¿Agua para quién? Hábitat y turismo en la Ciudad Patrimonio: el caso de Puebla

En México, el turismo se ha perfilado con fuerza desde los años setenta como estrategia de derrame económico y como una de las respuestas alternativas a las crisis de desagrarización (Salas y González, 2013) y de desindustrialización de algunos sectores manufactureros. De acuerdo con los datos presentados por la Organización Mundial del Turismo (OMT), en el país se ha visto un crecimiento significativo de este sector, ubicándolo para el año 2019 en el séptimo a nivel mundial con más llegadas de turistas internacionales, 45 millones de personas, aunado a ello las cifras que despliega el turismo nacional. Ante la magnitud de desplazamiento de personas y demandas de servicios, cada vez más, es reconocido como un sector importante que consume agua dulce a nivel local, regional y mundial (Deyà-Tortella et al., 2016), un recurso crítico y necesario para su funcionamiento.

En 2003, la OMT realizó la Primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo en Djerba, Túnez, donde se enfatizó que “el cambio climático pone en riesgo el turismo” (UNWTO, 2003). Con frecuencia, las poblaciones locales tienen que competir por este escaso, pero esencial recurso (Cole, 2012). Sin embargo, el cambio climático no es el único factor que permite comprender el acceso desigual al agua, sino que se utiliza como vehículo en una serie de decisiones políticas.

Abordamos el caso de una ciudad mexicana, Puebla, como ejemplo de la transformación socioespacial del centro histórico por el turismo. Esta ha agudizado la precariedad de la vida de la población local como resultado de una serie de abandonos de las políticas públicas y cambios legales en la administración del servicio público del agua.

Fuente: elaboración propia.

Puebla: una apuesta por el turismo

En la ciudad de Puebla, al igual que en el resto del país, desde finales de los años sesenta, con la crisis se produce una reconfiguración en la estructura ocupacional que se agudizó durante la década siguiente con las políticas neoliberales. La actividad económica principal de la ciudad pasó del sector secundario al terciario. Aumentó también la informalidad produciendo formas de trabajo heterogéneo y precarización laboral y de vida. De forma paralela a estas transformaciones, el crecimiento morfológico de la ciudad incidió en la intervención focalizada de los espacios con el fin de desarrollar proyectos que generaran nuevas inversiones y ganancias.

En 1977, en la ciudad de Puebla se declara la Zona de Monumentos Históricos en el centro de la ciudad, con un total de 6,99 kilómetros cuadrados. Esta área incluye 2.619 monumentos históricos y religiosos ubicados en 391 manzanas [1]. La creciente crisis económica y política de la época de los años setenta impidió la gestión municipal de dichos monumentos (Galvéz, 2009). El centro histórico de la ciudad evidenciaba ya los nuevos intereses del capital financiero por el área central que se enfatizaron con la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO  (1987). A partir de entonces, el centro histórico (un territorio caracterizado por el abandono de las políticas públicas urbanas) se transforma en un lugar para recuperar, renovar y preservar en aras de fomentar el desarrollo económico de la ciudad, entre ellos a través del turismo. 

El turismo se convirtió en uno de los agentes de transformación socioespacial más importantes del Centro Histórico de la ciudad. Dentro de su arquitectura colonial se fueron mimetizando hoteles cinco estrellas, restaurantes gourmet y cadenas internacionales de comida rápida y, así como emergían nuevos servicios para el turismo, fueron cerrando antiguas fondas (restaurantes tradicionales de comida económica) y las tiendas de barrio que quedaban. El crecimiento fue constante, como se puede observar en el gráfico 1.

Fuente: elaboración propia a partir de DATATUR, 1992-2022.

Agua para quién

En el caso mexicano, se estima que el consumo promedio de agua por habitante es de entre 150 a 380 litros al día (CONAGUA, 2015), mientras que el consumo diario por turista es de 350 a 520 litros (Santacruz y Santacruz, 2020). Dependiendo de las temporadas altas del turismo, esta actividad puede contribuir al estrés hídrico por demanda en un país con grandes diferencias en la disponibilidad de agua potable. Por esta razón, el tipo de turismo que predomina en el país se considera una actividad con alto impacto socioambiental que se entrecruza con realidades donde se pone claramente de manifiesto las brechas de desigualdad en espacios compartidos entre el turismo y los habitantes locales.

A partir de 1993 se dieron las primeras experiencias de privatización del servicio de agua que, lejos de incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población ha contribuido a precarizar su acceso. Actualmente, en ocho estados del país el agua es un servicio administrado por la iniciativa privada: Aguascalientes, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Veracruz, Ciudad de México y Puebla.

