Zonas de Reserva Campesina: una figura de lucha para los derechos del campesinado colombiano

Según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), las ZRC son áreas geográficas delimitadas por las organizaciones campesinas que las habitan y que las reconocen como su territorio por ser el lugar donde desarrollan todas sus actividades políticas, económicas, sociales, ambientales, productivas y culturales. Por lo tanto, las ZRC son una forma de ordenamiento territorial, pero no otorgan títulos de propiedad a las personas campesinas que trabajan el campo. Actualmente, la ZRC es la única figura jurídica en Colombia que reconoce a la población campesina y su derecho a la tierra.

Los antecedentes históricos de esta figura se remontan hasta la época colonial (rochelas, baluartes, zonas de autodefensa campesina), pero no fue hasta la década de los ochenta, cuando la comunidad campesina de una región del Macarena (en el departamento del Meta) hizo una propuesta concreta al gobierno para formalizar su derecho a la tierra. Esta zona había sido declarada área natural protegida hacía poco, y la comunidad ofreció encargarse de la preservación de los bosques y recursos naturales a cambio de que los hicieran titulares de las tierras. A pesar de la respuesta negativa del Estado ante este planteamiento, la comunidad creó los “resguardos campesinos”.

En 1994, como consecuencia del abandono de los campos de cultivo a causa de los desplazamientos forzados, estalló una crisis alimentaria en todo el país. Esto obligó al gobierno a dar forma jurídica a los “resguardos campesinos” con la creación de las Zonas de Reserva Campesinas, mediante la ley 160 de 1994 de Reforma Agraria. A pesar de todo, no fue hasta el año 1996 que se constituyeron las primeras ZRC, gracias a las movilizaciones campesinas que hubo en todo el país en contra de la acción paramilitar y las fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos de coca, que afectaban también a los otros cultivos.

Por desplazamiento forzado, se entiende la acción por la cual las familias campesinas son expulsadas de las tierras que cultivan y quedan relegadas a zonas de selva. Este desplazamiento forzado puede originarse principalmente por dos causas. La primera, debido a la acción violenta por parte de grupos paramilitares contratados por terratenientes para echar a la gente de las tierras que cultivan, de las cuales no tienen los títulos de propiedad, puesto que las escrituras de las tierras suelen estar en manos de latifundistas. En consecuencia, las personas propietarias de los terrenos, permiten la entrada de grandes multinacionales encargadas de la explotación de recursos mineros (petróleo y oro) y la agroindustria (cultivos de palma africana). En otras ocasiones, únicamente usan toda la extensión del territorio para la ganadería extensiva, como una manera de delimitar su propiedad.

Finca en el municipio de San Pablo. Foto cedida por Mar Casals Fanlo.

La segunda causa es el conflicto armado entre guerrillas (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC y el Ejército de Liberación Nacional-ELN) y los grupos paramilitares (Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC), que ha ocasionado que sea demasiado peligroso para algunas comunidades vivir en sus respectivos núcleos poblados, a causa del fuego cruzado.

Como consecuencia de los desplazamientos forzados, se produjo una progresiva “colonización” por parte de la población campesina hacia las zonas vírgenes de la selva amazónica y, por eso, a veces también se conocen con el nombre de “colonos”. En este sentido, lo que hacen es talar y/o quemar la selva, un hecho que constituye una problemática ambiental, y avanzar a través de ella para hacer asentamientos humanos y extender los cultivos. De por sí, las nuevas áreas limpiadas son cada vez menos fértiles y de difícil acceso (más elevadas y con más pendiente). Esto provoca que empezar de nuevo suponga un esfuerzo y un desgaste para la comunidad campesina. Además, la creciente distancia entre estos asentamientos y las cabeceras municipales provoca que tampoco haya infraestructuras viarias, de educación o de sanidad, y que se hayan visto forzados a construirlas cada vez que se han desplazado hacia una nueva región.

La ZRC del Valle del Río Cimitarra

La colonización del Valle del Río Cimitarra se llevó a cabo durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta por parte de la comunidad campesina que llegó a causa de los desplazamientos forzados. En 1996, las comunidades participaron en varias movilizaciones campesinas, concretamente en la “Marcha de los Parques”, hacia la ciudad de Barrancabermeja y al municipio de San Pablo, para exigir al gobierno que protegiera sus vidas y sus derechos a la tierra, la sanidad, la educación y el acceso a una red de transporte. En el entremedio de estos procesos, se creó la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una organización social campesina no gubernamental.

En 1998, se volvió a hacer una gran movilización conocida como “el éxodo campesino” a Barrancabermeja para protestar en contra de los desplazamientos forzados, la entrada de empresas multinacionales en la región y el abandono estatal. Como resultado, se firmó el “Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio”, y uno de los puntos que recogía era la conformación de una Zona de Reserva Campesina en la región.

