Sadernes, del caos a la regulación

Sadernes, en el valle de Sant Aniol d’Aguja, es un de los lugares turísticos más emblemáticos de la comarca de la Garrotxa en Cataluña. Pertenece al municipio de Sales de Llierca, con una población de 164 habitantes, dentro de la subcomarca de la Alta Garroxta, un macizo de montaña al norte de la comarca coronado por el pico del Comanegre con 1557 metros de altura, el punto también más elevado de la Garrotxa. El valle está atravesado por el río Sant Aniol, que al bajar de las montañas forma gorgas y saltos de agua de gran belleza y muy apreciados por el barranquismo y para el baño recreativo. La zona también es muy conocida por sus rutas senderistas por la gran cantidad de caminos señalizados, y por la escalada gracias a las paredes y crestas particularmente adecuadas para su práctica. Sadernes cuenta con un camping, un hotel y diversos establecimientos de turismo rural. Estos espacios están gestionados por el Consorci de l’Alta Garrotxa, entidad creada en el año 2000, actualmente dependiente de la Generalitat de Catalunya, y de la que forman parte activa los 11 municipios englobados dentro del espacio natural.

Un problema de “orden público”

Todos estos atractivos y unas comunicaciones cada vez más rápidas, que con la apertura del túnel de Bracons (2007) y la construcción de la autovía A-26 o eje Pirenaico (entre el 2002-06 tramo Besalú-Olot) la han acercado a 1 hora y 30 minutos del área metropolitana de Barcelona y a 45 minutos de la ciudad de Girona, convirtiéndola en un punto de gran masificación turística.

El problema empezó a medios de los años noventa y como explica Sara Sánchez, licenciada en Ciencias Ambientales, DEA en Educación Ambiental y técnica desde hace 17 años del Consorci de l’Alta Garrotxa, “todo empezó como un problema de orden público, hasta el punto que la zona era denominada por los cuerpos policiales de la comarca como “el Vietnam de la Garrotxa” por la gran cantidad de robos y actos vandálicos que sufrían las largas hileras de coches estacionados en las cunetas de la pista de acceso.

En este contexto caótico y de inseguridad ciudadana el Consorci se planteó diferentes actuaciones, con tres objetivos, según nos explica Sara Sánchez “la protección de los valores naturales, garantizar la seguridad y el orden público y mejorar la calidad de la visita”.

Como primera actuación se impusieron limitaciones al acceso motorizado, creando 200 plazas de aparcamiento regulado y limitando y sancionando el estacionamiento fuera de ellas. Regulación que la misma Sara reconoce que “al principio costo de entender, sobre todo entre la población local” pero que progresivamente “se ha ido fijando en el imaginario de la gente que ha normalizado la regulación como un beneficio en la calidad de la visita”. Estas actuaciones también han incluido los caminos, diversificando los senderos para evitar masificación en determinados lugares, y la escalada, estableciendo espacios libres, paredes donde solo es posible practicarla en épocas determinadas y lugares donde está totalmente prohibido hacerlo. Por otro lado, y en colaboración con la Associació Galanthus, se ha llevado a cabo “un estudio de barrancos y gorgas que señala donde se puede autorizar el baño y donde el riesgo para los valores naturales exige prohibirlo. Sobre todo en aquellos espacios protegidos como “Hábitats de Interés Comunitario” donde hay que restringirlo de forma total” nos explica Sara.

Y llega el “desconfinamiento”

A causa de la pandemia, y concretamente a partir del final del confinamiento en el verano de 2020, la situación se complicó en extremo, ya que con la imposibilidad de realizar viajes al extranjero y la resaca de los meses de encierro obligatorio las visitas se multiplicaron por cinco respecto a años anteriores. La preocupación inicial, para Sara Sánchez, era “el mantenimiento de las distancias de seguridad entre personas dentro del contexto provocado por la pandemia”. Por eso se decidió reducir en un 50% la capacidad de los parkings, en un intento desesperado de acotar el número de visitantes. Pero la realidad fue que los coches empezaron a ocupar las cunetas de la carretera de acceso al espacio regulada. Por tanto, no se había solucionado el problema, sino que simplemente se había trasladado más abajo.  La medida se revirtió y se señalizaron los espacios con informaciones sobre las prescripciones sanitarias a tener en cuenta. También se ordenaron las rutas cortas y más utilizadas para hacerlas circulares y evitar al máximo las aglomeraciones. Todo esto en un contexto de afluencia masiva y desconocida hasta entonces.

Sadernes. Imagen del Consorci de l'Alta Garrotxa.

