Les promeses fallides del mal nomenat desenvolupament: recompte del (mega)projecte turístic de la Bahía de Tela

(article disponible només en castellà)

En el juego de rol “Un resort en Dubinda, una comunidad de pescadores” del antropólogo Jordi Gascón (2010), se abordan los efectos de los megaproyectos turísticos en las economías locales: las expectativas que despierta el turismo, el impacto de un turismo de enclave en las economías campesinas, la influencia que el turismo puede tener en la conflictividad local, y el papel del Estado. Entonces, ¿existen similitudes entre el juego y la realidad? ¿El caso de la Bahía de Tela sería un ejemplo de lo que discutimos en esta actividad?

Las expectativas que despierta el turismo en la Bahía de Tela

Las comunidades garífunas ocupan una localización estratégica a lo largo del litoral caribeño hondureño. Justamente en octubre de 2006, asistí a una marcha en los bajos del congreso de la República en Tegucigalpa con manifestantes convocados por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Las personas presentes denunciaban las maniobras de promotores y desarrolladores inmobiliarios, en particular en la bahía de Tela, llamémoslos Promotur, Idetrisa o Maserica, y el despojo que ocasionaban. Un año antes, en 2005, Nicolas Reyhabía detectado más de quince conflictos en comunidades garífunas a lo largo de los cuatro departamentos litorales (Cortés, Atlantida, Colón, Gracias a Dios) de la costa Honduras (Rey, 2005).

Como es de costumbre, los argumentos a favor del desarrollo de un megaproyecto son los beneficios económicos a través de la creación de empleos, por ejemplo, para la población de las comunidades garífunas de la bahía de Tela. Así, Pierre Couture, exrepresentante de la Cámara de turismo de Tela, insiste sobre el hecho que este proyecto nació para crear trabajo en la municipalidad de Tela y que hoy son 150 empleados mayoritariamente originarios de la bahía de Tela.

En el mismo tono, la comunicación institucional del Instituto Hondureño del Turismo insistía sobre de creación de 400 empleos directos y 1.200 indirectos. En 750 hectáreas en el corazón de la bahía de Tela se haría una inversión de 111 millones de dólares para la instalación de cinco hotels y un total dos mil habitaciones, entre ellos uno operado por la cadena Hilton, y un golf de la marca Gary Player, célebre jugador sudafricano. Además, la Ministra hondureña de Turismo, Nelly Jerez, presentaba otro argumento durante su mandato en 2009: “Las acciones del Estado van a entrar en un fideicomiso y el IHT esta donando el 7% de sus acciones a las comunidades garifunas, para que sean parte de la sociedad. Ademas de gozar de las infraestructuras que se estan construyendo, las comunidades seran socias del proyecto. Tambien se firmaron convenios para que, en esta segunda etapa, toda la mano de obra sea hondurena y de la zona donde se va a desarrollar el proyecto” (Trucchi, 2010).

Luchando por salvaguardar nuestro territorio. Fuente: S. Jouault, 2006. 

Esta retórica desarrollista de los actores turísticos está confirmada por Trust Hospitality, operadora contratada para la apertura y el manejo de la operación del resort Indura Beach & Golf Resort. Así, uno de los directivos de Trust Hospitality, anonimizado a su petición, relata que es parte de su funcionamiento: “Nosotros creemos firmemente en una política de inclusión y responsabilidad con las comunidades locales en donde se ubican nuestros resorts. (…) Nosotros trabajamos de cerca con nuestra comunidad local para el reclutamiento, selección y entrenamiento de los habitantes locales así como trabajar con vendedores de la zona para mejorar sus vidas y crear desarrollo económico en la comunidad donde estamos, nada de diferente con nuestras otras localidades” (comunicación personal, 2016).

Así, esta inclusión y los dichos 7%, se volvieron centrales en las diferentes narrativas del proyecto. En 2009, Margarito Colón (QEPD), ex jefe del patronato de Triunfo de la Cruz, confirmaba lo negociado con el estado hondureño: “Hubo varias reuniones consensuando ese proyecto con organizaciones como OFRANEH Y ODECO y nosotros todo este pueblo que son las comunidades garifunas del municipio de Tela, (…) y por último aceptamos ese proyecto con el compromiso de que ellos nos iban a dar el 7% anual a estas cuatro comunidades. Si esa gente en ese año logra tener un excedente de 10 millones de lempiras, el 7% de esos 10 millones le pertenece a la comunidad garifuna” (comunicación personal, 2009).

