13 de noviembre, el joven Rafael Antonio Pérez Sánchez, de 26 años, fallecía tras cuatro días casi sin comer y con una fuerte diarrea. Había salido de Nicaragua el 25 de octubre. “Ésta es la primera vez que me voy, pero voy a trabajar duro para que podamos comprar aunque sea un terreno, vas a ver que todo va a mejorar”, dijo al despedirse de su esposa Teresa Guadalupe Chamorro Espinoza. Menos de tres semanas después, la Cruz Roja costarricense entregaba a sus familiares el cuerpo de Rafael Antonio envuelto en una bolsa negra. Ocho años después, aún se desconocen las causas de la hemorragia interna masiva que, supuestamente, acabó con su vida.

Aunque las autoridades costarricenses absolvieron de responsabilidad tanto a la cadena hotelera española como a las empresas constructoras, son muchos los que piensan que las condiciones en que vivían y laboraban Rafael Antonio y sus compañeros están fuertemente vinculadas a su muerte.

“Lo que ocurrió en 2008 no fue una excepción, sino la trágica realidad que viven cotidianamente miles de trabajadores en Guanacaste. Una situación totalmente contra los derechos humanos, donde el obrero es explotado, sometido a jornadas de trabajo extenuantes, sin derecho a ningún tipo de prestación y con salarios de hambre”, dijo Ricardo Acevedo.

De acuerdo con el reportaje del semanario Universidad “Guanacaste construye su riqueza con miles de manos pobres”, los obreros de la construcción trabajan unas 11 horas diarias y ganan 25 dólares por día, incluyendo las horas extraordinarias. Las empresas descuentan la cuota del seguro pero casi nunca entregan el comprobante. Además, saben perfectamente que son muy pocos los trabajadores que aguantan por mucho tiempo estas condiciones. “Aquí casi nadie aguanta el mes completo. Ellos saben que la gente viene por tres o seis días y después se va, entonces les rebajan el seguro pero nunca los inscriben", denunciaban los obreros que se atrevieron a dar declaraciones.

El maltrato y chantaje laboral son otros tipos de abusos que a menudo se dan en el sector. “Me acuerdo que mientras estaba terminando un trabajo en uno de estos hoteles, miré a dos jóvenes empleadas cargando un objeto de valor. Aparentemente se equivocaron de ruta y su superior, una mujer, no sólo les gritó sino que golpeó a una de las muchachas. Cuando ella le reclamó, la señora le dijo algo que nunca olvidaré: Te golpeo porque me da la gana. Además, si te pones renuente y no quieres trabajar, en la puerta del hotel hay unas 20 personas esperando por tu puesto. Así que tú decides”, rememoró Acevedo.

Gatopardismo

Tras la muerte de Rafael Antonio Pérez, las autoridades cerraron la obra por algunas semanas, supuestamente para permitir a la firma española cumplir con los requisitos sanitarios. En diciembre de 2008 se reanudó la construcción y las autoridades sanitarias nacionales aseguraron que los errores habían sido corregidos. En aquella ocasión, Roberto Echeverría Alfaro, abogado de RIU, dio declaraciones: “No se puede tapar el sol con un dedo. Se cometió un pecado en el tema migratorio y hubo problemas de hacinamiento. Todo ya está resuelto, por eso le puedo decir que en RIU hay un antes y un después”.

A ese propósito, el semanario Universidad mostró en su reportaje serias dudas acerca de los cambios y ajustes realizados por la cadena hotelera, así como sobre el secretismo que envolvió el caso del joven obrero nicaragüense, cuya muerte nunca fue aclarada. En ningún momento, el semanario logró tener acceso a los resultados de la autopsia.

Años después, por esta misma obra, la cadena hotelera RIU y ex funcionarios públicos fueron enviados a juicio por delitos ambientales, entre otros prevaricación, falsedad ideológica, infracciones a la ley de la zona marítimo-terrestre e infracciones contra la ley forestal. En particular, la transnacional mallorquina fue acusada de haber construido un hotel de cinco estrellas en primera línea de mar, sin concesión y  tras haber destruido un manglar. En víspera del inicio del juicio penal, Till Wilhelm Kohler, gerente del hotel RIU en Guanacaste, abandonó el país, huyendo del proceso.

“Estas grandes transnacionales llegan a nuestros territorios y pretenden imponer sus reglas. Hacen sus propias leyes. Precarizan el trabajo, violentan las leyes ambientales, destruyen los bienes comunes. Desarrollo con destrucción y violación de derechos no es desarrollo”, concluyó Ricardo Acevedo.