Finalmente, gracias a la presión ejercida por la ACVC, la ZRC del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC) se creó en diciembre de 2002, a pesar de que fue suspendida por el gobierno de Álvaro Uribe, entre abril del 2003 hasta febrero del 2011, por considerarse fuente de conflictos sociales.

Hoy en día, la ZRC-VRC es una de las siete ZRC constituidas en toda Colombia. Tiene una extensión total de 550 000 hectáreas, de las cuales 370 000 son de Reserva Forestal, y está situada dentro del área geográfica del Magdalena Medio. Geopolíticamente, la ZRC-VRC pertenece a los municipios de Yondó y Remedios (Antioquía) y de Cantagallo y San Pablo (en el sur de Bolívar).

El río Cimitarra. Foto cedida por Mar Casals Fanlo.

En la ZRC-VRC hay una reserva natural protegida por las propias comunidades campesinas que se conoce como La Línea Amarilla, un territorio de 70 000 hectáreas de extensión ubicado en el sur de la Serranía de San Lucas (en el sur del departamento de Bolívar). En el año 1993, a causa de la llegada de más población campesina desplazada por episodios de violencia, se decidió poner un límite a la frontera agrícola para preservar un territorio de selva húmeda virgen con altos índices de biodiversidad. Así pues, se pintó una línea amarilla a partir de la cual no se podrían talar árboles, cazar, cultivar o construir. Desde entonces, ha sido la misma gente que habita la zona la encargada de vigilar que se respeten estos confines.

La Línea Amarilla equivaldría a un Parque Natural Nacional, pero el valor añadido que tiene es que se trata de un ejemplo de conservación comunitaria que ha resistido hasta hoy en día, a pesar de las amenazas extractivistas a causa de la presencia de rocas ricas en minerales como el oro.

En el documental “Línea Amarilla: una apuesta de conservación comunitaria”, realizado por la Agencia Prensa Rural en 2018, las comunidades hacen un llamado para que esta reserva se reconozca como territorio protegido legal, pero piden que durante el proceso de planificación se haga partícipe a la propia comunidad y que la figura final de protección no sea una imposición.

Otro de los instrumentos ambientales presentes dentro de la ZRC-VRC son los “campamentos ecológicos”, encuentros de cuatro a cinco días entre diferentes pueblos, donde se discuten temas como la defensa de los derechos humanos, el impacto de economías extractivistas y latifundistas, las figuras de protección y conservación ambiental, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la huella de carbono. En total, se han organizado cinco desde 2007, y el último se realizó a mediados de agosto del año pasado.

Estos encuentros sirven también para tener una radiografía completa de la situación vivida en los núcleos poblados y obtener información valiosa para la redacción de los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC-VRC. En el primer PDS de la ZRC-VRC, que corresponde al período 2012-2022, quedaron recogidas algunas de las problemáticas ambientales más destacadas de la zona, por ejemplo, la contaminación del agua. Esta es causada por la mala gestión de las aguas residuales, la presencia de mercurio para la obtención del oro, o el uso de químicos utilizados en los cultivos de coca o de palma africana. Además, también está en curso la desaparición de pantanos por culpa del dragado de los ríos; la deforestación, que resulta de la ganadería extensiva y el consumo de leña para cocinar; y una mala gestión de residuos, puesto que la mayoría se quema por falta de un lugar donde acumular la basura o dificultades para reciclar por culpa de problemas en la red de transportes (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER], Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [CDPMM] y Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra [ACVC], 2012, p. 61-65).

En el mismo PDS se incluyen programas y proyectos específicos para hacer frente a estas problemáticas y este año, la ZRC-VRC, se encuentra en proceso de revisión y redacción del nuevo PDS que englobará las líneas de acción para la siguiente década.

 “Campamento Ecológico”, en el municipio de Yondó. Foto cedida por Mar Casals Fanlo.

Los comités ambientales son los grupos de trabajo dentro de la ACVC que se encargan de los temas sobre el medio ambiente y velan por el desarrollo de proyectos de esta índole. Es por eso que la implicación activa en la conservación del medio ambiente por parte de la población campesina de la ZRC-VRC, brinda un contraejemplo muy valioso ante la estigmatización de ser “destructores de la naturaleza y cocaleros” que a menudo somete el gobierno colombiano a la comunidad campesina (Bocarejo y Ojeda, 2016, p. 4).

Alternativas económicas

Durante los Acuerdos de Paz de Colombia de 2016, se aprobaron una serie de medidas como la Reforma Rural Integral y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Siete años después, en la zona del Magdalena Medio, se observa el incumplimiento de estos acuerdos debido, entre otros factores, a la poca presencia del Estado.

