Barrio Padre Carlos Mugica, ex villa 31: les polítiques públiques obren camí al turisme

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En 2009 se puso fin al debate de lo que se debía hacer con el Barrio 31, conocido hasta el momento como Villa 31. Hasta ese año, no hubo políticas estatales activas para la población, pero si había una organización barrial de delegados por manzanas de la villa 31 y 31 bis, como se conocía al barrio en ese momento. Ante la falta de presencia del Estado, la comunidad se organizó y esto fue fundamental ante el debate constante sobre si la villa se debía erradicar o urbanizar.

El 3 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley 3.343 de urbanización de la villa 31 en la legislatura porteña, el Poder legislativo local. En un texto de apenas diez artículos, se planteaba una delimitación física del polígono que ocupa el barrio cuya tierra pertenecía al gobierno nacional por ser zona aledaña al puerto de Buenos Aires y a ferrocarriles. El polígono delimitado en la ley sería destinado a viviendas, desarrollo productivo y equipamiento comunitario, teniendo en cuenta la necesidad de generar convenios con el gobierno nacional para ceder dominio a la Ciudad de Buenos Aires de esas tierras. Además, se proponía un censo poblacional interno de personas, de la cantidad de viviendas y la creación dela Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis, del que tanto organismos gubernamentales, organizaciones sociales, ONG’s, como la población local serían participes de la toma de decisiones.

El barrio tenía un sistema político propio que se mantiene hasta la actualidad con algunos cambios: división de sectores con una persona representante en el cargo de consejero/a que, a su vez, se divide en delegaciones por manzanas del barrio. Todas esas personas son electas democráticamente cada dos años. La organización fue la clave para el reclamo y lucha por la urbanización. Desde la organización comunitaria del barrio existía la necesidad de trabajar para la urbanización y la garantía de derechos. Es en este contexto que la Ley 3.343 surge como respuesta estatal ante la histórica demanda de una respuesta del Estado a las problemáticas locales. Sin embargo, esa reglamentación no fue suficiente para dar respuestas a los problemas de una complejidad semejante. Si bien existía ya el proyecto, era necesaria una reglamentación para conseguir la garantía de esos derechos.

Crédito de imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Para resolver las cuestiones técnicas necesarias, se trabajó en la participación de las diferentes instituciones de gobierno, tanto nacional como local, pero fundamentalmente en la democratización de la toma de decisiones mediante la participación social. Según cuenta un antropólogo que estuvo en los inicios del proyecto y formó parte de la Integración Económica de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) del Barrio Mugica, actual organismo a cargo del proyecto de reurbanización, fueron necesarias ciento cincuenta y dos reuniones y asambleas en los distintos sectores de barrio para dar a conocer la reglamentación.

El proceso participativo tuvo tres etapas. En primer lugar, la informativa. Era necesario que las personas que habitaban el barrio tuvieran conocimiento de la ley en vigencia y que se debía reglamentar para dar viabilidad a lo que se proponía. De las reuniones participaron cuarenta y cinco organizaciones sociales del barrio, veintisiete cooperativas de trabajo, doce instituciones y organismos de la sociedad civil y los delegados/as de las manzanas del barrio. Para conseguir que la mayor cantidad de habitantes tuvieran posibilidad de participar se organizaron asambleas por sectores a lo largo de las más de setenta hectáreas donde hay viviendas. Otra estrategia fue que las reuniones se realizaron fuera del horario laboral de las personas, es decir, después de las 18:00 h.

Crédito de imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La segunda etapa fue una instancia propositiva, en la que el gobierno local planteó la necesidad de conformar mesas operativas de trabajo con consejeros/as barriales, delegadas/os, profesionales de distintas áreas como trabajo social, arquitectura, salud, educación, ambiente, cultura, etc. Que, junto con las universidades, fueron quienes dieron respuesta a las dudas y reclamos que surgieron reunión a reunión y, además, pusieron las condiciones y sugerencias para la elaboración de un nuevo documento según lo que habían escuchado de las distintas partes en las asambleas públicas.

