Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

La crisis económica, política, social y ambiental que sufre el país desde hace varios años está llegando a límites muy profundos en este 2011. En todo el territorio nacional, numerosas comunidades locales, organizaciones sociales y civiles han comenzado a unirse para denunciar la criminal guerra desatada por el gobierno federal (y muchos gobiernos estatales y municipales) contra la población, contra sus modos tradicionales de vida, contra su agricultura y sus condiciones elementales de subsistencia para apropiarse de lo que queda de la ya mermada riqueza nacional. Trátese de la violencia extrema de las bandas del crimen organizado, de la represión política u ocupación militar del Estado o del asalto privatizador de los territorios, los recursos naturales e infraestructuras producidas de la nación, México vive hoy una situación extrema de desgarramiento en la que cada uno de los proyectos de inversión (e intervención) extranjera o nacional en los espacios rurales y urbanos del país, más que representar una opción productiva se muestra, descarnadamente, como una fuerza destructiva que amenaza con arrasar nuestras fuentes de agua limpia, la fertilidad de nuestros suelos, la abundancia de nuestra biodiversidad silvestre y agrícola, nuestros bosques y nuestra salud.

Desde que nos reunimos como Asamblea, en septiembre de 2010 en la comunidad de Magdalena Ocotlán, en los valles centrales de Oaxaca (una de las muchas comunidades amenazadas por la criminal empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines), hasta la fecha, se han profundizado las agresiones y las amenazas contra muchas de las resistencias comunitarias que intentan frenar la descomposición y la destrucción socio-ambiental que representan los proyectos mineros, carreteros, de presas, de urbanización salvaje en ciudades medianas y grandes, de invasión de semillas transgénicas y por la contaminación y sobreexplotación de las aguas del país:

· En la ciudad de México surgen y continúan decenas de movimientos en los barrios de Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlalpan, Tláhuac o la Magdalena Contreras para impedir el proceso de privatización de la ciudad, mientras que en el estado de México se reúnen los pueblos del oriente para denunciar el asalto a sus tierras de cultivo por las unidades habitacionales privadas, los centros comerciales y las tiendas de conveniencia y proponer el rescate ambiental de la zona lacustre.

· En Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, las comunidades campesinas reclaman la cancelación de los proyectos de construcción de grandes y pequeñas presas hidroeléctricas que no sólo les forzarán a emigrar, sino que amenazan con destruir grandes extensiones de bosques y tierras de cultivo que son su principal medio de producción y reproducción.

· En Baja California Sur, Colima, Jalisco, Chihuahua, San Luis Potosí, la montaña de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Durango, Sonora y Veracruz se vive el terror de la ingeniería de conflicto que acompaña a los proyectos canadienses, estadounidenses y mexicanos de extracción minera que operan gracias a la complicidad y corrupción del Estado, que autoriza sin fundamento sus mal llamadas “manifestaciones de impacto ambiental”, y se convierte en garante de los intereses de empresas trasnacionales que, además de saquear los territorios de los pueblos indígenas y campesinos, dejan tras de sí una cauda de muertes por enfermedad o por la violencia de sus grupos paramilitares.

· En Puebla, Morelos, el Estado de México, el Distrito Federal, Oaxaca, la región de las Huastecas, en San Luis Potosí y en la sierra Huichola de Jalisco las comunidades y pueblos de las orillas de las ciudades luchan contra los proyectos de construcción de carreteras privadas, libramientos, “supervías”, líneas del metro o rutas de metrobús que servirán sólo para vaciar de campesinos, indígenas y habitantes urbanos pobres los territorios y los barrios, con el fin de densificar todavía más las áreas urbanas ya insustentables y abrir paso a los grandes negocios de la especulación inmobiliaria, la construcción de hipermercados, gasolineras y tiendas de “conveniencia” que, además de incrementar la contaminación del aire y del suelo, destruir zonas de conservación e impedir la recarga de los acuíferos ya sobreexplotados, propiciarán la generación de mayores volúmenes de residuos que envenenarán a muchas más comunidades que ya han alzado la voz en estados como Morelos, Jalisco, México, Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua y Sonora, contra los basureros a cielo abierto, los rellenos sanitarios y los confinamientos de residuos tóxicos que poco a poco los enferman y los envenenan genéticamente.

· En Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Veracruz y Guerrero, numerosas organizaciones, comunidades e individuos alertan sobre la destrucción de las costas, selvas, bosques, humedales, lagunas costeras, cenotes y sistemas fluviales subterráneos perpetrada por gigantescos megaproyectos turísticos y habitacionales, las bandas de talamontes o el emplazamiento de empresas gaseras y la expansión de los puertos que impiden la reproducción de los campesinos y pescadores, envenenando con sus residuos las playas, destruyendo la biodiversidad de los arrecifes, los bosques y los espacios productivos de las comunidades rurales.

