Somos realistas, pedimos lo imposible

Los movimientos sociales promueven y practican al mismo tiempo políticas enmarcadas en la futura transición ecosocial. Las propuestas de defensa y mejora del territorio demuestran su implicación en la realidad de los lugares que habitan, interpelando a la reflexión sobre el nuevo paradigma perseguido: convierten en realidad la coordinación de ideas, procedimientos y acciones. En este artículo les pasamos revista y los sistematizamos en tres grupos: 1) proyectos de renaturalización, 2) iniciativas legislativas populares y 3) denuncia política y ante las administraciones públicas.

Transición ecosocial justa, democracia e investigación-acción

La transición del sistema global en crisis a un nuevo paradigma será una realidad. Se ha ganado el discurso, y se acepta que el cambio se producirá. La cuestión es cómo se realizará, y el grado de justicia social y ambiental que implicará. Porque la transición puede ser coordinada y justa, o un sálvese quien pueda, y desencadenar en ecofascismos variados (Taibo, 2020). El problema fundamental es, entonces, cómo dirigir las transformaciones del paradigma existente –de dominio capitalista, colonialista y patriarcal, sobre el medio natural, las sociedades y la ciudadanía desfavorecida en general–, hacia otros paradigmas sociales y ambientales justos.

Toda transición es un proceso, no un estado final. La transición ecosocial, además, será sistémica y lo más importante, será plural, habrá transiciones diferentes en lugares distintos. Por ello, también será contradictoria e incompleta (Carpintero y Riechmann, 2013; Taibo, 2020). ¿Dónde comenzar a doblegar el sistema global en beneficio del nuevo deseable que está por venir? ¿Cuáles son los puntos a los que hay que dirigirse para que la efectividad sea mayor en el tiempo y el espacio?

1) Necesidad de conectar ideas y acciones. Según Sennett (2013) la reflexión siempre pierde cuando se separa de los hechos concretos; es decir, reduce su calidad y efectividad. Por otro lado, se puede afirmar que no hay problema intelectual más lamentable que resolver muy bien ideas equivocadas (Aravena, 2014). Este es un hecho que en el mundo de la arquitectura y del urbanismo suele ser habitual, pues “los proyectos nacen por razones equivocadas, planteados por las personas equivocadas, y se realizan en los lugares equivocados” (Koolhaas, 1992). El comentario de Koolhaas se confirma en el diseño de las infraestructuras y la construcción del litoral turístico español, motor de la geografía del despilfarro (Romero et al., 2018). Por ello, una de las políticas necesarias de la futura transición –entre muchas otras–, será la de coordinación, conexión y síntesis. Según las consideraciones anteriores, los hechos concretos tienen la virtud de poder ser leídos relacionando las ideas que los desencadenan, las estrategias que se llevan a cabo, y los resultados obtenidos. De esta manera, si son adecuados a una transición deseable, pueden convertirse en ejemplos a implementar en otros lugares y situaciones.

2) Democracia. La democracia no es sólo un sistema socialmente destacable: su paradigma es la isonomía (no kratos; sin dominio). El carácter de la isonomía –su ethos–, es custodiar la potencia de ser del mundo y las cosas, y sus relaciones de vida. Para ello, se necesita un reconocimiento de lo que existe y su valoración afectiva. Este hecho, no solo es social, sino que también configura la relación con “lo otro” natural. Antes de llamase democracia (imaginario antropocéntrico), el sistema político griego fue conocido como el de la isonomía (imaginario ecocéntrico). En un sistema democrático, además, prácticas y fines son lo mismo (Vernant, 1992; Castoriadis, 2000; Latouche, 2015).