En la Constitución Política Mexicana, esta privatización está expresada en el Artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 en el cual se garantizan las concesiones (del servicio de suministro, abastecimiento, mantenimiento, etc.), que no serán menores a cinco años ni mayores a 30 años con posibilidad de prórroga, así como, el permiso de cobro e instalación de medidores de agua. Incluso, en el Artículo 64 del Reglamento de dicha ley se indica que podrán transmitirse los derechos de las concesiones o asignaciones a empresas particulares. Cada estado o municipio decide cómo se dará la administración del servicio del agua.

En el caso de la ciudad de Puebla, la privatización de este servicio es resultado de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, propuesta por el gobernador Rafael Moreno Valle (2011-2017) y aprobaba por el Honorable Congreso del Estado de Puebla el 31 de diciembre de 2012. La ley establece que el agua es un bien de dominio público vulnerable y finito. En el Capítulo III, Artículo 5 se estipula que la preservación de los recursos hídricos “en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental de las autoridades en materia de agua y de la sociedad”. La ley otorgó un auspicio indirecto a los capitales privados que participaron en el negocio, de tal manera que “la licitación fue ganada por Aguas de México, que transfirió el derecho a un consorcio creado días antes, Agua Puebla para Todos, situación amparada por el marco legal mexicano. Éste, que actualmente gestiona la concesión del servicio de agua, está integrado por empresas nacionales y extranjeras, así como por un fideicomiso bancario” (Navarro, Fini y Castro, 2017: 82).

El Centro Histórico de la Ciudad de Puebla no se vio trastocado únicamente por las diferentes intervenciones de renovación e intervención espaciales para embellecerlo sino también por la tendencia de políticas de privatización en la gestión de servicios públicos.

La falta del agua es un tema recurrente en los barrios del centro de la ciudad por la manera en cómo condiciona y organiza los tiempos, ritmos de vida y recursos económicos empleados por los habitantes de los diferentes barrios para resolver su carencia. Testimonios como “desde que privatizaron el agua aquí no volvió a caer ni una gota” [2]  o largos períodos de espera para recibir agua en cubetas evidencian el efecto devastador de la privatización del agua en las poblaciones precarizadas.

En la actualidad, la lógica de la ideología neoliberal conduce a una mayor privatización de los servicios públicos, porque se asume que ésta es inherente a la modernización de la administración pública en el manejo eficaz y racional de unos recursos considerados escasos. Esto ha justificado el incremento en el costo del agua y, por ende, la desigualdad en su acceso. Los argumentos a favor de la privatización señalan que, si bien ésta no es en sí misma una mercancía, lo que sí tiene valor económico son los procedimientos que vuelven utilizable el recurso hídrico. Por lo tanto, la sobreexplotación de acuíferos requiere un uso racional y que los usuarios se responsabilicen de su cuidado y del pago de los gastos de mantenimiento.

Alrededor del problema de la carencia del agua se articulan muchos aspectos de la vida cotidiana donde uno de los efectos de esta fase del capitalismo es la profundización de la precarización de la vida de las personas. La precariedad o precarización entendida como un “proceso que no solo produce sujetos, sino que produce «inseguridad» en tanto que preocupación central del sujeto” (Lorey, 2016: 16). Esta inseguridad refiere a un estado de incertidumbre, zozobra, vulnerabilidad, fragilidad y amenaza que, como bien señala Pérez-Orozco (2014: 21), nos pone ante una “crisis sistémica que implica la degradación generalizada de las condiciones de vida y la multiplicación de las desigualdades sociales” que, comparada con algunos elementos de seguridad, estabilidad y certidumbre que produjo el estado keynesiano, podemos decir que se ha exacerbado (Beck, 2000).

Reflexión

Una de las grandes preocupaciones que conllevó la pandemia de COVID-19 fue controlar la transmisión a partir de medidas sanitarias como el distanciamiento, la higiene y el saneamiento. ¿Cómo lograrlo en los lugares con acceso reducido o inexistente al agua potable? La falta de acceso no es exclusiva de las regiones rurales y en las ciudades se toman medidas paliativas como su distribución a través de las pipas (carrotanques con agua) suministrados por el ayuntamiento, sin embargo, el problema del acceso permanente al agua continúa, no así para los hoteles, restaurantes, museos, galerías.

La reactivación de la ciudad para el turismo es un hecho, incluso para muchos que dependen de este sector económico, una necesidad. No obstante, no se reactiva de igual manera para todas las personas, lo hace manteniendo y reproduciendo la desigualdad. Las condiciones de precariedad material en las viviendas del centro histórico están motivando a muchos habitantes locales a abandonar estos espacios y trasladarse a la periferia de la ciudad. Los servicios para el turismo siguen expandiéndose y generando procesos de gentrificación en las áreas “vulnerables” del área central (Bailleres y Vélez, 2021). Procesos lentos, sostenidos por diferentes políticas e intervenciones (o falta de estas) que transforman los espacios de hábitat de la ciudad.