Inspirada en la experiencia de la Platja de Castell, y en el marco de la falta permanente de recursos públicos para la gestión de los espacios naturales, era necesario abrirse a la posibilidad del pago por el acceso. Se estableció un precio de acogida al espacio regulado de 5,56 euros por coche, a pesar de que el coste real calculado se encuentra entre los 10 y los 12 euros, aportando la Generalitat de Cataluña el margen no cubierto por la tasa. Sara Sánchez admite que esta es una medida no deseada, ya que puede abrir la puerta a una posible elitización y en ningún caso ha de ser la finalidad, pero si la ve como un medio para el cambio de paradigma que necesita el turismo de proximidad en espacios naturales: “evitar la improvisación en el viaje y fomentar la planificación previa de la visita”. Así considera, que igual que la asistencia a un espectáculo artístico o la visita a un museo requiere planificación y reserva previa, la salida a un espacio  natural debería funcionar con los mismos parámetros.

Por otro lado, una cuestión importante también destaca que la regulación de un espació ha de tener siempre el acompañamiento de un equipo de educación ambiental. Octavi Bonet, pedagogo y coordinador de Tosca, empresa de educación ambiental que ha sido responsable de los puntos de información de Sadernes afirma: “el papel de los educadores ambientales es fundamental y ha de ir más allá de un simple control y ordenación de los flujos de visitantes. Hacen falta puntos de información móviles para detectar los malos usos y hacer intervenciones activas y pedagógicas con los visitantes”. Bonet destaca que el río Sant Aniol es una “reserva natural fluvial” con valores naturales de gran fragilidad y que difícilmente son compatibles con el baño recreativo masivo que se ha dado en la zona. Para el coordinador de Tosca, “el río no puede ser una piscina pública” y “hay que compatibilizar el derecho al disfrute de la naturaleza con su preservación, y eso solo será posible con regulaciones y mucha intervención pedagógica sobre el terreno de cómo comportarse en los espacios naturales”. Para Sara Sánchez precisamente una de las garantías para poner en valor y mejorar la calidad de la visita es fundamental “la educación ambiental y la profesionalidad de los informadores. No únicamente han de ordenar el tráfico, sino que han de ser educadores y ayudar al visitante a conocer y respetar el espacio natural”.

Punto de información en Sadernes. Imagen del Consorci de l'Alta Garrotxa.

Otro elemento de futuro a tener en cuenta, sobre todo en el contexto de emergencia climática y una posible crisis energética que limite la posibilidad del desplazamiento motorizado, es convertir el transporte público en una forma más usual de acceso al medio natural. Según reconoce la misma Organización Mundial del Turismo, un 75% de las emisiones del turismo son provocadas por el transporte. En este sentido, Sara Sánchez ve positivo el trabajo del Consell Comarcal de la Garrotxa, “que está elaborando un proyecto donde la movilidad forme parte protagonista de la experiencia de la visita, aprovechando todas las posibilidades que nos da la tecnología Smart y potenciando y articulando las diferentes modalidades de transporte”. Así mismo la existencia de una “mesa de movilidad comarcal que también tiene en cuenta e integra la movilidad turística, y que está estudiando los flujos, tanto de la población en general, como del turismo en particular, para ver como regularlos y canalizarlos a través del transporte público o de otras formas de movilidad sostenible”. El transporte público puede cumplir una triple función, garantizar una visita de más calidad, más democrática y con menos impacto en el medio natural al regular el acceso y limitar la invasión de vehículos privados. 

Sadernes representa un ejemplo paradigmático de espacio natural de gran atractivo lúdico y paisajístico que se ha convertido, por esa misma razón, en una auténtica zona cero de la masificación turística en la naturaleza. Pero gracias a la existencia de un organismo público que interviene para regular y limitar los efectos negativos de la sobrefrecuentación también se ha convertido en un laboratorio de buenas prácticas del que otras zonas protegidas y espacios rurales pueden aprender mucho: limitando el acceso motorizado y escalonando las posibilidades de aparcamiento en función de la época del año, regulando las actividades de ocio y deporte, atendiendo a los valores naturales en juego y a la fragilidad de estos, mejorando la calidad de la visita con informadores y educadores ambientales que orienten y refuercen las buenas prácticas y finalmente buscando un equilibrio entre las actividades cotidianas del sector agrario y ganadero y las visitas de ocio turístico.

Garantizar el derecho democrático a un uso del medio natural por parte de todas y todos, sobre todo de las poblaciones urbanas, requiere liderazgo político, voluntad pública y recursos humanos y económicos para organizar un ocio que, por otro lado, es fundamental para la salud y el bienestar humanos.