3) Investigación-acción. Acercarse a los hechos cuando se están produciendo es una buena manera de conocer sus historias y consecuencias concretas. La diferencia principal entre un método de investigación convencional –que tiene primero una fase de conceptualización y luego otra que la aplica al objeto de estudio–, y el método deductivo –investigación-acción (Ibáñez,1986; Red Cimas, 2015; Harvey, 2018)–, es que en éste la investigación debe adaptarse a un experimento colectivo (Latour, 2006). Y produce una doble retroalimentación: en lo social, con la ciudadanía y los agentes concernidos (movimientos sociales, asociaciones, empresarios, profesionales, la Administración etc.); y en lo disciplinar, con los planteamientos multidisciplinares, porque se trabaja transdisciplinarmente. Lo que conlleva un proceso científico cuyo método sistémico se dirige a una investigación colectiva y democrática.

Propuestas de los movimientos sociales

Algunos movimientos sociales (MMSS), a su manera, actúan según el paradigma de la transición ecosocial. Lo hacen experimentando, ensayando e inventando según las coyunturas que se encuentran. Sus maneras de hacer poseen la virtud de relacionar ideas, procedimientos y acciones, y de ser a menudo bastante democráticas.

Los MMSS tradicionales han desarrollado una labor fundamental en los conflictos del espacio habitado. En España, desde el 15M de 2011, los MMSS se han apegado más a lugares concretos: son más espaciales. Ahora son menos jerárquicos y organizados –a menudo sin personalidad jurídica–, y más erráticos en sus estrategias (Castells, 2012). Sin embargo, sacan a la luz amenazas forjadas entre bastidores por los promotores privados y las distintas Administraciones, habitualmente en connivencia. Éstas las acompañan, proponiendo alternativas, como el cuidado y la extensión de los derechos fundamentales, y de la justica espacial y ecológica (Soja, 2014; Lefebvre, 2013). Y en concreto, defienden los litorales y humedales amenazados por el turismo, el aire limpio, la protección del paisaje, el patrimonio agrícola, los proyectos de parques y bosques urbanos, la defensa de ríos y su renaturalización, la garantía del acceso a la vivienda digna, y una vida cotidiana sin ruido ni contaminación (Navarro et al., 2019).

Se acompañan a continuación, detalladas, cuatro prácticas promovidas por MMSS y/u ONG en el litoral turístico: 1) de defensa, desconstrucción y renaturalización de tramos del litoral valenciano; 2 y 3) de propuestas de iniciativas legislativas populares (nacional, para el Mar Menor de Murcia; y regional para las generaciones futuras en Baleares); y 4 de resistencia proactiva con alegaciones y recursos, seguimiento, etc., en Nerja (Málaga).

Caso 1: “El Saler per al poble” y la restauración del conjunto dunar

La Devesa es una barra de dunas paralelas a la costa y un sistema de balsas conocidas como malladas. Es uno de los tres ecosistemas del Parque Natural de la Albufera de Valencia, junto con el del lago de agua dulce conectado al mar por canales, y el de la marisma que lo rodea, con arrozales (Armengol et al., 2019). El espacio dispone de figuras de protección ambiental nacional (Parque Natural) e internacional (Ramsar, LIC, ZEPA y Red Natura 2000).

Comparación en la zona del búnker de El Saler en 2006 (con tres campos de deportes) y en 2022 (renaturalización de dunas). PNOA, MTMyAU (2022).

Históricamente, la antropización del lugar acabó con los cordones dunares, y desecó y colmató las malladas: (1) a principios del siglo XX, por razones sanitarias, se drenaron las malladas; (2) en los años 60, con el despegue del turismo bajo la Dictadura, se aprobó el proyecto de interés inmobiliario-turístico de la urbanización de la Devesa, con torres de apartamentos, viviendas unifamiliares, hoteles y zonas de recreo, con sistema de alcantarillado, aparcamientos, vías secundarias y paseo marítimo.

En 1974, la movilización ciudadana “El Saler per al poble” para proteger la Devesa –que comenzó con voces minoritarias ambientalistas–, saltó a los medios de comunicación, gracias al programa de Félix Rodríguez de la Fuente, y a Consuelo Reyna en el diario Las Provincias. Con las críticas ambientales, se denunciaron otros aspectos como la expropiación de bienes comunales, la pérdida del pulmón verde de la ciudad, y el perjuicio económico para el Ayto. Se logró el apoyo de asociaciones vecinales, del Colegio de Arquitectos (con exposición informativa y contrapropositiva), y de diversos profesionales (sociólogos, arquitectos, profesores y periodistas). En plena Dictadura se reunieron más de 15.000 firmas en contra de la urbanización. Sin embargo, ésta no se paralizó hasta el primer gobierno municipal democrático (Universitat de València, 2017).

