El modo de vida turístico choca contra los límites ecosociales planetarios: una reflexión desde las Islas Baleares

Se ha escrito mucho sobre el proceso de turistificación, destacando sobre todo sus bondades. El turismo ha sido anunciado como un pasaporte al desarrollo, una herramienta para la paz, e incluso se ha llegado al punto de señalar el turismo como un derecho (casi al mismo nivel que el resto de derechos humanos). No obstante, en los últimos tiempos, esas miradas edulcoradas e interesadas han sido confrontadas por la creciente crítica y resistencia por parte de múltiples movimientos sociales tanto del Norte Global como del Sur Global. Los lobbies proturísticos han calificado esas resistencias como turismofobia con el objetivo de minimizarlas, desligitimarlas e incluso de criminalizarlas. En gran medida, la explosión de la crítica antiturística debe entenderse como una expresión de los antagonismos anticapitalistas.

Así, el turismo actualmente existente o hegemónico tiene que entenderse como una vía particular de acumulación del capital y que, por tanto, está regido por las lógicas de la mercantilización, el beneficio y la explotación. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la crítica antiturística también se pueden encontrar elementos reaccionarios que se levantan contra el llamado overtourism (y muchas veces contra un turismo de clase obrera) y que reclama una reducción del volumen turístico. Y no solo se demanda una reducción del volumen turístico, sino que además se propone que las clases trabajadoras que practican el turismo sean sustituidas por las clases ricas transnacionales. No obstante, ante las llamadas al turismo elitista o de ricos cabe destacar que, tal como señala Ernest Cañada, no hay ricos para todos. Así pues, podemos sintetizar dos posturas en la crítica antiturística: 1) una radical que reclama decrecimiento turístico vinculado a una transformación ecosocial justa; 2) una elitista y clasista que reclama un turismo de ricos.

Aceleración e intensificación de la turistificación tras la crisis de 2008

Vamos a intentar explicar por qué se ha producido esa creciente corriente crítica sobre la turistificación. Para ello debemos retrotraernos a la crisis financiera de 2008 y sus soluciones. Así, el turismo global se convirtió en una de las principales soluciones a la crisis. Desde entonces se ha producido una profunda transformación turística que es de carácter cuantitativo, geográfico y cualitativo. En primer lugar, desde un punto de vista cuantitativo, tras el colapso financiero-inmobiliario, el turismo global experimentó una potente expansión, pasando de 924 millones de turistas internacionales el 2008 a 1.461 millones el 2019. En el caso de las islas Baleares también se experimentó un extraordinario aumento de los flujos turísticos. Las islas Baleares que ya eran una de las principales zonas de explotación turística del planeta experimentaron una profunda intensificación turística que se tradujo, como veremos más adelante, en un aumento de las tensiones sociales y contradicciones vinculadas a esta particular forma de acumulación del capital. En un primer momento, la crisis se tradujo en una caída del número de turistas que coincidió con la adopción de las políticas de austeridad dictadas por la Troika al gobierno español. La recuperación de las economías centrales de la UE y la crisis del norte de África por las primaveras árabes, se tradujo en un aumento constante del número de turistas en el archipiélago balear que pasó de 11 millones de turistas el 2010 a 16,4 millones el 2019. Para entender la incidencia sobre la población de tales magnitudes, a cada habitante le corresponderían 14,3 turistas el 2019. Esa magnitud contrasta con la media de algunos de los principales países turísticos de Europa: España (4,68 turistas/habitante), Francia (4,43 turistas/habitante), Reino Unido (2,42 turistas/habitante) o Alemania (2,42 turistas/habitante).

En segundo lugar, podemos destacar como el proceso de intensificación turística tras la crisis de 2008 se ha llevado a cabo a escala planetaria plasmándose en diferentes patrones geográficos. Fundamentalmente se trata de un proceso que reproduce espacialmente las lógicas del desarrollo geográfico desigual del capital. A escala regional destaca la enorme profundización de la vía turística en el continente europeo y el creciente ascenso de los países asiáticos y de los Emiratos Árabes. La mayor intensidad se produce en los espacios litorales y las ciudades, concentrándose en estas últimas las mayores resistencias a la turistificación. No obstante, hay que señalar el hecho que, a pesar de que algunos espacios puedan presentar un nivel bajo de turistificación, la frontera de mercantilización turística se ha ido expandiendo brutalmente hacia los espacios rurales del Sur Global, los barrios miseria (slums) e incluso las zonas de conflicto.