Por último, la etapa de escritura formal del documento, con validación de las personas que vivían en el barrio. De esa manera es que el proyecto se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2018, luego de once borradores diferentes. Un acuerdo común entre todas las partes participantes fue que no se presentaría ningún proyecto en el organismo legislativo sin que este fuera avalado por los habitantes del barrio.

Finalmente, el 13 de diciembre de 2018, con treinta y un votos a favor, trece en contra y once abstenciones, se aprobó la Ley 6.129. Si bien existieron resistencias de sectores políticos, la ejecución del proyecto demostró que, con cuestiones a mejorar, era necesaria la normativa para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas que habitaban el barrio.

De la Ley 6.129 se pueden destacar diez aspectos que la hacen reconocida a nivel internacional:

1. Todas las políticas públicas se realizaron con el adecuado presupuesto y bajo principios de igualdad social, de género, no discriminación, de sustentabilidad, de justicia espacial y ambiental.
2. Durante el proceso de reurbanización se aseguró la plena participación de los habitantes.
3. El estado tuvo la obligación de garantizar el acceso a servicios públicos como agua, cloacas, infraestructura y equipamiento comunitario.
4. Se determinó que no habría ningún tipo de desalojo forzoso, en los casos necesarios, sería en acuerdo con las personas involucradas y dentro del polígono del barrio.
5. Se readecuaron todas las viviendas ya existentes para mejorar la calidad de vida.
6. La incapacidad económica deja de ser un obstáculo para la tenencia de las viviendas ocupadas.
7. Además de lo habitacional, se detalla que la inclusión debe llevar aparejada una oferta educativa, sanitaria e integración socio- económica de la población local.
8. Se aseguró el acceso a la justicia
9. Se fortaleció el arraigo mediante el impulso de instrumentos para este fin.
10. El compromiso de preservar la identidad barrial y de los lazos comunitarios.

Integración económica

En la ley se propuso la integración económica, ya que es la manera en que se decidió dar sostenibilidad en el tiempo al proyecto. “Sin fortalecer la capacidad económica, es un proyecto que va al fracaso”, sostuvo un testimonio cuando se le consultó cuál es la razón por la que consideraba que la economía es un eje principal de la Ley de Reurbanización.

Así, el equipo de gobierno hizo la propuesta de incluir el desarrollo económico con el fortalecimiento de las capacidades de las personas del barrio. En base a esa propuesta, se redactó el detalle entre los artículos sesenta y seis y setenta y tres de la Ley 6.129. La primera oficina de gobierno que se instaló en el barrio fue el Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (CeDEL), donde se remarcó la importancia del desarrollo económico para el proyecto. CeDEL comenzó a ofrecer capacitaciones, asesoramiento personalizado a emprendimientos y comercios, y un programa de orientación e inserción laboral para que todas las personas habitantes del barrio tuvieran mayor facilidad para acceder a un trabajo registrado. El CeDEL se construyó en un espacio que durante varios años había funcionado comocorralón de materiales de construcción que encubría un búnker del narcotráfico, por lo que además su ubicación tiene un significado especial para el barrio.

Crédito de imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Apoyo a la Economía Social y Solidaria

Para 2016, cuando comenzó a haber más presencia estatal dentro del barrio, ya existía un sistema de cooperativas que se dedicaban a la recolección de residuos. La articulación con el gobierno era mediante la Secretaría de Hábitat e Integración (SECHI), que cumplía la función de recepción de reclamos existentes del barrio para el Estado. Dado el reducido equipo y la poca capacidad de respuesta, con la creación de la Secretaría de Integración Social Urbana (SISU), se realizó un trabajo de sectorización de las cooperativas para ordenar territorialmente el sistema de higiene y saneamiento.

