Acaparamiento de tierras y la “colombianización” de la guerra en el Bajo Aguán

Los abominables hechos acontecidos en los últimos días en el Bajo Aguán, parecen indicar que es el inicio de una nueva etapa, donde la guerra de baja intensidad la cual se ha venido dando en esa zona del país adquiere una nueva dimensión, que generará como resultado el incremento de la violencia en contra de los grupos de campesinos organizado.

El conflicto del Bajo Aguán surge del acaparamiento de tierras efectuado en la década de los años 90 del siglo pasado, cuando durante la administración de Rafael Callejas se dio la contrareforma agraria, auspiciada por los organismos financieros internacionales; generando como resultado más de 400 mil familias sin tierra en el país, convirtiendo ciertas zonas en potenciales conflictos sociales.

El palmero de la muerte, Miguel Facussé, se ha convertido en el epicentro de la discordia nacional, ante su tendencia a promover despojos y utilizar su ejercito privado para imponerse en las zonas que pretende apoderase o las que ya ha logrado establecerse.

Los hechos acontecidos el pasado domingo en la finca "Paso Aguán", propiedad del palmero de la muerte, en donde fallecieron cinco guardias privados, ha sido manejado por los medios de comunicación nacional, sobre todo por la prensa escrita afín a la SIP, como una invasión más a las plantaciones de palma africana.

El representante de la compañía de Miguel Facusse, Corporación Dinant, Roger Pineda, señaló que los responsables del ataque pertenecen a los movimientos campesinos MUCA y MARCA. Sin embargo “Las autoridades policiales consideran que en el sector conflictivo hay otro tipo de intereses y no por parte de los grupos campesinos que demandan la tenencia de la tierra, sino de supuestos narcotraficantes”.

La violencia en el Bajo Aguán y la noción difundida por los medios de comunicación de la existencia de fuertes grupos armados en la zona, ha sido aprovechado por el Ministerio de Seguridad para iniciar un operativo militar denominado Xatruch II.

Con el anuncio público del Palmero de la Muerte de la suspensión unilateral del acuerdo de venta de 4.075 hectáreas al Estado, con el propósito de traspasarlas a los grupos campesinos organizados, el Bajo Agunse convierte en una zona de guerra asimétrica, donde las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, contando con el apoyo de los Estados Unidos crearán un escenario destinado a ahuyentar las familias desposeídas que han cifrado todas sus esperanzas en poder vivir en un régimen de justicia social.

Desde hace varios años existe una campaña de difamación en contra de los grupos campesinos del Aguan, instigada por los medios de prensa propiedad de Canahuati Larach - uno de los más fervientes promotores del golpe de estado - señalando la presencia de colombianos ligados a supuestos grupos subversivos. En los últimos días aparecen aves de rapiña dedicados a la práctica de un periodismo sensacionalista reviviendo la siniestra acusación. Ya en el año 2009 se había señalado la presencia de presuntos colombianos ligados a grupos paramilitares, que estarían “asesorando” a los sicarios del palmero de la muerte.

Es clara la esquizofrenia de la actual administración gubernamental, herederos del proceso iniciado por el golpismo, al dedicarse a crear una imagen hacia el exterior de un país que vive en una situación de normalidad, mientras la violencia llega a extremos superiores a países que viven conflictos bélicos, y la corrupción alcanza niveles graves en un país donde es parte inherente de la gobernabilidad.

El prospecto de subastar el país en retazos, conocido como Regiones Especiales de Desarrollo (RED) donde se ha escogido el territorio que va desde la Bahía de Trujillo hasta el Río Sico, una franja de cien kilómetros de largo y 25 de ancho, incluyendo de esta forma parte del conflictivo territorio del Aguan. De ahí que para realizar la republiqueta que sueña Paul Romer, el nuevo William Walker, se requiere de una “limpieza social”, y así poder desarticular cualquier amenaza para los inversionistas koreanos y canadienses entusiasmados con la nueva Banana Coast.

Para la OFRANEH el conflicto agrario del Bajo Aguan no es más que el resultado del régimen feudal impuesto por el imperio en las últimas décadas y afianzado a través del golpe de estado del año 2009. No perdemos la esperanza de ver a los grupos campesinos del MUCA y MARCA obtener de nuevo las tierras de las que fueron despojadas con artimañas en los años 90 y que les pertenece con toda la razón.