· En las cuencas de los ríos Santiago (Jalisco), Atoyac-Zahuapan (Puebla y Tlaxcala), Lajas (Guanajuato), Lerma (Estado de México, Guanajuato y Michoacán), Apatlaco (Morelos), Balsas (Guerrero y Michoacán), Tula y Salado (Hidalgo), Papaloapan, Blanco y Coatzacoalcos (Veracruz) y en los valles de Perote, en Veracruz y de Ocotlán, en Puebla, las comunidades están luchando por su vida y su salud, destruida por décadas de negligencia oficial para limpiar los ríos de los vertimientos de residuos fecales de las ciudades y tóxicos de las industrias o de la sobreexplotación industrial de las aguas subterráneas para beneficio de empresas embotelladoras, automotrices, petroquímicas o agroindustriales que son arrojados en los ríos y las tierras de las comunidades sin ninguna regulación o control de parte de las autoridades ambientales locales o federales.

· La geografía del riesgo se extiende a todo el territorio nacional por las catástrofes derivadas de la explosión de ductos de petróleo en el centro del país (Puebla y Tlaxcala) o de empresas industriales no reguladas (Puebla y Veracruz), sin que el gobierno reconsidere su proyecto de ampliar las redes de gasoductos en el oriente del estado de México y Morelos, mientras que la mayor sequía en 70 años (vinculada con el calentamiento global que el gobierno mexicano simula combatir) ha provocado ya este año pérdidas de cosechas y ganado en Zacatecas, Durango, Coahuila y Sonora, así como la pérdida de 500 mil hectáreas de bosques y matorrales por los incendios forestales (sólo en Coahuila), a la vez que las inundaciones catastróficas se repiten año con año en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y la región centro del país, agravadas por la negligencia de la Conagua y los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México para solucionar su crónica incapacidad de operar los sistemas de drenaje residual y pluvial de la Zona Metropolitana de la ciudad de México.

· En todo el país, redes de comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, civiles, urbanas y científicas han demostrado la amenaza que se cierne sobre México por la autorización que otorgó el gobierno federal a la siembra “experimental” de maíz transgénico en el norte del país (Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas), lo que constituye no sólo la invasión del capital trasnacional al campo mexicano, sino el riesgo de pérdida de la mayor contribución económica, agrícola y cultural que los pueblos indígenas mexicanos le han dado al mundo en su historia: el maíz.

Frente a todas estas agresiones —que deben ser integradas al expediente negro del neoliberalismo mexicano como consecuencia de 17 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, junto con los más de 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos de la guerra del régimen actual contra la población—, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales nos ha servido a muchos como espacio para fortalecernos en la comprensión integral de las múltiples crisis que vive el país, para mejor organizarnos en la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, así como para tejer alianzas con otras luchas sociales del país y del extranjero que activamente están buscando proponer alternativas reales a las “falsas soluciones” que promueve hoy el capitalismo global (como la geoingeniería, la nanotecnología, la biotecnología, la biología sintética, el programa REDD+), las cuales sólo sirven para simular que se enfrenta la crisis alimentaria e hídrica y el caos climático, mientras se mantienen intactos (e incluso se fortalecen) los privilegios y las ganancias extraordinarias de las empresas y Estados principalmente responsables de la crisis múltiple que hoy vivimos.

Por todo esto y porque necesitamos avanzar en nuestro proceso organizativo nacional para consolidar nuestro movimiento y las urgentes tareas que la grave situación del país nos presenta en el futuro inmediato, los miembros del Consejo de Representantes de la Asamblea, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) y la comunidad de Salsipuedes, Acapulco, Guerrero, convocamos a la

Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

que se realizará los días sábado 30 y domingo 31 de julio de 2011, en la comunidad de Salsipuedes, municipio de Acapulco, Guerrero, una de las numerosas comunidades pertenecientes al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Después de ocho intensos años de lucha contra este megaproyecto, las comunidades guerrerenses opositoras al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Parota se han convertido en una de las más emblemáticas luchas ambientales populares de México y del mundo, porque han sabido definir una estrategia de lucha firme y pacífica para impedir el despojo de sus tierras, su desplazamiento forzado y los abusos y violaciones jurídicas de las autoridades estatales y federales. Sin embargo, a pesar de que el CECOP ha obtenido cinco veces un triunfo legal en los tribunales contra las asambleas ilegales promovidas y realizadas por la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno sigue negándose a decretar la cancelación definitiva del proyecto de construcción de la presa, lo cual mantiene bajo amenaza permanente de represión y conflicto a las comunidades afectadas.

En esta Séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, convocamos a todas las luchas socio-ambientales del país a refrendar nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico La Parota y para exigir que se le ponga punto final, pero también, para informarnos colectivamente de la situación que cada uno vive en sus localidades y regiones, para conocer los avances de nuestra demanda colectiva contra el Estado mexicano ante el Tribunal Latinoamericano del Agua por la destrucción del sistema hídrico nacional y para iniciar el trabajo informativo y organizativo de la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, que dará comienzo en octubre de 2011.

Más información: afectadosambientales@yahoo.com.mx