Desde los años 80, hasta la actualidad, se está produciendo su recuperación ecológica, con la restauración de las dunas litorales y las malladas (Armengol et al., 2019): entre 1988 y 1998 el gobierno local restauró una parte afectada y entre 2007 y 2009 se desarrollaron los proyectos Life Natura (Life Duna, LIFE00 NAT/E/007339, y Life Enebro, LIFE04 NAT/E/000044).

Estos proyectos han: desconstruido infraestructuras (carreteras) y edificaciones; renaturalizado parte del cordón dunar costero y los valles interdunares; extraído sedimentos de las malladas –algunas recuperaron su función original–; recolonizado con vegetación autóctona; y creado reservorios de especies endémicas y amenazadas.

En primer plano izquierda la zona con la renaturalización del cordón dunar. Imagen de Pere Prada, Universitat de València, 2017.

Caso 2: ILPs del Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza

El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB) es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 1973 en Palma (Mallorca), para la observación de aves. Desde entonces, el GOB ha extendido su actividad a la protección de la biodiversidad, la ordenación del territorio y la educación, desempeñando un papel relevante ante la destrucción de espacios naturales por el avance de la actividad turística y la especulación inmobiliaria. Actualmente es la principal ONG local para la conservación de la naturaleza y está declarada de Utilidad Pública; cuenta con más de cinco mil socios.

El GOB ha promovido la defensa de distintos lugares de las islas. Respuestas a sus campañas son la Ley de Espacios Naturales de 1991, la declaración de siete parques naturales, un parque nacional y una Reserva de la Biosfera, así como la protección de una veintena de enclaves en el litoral. Su actividad ha sido reconocida internacionalmente. Desde los años 80 gestiona La Trapa, una reserva natural privada en la Serra de Tramuntana de Mallorca, abierta al público, donde desarrollan tareas de conservación y restauración.

Manifestación en Sa Rápita convocada por el GOB contra la construcción de hotel en el PNl de es Trenc en 2012 (GOB)

El GOB ha promovido cinco Iniciativas Legislativas Populares (ILP) al Parlamento Balear a lo largo de su historia proponiendo: descartar la incineración de residuos (1995), poner freno al desarrollo inmobiliario (1998), limitar los megaproyectos de transporte (2004), fortalecer la protección de los espacios naturales (2015) y, en la actualidad, evaluar el impacto sobre el bienestar de las generaciones futuras (2022).

La última ILP culmina la campaña “Avui per demà” que promueve la Ley de Bienestar de las generaciones presentes y futuras de las Islas Baleares (ILP-LBGPF-Baleares). Es una proposición de justicia intergeneracional. Su objetivo es “velar que las actuaciones de las instituciones públicas de las Islas Baleares garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras”. La propuesta incluye ocho principios: desarrollo sostenible, precaución, prevención, dignidad de la vida, ecodependencia e interdependencia, diversificación, bien común y no regresión. Establece como requisito –para la tramitación de normas, planes, proyectos y programas–, un informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en el que se determinen sus repercusiones positivas y negativas (Borràs, 2021).

En la actualidad, la iniciativa ha sido tramitada por el Parlamento Balear y se encuentra en fase de recogida de firmas. Para la elaboración de la campaña y el texto jurídico, el GOB estableció un trabajo colaborativo con entidades como La Pera Coop, Àgora Social y la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Rovira i Virgili (URV), con la participación de estudiantes de posgrado en derecho de la URV y de la Universidad de Chile.