Rio de Janeiro. Imagen de NakNakNak en Pixabay

En el archipiélago balear se ha constatado como históricamente tras las crisis cíclicas del capital se ha agudizado la intensificación turística y se han ampliado las fronteras de mercantilización turística. La solución espacial (spatial fix) a la gran crisis de 2008 se articuló en torno a la mercantilización turística de la vivienda, la renovación y ampliación de los hoteles, la proliferación de hoteles boutique, además de la obertura de otras fronteras de mercantilización turística como la del turismo náutico –expresión del llamado capitalismo azul–. El aumento de la capacidad de alojamiento turístico en las islas nos da una señal de la intensidad del proceso. Mientras que, durante décadas, hasta mediados de la década de 2010, la capacidad de alojamiento de las islas se había mantenido en torno a las 415 mil plazas, en el año 2019 las plazas turísticas se alzaron hasta las 590 mil. Las razones de ese aumento se deben, por un lado, a la legalización de buena parte de las plazas ilegales en viviendas y, por otro, a las nuevas infraestructuras hoteleras resultado de las ampliaciones y nuevas oberturas. Los gobiernos, con la excusa de la creación de puestos de trabajo para hacer frente a la crisis de 2008, desplegaron medidas para fomentar la inversión de capitales y relajaron las normas turísticas y urbanísticas. Como resultado de las políticas procrecimiento turístico, en el nuevo ciclo de acumulación del capital, el archipiélago balear se ha convertido en una extraordinaria plataforma de negocios. Una muestra de ello la tenemos en la aceleración de la inversión inmobiliaria, protagonizada por capital extranjero y fondos de inversión, que se traduce a su vez en un aumento constante de los precios de la vivienda. Una burbuja inmobiliaria que supera notablemente la anterior que estalló en 2008 (2.500 €/m2 del precio medio de la vivienda en 2007 frente a los 4.150 €/m2 de 2023), aunque con la diferencia que ahora dicha burbuja está menos alimentada por las hipotecas de las clases trabajadoras y más por los capitales de las élites transnacionales.

En tercer lugar, cabe señalar toda una serie de cambios de tipo cualitativo que nos permiten entender mejor la intensidad de las transformaciones recientes de la turistificación. Después del estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria de 2008, se ha producido un aumento significativo del llamado capitalismo digital, entre el cual destaca el capitalismo de plataforma, y, vinculado a ese proceso, se ha llevado a cabo una intensificación de la financiarización con un creciente protagonismo de los megafondos de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street Corp.

Imagen de Peggy en Pixabay

En este sentido, las estructuras del capital turístico también se han transformado, destacando en primer lugar la irrupción del capitalismo de plataforma que nos permite entender el acelerado proceso de mercantilización turística de la vivienda (p.ej. Airbnb); en segundo lugar, los cambios en el accionariado de las compañías turísticas con la entrada de grandes fondos de inversión y fondos soberanos (p.ej. Abu Dhabi Investment Authority -ADIA); y, en tercer lugar, la penetración de los fondos de inversión inmobiliaria en la adquisición de establecimientos turísticos. De este modo, por ejemplo, el fondo de inversión inmobiliario norteamericano Blackstone se ha convertido en el principal propietario de hoteles en España. Así, se encarga de la propiedad, mientras que luego alquila esos hoteles a cadenas hoteleras que se ocupan de su explotación. Una muestra de esas alianzas entre capital financiero y hotelero la tenemos, por ejemplo, en el acuerdo entre la compañía hotelera mallorquina Grupo Barceló y HI Partners–división hotelera de Blackstone–.

