Pluriactividad subordinada del campesinado: procesos socioestructurales instaurados por el turismo rural en México

En México, la forma en la que se lleva a cabo el turismo como actividad económica en espacios rurales, desde sus orígenes en el siglo XX hasta la actualidad, ha respondido a los procesos de cambio socioestructurales y culturales del capitalismo global, distante de los intereses y necesidades de la población que habita estos territorios, ahora refuncionalizados, y aquellos transformados en entes económicos pluriactivos, subordinados, proletarios. Al analizarlo desde esta perspectiva de historia-problema, hallamos que el turismo rural en México se ha desarrollado en tres etapas diferenciadas, la primera de 1940 a 1980 coincidiendo con las premisas del sistema capitalista del denominado “Estado Benefactor”; la segunda de 1980 a 2000 en el que se tornó hacia el neoliberalismo económico radical y la tercera del 2000 al presente, en el que bien se puede denominar neoextractivismo en América Latina.

1ª etapa (1940-1980): crisis agropecuaria y crisis capitalista

A partir de 1940, el sector agrario capitalista mexicano cumplía principalmente tres funciones en busca de la industrialización del país: a) generación de excedentes agropecuarios exportables para financiar parcialmente la importación de bienes de capital; b) transferencia de plusvalía generada por el trabajo rural, para reforzar la acumulación de capital en el sector industrial; y c) retención y liberación controlada de la mano de obra, dados los requerimientos crecientes de fuerza de trabajo por parte del capital urbano y rural.

Sin embargo, esta tendencia encuentra su punto crítico en la década de 1970, en la que se gestan movimientos campesinos de lucha. En el período de 1940 a 1970 no se puede hablar propiamente de turismo rural, ni siquiera de turismo en espacios rurales en México. No obstante, entre los setenta y ochenta, el turismo fue reconocido como actividad de importancia económica estratégica por el gobierno mexicano, como vía para disminuir las crisis económicas recurrentes.

En 1974 se creó la Secretaría de Turismo del gobierno federal, organismo que, en congruencia con las políticas de bienestar, estableció un programa de turismo social, para fomentarlo entre la población de menores ingresos (Secretaría de Turismo, 1997). Como parte del programa, la Secretaría de Turismo estableció acuerdos de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante el cual se crearon los denominados centros vacacionales para los trabajadores en espacios rurales, propiedad del Estado; con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el que se creó una agencia de viajes para ofrecer viajes a los trabajadores sindicalizados del gobierno; con el Instituto Nacional para la Juventud y el Deporte (INJUDE), mediante el que se creó una red de albergues juveniles en los principales sitios turísticos de México, enfocados en alojar a jóvenes afiliados al Instituto en establecimientos colectivos a precios bajos; y con la Secretaría de la Reforma Agraria, con la finalidad de fomentar la creación de empresas ejidales y comunitarias para atender a los viajeros nacionales en los espacios rurales (Secretaría de Turismo, 1997). Este paquete de acuerdos de colaboración se desplegó en el ámbito rural en la forma de venta de alimentos y bebidas en espacios turísticos, paseos a caballo y, particularmente en este período, la operación de balnearios en sitios tradicionalmente utilizados para ello en comunidades cercanas a las ciudades más populosas.

Estos programas introdujeron la idea de la refuncionalización del espacio rural, que pasaría de ser visto como proveedor de la industria, a un territorio que podría ser incorporado al desarrollo capitalista a través de las actividades recreativas. Utilizando el espacio para el consumo, con actividades y expresiones compatibles o no con sus dinámicas tradicionales y territorialidad, lo que dio lugar a la modificación de la actividad agropecuaria y de la relación del campesinado mexicano con el territorio (Garduño, et al., 2009).

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2ª etapa (1980-2000): políticas neoliberales, nueva ruralidad y desarrollo turístico

La crisis en la economía del campesinado forzó a muchas familias a dedicarse a múltiples actividades para subsistir. Las políticas neoliberales de finales del siglo XX han tratado de imponer una forma de organización y producción en las comunidades rurales e indígenas. Así, se ha pasado de actividades tradicionales a una supuesta diversificación de actividades, a lo que se ha denominado, eufemísticamente, nueva ruralidad.