Se formó un equipo de trabajo territorial que tenía como objetivo la realización del seguimiento e identificación de puntos críticos de acumulación de basura. En ese marco se firmaron los primeros convenios entre cooperativas barriales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). De esa manera, se consiguió que el trabajo realizado tuviera un impacto social, lo cual mejoró lazos comunitarios y la convivencia en el territorio entre cooperativas. Desde la SISU se realizaba la supervisión del trabajo para garantizarel servicio de higiene y saneamiento para toda la comunidad, así como del uso correcto de elementos de seguridad del personal de las cooperativas. Toda la basura que se recolectaba se distribuía en contenedores ubicados en la periferia del barrio.

En 2018, a partir del registro de crecimiento de basura generada, se realizaron dos pruebas en diferentes sectores del barrio junto a la organización privada DelTerra.org. El objetivo principal fue probar la separación de residuos en origen (reciclables, orgánicos, basura mixta) y así, sumar a lo social/político. Por un lado, trabajar por una mayor sustentabilidad y, por otro, generar un impulso económico mediante la comercialización del material recuperado. De esa manera surgió el programa A Todo Reciclaje (ATR), cuya planta operativa fue relocalizada dos veces por el buen funcionamiento del programa que recupera material reciclable ygenera puestos de trabajo.Ya en 2019 pasó a tener un enfoque económico mucho más representativo porque, además del sueldo de cada persona trabajadora, las cooperativas comenzaron a tener ingresos extras por la venta de los materiales recuperados y vendidos a privados.

Las cuestiones administrativas se encontraban lejos de la realidad local, pero además con oficinas alejadasgeográficamente, desde los distintos equipos de la SECHI y SISU, hoy devenida en UPE (Unidad de Proyectos Especiales), se acompañó a las cooperativas en las limitaciones que se presentaron durante el proceso. En 2023 se creó el programa COOPERAR que formalizó el acompañamiento administrativo y motiva la legalidad. Además, gran parte de las cooperativas, por su objeto social, pudieron realizar trabajos que contribuyeron a las obras de infraestructura que se desarrollaron en el barrio a partir de la sanción de la Ley 6.129. Tanto las plazas, calles, canchas como los programas de construcción y mejoras de las viviendas de los distintos programas de la UPE, fueron realizados por cooperativas locales. De esa manera, el cooperativismo es una forma de comenzar el camino hacia la formalidad laboral.

Las cooperativas, generalmente, estaban a cargo de referentes barriales, por lo que el trabajo mano a mano influyó directamente en el plano político territorial que tuvo como impacto final lograr en poco tiempo mejoras notables en el territorio.

Crédito de imagen: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Entre las cooperativas que se acompañó, se encontraba AJAYU, la primera cooperativa de turismo comunitario del barrio. A partir de esa primera experiencia surgieron otros proyectos que están en vías de formalización. Para septiembre de 2022 un grupo de vecinas con emprendimientos propios en la feria formalizada del barrio, necesitaban que la gente se acercara en horarios donde bajaban las ventas. Este fue el punto de partida para que la cooperativa en formación “Mercados, Sabores y Saberes del Barrio Mugica” (MESSA) comenzara a hacer visitas guiadas que, por un lado, permiten conocer la gastronomía de las distintas colectividades del barrio y por otro, finalizan en la feria para que las personas visitantes puedan hacer compras y así contribuir con esos emprendimientos también.

Fue en ese contexto que el área de turismo de la UPE, en articulación con el ENTE turismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según el informe de cierre de gestión de la Dirección General de Desarrollo Turístico del ENTE de turismo de la Ciudad de 2021, empezó en 2020 a trabajar en conjunto y derivó en el plan estratégico de Turismo Comunitario Urbano. Este plan buscaba poner en valor los recursos patrimoniales de los barrios populares y generar emprendimientos turísticos sostenibles que tengan como protagonista a la comunidad local. Los principales objetivos propuestos fueron:

• Apoyar el desarrollo productivo a través del turismo.
• Contribuir al desarrollo turístico sostenible, poniendo en valor turístico su patrimonio natural y cultural.
• Posicionar como un atractivo turístico más de la ciudad y promover su inclusión en los circuitos turísticos, generando sinergia con otros atractivos de la zona.
• Impulsar la generación de experiencias turísticas creativas e innovadoras a través del fortalecimiento y apoyo de los emprendedores con potencialidad turística.
• Impulsar la creación de circuitos turísticos que puedan ser desarrollados por guías de sitio.
• Impulsar la inclusión laboral en turismo a través de la intermediación laboral y mejora de la empleabilidad en turismo.
• Promover la formación en turismo de personas del barrio desde niveles introductorios hasta la formación terciaria/universitaria.