El malestar en la turistificación: intensificación de las luchas y resistencias

El proceso anteriormente expuesto se desplegó en un contexto de profunda crisis social derivada del estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria de 2008. Esta había adquirido unas dimensiones espectaculares en España, estando alimentada por la proliferación de hipotecas dirigidas a las clases populares, además de una elevada inversión extranjera en inmuebles. El negocio consistía en vender hipotecas hasta que la burbuja estalló. A partir de ese momento se desplegaron en políticas de rescate del capital financiero y políticas de ajuste y austeridad que afectaban severamente a las clases populares. Una de las expresiones más violentas de ese ciclo se tradujo en algo más de un millón de desahucios en España (lo que equivale a unos 200 desahucios diarios entre 2008 y 2022). Además, a los desahucios por impago de hipoteca se le han sumado posteriormente los desahucios vinculados al alquiler. Estos últimos se intensificaron al mismo tiempo que se extendía la airbnbzación de las viviendas. En muchos casos se ha producido una sustitución cuasi inmediata de los inquilinos desahuciados por turistas, siendo especialmente grave en los espacios más turistificados como las islas Baleares.

15M en Sol, Madrid. Imagen de Katia Navas en Flickr

En el marco de la crisis surgió el 15M (en referencia al 15 de mayo de 2011), la expresión del movimiento occupy en España, canalizando el malestar social y siendo al mismo tiempo el embrión de diferentes formas de organización del antagonismo. En ese contexto surgió la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) mediante la cual se organiza políticamente la resistencia frente a la desposesión de la vivienda por desahucios. Desde entonces la cuestión de la vivienda se ha ido agravando, mientras que las respuestas políticas han sido minúsculas. Dicha situación es especialmente dramática en los espacios más turistificados ya que allí se produce una doble presión sobre la vivienda. Por un lado, la inserción de la vivienda en el circuito de acumulación de base turística se traduce en una práctica evaporación de la vivienda orientada a usos residenciales. Las viviendas destinadas al alquiler turístico y la compraventa dirigida a capitales extranjeros se traducen en una enorme burbuja de los precios de compraventa y alquiler. Mientras tanto, The Sunday Times publicaba que Palma era la mejor ciudad del mundo para vivir. Evidentemente, se trata de un mensaje dirigido a las elites transnacionales, pasando por alto los procesos de precarización de la vida y los barrios pobres de la ciudad. Por otro lado, la enorme cantidad de mano de obra que requiere una economía turística explosiva como la balear se alimenta de grandes flujos de trabajadores temporeros que acuden a las islas en temporada alta. Y, los temporeros tienen que vivir en algún sitio, con lo cual aumentan las necesidades habitacionales en las islas. La combinación de estas dinámicas se traducen en una enorme precariedad social vinculada a la vivienda que llega a situaciones extremas en las que familias enteras deben compartir piso o en las que personas trabajadoras se ven obligadas a vivir en caravanas u otras formas de infravivienda. Ante tal situación, el gobierno balear (PP-VOX) apunta que el principal problema de la vivienda es la okupación y que sobre todo debe protegerse la propiedad. La solución estrella del gobierno ha sido el Decreto Ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda que da facilidades a los constructores y promotores inmobiliarios para construir nuevas viviendas mediante: el aumento d las alturas de los edificios al margen de las normas urbanísticas, la cesión de terrenospúblicos, la conversión de locales comerciales en viviendas, el fomento del “coliving”, o la división de las viviendas (minipisos), entre otros.

En ese contexto de movilización post-15M y reactivación turística en las islas Baleares se fueron conformando también una serie de movimientos de resistencia frente a la tursitificación entre los que se pueden destacar los colectivos Tot Inclòs, que publicó monográficos anuales sobre las consecuencias de la turistificación en el archipiélago y realizó un documental crítico con la turistificación; Ciutat per qui l’habita que, con la demanda por el derecho a la ciudad como brújula, articularía la crítica sobre la turistificación de Palma; Terraferida que fundamentalmente denunciaría el proceso de airbnbzación y  la urbanización turística del campo; o las Kellys, movimiento de las camareras de piso de los hoteles que reclamaban mejores condiciones laborales. Como respuesta al malestar en la turistificación, una asamblea de colectivos organizó una manifestación el 23 de septiembre de 2017 bajo el lema: Fins aquí hem arribat: aturem la massificació turística! (¡Hasta aquí hemos llegado: paremos la masificación turística!). En definitiva, la articulación de esos movimientos se puede entender como una respuesta a la creciente precarización de la vida en las islas debido a la intensificación turística.