Para los campesinos más pobres la pluriactividad da lugar a la descampesinización, la desagrarización, la semiproletarización, la proletarización o, inclusive, la subsunción mediante la exclusión (Dinerstein, 2016). En este marco, el Turismo Rural –en tanto actividad terciaria y, por tanto, no agrícola- constituyó uno de los elementos centrales de las políticas de desarrollo neoliberal enfocadas en la Nueva Ruralidad. Su diseño propició el relanzamiento de una oferta que consolida a estos lugares “como espacios de ocio a partir de un cuidadoso descubrimiento de su potencialidad turística, y por tanto, de su paulatino desplazamiento desde el sector primario hacia el terciario” (Aguilar et. al., 2003, p.166), donde la cultura local se convierte en un componente fundamental de dicha oferta turística.

En este periodo de profundización de las políticas neoliberales en México es notoria la intención normativa de diversificar no solo las actividades productivas rurales, sino la oferta turística y el fomento a la competitividad. El primer proceso que se venía gestando desde 1980 en el contexto internacional con el neoliberalismo, y el segundo desde el contexto nacional, en 1990, con la entrada en vigor del TLCAN, desde otros sectores y organismos no necesariamente vinculados al turismo. En este marco se presentó el auge de proyectos llamados “ecoturísticos”, desde las propias comunidades rurales y el mismo ente gubernamental.

3ª etapa (2000-2019): nuevas ruralidades

En el siglo XXI el gobierno de México ha incorporado en su discurso y en sus instrumentos de política turística al turismo rural. Con un enfoque heredado del neoliberalismo crudo que caracterizó el final del siglo XX, pero que se ha ido matizando a lo largo del tiempo tanto como consecuencia de la recurrencia de las crisis financieras globales que le han cuestionado, como por la movilización social que se ha manifestado en su contra.
En los Planes de Desarrollo 2000-2006 y 2007-2012, se argumentó que el sector turístico sería una prioridad del Estado Mexicano desde el punto de vista económico, en el que se busca la competitividad internacional de la actividad. Como parte de esa visión, se estableció como estrategia la diversificación del producto turístico, entonces centrado en el turismo de sol y playa, mediante el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, lo cual sentó las bases para el auge del turismo de naturaleza y el turismo rural. En estos 12 años se desplegó una serie de dispositivos gubernamentales que intentaron cercar los bienes comunes, mercantilizar los recursos naturales y culturales, generar proyectos productivos, diversificar las actividades económicas tradicionales y fomentar esquemas de competitividad, capacitación y financiamiento, que garantizarán la inserción y éxito de los proyectos de turismo rural. Todo ello bajo la excusa de que la población rural empobrecida debía elevar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

La incorporación del turismo rural en la política pública del Estado mexicano se efectuó en dos vertientes programáticas, la que aquí se denomina del turismo rural institucionalizado, y una segunda, centrada en el manifiesto interés de incorporar el turismo rural en comunidades indígenas, a la que hemos denominado turismo rural indígena. Ambas vertientes se alinean con la pretensión de diversificar la oferta turística internacional, refuncionalizando el espacio rural e incorporando la ideología emprendedora a sus habitantes, es decir, ambas tienen un carácter económico de capitalismo neoliberal, sin embargo, su aterrizaje ha transitado por caminos divergentes dando lugar a múltiples nuevas ruralidades hoy observables en México.

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El indigenismo como política de Estado en México, que durante el siglo XX se caracterizó por el integracionismo, el paternalismo y el asistencialismo, para el XXI se inclinó, hacia el denominado “neoindigenismo”, que supuestamente busca el desarrollo de los pueblos indígenas en un afán de apostar al etnodesarrollo. El neoindigenismo ha sido desplegado desde el turismo rural, para unos casos como actividad económica complementaria a las tradicionales, en tanto que, en otros, desde la introducción de la racionalidad instrumentalista del libre mercado, con nociones como la competitividad, sobreexplotación, expansión y diversificación.

