No és la Golden Visa, és la consideració de l'habitatge com un bé de mercat

(article disponible només en castellà)

El lunes 8 de abril, coincidiendo con el debate sobre la Ley de Amnistía en el Senado, el Presidente español Pedro Sánchez, aprovechando una visita a Andalucía, señaló en una intervención ante los medios que su gobierno consideraba derogar la normativa que permitía otorgar visados de residencia a extranjeros no comunitarios que realizasen una inversión mínima de 500 mil euros en el sector de la vivienda, la conocida como Golden Visa. La medida, puesta en marcha por el Partido Popular (PP) en 2013, y que originalmente perseguía dar salida a aquellos bienes inmuebles que habían quedado fuera del mercado tras el estallido de la denominada Crisis del Ladrillo, había originado fricciones con sus socios de gobierno, además de suponer una medida incongruente con otras destinadas a garantizar el acceso a la vivienda. Si bien la legislación aprobada por el gobierno conservador no había sido original, países como Portugal, Chipre o Malta también la habían sancionado aunque con características no exactamente idénticas, sí que lo era el hecho de no haber sufrido ningún tipo de cambio o alteración. Portugal, por ejemplo, que la había implementado un año antes, la había modificado sustancialmente en 2023, mientras que Malta, por su parte, no solo había abierto la posibilidad de conceder permisos de residencia, con la consecuente libertad de movimiento en el Espacio Schengen, sino que sus propuestas abarcaban incluso la concesión del pasaporte maltés.

Los resultados en España durante estos 11 años de vigencia han sido expuestos recientemente por la prensa: más de 6 mil visados aprobados con un resultado de inversión de cerca de 5 mil millones de euros; un origen principalmente estadounidense, con más del 30% de la inversión, no viéndose correspondido con igual número de visados, que solo han supuesto el 2% del total; los nacionales de países como Rusia, seguido de China e Irán como líderes en la obtención de los documentos expedidos.

Aunque la Ley de Transparencia obliga al Estado a ofrecer información en forma de grandes números, es decir, sin nombres y apellidos, bajo del derecho a la confidencialidad, sin embargo, sí que ofrece las cuantías individualizadas, de forma que viendo que, solo en enero y febrero de 2019 se realizaron dos únicas inversiones de 700 y 790 millones de euros provenientes de los Estados Unidos, algo que supone el 24% del total, nos podemos hacer una idea de quién o con qué objetivo realizó este tipo de movimiento de capital: grandes fondos norteamericanos de inversión en búsqueda de rentabilidades rápidas y considerables a través de procesos especulativos. Las ciudades que han visto, principalmente, la llegada de estos fondos han sido Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma o València, todas ellas con mercados altamente tensionados y/o considerados como destinos turísticos, hecho que podría confirmar estos procesos, además de vincularlos con el mercado turístico.

Sin embargo, y aunque los datos presentados son impresionantes, no ofrecen más que la punta de una dinámica superior: la consideración de la vivienda, más que por su valor de uso, por su valor de cambio. La Golden Visa, como otras medidas, como la Ley para el Fomento del Ecosistema de las Economías Emergentes o Ley Star Up, la simplificación de la normativa urbanística o las distintas leyes turísticas que regulan la concesión de licencias para apartamentos turísticos, no son factores que explican por sí solos las dificultades en el acceso a la vivienda, sino elementos que suponen avances en su consideración como bien de mercado. Como los turistas, que son altamente visibles en algunas localizaciones y, por tanto, fáciles de culpar de los impactos generados por un turismo no controlado, las Golden Visa, los nómadas digitales, los expats y otras figuras, se aparecen como aquello que Levi-Strauss denominara operadores simbólicos, esto es, elementos que parecen vincular, de forma clara y directa, una acción a una reacción, un detonante a una explosión, ocultando la realidad del funcionamiento del sistema.

En el caso de la vivienda y las Golden Visa, éstas actuarían como fetiches, en el sentido marxista del término, impidiéndonos ver que lo que hay que hacer, al contrario de lo realizado en 2013, es sacar la vivienda del mercado, no impulsar su introducción. Y, para ello, se necesitan políticas públicas valientes que apuesten por la transformación en vivienda social de alquiler de aquella ya existente a precio libre, sea esta pública o privada; por la construcción de nuevas en aquellas zonas en que sea necesario; por la prohibición o limitación de la compra de vivienda a las personas jurídicas, o del número de las mismas a las personas físicas; por la regulación de los alquileres de temporada y turísticos; por la contratación de inspectores que velen por el cumplimiento de la legislación vigente; por el establecimiento de sanciones para los que se aprovechan de las situaciones de desigualdad para imponer sus normas, y otras tantas posibilidades que ofrece el marco legislativo actual.

En definitiva, no se trata tanto de felicitarnos por la eliminación de la normativa que contempla la concesión de Golden Visa, aunque también, sino por aceptar que hay que comenzar a tomar medidas que propongan el acceso a la vivienda como un derecho, al igual que lo es la sanidad o la educación, y no como un bien de mercado.