Manifestación Palma. Imagen de Emilio Vaquer en Flickr

A pesar del malestar, los flujos turísticos siguieron aumentando sostenidamente hasta alcanzar 16,4 millones de turistas en 2019. En un período de diez años los beneficios hoteleros se duplicaron y se contabilizaban 30 mil viviendas de alquiler turístico, lo que supone un 4,5% del parque de viviendas. No obstante, en el caso de algunos municipios, como el de Pollença, esa proporción supera el 20% y, obviamente, cuando las viviendas se introducen en el circuito turístico se produce una reducción del parque de viviendas para vivir. Por otro lado, la situación laboral se iba precarizando. Así, los salarios medios en la hostelería prácticamente no variaron entre 2008 y 2019, pero las cargas de trabajo se incrementaron notablemente. Además, las condiciones laborales se precarizaron tras la reforma laboral de 2012. Las rentas del trabajo no alcanzan prácticamente a cubrir los gastos de la vivienda. Si la dificultad en el acceso a la vivienda ejemplifica una de las principales contradicciones sociales de la turistificación, otro aspecto que también resulta paradójico y que refleja la enorme desigualdad en estos espacios turistificados es el hecho que un 33% de la población de las islas no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa. En la Playa de Palma, una de las principales zonas turísticas del mundo, el 21,64% de la población que allí reside, y que trabaja fundamentalmente en actividades turísticas, tiene unos ingresos inferiores a los 7.500 euros anuales. Esto contrasta con el hecho que la mayor parte de los turistas en la zona, procedentes de Alemania, tienen unos ingresos mucho más elevados ya que el salario medio en Alemania es de 4.924 euros/mes. Así pues, tenemos unos espacios urbanos altamente segregados en los que, como en el caso de la Playa de Palma, se distinguen unos espacios de producción turística desde los que se extraen enormes plusvalías turísticas, unas urbanizaciones de lujo con residentes transnacionales y turistas, y unos barrios obreros, del proletariado turístico, donde se concentra una gran amalgama de nacionalidades del Sur Global.

Playa en Palma de Mallorca. Imagen de Ernest Cañada

De golpe llegó la COVID-19 y mandó a parar

El mes de enero de 2020 se celebraba FITUR (Feria Internacional de Turismo) en Madrid con mensajes de gran euforia y optimismo sobre la temporada turística de ese año. Sin embargo, el 14 de marzo de 2020 el Gobierno español decretaba el estado de alarma que conllevaba el confinamiento para hacer frente a la pandemia de la COVID-19. La euforia ante la temporada turística que se tenía que iniciar precisamente en el mes de marzo mutó a pánico turístico. Empezaba la fase de turistificación confinada que ha derivado en la mayor crisis histórica del turismo global. Las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia supusieron la interrupción abrupta del circuito turístico. Así, las actividades vinculadas al turismo fueron las que más sufrieron las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y las economías más especializadas en turismo fueron también las más castigadas. El turismo ha sido el Lehman Brothers de la crisis de la COVID-19. De esta manera, España fue una de las economías mundiales que experimentaron una de las mayores caídas del PIB, siendo las Islas Canarias y las Islas Baleares las regiones donde la caída de la actividad económica fue más acentuada, la pérdida de puestos de trabajo mayor y donde más aumentó la desigualdad.