Además, se realizó un trabajo de relevamiento del potencial turístico del barrio, que consiguió identificar oportunidades y necesidades de la población local para conseguir un servicio turístico que cumpla con estas. De esa manera, se hizo una encuesta a las personas que viven en el barrio para conocer la visión que tenían sobre la posibilidad de que llegaran turistas al barrio. En líneas generales, la respuesta fue positiva porque consideraban que era mostrar la realidad de lo que sucede en el barrio y contribuía a la eliminación de prejuicios, así como promover el consumo local.

Llegada la instancia de formación, se capacitó a siete personas y se les otorgó la habilitación de Guías de Sitio dentro del polígono barrial. Sin embargo, para ser guía en la Ciudad de Buenos Aires es necesario contar con título académico, por lo que en 2023, mediante la resolución N°39-ENTUR/2023 se crea la figura de promotor turístico barrial. De esta manera, se estableció un precedente a nivel regional de reconocimiento y regulación de lo que sucede en materia turística en barrios populares de grandes ciudades dando un marco normativo al turismo comunitario urbano como tal.

Desde el inicio de la actividad turística en el barrio Mugica, se han dado diferentes escenarios a nivel gestión pública. El rol del Estado se ha modificado de acuerdo a la necesidad de las personas emprendedoras en turismo. Además de los estudios necesarios, se acompañó el proceso de conformación y formalización de una cooperativa que incentivó al asociativismo de otros grupos, que, pese a no estar formalizados, trabajan de la misma manera. Además de reconocer el turismo comunitario urbano como parte de la actividad turística de la Ciudad de Buenos Aires mediante la capacitación, se trabajó en regulación por parte del ENTE de turismo de la Ciudad (organismo regulador de la actividad turística de la Ciudad de Buenos Aires). Desde la UPE del Barrio Mugica se trabaja de manera continua en la capacitación para enriquecer las habilidades de las personas promotoras turísticas y así mejorar sus servicios. Dar institucionalidad al proyecto de turismo del barrio, es cargar de profesionalismo la oferta para conseguir un equilibrio entre el impacto social positivo, como es la eliminación de prejuicios y fortalecer los lazos comunitarios que tuvieron un impacto en la productividad y economía local, y la contribución a la educación ambiental.

Conclusiones

Las grandes transformaciones en el Barrio Padre Carlos Mugica sucedieron a partir de la sanción de las leyes de urbanización que dieron origen a un organismo cuya principal tarea es que se cumpla la normativa y generar políticas públicas que integren de manera social, urbana y económica a la población local. Las políticas públicas de mejoras estructurales de viviendas, reasentamiento de las personas que vivían debajo del puente, saneamiento e inclusión social y económica son positivas para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida en el barrio.

Algunas de las mejoras que se han realizado son: accesos, ingreso del transporte público, creación de plazas… Respecto a las plazas, fueron planeadas para que la población acceda a espacios de dispersión y entretenimiento sin tener que salir del barrio y recorrer varios kilómetros a pie para llegar a un parque, además de ser utilizadas para el turismo. Todo esto fue gracias a una intervención del Estado de la mano de la población local y, por ello, es una propuesta reconocida a nivel internacional. Como así también se genera una propuesta de turismo comunitario urbano que busca alejarse del concepto de turismo de pobreza mostrando la multicuturalidad. 

Este artículo se publica en el marco del proyecto “Aprendizajes para el fortalecimiento del turismo comunitario”, ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Diputación de Barcelona (convocatoria 2022).