Empero, ante este escenario surgió un indigenismo arraigado en los propios pueblos, que demandan y reclaman autonomía ante la globalización y el neoliberalismo, porque si bien los vencedores escriben la historia “son los derrotados quienes la siembran, la forjan, la tejen y la curten; quienes la sudan, la lloran y la cantan” (Bartra, 2021, p. 245).

Conclusiones

El turismo rural en México ha seguido dos rutas en su incorporación a la política pública: la del turismo rural institucionalizado y la del turismo rural indígena, ambas alineadas con la búsqueda de diversificar la oferta turística internacional del país. El carácter de capitalismo neoliberal que ambas han exhibido, al refuncionalizar el espacio rural e incorporar la ideología emprendedora a sus habitantes, en su aplicación contextualizada, ha dado lugar a múltiples nuevas ruralidades en México. En consecuencia, si bien varios autores han hecho trazabilidades históricas sobre el despliegue de políticas públicas en nuestro país que impactaron en cuestiones agrarias y turísticas, lo cierto es que hace falta acercarse a esas comunidades intervenidas por los programas gubernamentales y dar cuenta de los cambios y modificaciones que se han gestado a raíz de las nuevas dinámicas económicas insertadas en el territorio. Una de ellas, tal vez la principal, es la implementación de este turismo rural como actividad económica no tradicional. Esto nos lleva al un problema epistemológico planteado por Llambí y Pérez (2007), la capacidad de agencia, cuya formación y acumulación sigue siendo tema de estudio pendiente, en las comunidades rurales o pueblos originarios donde se han implementado estos programas turísticos.

Por tanto, podemos afirmar que las Nuevas Ruralidades se gestan antes de la Nueva Ruralidad e -incluso- está última las atraviesa y, a la par, las recrudece. Por tanto, si bien la Nueva Ruralidad fue expresión y despliegue de una política económica que tiene su centro en el neoliberalismo, lo cierto es que los cambios y modificaciones en los territorios rurales se venían gestando desde décadas anteriores. Dado que, como menciona Bartra (2021), a lo largo de todo este tiempo, la resistencia del campesinado a estas presiones se ha mantenido vigente, con lo que las transformaciones no clausuraron el ciclo insurreccional del siglo XIX, sino inauguraron el combate rural del siglo XX y las reivindicaciones del siglo XXI, cabría plantear como hipótesis para futuros estudios, si existen modalidades de turismo rural en comunidades que han reinterpretado y con ello han conseguido construirlas desde sus propias formas de organización y acción. Por tanto, lo que detonó la Nueva Ruralidad como política económica neoliberal fue el recrudecimiento de esos procesos gestados en las Nuevas Ruralidades, pero a la vez habría incentivado la resistencia, las adaptaciones y resignificaciones comunitarias de los discursos emanados desde el Estado-Neoliberal, el libre mercado, la multifuncionalidad del territorio, la pluriactividad del campesino, que no solo se hicieron presentes, sino que además impulsan las condiciones para que se reproduzcan e inserten en los imaginarios subjetivos del campesinado mexicano.

Aunado a lo anterior, los tratados comerciales, las reformas a los artículos constitucionales, como el 27 y el 2 constitucional, la entrada en vigor de las Ley General del Desarrollo Rural Sustentable en 2001, así como los programas gubernamentales en materia de desarrollo rural y turismo rural-indígena propiciaron el escenario adecuado para desplegar, imponer y sembrar una serie de imaginarios enajenantes, que pretenden desvincular a los pueblos indígenas de su comunalidad, su territorio, su trabajo colectivo y su identidad colectiva, pero como nos los ha demostrado también la historia: los campesinos e indígenas, no son sujetos pasivos, sino colectivos en movimiento que enarbolan la bandera de “otro mundo es posible”.