Jair Krischke: Els dimonis estan sortint de l'infern

(text disponible només en castellà)

La intensificación de la represión a los movimientos sociales y la criminalización de la protesta están llegando en Brasil a niveles muy preocupantes, dijo a La Rel el presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de ese país, Jair Krischke.

A pocos días del inicio de la copa mundial de fútbol, las huelgas y manifestaciones del más diverso tipo no cesan en todo Brasil. Al contrario, se multiplican.

“No son de hoy, arrancaron un año atrás, con las enormes movilizaciones de junio de 2013, pero después no han parado y no van a cesar cuando termine la copa. Es lógico que con el torneo se intensifiquen y se hagan más visibles”, afirma el reconocido militante humanitario.

“Traen sus problemas, claro, como los gigantescos embotellamientos que está viviendo São Paulo por la paralización de tres de las cinco líneas del subterráneo (¡600 kilómetros de filas el viernes, algo invivible!), pero sería muy tonto quedarse en eso, limitarse a las quejas por los problemas que causan las huelgas y movilizaciones sin analizar por qué se producen”, apunta Jair.

Lo más grave, dice, no es la gente en la calle sino la represión de la policía.

Veinte muertos y miles de heridos

“Han recurrido de manera indiscriminada a las balas de goma y a los gases lacrimógenos para atacar a manifestantes que en la mayoría de los casos protesta de manera pacífica, sacando los líos provocados por infiltrados. Hace mucho que no se veía algo así”.

Amnistía Internacional –cita Krischke- habló del recurso de los cuerpos de seguridad a una “estrategia del miedo”, y es precisamente eso lo que está pasando, afirma. “La policía, el ejército están por todos lados. Incluso los fusileros navales con sus tanquetas, como en Río de Janeiro. Efectivamente, da miedo”.

La semana pasada Jair debió suspender una charla que estaba dando en la universidad en su ciudad, Porto Alegre, porque alguien “llamó a los milicos” para desalojarlo.

Lo dice recurriendo a uno de los tantos rioplatensismos con los que carga su español, aprendidos en su intenso contacto con exiliados argentinos y uruguayos en los años setenta y sus constantes viajes al vecino Uruguay. “Llamaron a los milicos por una charla, una barbaridad”, repite, y se indigna.

Entre junio de 2013 y comienzos de abril último alrededor de 20 personas murieron en hechos relacionados con las protestas, según datos de la asociación Justicia Global, y entre junio y diciembre del año pasado los detenidos en manifestaciones sumaron cerca de 1.700.

“Son cifras muy altas, inusualmente altas”, observa Krischke, “y que van a seguir aumentando tal como están las cosas”. La militarización de la sociedad es creciente. La pauta la actitud de las fuerzas de represión, pero también la del gobierno federal y la de la justicia.

Los mismos métodos de la NSA de Estados Unidos

“Acaba de pasar una cosa increíble: un juez de Río de Janeiro emitió a comienzos de junio una orden de captura colectiva acompañada de un mandato de allanamiento y requisa de toda un área de las favelas do Maré”, un complejo de asentamientos de la periferia de la ciudad.

“Es absolutamente inconstitucional, no puede haber órdenes de detención colectivas”, comentó Krischke.

Pero hay más. El Congreso tiene a estudio un proyecto de ley que define como “actos terroristas” los daños a bienes y servicios esenciales, cuya aplicación restringirá aún más el ejercicio del derecho a la protesta, mientras el Ministerio de Defensa otorgó poderes extraordinarios a los militares en una larga resolución en la que los movimientos sociales son mencionados como “las fuerzas oponentes”, una “terminología que recuerda a los tiempos oscuros de la dictadura”.

Hace un tiempo se supo, abunda Jair, que el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el general José Elito Sequeira, ordenó al Centro de Defensa Cibernética del Ejército realizar un monitoreo de las redes sociales, 24 horas sobre 24, para controlar las comunicaciones de los líderes más visibles de las movilizaciones callejeras.

José Carlos dos Santos, el responsable de ese Centro, llegó a admitir que había recurrido a las mismas metodologías utilizadas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, el organismo para el que trabajaba el ex analista de inteligencia Edward Snowden, refugiado desde hace un año en Rusia tras haber revelado la magnitud del espionaje ejercido por Washington en todo el mundo precisamente a través de la NSA.

“Otra vez estamos ante algo absolutamente anticonstitucional. La seguridad interna no es asunto de las Fuerzas Armadas y de sus órganos satélites sino de las policías. Es increíble que un general haya admitido que actuó como actuó y no le haya pasado nada”, protesta el presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos.

Una paradoja de la historia es que entre las víctimas de las operaciones de escucha de comunicaciones telefónicas y electrónicas de la NSA identificadas por Snowden estaba la presidenta de Brasil Dilma Rousseff.

“Dilma ha dejado escapar a los demonios. Les dio poder a los militares, se comprometió con ellos, y de esa manera abrió las puertas del infierno, y se sabe que una vez que los demonios salen del infierno es muy difícil que después retornen. Lo que ha hecho es sumamente peligroso”, se inquieta Jair.

Cuidado con los infiltrados

Krischke tiene 76 años. “Lejos de mí está hacer pesar esa edad para darles consejos a los muchachos que protagonizan las movilizaciones sociales, pero es muy evidente que les falta experiencia y no toman ningún cuidado sobre las manifestaciones que realizan”, dice.

“Invariablemente”, esas marchas terminan en actos de vandalismo. Los cometen militantes de grupos de extrema derecha, o gente pagada por ellos.

“Eso es bastante sabido, se han difundido algunas pruebas, pero ya se debería haber tomado medidas para que no pasaran más estas cosas.

También son bastante peligrosas, porque contribuyen a crear el clima necesario para criminalizar a los movimientos”, concluye Krischke.

Publicado originalmente en la Rel-UITA el 9 de junio de 2014. Editado en el marco del acuerdo de colaboración entre Rel-UITA y Alba Sud.