Más de quince años después, en 2024, para contrastar las narrativas desarrollistas y esencialistas de los actores económicos involucrados con un líder local de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), anonimizado por las represalias que pueden representar su testimonio, nos recuerda que “Indura ha sido un proyecto que no ha ayudado directamente a mejorar la calidad de vida o la economía de las comunidades garífunas que están alrededor como lo habían vendido a través de 7% que iban a recibir las comunidades, eso fue ficticio, incluso ha llegado el momento donde se han declarado en quiebra (…)” (comunicación personal, 2024).

El papel del Estado: de Tornasal a Indura

El megaproyecto de la Bahía de Tela se originó en 1974 bajo el nombre de Tornasal, contracción de Tornabé y Punta Sal, dos lugares emblematicos del oeste de esta misma Bahía. A partir de la década del 2000, después de haber estado abandonado durante unos veinte años, Indura Beach & Golf Resortse hizo realidad gracias al apoyo del Gobierno central hondureño y de algunos de los grupos económicos del país involucrados en el proyecto. Entre los inversionistas de Indura Beach resort, encontramos familiares del expresidente Ricardo Maduro, la familia Atala Faraj del grupo financiero Ficohsa, adiferencia de la familia colombiana DeCamaron que abandonó la inversión en este proyecto.

A pesar de la oposición de la población afrocaribeña de la región, que ha vivido allí durante más de dos siglos, Indura Beach & Golf Resortse inauguró en el primer trimestre de 2015, tras las inversiones iniciales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en infraestructura básica (carreteras, electrificación). La construcción del complejo turístico, de más de tres cientas hectáreas —de las cuales un centenar se encuentran en el Parque Nacional Jeannette Kawas—, fue administrada por la Corporación de Desarrollo Turístico de la Bahía de Tela (DTBT), formada por el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), que posee el 49% de las acciones, y el Fondo Hondureño de Inversiones Turísticas (FITH), un conglomerado de 46 empresas privadas hondureñas que posee el 51% de las acciones. Como se mencionaba antes, las aldeas garífunas de la Bahía debían estar asociadas al proyecto, ya que el 7% de las acciones del IHT se redistribuirán entre estas.

En 2009, el complejo turístico Los Micos Beach and Golf Resort, mejor conocido como Bahía de Tela, representaba la obra maestra de una Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS), que persigue transformar el litoral Caribe de Honduras en el “Cancún de Centroamérica”. En 2012, el pueblo de Tornabé, el más cercano a Indura, fue equipado con un sistema de alcantarillado y electrificación y una mejora de su imagen urbana. Pero, en este mismo pueblo de Tornabé, paralelamente a esa construcción oficialista, el despojo de las tierras de las comunidades garífunas inició en los años 90, con el Gobierno de Rafael Leonardo Callejas y culminó con desalojo de la comunidad garífuna de Barra Vieja el 30 de septiembre de 2014. 

El impacto de un turismo de enclave en la economía Garifuna

Indura Beach & Golf Resort no es el único complejo turístico de la Bahía de Tela; en 2020 había, por lo menos, siete proyectos inmobiliarios o turísticos mayores en la bahía, seis de los cuales estaban en funcionamiento (ver mapa). La comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la Bahía de Tela, se ha visto afectada desde 1989 por la ejecución de megaproyectos turísticos. Un año antes, en 1998, llegaron los primeros turistas extranjeros al pueblo de Triunfo de la Cruz. Un poco más tarde, en 1990, algunos miembros de la sociedad local construyeron cabañas con materiales locales cortados del bosque primario de Punta Izopo para acomodar a este nuevo tipo de turistas. En 1992, las autoridades municipales de Tela habían vendido la tierra a una empresa fantasma llamada IDETRISA o Inversiones y Desarrollo El Triunfo S. A. Esto encontró la resistencia de un grupo de habitantes de Triunfo de la Cruz, que se habían declarado patronos en defensa de las tierras del pueblo. La venta se llevó a cabo con el consentimiento del jefe de la asociación patronal del pueblo. Otras zonas (Playa Escondida, Tigre) se vendieron a familias hondureñas que construyeron allí sus segundas viviendas, las cuales se utilizan principalmente durante la Semana Santa y los fines de semana de verano para practicar deportes acuáticos, y son alquiladas hoy día en plataformas digitales.