Ante la situación de caída sin precedentes de la actividad turística –en las Islas Baleares se pasó de 16,4 millones de turistas el 2019 a 3,1 millones el 2020–, el lobby turístico puso en marcha la campaña SOS TURISMO bajo el lema: más vacunas, más ayudas, menos impuestos, menos política. Lo que Joaquín Valdivielso ha definido como el régimen turismocrático se movilizó para reclamar el retorno a la normalidad turística, mediante la disposición de normas especiales, paquetes de rescate para las empresas y, de paso, llevar a cabo relajaciones legales para fomentar las inversiones turístico-inmobiliarias. Con la pandemia se amplificaron las contradicciones asociadas a la hiperespecialización turística de las islas Baleares que se pueden ejemplificar, por un lado, con las crecientes colas del hambre en las que había una gran presencia de personas trabajadoras del turismo, y, por otro lado, con el notable aumento de jets privados en los aeropuertos de las islas Baleares.

SOS TURISMO, Palma de Mallorca. Imatge d'Alba Sud. 

La pandemia puso de relieve la enorme vulnerabilidad de los espacios y sociedades hiperespecializados turísticamente. Sin turismo no había trabajo y, sin trabajo ni ingresos de otro tipo, se produjo una profunda crisis social. El gobierno español desplegó un sistema de suspensión temporal del empleo (ERTE: Expediente de Regulación Temporal del Empleo) al que se acogieron una gran cantidad de empresas. De esta manera, las personas trabajadoras recibían ayudas públicas con la condición de que al restablecerse la actividad económica se reincorporarían a sus puestos de trabajo. La mayor parte de los ERTE se llevaron a cabo en relación con trabajos turísticos. A pesar de sus limitaciones, la adopción de diferentes medidas de protección social, incluidos los ERTE, atenuó la severidad de la crisis social de la COVID.  Asimismo, el capital supo aprovechar la ocasión para, además de las ayudas públicas, introducir cambios en la organización del trabajo. De esta manera, en el verano de 2020, aunque con una muy baja actividad turística, la incorporación de algunas personas en las plantillas de trabajadores implicó un aumento considerable de las cargas de trabajo, además de la situación de estrés motivada por las condiciones sanitarias que se tenían que implementar en los establecimientos turísticos y el miedo a la infección.

Hacia finales de 2020 llegaron las primeras vacunas a España y los empresarios turísticos reclamaron una vacunación preferente para los trabajadores turísticos para así poder retomar la “normalidad turística” de cara a la temporada de 2021.  A medida que avanzaba la vacunación se fueron relajando las restricciones para hacer frente a la pandemia y se fue recuperando la actividad turística hasta que el verano de 2022 ya se habían levantado prácticamente todas las restricciones. A partir de 2021 las cifras de turistas se volvieron a disparar: 8,7 millones de turistas en 2021, 16,5 millones en 2022 y 17,8 millones en 2023. El 2023 se ha alcanzado el récord histórico en llegada de turistas a las islas Baleares –y también en España con 85 millones de turistas internacionales en 2023–. Esta explosión turística, se ha conocido como el efecto champaigne. La pandemia habría actuado a modo de tapón de la botella de champaigne que retenía a los turistas. La relajación de las restricciones frente a la pandemia habría hecho el mismo efecto que el descorche de la botella. Ante tal avalancha de turistas, con una reactivación que ha superado incluso las expectativas más optimistas, el empresariado ha activado las alarmas sobre la escasez de uno de los principales “recursos” para la producción turística: la mano de obra. ¡No hay suficientes personas trabajadoras para tantos turistas!

En el contexto de la pandemia y postpandemia se ha producido una notable situación en el mundo del trabajo: la gran dimisión o renuncia. Durante la pandemia, muchas personas que se quedaron sin trabajo, particularmente aquellos vinculados con el turismo, tuvieron un paracaídas social y, además, dispusieron de un tiempo que pudieron utilizar en buscar otros trabajos menos precarios. Así, por ejemplo, en España se estima que desde la pandemia el número de trabajadores en hostelería ha disminuido en 70.000 personas  Como resultado muchos trabajadores temporeros han dejado de ir a trabajar a las zonas turísticas donde a la precariedad laboral se le suma la precariedad habitacional, derivada de las enormes dificultades para encontrar una vivienda asequible. Ante tal situación, las empresas turísticas avanzan la contratación de personal a principios de año. El empresariado hotelero ha señalado a la vivienda turística (Short Term Rentals) como una de las principales causas de la precariedad habitacional que afecta negativamente al reclutamiento de trabajadoras.