Caso 3: Plataforma ILP Mar Menor: un ecosistemacomo sujeto de derecho

La laguna del Mar Menor y su cuenca tienen un trámite abierto para ser reconocidos legalmente sujeto de derecho por el Congreso de Diputados. La iniciativa se enmarca en el importante giro ecocéntrico que están adoptando las nuevas teorías de la justicia (Vicente-Giménez, 2020), que entrelazan Justicia y Ecología en una nueva Ética Ecológica.

El Mar Menor es una de las lagunas saladas más importantes del Mediterráneo. Sus valores ambientales y ecológicos se evidencian por las diversas figuras de protección e instrumentos de carácter regulador promovidos en los últimos veinticinco años tanto nacionales (Parque regional, Paisaje Protegido, Área de Protección de Fauna Silvestre) como internacionales (RAMSAR, ZEPIM, Red Natura 2000, ZEPA, ZEC). Sin embargo, los reconocimientos han sido insuficientes para proteger el Mar Menor. La presión urbano-turística que rodea la laguna, junto con las invasiones agrícolas y ganaderas intensivas que la rodean, han deteriorado su ecosistema. Por su causa, han ocurrido episodios de mortandad de su fauna por anoxia, especialmente graves en 2019 y 2021. Estos últimos episodios han dado visibilidad internacional a la problemática existente, y concienciado a la ciudadanía.

ILP Mar Menor.

La Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, dirigida por la profesora Teresa Vicente, estudió durante el curso 2019/2020 la posibilidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica. El resultado fue divulgado en La Opinión de Murcia, en mayo de 2020, y recogido por el alcalde de Los Alcázares. A partir de entonces se forma la Plataforma para la Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor–ILP-, para el otorgamiento de derechos al ecosistema de la cuenca del Mar Menor. Esta propuesta se ganó en julio de 2020 en el propio Ayuntamiento de Los Alcázares, pero se rechazó en la Asamblea Regional de Murcia. El mismo mes de julio se inició la ILP Nacional que se encuentra desde el 15 de marzo de 2022 en el Congreso de Diputados, para su discusión y próxima aprobación.

El proceso de la ILP de ha desarrollado rápido. Según sus promotoras, la propuesta para el Mar Menor nace desde abajo, desde el pueblo. Al principio, el partido PP y el PSOE se abstuvieron de apoyar la ILP. Sin embargo, ahora se ve la iniciativa con buenos ojos (excepto un partido). Ha recogido 639.826 firmas, más de 100.000 adicionales de las exigidas por el Congreso. Además, sería el primer caso europeo de reconocimiento de derechos a un ecosistema; y ya es un referente para la ONU. Su importancia, aparte de su proceso de abajo-arriba y de ser reconocida por la Administración, es que se le concede a un ecosistema capacidad de existir, de regenerarse y de evolucionar, y por ello, a las relaciones de sus agentes entre sí y con su medio, como un todo con vida propia.

La ILP se ha aceptado el 5 de abril de 2022 para su tramitación en el Congreso de Diputados, y se ha expuesto el 22 de abril de 2022 en la Asamblea General de la ONU (Nueva York), al haberse incluido en el Programa de Armonía con la Naturaleza. Esta iniciativa, con su planteamiento ecocéntrico, obliga a adoptar un punto de vista sistémico inédito sobre el territorio, que es profundamente proactivo.

Caso 4: Plataforma 'Otro Maro y Nerja es posible', Costa del Sol

La zona de Maro ocupa una superficie de uso agrícola de alto valor cultural, natural y paisajístico (de los pocos tramos sin urbanizar del litoral malagueño). El PGOU vigente clasifica los suelos como Suelo No Urbanizable de tipo agrícola, y de tipo protegido por PGOU y POTAX (Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía). Algunas construcciones son Bien de Interés Cultural.

En 2015, se intentó aprobar un convenio entre Larios y el Ayto. de Nerja, que tuvo alegaciones en contra y quedó parado. Sin embargo, en 2017, la contestación ciudadana dio lugar a la creación de la plataforma 'Otro Maro y Nerja es posible' para hacer frente a la macrourbanización, que aparece de forma recurrente en el debate municipal.