Bahía de Tela, sede de proyectos turísticos e inmobiliarios. Fuente: elaboración personal en 2024.

Poco a poco, y por diferentes razones, como la presión privatizadora, el éxodo hacia el Norte y a los centros urbanos hondureños (La Ceiba, El Progreso, San Pedro Sula y Tegucigalpa) se ha acelerado dejando pueblos vacíos de jóvenes. Las actividades tradicionales de pesca ribereña y de agricultura local se vuelven cada día más escasas. A la par, el desarrollo turístico e inmobiliario es una de las opciones que ocupa territorios dejados como vacios, resignifica y folkloriza la cultura garifuna.

La influencia que el turismo puede tener en la conflictividad local

La recurrencia de los conflictos socio-territoriales provocados por el desarrollo turístico está archivada en la prensa nacional. En la bahía de Tela, los casos de Barra Vieja y Triunfo de la Cruz son los que salen a la luz por el valiente activismo de los defensores garífunas de la tierra, cuyo objetivo es promulgar futuros alternativos basados en nociones de mutualidad, no de apropiación. El mismo lider local de la OFRANEH recuerda que: “Aquí en Triunfo hemos visto lo mismo, que han venido a instalarse hoteles, puedo hablar de Rosa Negra, en Playa Escondida, que están ubicados en nuestro territorio (…). En el 2015 nosotros vamos a la corte Interamericana, todavía no existían esos hoteles ahí, la corte le ordena al estado que devuelva las tierras que están en manos de terceros a la comunidad del Triunfo de la Cruz (…) y es cuando ellos han venido a levantarse de sus semejantes complejos (…) ahora vamos a entrar a una negociación, pero claro, lo que dice la corte es que le devuelvan la tierra a la comunidad” (comunicación personal, 2024).

Los últimos conflictos observados este año con la recuperación de tierras ocupadas son consecuentes de la demanda de la comunidad de Triunfo de la Cruz frente a la Corte Interamericana de Desarrollo Humano (Agudelo, 2019). Así, este lider local de la OFRANEH recuerda que “nosotros tenemos una demanda internacional ganada, donde en 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no se podían hacer actos ni contratos en la tierra de la comunidad garífuna. Todo lo que es la parte donde esta Rosa Negra y el complejo hotelero están dentro de la comunidad Triunfo de la Cruz. Entonces acá no existe la propiedad privada, aquí lo que existe es una comunidad colectiva (…)” (comunicación personal, 2024).

Mirar hoy día a la Bahía de Tela es interesarse por la lógica racial del actual extractivismo capitalista, al mismo tiempo que valorar la belleza y la fuerza de la lucha garífuna por mantener un cierto grado de autonomía económica y cultural frente a los proyectos de desarrollo que se comercializan como (eco)turismo sostenible.

La lucha de los garífunas por la vida y la autonomía colectiva desafía los proyectos turísticos supuestamente inclusivos que forman parte de un régimen de desarrollo más amplio, neoliberal y extractivista, y que convierte los territorios afrodescendientes e indígenas en fronteras de progreso para la mayoría mestiza. A su vez, esta lucha enfrenta los esfuerzos concertados por el Estado y las instituciones multilaterales, como el Banco Mundial, para convertir tanto sus tierras como su cultura en productos turísticos fungibles.

Algunos autores como Christopher Loperana (2017, 2021) analizaron las formas en que la desposesión y el desplazamiento de los Garifunas se lleva a cabo mediante la concesión de derechos y libertades individuales, siendo un requisito previo para la explotación de los recursos en el capitalismo contemporáneo. Aún queda pendiente articular y sistematizar las respuestas locales garifunas que navegan entre las presiones del acceso a la tierra y su control, el desarrollo económico y la identidad cultural. Y esta necesidad está ilustrada por la apelación de este lider local de la OFRANEH: “Miramos este proyecto como una amenaza para mejorar las comunidades, una bomba de tiempo para el día de mañana, para la vida de esta comunidad”(comunicación personal, 2024).