Imagen de crysjan en Flickr

Asimismo, el 2022 entró en vigor la nueva reforma laboral que fundamentalmente atacaba la temporalidad, dando paso a un cambio significativo en la contratación turística que queda explicitado en una caída abrupta de los contratos temporales. A pesar de esos cambios legales, los elementos estructurales que afectan a la precariedad asociada a los trabajos turísticos no se han visto prácticamente alterados. Es más, el proceso inflacionario derivado de las turbulencias geopolíticas postpandemia, particularmente desde el inicio de la Guerra de Ucrania, ha provocado un aumento de la vulnerabilidad social que en los espacios turísticos se dispara sobre todo al finalizar la temporada turística. El verano de 2022, frente a la campaña del SOS Turismo surgida durante la pandemia y encabezada por el empresariado, con la reactivación turística y la intensificación de las contradicciones de la turistificación se activó la campaña SOS Residentes. Esta se nutre de algunos de los efectos de la pandemia sobre la sociedad insular, como es el hecho que muchos espacios y tiempos fueron recuperados por parte de la población. Con el nuevo estallido turístico, la turistificación desborda prácticamente todas las esferas de la vida y todos los espacios, alimentando procesos de expulsión.

Otra cuestión interesante que cristalizó con la pandemia tiene que ver con el metabolismo social de un espacio insular hiperturistificado. En los primeros días de la pandemia la gente se aglutinaba en los supermercados para hacer acopio de comida, productos de limpieza y otros productos de primera necesidad para hacer frente al confinamiento. El lado cómico de aquella situación lo tenemos en la compra masiva de papel higiénico que llegó a agotarse. Además, en el caso de las islas Baleares sobrevolaba la sensación de un posible desabastecimiento que fue real en el caso de determinados productos. El temor a un posible desabastecimiento tenía sus fundamentos en: 1) la situación vivida en enero de 2020 cuando se produjo la tormenta Gloria que impidió el tráfico marítimo y por tanto el abastecimiento durante unos días; 2) la escasa capacidad de abastecimiento propio debido al gran abandono de las actividades productivas –solamente se produce un 15% de los alimentos consumidos– y la elevada  dependencia del exterior para poder sostener el metabolismo insular –el 75% de los materiales consumidos son importados–. Con la hiperespecialización turística se ha simplificado notablemente la estructura económica de las islas Baleares. Tal como ocurre con los ecosistemas en los que una reducción de la biodiversidad implica un aumento de su vulnerabilidad, en los ecosistemas sociales la reducción de la diversidad, también económica, conlleva un aumento de la vulnerabilidad social. En el caso del archipiélago balear, con la pandemia, se visualizó una doble vulnerabilidad derivada de la extrema dependencia respecto del exterior: 1) en cuanto al flujo de turistas para asegurar el funcionamiento de la economía y el mantenimiento de puestos de trabajo; 2) en cuanto a los flujos de materiales y energía para sostener el metabolismo social.

Supermercado vacío. Imagen de Richard Burlton en Unsplash

El estallido de la pandemia se produjo en un momento en que se discutía internacionalmente la huella de carbono del turismo que a nivel global suponía el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero, elevándose al 15% en el caso del turismo en España. En el conjunto de España en el año 2020, coincidiendo con el momento más crudo de la pandemia, la huella de carbono del turismo disminuyó un 63%. Si contemplamos el impacto de la pandemia en la economía española, en términos de huella de carbono, se puede observar cómo el 2020 la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) fue de 37.350 KtCO2eq, de los cuales 29.855 KtCO2eq correspondían a la caída de las emisiones de GEI del turismo en España. Básicamente, la huella de carbono se precipitó debido a la práctica evaporación del turismo. En las islas Baleares la caída de las emisiones debido a la pandemia fue más importante que en el conjunto de España, precisamente debido al mayor peso de la actividad turística, registrándose así una caída del 31% de los GEI en Baleares frente el 12% del conjunto de España. En la COP 26 celebrada en Glasgow (2021) se presentó la Declaración de Glasgow sobre Acción Climática en Turismo según la cual se pretende reducir las emisiones globales de GEI del turismo a la mitad para el 2030 y alcanzar la neutralidad climática (Net Zero Eemissions) antes del 2050. Sin embargo, no se explicita como se alcanzarán esos objetivos, dejándolos abiertos a las acciones voluntarias de los actores (stakeholders) correspondientes.

