Suspensión del Aeropuerto Internacional de Bávaro: lucha de intereses

Desde hace varios años la meta del Ministerio de Turismo dominicano es llegar a 10 millones de turistas al año. Con el fin de alcanzar este objetivo se han aumentado el número de habitaciones hoteleras y se han desarrollado nuevos destinos, como Miches y Pedernales, y, por otro lado, se ha apostado por el turismo de cruceros. Dentro del marco de los recientes proyectos, en febrero de 2020 se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la zona de Macao-Bávaro, a tan solo 24 km del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Las instalaciones completarían la infraestructura necesaria que permitiría recibir 10 millones de turistas. En la primera etapa recibiría 2.5 millones de pasajeros, creando 2.000 empleos directos, 3.500 indirectos y 1.500 inducidos. Este proyecto conlleva una inversión de 200 millones de dólares, y será construido por el Grupo ABRISA, en conjunto con la firma de ingeniería Eurocontrol, la empresa Leading Aviation Consulting y la firma EFEBE Arquitectura.

La construcción fue aprobada por la Comisión Aeroportuaria mediante la Resolución núm. 6796 en el pasado gobierno. Este sería el segundo aeropuerto de la provincia La Altagracia y el tercero para la región Este. Como se señalaba anteriormente, el destino turístico de Bávaro-Punta Cana posee ya el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), que pertenece al Grupo Puntacana, que es el que registra el mayor flujo del país. De acuerdo con el Informe del Flujo Turístico de enero-agosto 2021 del Banco Central Dominicano  de los 2.938.205 de turistas que llegaron al país, el 55.4% entró por la terminal de Punta Cana. Asimismo, de los 519.349 turistas que entraron al país en noviembre de 2021, el 53% llegó por el PUJ, según cifras del Ministerio de Turismo. En consecuencia, la construcción del AIB significaría una competencia directa al PUJ.

Conflictos intereses entre dos grupos empresariales

Pocas veces se generan debates públicos con el anuncio de proyectos referentes al sector turístico. Sin embargo, la discusión no se centra en si es necesario un nuevo aeropuerto internacional y sus consecuencias para las comunidades cercanas, sino más bien entran en juego los intereses de dos grandes compañías de la zona.  Así lo explica un diario digital local:

Un grupo empresarial encabezado por Abrisa, empresa que lidera Abraham Hazoury, plantea la construcción de un aeropuerto de Bávaro, en Higüey, pese a su complicada viabilidad ante el liderazgo abrumador del Aeropuerto de Punta Cana, propiedad del Grupo Puntacana, que preside Frank Rainieri, y a que los mayores expertos internacionales en la materia, como es la ACI (Airport Council International), desaconsejan claramente dos aeropuertos para un mismo destino, en un momento además de máxima sensibilidad social con el medio ambiente.

Ahora bien, ¿por qué debatir si será competencia del PUJ? ¿El hecho de generar empleo no es suficiente? Para Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), el AIB no generaría nuevos empleos, sino que traería una situación de crisis y dividiría los puestos de trabajos existentes porque la cantidad de vuelos que recibe actualmente el PUJ sería repartida entre las dos terminales, lo que no significa nuevos empleos, sino una redistribución de los existentes.

Así también lo interpreta Peter Cerdá, vicepresidente regional para Las Américas de la Asociación de Trasporte Aéreo Internacional (IATA), a través de una carta dirigida al Ministro de Obras Públicas y comunicaciones, Ing. Deligne Alberto Ascensión Burgos, donde señala que es innecesaria la construcción de un nuevo aeropuerto para una misma área geográfica, y cómo eso conllevaría a ineficiencias operativas y la dilución del tráfico de pasajeros. Otro punto que manifiesta en la carta es la falta de seguridad, ya que la construcción del aeropuerto implica operaciones complejas de seguridad a causa de la poca distancia con el otro aeropuerto, el PUJ, a solo dos minutos de vuelo. Por otra parte, de operar ambos aeropuertos lo harían con pérdidas al dividir el flujo de pasajeros y carga. Donde ya hay 8 aeropuertos internacionales y con una superficie de un poco más de 48 mil kilómetros cuadrados, no existe una justificación razonable para la construcción de un aeropuerto internacional adicional, concluye Cerdá.