En consecuencia, la población campesina todavía vive en territorios dominados por algunos de los grupos armados y continúan con los cultivos de coca, a causa de la falta de confianza de recibir los incentivos económicos y agrarios prometidos en los acuerdos en el caso que erradicasen las matas de coca de sus plantaciones. Durante los últimos años, el abandono de la actividad agrícola alimentaria ha persistido por culpa del poco acceso a la tierra y la débil estabilidad económica que esta ofrece. De esta manera, gran parte del campesinado ha optado por empezar a trabajar en el sector de la minería, de la agroindustria o cultivar coca.

En este contexto, la ACVC, desde una perspectiva comunitaria y de alcance local, ha tomado como punto de partida los Acuerdos de Paz con tal de ofrecer alternativas económicas para el campesinado, desde un modelo de desarrollo basado en la cooperación, la autogestión y la soberanía económica.

Algunos ejemplos de estas actividades de diversificación son la Finca Comunitaria La Bufalera, donde tiene lugar la recría de búfalos y la venta de productos derivados (leche, carne, queso). También, se han iniciado proyectos para incentivar los cultivos de arroz, caña o cacao, o bien la producción de yogur, miel y aceites esenciales. A la vez, dentro de la ACVC, el eje de mujer rural y género ocupa un lugar relevante. Es por eso que se impulsan proyectos dirigidos específicamente a este colectivo, como por ejemplo el de “Gallinas ponedoras”, que consiste en dotar de gallinas a las mujeres y darles la posibilidad de vender los huevos al restaurante escolar. Por otro lado, se ha iniciado un mercado campesino para que la gente pueda ofrecer sus productos (INCODER, CDPMM y ACVC, 2012, p. 180-193).

Finca La Bufalera. Foto cedida por Mar Casals Fanlo.

Por otra parte, también se han iniciado actividades turísticas mediante las cuales se quiere conservar, proteger y dar valor al paisaje, que es el atractivo principal. Dichos proyectos no buscan una masificación turística y, de momento, el público que reciben es local o nacional, por parte de miembros de la comunidad universitaria o de ONGs del Magdalena Medio.

La Asociación Ecoturística de la Ciénaga de San Lorenzo es uno de los proyectos turísticos con más trayectoria presentes en la zona y se inició en junio de 2015. Durante los cuatro meses anteriores, se ofrecieron clases de formación en ecoturismo en una colaboración entre la ACVC y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Entre las actividades que ofrece la asociación están los paseos en lancha, las visitas a los pantanos y las clases de pesca artesanal, con posibilidad de alojamiento y dietas.

Un proyecto futuro es la Apuesta Verde/Bosque de Paz que consistirá en un museo antropológico, una estación de investigación campesina, un sendero ecológico y un espacio denominado “Bosque de la Memoria”, donde cada árbol plantado será un recuerdo a las víctimas del conflicto armado.

Para la formación en ecoturismo, la ZRC-VRC cuenta con la “Escuela Itinerante de Economía Campesina y Paz Sandra Vélez Vélez”. A la par, también se organizan intercambios para ir a visitar otros proyectos con más años de experiencia y ajenos a la ZRC-VRC. Un ejemplo sería la Asociación comunitaria Yarumo Blanco que ofrece servicios ecoturísticos en el Santuario de Fauna y Flora “Otún Quimbaya” (Pereira, Risaralda) o en la finca de La Floresta (San Vicente del Chucurí, Santander), donde se lleva a cabo la producción de cacao.

Desgraciadamente, la oferta de actividades turísticas en la ZRC-VRC queda limitada por una serie de factores. Por un lado, a veces no es posible llegar hasta el punto turístico concreto debido al estado de las carreteras o la inundación de estas. Por otro lado, la presencia de los grupos armados reduce la sensación de seguridad de las personas visitantes: toques de queda a partir de las 18h, zonas minadas, “paro armado” o el no poder salir de casa durante unos días, disponer de permisos para desplazarse de un lugar a otro, entre otros factores.

Además, la actividad de la ACVC también se ve afectada por las amenazas que reciben y los asesinatos de algunas personas que ocupaban cargos de líderes comunitarios. Los ataques a la ACVC son motivados por los diferentes intereses que tienen sobre el uso de la tierra tanto grupos paramilitares (AGC) como guerrillas (disidencias FARC, ELN) y que entran en conflicto con los objetivos que persigue la comunidad campesina organizada. Estos hechos han provocado que una parte de la gente activista se haya desplazado hacia la ciudad.

A pesar de estas dificultades, la ACVC confía en su proyecto comunitario a través de la figura de la ZRC-VRC, que pone de manifiesto una historia de resistencia de una comunidad campesina que lucha para la conservación de la naturaleza, la defensa de los derechos humanos y el derecho a la tierra. Según palabras de Yenidia Cuéllar, miembro de la ACVC, líder campesina y feminista, los retos de la comunidad campesina de la ZRC-VRC son “las luchas propias independientemente del contexto” y confía en la fuerza de estos procesos comunitarios porque son “muy legítimos, más que legales, y esto les permite mantener la defensa del territorio”.