Más allá de los deseos institucionales y corporativos, la situación climática tras la pandemia se ha caracterizado por la consecución de récords de temperaturas globales. En el caso del Mediterráneo occidental, incluidas las islas Baleares, a las altas temperaturas se le ha sumado una importante disminución de la precipitación que ha desembocado en una situación de sequía. Ante la situación de emergencias crónicas o policrisis-climática, energética, sanitaria, alimentaria, biodiversidad, hídrica, geopolítica, bélica, etc.-, en el contexto de la COVID-19, las autoridades europeas redoblaron esfuerzos para implementar el Pacto Verde Europeo (European Green New Deal- EGND) orientado fundamentalmente a reducir las emisiones de GEI -neutralidad de emisiones GEI para 2050- y potenciar la transición energética. Además, para hacer frente a la crisis de la pandemia, la Comisión Europea lanzó el Plan de Recuperación para Europa del que emanan los fondos NexGenerationEU dotados con 806.900 millones de euros entre 2021 y 2026, una parte muy significativa de los cuales están vinculados al EGND. Tal como han señalado Rubén Martínez e Isidro López la crisis de la COVID-19 se ha resuelto mediante lo que denominan la solución verde, potenciando la adopción de medidas de transición hacia las energías renovables. Esta transición resulta enormemente favorable para el capital financiero, aunque bastante cuestionable desde el punto de vista de la justicia climática y ecosocial. La vulnerabilidad energética de los estados miembros de la UE se ha intensificado con el inicio de la Guerra de Ucrania en febrero de 2022. Ante la situación de crisis en la UE derivada de la Guerra, la Comisión Europea lanzó el Plan REPowerEU que pretendía hacer frente a la elevada dependencia de combustibles fósiles procedentes de terceros países, especialmente de Rusia, y al aumento generalizado de los precios de la energía. Con el REPowerEU se aceleraban todavía más las políticas de transición energética pilotadas por el capital corporativo-financiero.

Parque eólico en Cádiz. Imagen de Luca Bravo en Unsplash

Los gobiernos de los estados miembros de la UE han desplegado sus respectivas políticas, ajustadas a las directrices europeas, que en el caso español se materializan básicamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania. La narrativa de la emergencia climática, con la necesidad de potenciar la transición energética, además de la crisis derivada de los conflictos geopolíticos en torno a la energía ha sido recogida por los gobiernos a múltiples escalas. Así, los gobiernos regionales han adaptado los marcos normativos para poder canalizar los fondos europeos. En el contexto de las islas Baleares, con un escasísimo despliegue de las energías renovables, el nuevo marco ha facilitado la penetración de capital especulativo que se dirige hacia la construcción de parques solares en suelo rústico. Esta situación ha provocado una creciente contestación social ante los parques solares que reclaman otras formas de realizar la transición energética que sean socialmente justas bajo el lema: energías renovables sí, pero así no. El campo de las islas ha ido sufriendo una profunda mutación desde los inicios del turismo de masas, pero en los últimos tiempos, particularmente tras la crisis de 2008, se ha intensificado la urbanización del campo con un aumento destacable de chalets y piscinas en suelo rústico, que muy a menudo se comercializan turísticamente. La intensificación de la urbanización del campo ha agudizado la crisis agrícola con unos campesinos que son expulsados por el avance de los chalets y los parques solares. Las pancartas de la manifestación de los payeses y payesas celebrada el 19 de febrero de 2024 lo sintetizaban así: “comeréis turistas”, “comeréis hoteles”, “comeréis chalets”, “comeréis placas”.

Revolta Pagesa. Imagen de Joanna Chichelnitzky para Fotomovimiento en Flickr. 