Con el cambio a un gobierno de coalición, el Ayuntamiento paró el trámite quedando como proyecto zombie. Hasta que el nuevo gobierno del PP, lo retoma durante el Estado de Alarma de la COVID-19, publicando en marzo de 2020 el Convenio urbanístico entre el Ayto. de Nerja y Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, S.L. para la regularización de anteriores convenios, ocupaciones de suelo y desarrollo urbanístico de Maro. Éste pretende compensar la deuda del Ayto. por la ocupación de terrenos, permitiendo el Plan Larios, que consiste en una macrourbanización de campo de golf (con propuesta de declaración de interés turístico), urbanización residencial y edificaciones para uso turístico/hotelero de lujo.

Plan Larios de macrourbanización en Maro de campo de golf (propuesta declaración de interés turístico), residencias y hotel de lujo. Fotograma vídeo promotor.

La plataforma denuncia la compensación y la reclasificación injustificadas, que hipoteca al municipio; la pérdida del paisaje cultural y natural, y de su valor como recurso turístico; el empobrecimiento de la diversificación económica y productiva del medio agrícola; la urbanización dispersa desconectada de los núcleos urbanos, que incrementará el gasto público y de servicios (Yus-Ramos, 2020).

La plataforma  pide: desvincular las deudas del Ayto. del Plan Larios; auditar la deuda y elaborar un plan que no perjudique lo público, ni provoque recortes sociales; respetar las protecciones del PGOU y de otros elementos paisajísticos, naturales, culturales y arquitectónicos, que están en riesgo, así como los Sistemas Generales de Áreas Libres y Uso Social; dar valor al patrimonio, incorporando equipamientos y senderos para un turismo responsable; velar por los terrenos en condiciones de salubridad y correcto uso, y por la aplicación de la ley de Arrendamientos Rústicos, evitando la precarización; crear una estructura de ayuda a los agricultores sobre nuevos cultivos, cooperativas, huertos periurbanos de economía social, fomentar una red de productores y consumidores ecológicos; y una zona de depósito y reciclaje de agrícolas.

La plataforma se ha rodeado de un grupo diverso de ciudadanía con preocupaciones ecologistas, y de profesionales de diferentes disciplinas, profesores universitarios, y otros movimientos sociales, entidades y ONG (GENA-Ecologistas en Acción, Fundación Rizoma, las productoras andaluzas Peripheria Films y Criocrea, e investigadores de varias universidades. Destacable es la propuesta proactiva del documental Se vende “El último vergel”, que fue seleccionado para el Festival de Cine Español, de Málaga (2021).

Documental Se vende. Peripheria Films y Criocrea, con Rizoma Fundación y proyecto de investigación Saturación turística en destinos costeros españoles. Estrategias de decrecimiento turístico. Una aproximación desde la dimensión social.

Conclusiones

Los procesos que desencadenan los MMSS en los territorios turísticos –observados en su conjunto–, desarrollan auténticas políticas y prácticas englobados en el paradigma de la transición ecosocial justa. Utilizan estrategias y mecanismos de gran diversidad y creatividad que son replicables en otras situaciones con problemáticas ecosociales parecidas.

Las prácticas que promueven y/o fiscalizan los MMSS de defensa de su espacio habitable, de desconstrucción y renaturalización de tramos del litoral turístico español, de iniciativas legislativas populares con planteamientos jurídicos disruptivos –justicia de la naturaleza y justicia intergeneracional–, y de denuncia política y ante las administraciones públicas, forman un corpus de conocimiento y praxis fundamental, que sería deseable que se investigase y fomentase para una transición ecosocial.

Estas iniciativas obligan a las disciplinas académicas a adoptar puntos de vista inéditos, especialmente a las que entienden del territorio y del espacio; es decir, a entender la realidad espacial como “proceso” plural e incompletos; a cambiar los planteamientos disciplinares académicos por multidisciplinares, e investigar transdisciplinarmente; a transformar los planteamientos antropocéntricos en ecocéntricos... Un conjunto de hechos profundamente proactivo.