Para el Grupo ABRISA, en su video promocional, se identifica que la necesidad de un nuevo aeropuerto recae en que llegan a la isla alrededor de 7 millones de turistas, y más de la mitad lo hacen vía Punta Cana, debido a su infraestructura hotelera y constante crecimiento. Por ello, la construcción del nuevo aeropuerto ayudaría a traer más turistas y aportaría al desarrollo y progreso de miles de familias.

Sin embargo, frente todo esto y ante la disputa pública y oposición de los propietarios del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la Comisión Aeroportuaria ha defendido su posición sobre la aprobación de la construcción del nuevo aeropuerto alegando que la decisión de sus miembros está dentro del marco de la ley. No obstante, en octubre de 2020 se suspendió la construcción del aeropuerto por cuestiones ambientales y de seguridad aeronáutica.

A espera que se calmen las aguas

Luego de una larga disputa, sobre seguridad aeronáutica y competencia con el aeropuerto de Punta Cana, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ordenó la paralización de los trabajos, de manera provisional, al asegurar que el permiso de construcción otorgado, resulta lesivo para el interés público. La institución, que en primera instancia otorgó el permiso, reconoce que dicha resolución incurrió en violación de las normas y procedimientos en el ordenamiento jurídico. El IDAC también advirtió de irregularidades en la concesión del permiso de construcción.

Luis Leonardo supervisor de los servicios de navegación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), en Punta Cana, cuestionó que en la Evaluación técnica del AIB se considerara viable su construcción, basándose únicamente en la información suministrada por la empresa interesada. 

Como respuesta a las acusaciones, Abraham Hazoury, presidente del Grupo ABRISA declaró que no existía ningún riesgo económico ni técnico para que este aeropuerto fuera construido. En este mismo comunicado, señala que se ha levantado una campaña para infundir la opinión pública con el único propósito de seguir perpetuando monopolio y privilegios.  También alega que Luis Leonardo, supervisor del IDAC en el PUJ, está “al servicio del supervisado”, porque su opinión no es objetiva y vela por los intereses del PUJ.

Afirma que lo que está suspendido es el inicio del proceso de construcción del AIB, todos los permisos otorgados para la construcción del aeropuerto siguen en vigencia.

¿Por qué se suspendió la construcción?

La creación de proyectos que sean en beneficio del sector turístico en el país parece tener el pase libre a cuestionamientos, siempre y cuando prometan la creación de nuevos empleos. Lejos de discutir qué grupo empresarial tiene razón, no se han analizado los beneficios o impactos negativos que pude traer este nuevo aeropuerto a las comunidades cercanas. Las consecuencias ambientales que conlleva, el aumento significativo del nivel de ruido, la mala calidad del aire,¿vale la pena el riesgo? Estas son las cuestiones que deberían estar en el centro del debate.

Danipaco.es. Imagen bajo licencia Creative Commons.

Ahora bien, en este marco de discusiones queda de manifiesto la influencia que pueden llegar a tener los grandes consorcios privados en cuestiones del Estado, ¿si fuese la comunidad la que estuviera protestando por la construcción de este aeropuerto se habrían logrado los mismos resultados?  La construcción fue suspendida hasta el momento, pero aún no se descarta por completo que se construya, ya que queda la posibilidad de que el Grupo ABRISA reintroduzca su solicitud para el levantamiento de la terminal, y siempre y cuando cumpla con los requerimientos normativos y técnicos se les podría otorgar nuevamente la autorización de inicio de construcción.

El Estado debe velar por el bien de la población. Así pues, la aprobación de la construcción de un proyecto de esta magnitud debe partir del estudio de su viabilidad y evaluación ambiental por los organismos correspondientes, garantizando transparencia y objetividad y no favorecer a un grupo empresarial u otro.