Además, en ese contexto, la normativa turística balear se modificó en el año 2022. La ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad y la Circularidad del Turismo de las Illes Balears es un claro ejemplo de las adaptaciones normativas que, bajo la retórica de la sostenibilidad y la circularidad, establece un marco regulatorio para facilitar el aterrizaje de las ayudas europeas postCOVID. Asimismo, tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023, las principales instituciones de las islas Baleares han pasado a estar controladas por los partidos de derecha (Partido Popular) y extrema derecha (VOX) que anunciaron, entre otras medidas, la supresión de la ley turística de 2022, con el objetivo de asegurar los intereses de la clase corporativa y la turistificación del archipiélago. La turismocracia celebraba las declaraciones de la presidenta Margalida Prohens (PP) anunciado que detendría el decrecimiento turístico.  

Sin embargo, la intensificación de los conflictos derivados de la turistificación se ha traducido en la quiebra de los consensos sociales en torno a las bondades del turismo. Impera una creciente sensación que el “todo turismo” está expulsando a amplios sectores de la sociedad. La movilización en el archipiélago canario bajo el lema Canarias se agota del mes de abril resonó rápidamente en el conjunto de los espacios turistificados del Estado español, y particularmente en las islas Baleares. Un mes más tarde las protestas contra la turistificación recorrían las calles de Palma, Alaior (Menorca) y Eivissa. Para calmar los ánimos, la presidenta balear, Margalida Prohens (PP), intentó aplacar el descontento social convocando una mesa para el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica en la que planteó retóricamente la necesidad de establecer límites a la turistificación. Sin embargo, al cabo de unos días el Govern de les Illes Balears aprobaba un Decreto Ley de simplificación administrativa mediante el cual se permitía la legalización de edificaciones en suelo rústico gracias a la cual se viviendas ilegales podrán obtener licencia turística, se eliminaba la Comisión Balear de Medio Ambiente, se externalizan los servicios técnicos de urbanismo para acelerar la concesión de licencias, entre otras medidas. De todos modos, la chispa del malestar contra la turistificación ya está encendida y los movimientos sociales están organizando movilizaciones en un verano que promete ser socialmente más caliente de lo habitual.

Manifestación 6J Barcelona 2024. Imagen de Carla Izcara. 

El modo de vida turístico choca contra los limites planetarios

Recogiendo el término acuñado por Ulrich Brand y Markus Wissen sobre el modo de vida imperial, podríamos decir que el turismo es una expresión de ese modo de vida, lo que podemos denominar modo de vida turístico. Este modo sería una versión extrema o exagerada del anterior, ya que el consumo turístico se puede leer como un paréntesis espaciotemporal respecto a la cotidianidad que, muy a menudo, corresponde a un momento de exaltación de las extravagancias del modo de vida imperial.

Con el estallido de la pandemia, los grandes lobbies del turismo, como la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidos, plantearon que era urgente replantear el turismo ante los grandes retos del futuro “desde la crisis a la transformación”. Sin embargo, el retorno de la llamada “normalidad” ha dejado atrás aquellas supuestas buenas intenciones y la carrera por los beneficios turísticos se ha vuelto a disparar. De nuevo, el término límite o el concepto regulación vuelven a resonar como las malditas palabras del diablo.

Mientras tanto, la sociedad capitalista (incluida la turística) ha desbordado prácticamente todas las fronteras planetarias (planetary boundaries). Ante tal situación, los poderes turísticos, o el régimen turismocrático global, entonan la melodía de la sostenibilidad, la circularidad, la regeneración y la inclusión para tranquilizarnos y para que no pare la música. Si llega la catástrofe, además de invocar al ya sabido que nadie nos había avisado, el régimen turismocrático confía con que se activen todos los resortes del Estado para salvar el poder corporativo como ha sucedido recientemente. Si continúan la aceleración y la inacción, las islas Baleares podrán ser un laboratorio extraordinario para en el futuro rastrear las causas del colapso de la civilización turística, un equivalente a la Isla de Pascua utilizada para explicar colapsos ecosociales del pasado.